EDITORIAL

 

El caso de Alejandro “N”, es un caso claveesencial y neurálgico para la historia de los potosinos.

Sus implicaciones son legales, sociales y políticas. Son implicaciones estructurales.

Este día un juez en audiencia tendrá en sus manos, pero sobre todo en su capacidad y conciencia, cientos de años de historia, media docena de casos similares ocurridos en territorio potosino como antecedente, la responsabilidad de aliviar el dolor social que el presunto delito de Alejandro N. causó en la comunidad potosina desde una posición de poder y privilegio.

Sobre todo, el juez tiene en sus manos la responsabilidad de ejercer justicia plena sin consideraciones de presión “social-oligárquico” porque eso, nos han dicho, se terminó.

A partir del triunfo de Ricardo Gallardo Cardona, el poder no solo cambió de partidos ni fue una transición meramente sistémica, se trató de un traslado estructural del poder hacia una clase social distinta, una que espera alivio a decenas de años de desprecio y olvido, una que no tiene ni acciones, ni apellido, ni alcurnia, ni influencias.

Una clase social que a partir de septiembre del año pasado cuenta que votó en mayoría por un gobierno que emanó de entre sus iguales y por lo tanto, espera actúe en coherencia y consecuencia.

Los casos que se cuentan en este siglo para los potosinos son los Valle-Lavin y el de Lucero – Félix Estuardo; ambos dejaron una estela de desconsuelo y rabia social aún perceptible.

Desde un púlpito moral, con una condecoración pública bajo el brazo, con el poder en la mano, la confianza de las autoridades, con las más altas relaciones públicas en lo económico y social e incluso una institución de beneficio en su control, Alejandro N. fue puesto al descubierto por una de sus menores víctimas en octubre de 2019 exponiendo abusos repugnantes.

Sus superiores, el más alto nivel del gobierno, intentó hacer un breve control de daños y valoró la situación que se salió de las manos cuando este medio y otros, tenían ya lista la información para hacerla pública.

No hubo más salida que aprehenderlo el 23 de octubre tras un torpe intento de huida por parte de Alejandro N. que buscó refugio irónico en el club deportivo y social de mayor arraigo en la ciudad.

Su proceso se cayó en dos ocasiones mismas que fue repuesto.

Un supuesto apuro por llevar a cabo la audiencia que lo puede declarar hoy culpable o dejar en libertad, ha abierto justificadamente y tras las experiencias de la historia, la ventana de las especulaciones.

El nuevo sistema de justicia penal hoy privilegia el acuerdo y la reparación del daño.

Esta administración, la emanada de la clase no privilegiada, ha aceptado la reparación del daño en los casos de desvío de recursos en los casos de Mónica Liliana Rangel y Miguel Lutzow. Por la misma vía avanza el expediente del ex titular de la Secretaría de Seguridad.

Pero en el caso de Alejandro N. ¿Cómo podría resarcirse el daño?

¿Cuánto cuesta el dolor humano causado a un menor y su hermano?

¿En cuánto se tabula el dolor social causado por un siglo de impunidad para los privilegiados?

Citamos, sin tener derechos de ningún tipo, un breve fragmento del manifiesto del personaje José Cuauhtémoc del escritor Guillermo Arriaga en su libro “Salvar el Fuego”:

“Este país se divide en dos: en los que tienen miedo y en los que tienen rabia.

Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Miedo a perder sus joyas, sus relojes caros, sus celulares. Miedo a que violen a sus hijas. Miedo a que secuestren a sus hijos.
Miedo a que los maten. Viven presos de su miedo.

Encerrados en sus autos blindados, sus restaurantes, sus antros, sus estúpidos centros comerciales. Atrincherados. Aterrados.

Nosotros vivimos con rabia. Siempre con rabia. Nada poseemos. Nuestras hijas nacen violadas. Nuestros hijos, secuestrados. Nacemos sin vida, sin futuro, sin nada.
Pero somos libres, porque no tenemos miedo”.

Fin de la cita.

¿Cuál era el slogan de campaña de este gobierno?

Por: Jorge Saldaña

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