julio 16, 2025

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Alejandro Fernández fue encontrado culpable de abusar sexualmente de un menor de edad

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El delito fue cometido cuando era funcionario del DIF estatal en el sexenio de Juan Manuel Carreras

Por: Redacción

El Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Estado de San Luis Potosí dictó esta tarde sentencia condenatoria para Alejandro Fernández Montiel, ex trabajador del sistema estatal DIF, por el delito de violación específica agravada en contra de un menor de edad.

De acuerdo a información publicada por el portal Astrolabio y el periodista Blakely Morales, luego de 98 días de audiencias, y tras la comparecencia de Alejandro Fernández, realizada el día de hoy, los jueces Javier Pérez Contreras, Francisco Pablo Alvarado Silva y Carlos Alberto Ávalos Hernández, llegaron a dicha conclusión en la sala 3 de juicios orales del Centro Integral de Justicia.

Los alegatos de esta tarde realizados por el inculpado tuvieron una duración menor a los 15 minutos, durante los cuales negó las acusaciones en su contra. Sin embargo, el juez relator afirmó que se había comprobado como un hecho que el joven fue agredido sexualmente por Alejandro Fernández en el domicilio de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, la noche del 14 de octubre de 2019.

El material probatorio y los estudios periciales, físicos y psicológicos, corroboraron la afectación al adolescente.También, pese a reconocer dicha circunstancia, el juez informó que el Tribunal difería de los cargos propuestos por la Fiscalía en el auto de apertura, que era de violación doblemente agravada, e informó que se consideraba que el delito es “violación específica agravada”.

El testimonio de la víctima fue un elemento importante para la determinación, debido a que el juez resaltó que en todo momento el adolescente se mantuvo firme en el señalamiento contra Alejandro Fernández Montiel. Por lo anterior se dio como actualizado el delito de violación específica agravada y la comisión de una conducta ilícita.

El Tribunal reconoció que los argumentos de la defensa fueron en dos principales sentidos: restar credibilidad a los testigos y medios de pruebas de la Fiscalía, así como negar que Fernández Montiel haya estado en el lugar de los hechos.

Luego del fallo condenatorio, el Tribunal informó que será el próximo 19 de octubre cuando se celebre la audiencia de individualización de las causas penales.

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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”

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La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris

Por: Redacción

Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.

El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal

y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.

Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.

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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA

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Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente

Por: Redacción

El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.

Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso

, también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.

El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.

Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.

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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”

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La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.

Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.

“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.

Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.

Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.

Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.

“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.

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