La asociación Perteneces mantendrá la lucha por los derechos humanos desde su organización y estarán a la expectativa de la llegada de los nuevos jueces

Por: Bernardo Vera

La reciente renovación del Poder Judicial en la Federación y los estados de la República, así como la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (conocidas como Ley Espía), podrían representar un riesgo para defensa de los derechos humanos, así lo consideraron abogados de la asociación civil “Perteneces”, dedicada a la reinsersión social de personas que enfrentan un proceso penal injusto y la defensa de los derechos humanos de personas en situación vulnerable. 

José Mario de la Garza Marroquín, presidente de esta organización, consideró que enfrentan mayores retos de cara al próximo año, por lo que se mantendrán expectantes de de la entrada de las y los nuevos jueces en el próximo mes de septiembre. 

Apuntó que muchos de los casos llevados en Perteneces, han sido resueltos por jueces y jueces, por lo que su trabajo en el futuro dependerá de si el Poder Judicial estará a la altura de las necesidades del país y buscará la defensa legítima de los derechos humanos, o será cooptada por otros intereses

“Las 80 libertades fueron otorgadas por jueces; los implantes cocleares de los niños fueron otorgados por juezas; la defensa de los periodistas está en el Poder Judicial. Nuestro trabajo es todos los días con el Poder Judicial. Yo hago votos para que dentro de todos estos que lograron llegar, tengamos buenos jueces que puedan entender el reto de la defensa de los derechos humanos en México”, declaró.

Raquel Charqueño, abogada y encargada del área de Litigio Estratégico de esta asociación, enfatizo que los derechos humanos no son dádivas, sino conquistas históricas, por lo que el contexto nacional no deberá reducir la lucha llevada a cabo en los últimos años por su organización. 

Agregó que ante este panorama, será importante el trabajo colectivo con otras organizaciones, además del impulso de la sociedad civil para enfrentar las vulnerabilidades a los derechos humanos, que incluso, ya son visibles desde este momento.

“Es ahí donde están las batallas, los derechos humanos son un transitar diario y que ante los grandes reveses más bien toca resistir con mayor fuerza, creo que perteneces se convierte ahí en una luz en esa oscuridad”, enfatizó. 

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La magistrada Denisse Porras afirmó que habrá cero tolerancia a la violencia y que el Tribunal está capacitado para atender estos casos

Por: Redacción

Denisse Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), informó que durante el reciente proceso electoral no se han recibido denuncias formales por violencia política en razón de género, aunque aclaró que ello no significa que los casos no hayan ocurrido.

En entrevista, Porras Guerrero explicó que aunque el Tribunal no es la instancia directamente responsable de recibir estas denuncias, el personal está capacitado para acompañar y canalizar correctamente a las mujeres que busquen orientación o asesoría

“Tenemos una postura de cero tolerancia a cualquier violencia. Contamos con protocolos y personal capacitado para atender y canalizar, en caso de que alguna mujer se acerque al Tribunal pensando que aquí es donde se presenta la denuncia”, señaló.

La magistrada hizo énfasis en que no se deben minimizar estos hechos, por lo que reiteró que el acompañamiento institucional está garantizado para quienes enfrenten situaciones de violencia durante su participación política.

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Luis Emilio Rosas y Carlos Arreola aclararon que el Gobierno de México no vende plazas y no cobra por acceder a espacios laborales

Por: Redacción

Diputados del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, se pronunciaron enérgicamente contra el fraude perpetrado por Norma Judith Loredo Hernández, quien ofreció plazas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante una estructura inexistente llamada “Subsecretaría de Auditoría y Control”, con la que se habrían defraudado a por lo menos 500 potosinos.

El legislador Luis Emilio Rosas Montiel calificó como “completamente inaceptable” que se usurpen funciones públicas, y se usen los nombres de instituciones de cualquier orden de gobierno –ya sea federal, estatal o municipal– para estos delitos. Asimismo, consideró que estas acciones deben sancionarse con severidad:

“Las autoridades estamos bajo un escrutinio constante. Este tipo de fraudes dañan profundamente la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros. Necesitamos cerrar filas, sin importar colores ni partidos, para castigar este tipo de actos”, declaró Rosas Montiel.

Añadió que desde el Congreso deben fortalecerse los canales de información oficial, y que los legisladores deben apoyar en la difusión de contenidos verídicos para evitar la desinformación y el pánico, mientras las fiscalías avanzan con las investigaciones.

Por su parte, Carlos Arreola Mallol

“Es gravísimo, porque se lucra con la confianza que la gente tiene en el Gobierno Federal y en Morena. No tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de nación ni con nuestras instituciones. Se trata de personas que buscan enriquecerse estafando a ciudadanos de buena fe”, apuntó.

Remarcó que en el Gobierno de México no se venden plazas y no se cobra por acceder a espacios laborales, por lo que su bancada estará vigilante para que las autoridades actúen con celeridad, además de hacer un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de engaños.

Ambos diputados coincidieron en que el caso de Norma Loredo es sólo un ejemplo de cómo la desinformación y el abuso de confianza pueden convertirse en delitos graves contra la ciudadanía, y exigieron que los responsables no queden impunes.

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