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Dos años de matrimonios igualitarios en SLP: ¿qué ha cambiado?

Hablamos con activistas para conocer cuánto ha avanzado la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+ en nuestro estado
Por: Itzel Márquez
El 16 de mayo del 2019, el Congreso del Estado tomó una decisión que nadie vio venir, cuando, con 14 votos a favor, 12 en contra y una abstención, aprobó la legalización de los matrimonios entre parejas del mismo sexo en San Luis Potosí, con lo que San Luis Potosí se convirtió en el Estado número 18 en reconocer este derecho. A dos años de ese momento histórico para nuestra sociedad, hacemos un repaso de cómo ocurrió ese cambio y de las repercusiones sociales que ha tenido.
Lo primero es que esa decisión logró modificar los Artículos 15, 105 y 133 del Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, con lo que ahora un matrimonio entre personas del mismo sexo conlleva el mismo proceso que los heterosexuales; sin embargo, es importante apuntar que en San Luis, desde el 2015 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio gracias a la figura del amparo, el cual varias organizaciones civiles como Red Diversificadores Sociales ayudaban a los interesados para que lo presentaran.
Antes de la aprobación de matrimonio igualitario, solo en 2018 se registraron 30 matrimonios entre parejas potosinas del mismo sexo; sin embargo, se habían dado en otros estados.
Actualmente en México las entidades donde las parejas del mismo sexo se pueden casar son: Aguascalientes, Baja California Norte y Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro (en la capital), Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas en algunos municipios, los cuales “contemplan en su legislación el matrimonio como la unión entre dos personas, sin importar su preferencia sexual”.
En cuanto a la adopción de niños por parejas del mismo sexo, si bien, antes de 2019 no estaba permitido contraer matrimonio ni adopción de menores, era posible que personas solteras adoptaran, por lo cual, no había legalmente un impedimento para adopción para formar una familia homoparental.
Consultamos con los activistas Andrés Costilla, presidente de la organización civil Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, y Paul Ibarra, dirigente de Red Diversificadores Sociales, para saber si realmente la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo ha hecho cambios significativos en la comunidad LGBT+.
“Hace dos años conmemoramos el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, con avances importantes en la lucha de derechos como la aprobación de la corrección en la identidad sexogenérica y el matrimonio que reducen la brecha de desigualdad LGBT+”, mencionó Costilla.
Por otro lado, en cuanto a lo que hace falta en la lucha de esta comunidad, el activista mencionó que en cuanto a la desigualdad de poblaciones en el Estado, no se reducen al matrimonio, “porque en San Luis hay un estigma, discriminación y homofobia”.
Además, Andrés apuntó que las personas transgénero no tienen el apoyo del sector salud que requieren, pues dijo que, al ser considerados como poblaciones en vulnerabilidad, el Estado está obligado a realizar acciones integrales en la transición de género.
Por otro lado, Paúl Ibarra, comentó: “con esta modificación al Código Familiar, cada vez más parejas LGBT deciden acceder a este tipo de derechos, pero creo que hace falta que el gobierno promueva dichos enlaces y más educación sobre el tema”.
Es así, que Paúl recalcó que si se hiciera mayor difusión sobre los matrimonios igualitarios en San Luis Potosí, éste podría convertirse en un estado único en el bajío, lo cual atraería parejas homosexuales, sería una manera de incentivar el turismo y reactivar la economía, tal como sucede en Jalisco.
Además, el activista dijo que otra de las diferencias que ha notado de 2019 a la fecha es la tolerancia y respeto a las uniones de parejas del mismo sexo, “aún falta mucha educación en la sociedad, pero conforme más parejas se unen, hay mayor apertura y normalización de estas demostraciones de afecto”.
Finalmente, Paúl Ibarra dijo que la educación es otro pilar fundamental en la sociedad y detalló la necesidad de contenidos en program as educativos sobre estas demostraciones de afecto, pues recordó que aún en la actualidad es común que un adolescente que descubre su sexualidad sea rechazado por su familia, “es necesario proteger a la comunidad LGBT de violencia, a través de reeducar a las personas, pues nos han socializado en una sociedad machista y homofóbica”.
Lee también: PRD en SLP se posiciona a favor de la comunidad LGBT+
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
También lee: Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
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