Los congresistas señalaron que durante el desalojo se violentaron los derechos humanos de la oficial Teresa Carrizales

Por: Ana Dora

La diputada Paola Arreola Nieto indicó que apoya completamente a la Oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales Hernández, después de que fuera violentada por autoridades municipales.

La legisladora dijo que debieron respetarse los derechos humanos de la agraviada “ante cualquier acto de la autoridad” y consideró que se le violentó como trabajadora y como mujer, por lo que, dijo, como legisladora está dispuesta a apoyarla y, de ser necesario, emitir un pronunciamiento al respecto.

Mientras tanto, Beatriz Benavente manifestó que el tema tiene dos vertientes: “una es la parte laboral la cual se pudo atender correctamente y la otra es el autoritarismo”. La legisladora indicó que el Ayuntamiento actúo por encima de la Ley, sobre los derechos humanos y que no había una orden judicial para el desalojo.

Comentó que hace falta capacitación para los policías municipales, porque en caso de que exista una orden judicial para retirar a una persona de un edificio público, se tendrá que hacer de manera correcta “más decente y sin revoloteo”.

Aunque añadió que el asunto tiene más implicaciones calificó como ridícula la actuación municipal: “habiendo hoy en San Luis un problema de inseguridad y que la policía municipal actué con tanta contundencia hacia una persona que estaba sentada en un escritorio y no puedan detener a personas que han cometido feminicidios u homicidios

Por su parte, el legislador Edgardo Hernández Contreras también reconoció que se violentaron los derechos humanos y las garantías individuales de Teresa Carrizales: “fue un exceso de actuación, se violaron protocolos, la esposaron y eso no está permitido”.

Comentó que lo ocurrido puede crear un precedente para que la autoridad municipal violente los derechos de los ciudadanos: “pueden esposar a quien sea y sacarlo de esta manera”.

El legislador exigió la renuncia de Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, director de la Policía Municipal, por violentar la garantías individuales de la víctima, a quien ofertó su apoyo.

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