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Diputados preparan “código de ética” tras escándalo por asesores fake en SLP
Debido a que no existe una normatividad clara sobre el esquema de contratación de asesores en el Congreso, los diputados elaborará un código de ética, tras el caso de la legisladora Alejandra Valdés y un exasesor suyo
Por: Ana Dora
El diputado Mauricio Ramírez Konishi dijo desconocer la cantidad de asesores y montos asignados para cada diputado: “a la Jucopo sí le toca el tema de los recursos pero desconozco cuánto le corresponde a cada diputado eso es del área administrativa, por el momento no tengo el dato”, aseguró.
Indicó que a él se le otorgan ochenta mil pesos mensuales, en comparación con los sesenta mil pesos que a la diputada Paola Arreola se le asignaron.
Negó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobara un aumento para el pago de asesores y aclaró que existen dos modalidades de personal contratado: operativo y asesores legislativos: “no hubo un aumento, por eso pedimos a la Contraloría que revise estas contrataciones”.
Informó que desde el día de ayer se elabora un código de ética y lineamientos para la contratación de asesores legislativos: “ayer hicimos un borrador del código de ética y del proceso de contratación, esperemos que el lunes haya algo”.
Indicó que es necesaria una normatividad y regulación para las contrataciones: “debemos estructurar y generar normas para tener la certeza de cómo se incorpora este tipo de apoyo al trabajo”, dijo y admitió que estos trabajadores deben tener cierto perfil para el puesto.
Finalmente informó que el presupuesto se aprueba mensualmente, a través de la Jucopo, para ser aprobado por el Pleno, cuyos integrantes tienen la última decisión.
Cabe recordar que la organización Ciudadanos Observando dio a conocer que la diputada Alejandra Valdés presuntamente pedía a su exasesor Paul Ibarra que le devolviera parte de su sueldo, por lo cual se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la organización pidió que la congresista se separara del cargo durante las investigaciones.
Revelan sueldo de los 137 asesores del Congreso de SLP; 68 mil, el más alto
Ciudad
TEESLP confirma expulsión de Enrique Galindo del PRI
Detallaron que los argumentos del alcalde fueron considerados infundados
Por: Redacción
El Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) confirmó por unanimidad la expulsión de Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al considerar que sus argumentos de defensa eran infundados e improcedentes.
La resolución, respaldada por los magistrados Denisse Porras, Nicolás Juárez y Gerardo Muñoz, determinó que los agravios señalados por el alcalde capitalino carecían de sustento legal.
El TEESLP concluyó que la Comisión Estatal y Nacional de Justicia Partidaria del PRI actuó conforme a derecho y no vulneró las garantías de audiencia ni el debido proceso de Galindo Ceballos. A pesar de que el exmilitante argumentó que no fue debidamente notificado sobre el procedimiento en su contra, el tribunal encontró pruebas suficientes de que sí fue informado y tuvo la oportunidad de ejercer su defensa, aunque optó por no comparecer.
El análisis del caso reveló que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria siguió las formalidades necesarias para garantizar el derecho de audiencia dentro del procedimiento sancionador. La resolución, dictada el 5 de diciembre de 2024, fue considerada debidamente fundada y motivada, conforme a lo establecido en el expediente.
Además de ratificar la expulsión de Galindo Ceballos, el Tribunal Estatal Electoral tomó la decisión de acumular diversas impugnaciones relacionadas con los Comités de Evaluación encargados del proceso de renovación de jueces en el Poder Judicial.
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TEESLP ha recibido más de 30 impugnaciones contra elección judicial
Los casos son, en su mayoría, porque los aspirantes no fueron notificados de las razones para ser elegibles en cualquiera de los tres comités
Por: Redacción
Denisse Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), dio a conocer que se han presentado más de 30 impugnaciones contra el proceso electoral judicial en la entidad potosina.
La titular de este órgano explicó que se trata, en su mayoría, de casos en que los aspirantes no recibieron un dictamen por parte de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, que argumente por qué fueron excluidos de las listas de elegibilidad o mejor evaluados.
Otros casos han sido contra los procesos de insaculación pública por tómbola, donde se sortearon a los candidatos que aparecerán en las boletas.
“Están impugnando las listas de mejor evaluados, el proceso de insaculación y su exclusión de las últimas listas que ya fueron enviadas a la autoridad electoral”, explicó la magistrada.
La magistrada presidenta del TEESLP dijo que no se puede ordenar la repetición de los procesos de selección de candidatos, pero sí se puede ordenar reintegrar aspirantes a las listas de candidaturas.
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“Exceso”, sometimiento de escolta a ciclista en Carranza
El secretario Guadalupe Torres Sánchez reconoció la reacción de las autoridades de seguridad estatal y federal ; “el portar armas sin licencia ya es de por sí un delito”
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sanchez, secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, se pronunció sobre la detención de un presunto escolta que sometió a un ciclista por estacionarse en la ciclovía de la avenida Venustiano Carranza, y calificó esta acción como un exceso por parte del supuesto elemento de seguridad personal.
“Sin lugar a duda es un exceso. El ciclista, conforme a la información que tenemos, no estaba más que haciendo el señalamiento a las personas que estaban estacionadas, de que estaban obstruyendo una vialidad exclusiva para ellos que es la ciclovía”, compartió el funcionario estatal.
El secretario General de Gobierno estatal dio a conocer que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), y pese a que se habla de una denuncia por parte del ciclista, la detención efectuada por la Guardia Civil Estatal (GCE) arrojó la portación de armas de fuego no comprendidas en la licencia presentada, lo que por sí solo constituye un delito.
“Hubo una denuncia sin embargo desde el momento en que hay un civil armado sin contar con las licencias, eso ya es un ilícito que no requiere una denuncia previa”.
Finalmente, Torres Sánchez dijo que se tuvo contacto con el diputado federal, quien supuestamente era escoltado por el agresor del ciclista: “asegura que eso no es cierto, sin embargo, independientemente de ello vamos a continuar con la investigación”.
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