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Diputados preparan “código de ética” tras escándalo por asesores fake en SLP
Debido a que no existe una normatividad clara sobre el esquema de contratación de asesores en el Congreso, los diputados elaborará un código de ética, tras el caso de la legisladora Alejandra Valdés y un exasesor suyo
Por: Ana Dora
El diputado Mauricio Ramírez Konishi dijo desconocer la cantidad de asesores y montos asignados para cada diputado: “a la Jucopo sí le toca el tema de los recursos pero desconozco cuánto le corresponde a cada diputado eso es del área administrativa, por el momento no tengo el dato”, aseguró.
Indicó que a él se le otorgan ochenta mil pesos mensuales, en comparación con los sesenta mil pesos que a la diputada Paola Arreola se le asignaron.
Negó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobara un aumento para el pago de asesores y aclaró que existen dos modalidades de personal contratado: operativo y asesores legislativos: “no hubo un aumento, por eso pedimos a la Contraloría que revise estas contrataciones”.
Informó que desde el día de ayer se elabora un código de ética y lineamientos para la contratación de asesores legislativos: “ayer hicimos un borrador del código de ética y del proceso de contratación, esperemos que el lunes haya algo”.
Indicó que es necesaria una normatividad y regulación para las contrataciones: “debemos estructurar y generar normas para tener la certeza de cómo se incorpora este tipo de apoyo al trabajo”, dijo y admitió que estos trabajadores deben tener cierto perfil para el puesto.
Finalmente informó que el presupuesto se aprueba mensualmente, a través de la Jucopo, para ser aprobado por el Pleno, cuyos integrantes tienen la última decisión.
Cabe recordar que la organización Ciudadanos Observando dio a conocer que la diputada Alejandra Valdés presuntamente pedía a su exasesor Paul Ibarra que le devolviera parte de su sueldo, por lo cual se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la organización pidió que la congresista se separara del cargo durante las investigaciones.
Revelan sueldo de los 137 asesores del Congreso de SLP; 68 mil, el más alto
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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