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Diputados del PAN y Verde piden que se aclare el caso del “Rey del Tóner”
El gobierno de Juan Manuel Carreras pagó 189 millones de pesos para insumos de oficina durante la pandemia
Por: Ana G Silva
La Contraloría General del Gobierno del Estado dio a conocer esta semana que comenzará una investigación contra ex funcionarios de la administración de Juan Manuel Carreras, por las compras, presuntamente ilegales, de insumos de computo a sobreprecio, que habrían favorecido con contratos por 189 millones de pesos a un outsourcing, al que ya se le bautizó como el “Rey del Tóner”, y durante el periodo de contingencia sanitaria, cuando la mayoría del personal burócrata y funcionarios se encontraban bajo la modalidad de trabajo desde casa. Luego de esto Eloy Franklin, diputado local por el Partido Verde, y Rúbén Guajardo, líder de la bancada del PAN, pidieron que se aclarara este hecho.
El legislador del Partido Verde expresó que es lamentable y patético encontrar este tipo de situaciones, y sobre todo en una de las peores etapas para San Luis Potosí, México y el mundo como fue la pandemia por el covid-19 inflando los precios de los insumos de oficina:
“Hoy vemos al gobernador dándonos esta información, por su puesto que hay mucha gente indignada, pero también contenta con el gobernador porque ha demostrado que nadie está por encima de la ley y hasta el peso más insignificante que se ha desviado hasta ese se va a buscar”.
Al cuestionar a los congresistas sobre si consideraban que este destape de información abre nuevas posibilidades de investigar a la administración de Carreras López, Franklin apuntó que sí y por tanto estarán al pendiente de la situación desde el Congreso del Estado; por su parte, Guajardo Barrera dijo que posiblemente pase, pero debe llevarse un debido proceso.
Rubén Guajardo apuntó que desde el Congreso del Estado se puede exhortar a la Contraloría para que lleve a cabo su trabajo de investigación y que la Auditoría Superior del Estado observe el caso en caso de demostrarse que hubo desvío de recursos; mientras que Eloy Franklin comentó que la Comisión de Vigilancia tendrá que pedir que se llegue a las últimas consecuencias 
El legislador panista argumentó que aunque se presume un mal uso del recurso, se debe cuidar que todos lo procedimientos se lleven a cabo conforme a derecho y como diputado y representante de las y los ciudadanos, exhorta a que se investigue a fondo, no quede impune y se dote de todos los procesos conforme a derecho
“La Contraloría General del Estado tiene que iniciar una investigación a fondo del tema, se va a sustanciar y resolver, creo importante la presunción de inocencia, pero también veo muy importante que esto se aclare y saber si fue o no grave la conducta de los ex funcionarios que se mencionan”.
Finalmente, a la pregunta sobre su opinión de que algunos de los señalados formen parte del gobierno de Enrique Galindo como es el caso de Elías Pesina Rodríguez, actual regidor capitalino, y Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general del Ayuntamiento, Eloy respondió que se debe llegar hasta las últimas consecuencias y no importa donde se encuentren trabajando, tendrán que rendir cuentas; mientras que Rubén puntualizó que es respetuoso de las decisiones del alcalde pues tiene autonomía, pero sí es responsabilidad del Cabildo.
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La detención se da tras múltiples exigencias ciudadanas por justicia; el joven fue asesinado a las afueras de un antro en la zona de Tequis
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó sobre la captura de Brayan Guadalupe “N”, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años asesinado la madrugada del 1 de mayo de 2023 a las afueras de un bar en avenida Carranza, en el barrio de Tequisquiapan.
De acuerdo con las investigaciones, Sua fue atacado por al menos dos personas con un arma blanca cuando salía de un centro nocturno, presuntamente al resistirse a un asalto. Gravemente herido, fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida horas más tarde. El caso generó una fuerte movilización social, particularmente entre la comunidad juvenil, que exigió justicia y denunció la inacción de las autoridades.
Tras una larga espera, la Policía de Investigación (PDI) logró identificar y ubicar a uno de los presuntos agresores. La detención de Brayan Guadalupe “N” se realizó mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. El detenido fue trasladado al centro penitenciario de San Luis Potosí, donde permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica. La audiencia inicial ya ha sido programada.
El caso Sua se convirtió en un símbolo del hartazgo juvenil ante la violencia en San Luis Potosí. A pocos días del asesinato, más de 700 personas firmaron un pliego petitorio dirigido a los gobiernos estatal y municipal, acusando: Ineficiencia en la investigación y omisión de las autoridades, revictimización de la familia y minimización del crimen, falta de presencia policial en zonas de alto riesgo y ausencia de protocolos de seguridad en centros nocturnos.
El homicidio ocurrió a tan solo una cuadra del inmueble conocido como el “Nido del Crimen”, una casa abandonada en la avenida Carranza 905, señalada por vecinos como refugio de delincuentes y epicentro de múltiples delitos. La comunidad vecinal denunció años de omisión gubernamental frente al deterioro de la seguridad en la zona.
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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona mencionó que Villa de Reyes y Matehuala han evidenciado a policías municipales sin requerimientos para su función
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han acudido a los municipios a realizar las evaluaciones de control y confianza a las corporaciones de seguridad pública en los municipios.
Derivado de ello, han resaltado los casos de Villa de Reyes y Matehuala, en los que se han tomado medidas para el cese de elementos no aptos para su función pública, o llamados directos a los presidentes municipales.
En el caso de Matehuala, recordó que hace un par de días se realizó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en la que se le hizo la recomendación al presidente municipal, Raúl Ortega, para continuar con la limpieza de sus policías municipales, ante lo que el alcalde camelense ha mostrado la disposición de actuar. Mientras que en Villa de Reyes se evidenció la situación de su director de Policía municipal, que dio positivo al consumo de sustancias no aptas para el desempeño de su función.
Gallardo Cardona enfatizó que al inicio de su administración, las corporaciones municipales se comprometieron a evaluar a todos sus elementos municipales. Sin embargo, al no hacerlo, la acción del Ejecutivo ha sido realizar estas pruebas municipio a municipio con el objetivo de hacer cumplir la ley y como parte de la profesionalización de los elementos.
Finalmente, el gobernador del estado recordó que la SSPCE continuará estas evaluaciones a los municipios de manera sorpresiva, para no alertar a las corporaciones, en las que se realizan los exámenes toxicológicos y de polígrafo, y al momento se les entrega una certificación que les indica si son capaces de desempeñar su función o deben someterse a lo que mandate la autoridad.
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Esta es la iniciativa que discute el Congreso de Jalisco, pero ¿qué tan viable sería un contrato de convivencia civil de 2 a 5 años en la entidad potosina?
Por: Redacción
Enrique Velazquez, diputado local en el Congreso del Estado de Jalisco, presentó una iniciativa a la legislatura local de aquella entidad para agregar la figura de “matrimonio por tiempo determinado”. Una iniciativa que pretende replantear el concepto del matrimonio entre las nuevas generaciones, como un método de adecuar las leyes civiles a las nuevas formas de unión civil de las parejas, además de reducir los costos económicos, legales y emocionales ante los divorcios.
Ante esta iniciativa, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Directiva en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, considera necesario el análisis d el contexto social en la entidad potosina
El legislador remarcó que el matrimonio es un contrato, por lo que hacerlo efectivo por un periodo determinado de tiempo lo consideró inviable para San Luis Potosí. No obstante, enfatizó que este tema debe analizarse para considerar una iniciativa similar en el estado.
“Habrá que leer esta propuesta del Congreso de Jalisco, pero está sujeto a interpretaciones. Habrá que analizarla, ver las condiciones que existen en San Luis Potosí, pero de entrada aquí no se ha visto nada de ese tema”, mencionó.
La iniciativa del diputado jalisciense contempla matrimonios temporales, mediante un contrato de convivencia civil con vigencia de entre 2 y 5 años. Algunos puntos destacados son la opción de las parejas a renovar su vínculo, modificar los términos, o disolverlo sin necesidad de un proceso judicial complejo.
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