julio 16, 2025

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Dieron cuello a unidad médica que atendía a 2 mil 500 pacientes en SLP

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El gobierno federal eliminó todas las Unidades Médicas Urbanas en San Luis: una duplicada en Rioverde que no tenía beneficiarios, pero también dejó desamparados a usuarios de otras

Por: Roberto Rocha

Hasta el pasado fin de semana, en San Luis Potosí funcionaban seis Unidades Médicas Urbanas (UMU) de IMSS-Prospera: dos en el municipio de Rioverde y uno en cada uno de estos municipios: Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles y Tamazunchale.

Ayer lunes, médicos y personal de enfermería de la Unidades Médicas Urbanas de 18 entidades del país, entre ellas San Luis Potosí, denunciaron que fueron despedidos por el IMSS, en algunos casos sin indemnización, y a todos se les pidió entregar las instalaciones a más tardar el 15 de junio.

Zoé Robledo, titular del IMSS, afirmó anoche que el cierre de algunas UMU no impacta en la atención médica para personas de escasos recursos, pues los beneficiarios cuentan con el Seguro Popular y, por tanto, no se han quedado sin acceso a servicios de salud.

Detalló que alrededor de 700 médicos y enfermeras –que no eran trabajadores de IMSS Bienestar– dejaron de prestar sus servicios por honorarios porque el Programa Prospera llegó a su fin.

Entre la Unidades Médicas cerradas por decisión del gobierno federal se encuentra la conocida como Rioverde 2, que no tuvo ni un solo beneficiario inscrito al Seguro Popular en ninguno de los trece meses que van desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019.

Rioverde 2, pese a tener una Clave Única de Establecimientos de Salud distinta, compartía dirección con la UMU Rioverde 1, que cerró el registro de mayo de 2019 con cuatro beneficiarios, mientras que en mayo del año anterior la estadística era de cero, de acuerdo con datos del Seguro Popular en San Luis Potosí.

El problema es que esas dos UMU, que comparten espacio físico de acuerdo con los registros, fueron puestos en la misma bolsa para su disolución que la Unidad de Tamazunchale, que, al cierre de mayo de este año, atendía a 2 mil 530 beneficiarios de Prospera.

La UMU de Ciudad Valles también registraba escasa atención médica, pues pasó de tener tres beneficiarios en mayo de 2018, a tener solo dos en mayo de este año.

En cambio, la UMU de Matehuala pasó de 112 a 664 beneficiarios, en la comparación entre mayo de 2018 y mayo de 2019. La de Soledad registró atención para 375 personas en el quinto mes del año pasado y para 340 en el mismo mes de este año.

Ayer, 17 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó el Programa Prospera y ordenó transferir sus recursos a un nuevo órgano en la Secretaría de Educación Pública, denominado Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Para este año, Prospera tenía un presupuesto de 20 mil 691 millones de pesos, el 13 por ciento del gasto programable de la ahora Secretaría del Bienestar, que incluyen 447 millones para pagar a 824 empleados.

Según un oficio firmado por Gisela Juliana Lara Saldaña

, titular de IMSS-Bienestar, que fue ayer publicado por el diario El Universal, debido a la conclusión del proyecto Prospera y su transformación al nuevo Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, las UMU ya no recibirán los recursos que Prospera proporcionaba al ramo 12 del PEF, mismos que ahora se entregarán de forma directa a los beneficiarios.

En total, 300 UMU cerraron en los estados de Puebla, Guanajuato, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Zacatecas, Estado de México y Campeche.

Zoé Robledo indicó que el personal médico de las UMU tendrá la oportunidad de integrarse a las Unidades Médicas Rurales (UMR) de IMSS Bienestar que ofrecen servicio en las zonas más vulnerables del país.

El director del IMSS agregó que estaban contratados por honorarios, y muchos de esos contratos ya estaban por vencerse.

Robledo añadió que en aquellos lugares en donde no haya acceso a servicios de salud en por lo menos 30 minutos a la redonda, las UMU en zonas urbanas seguirán operando.

El senador potosino Marca Gama Basarte pidió a Zoé Robledo aclarar cuáles fueron los criterios para cerrar 300 UMU, despedir a la mayoría del personal que laboraba en ellas sin indemnización y qué pasará con las familias de colonias marginadas que atendían dichas clínicas.

El integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República afirmó que la austeridad que impulsa el presente gobierno federal jamás debe afectar la atención médica en ningún rincón del país, “es una de las prioridades junto a la seguridad, la educación y la economía”, sostuvo.

Gama Basarte, senador panista, lamentó que este gobierno, con tal de ahorrar para tener contenta a su base electoral, no se toque el corazón y de un plumazo deje sin medicinas, sin médicos, y sin hospitales, a miles de familias que atendía el Programa Prospera.

Por su parte, el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, también panista, calificó la medida como una mala decisión más del actual gobierno federal, ya que ha quedado claro en estos últimos meses que los recortes en salud afectan a los más necesitados.

Azuara Zúñiga destacó que estas unidades servían especialmente a las personas que se ubicaban en las periferias de las ciudades; por lo tanto, cerrar las puertas de estos espacios pone en riesgo la salud de las personas que tienen que trasladarse más para acceder a unidades médicas.

Este es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de junio en SLP

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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”

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La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris

Por: Redacción

Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.

El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal

y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.

Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.

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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA

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Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente

Por: Redacción

El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.

Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso

, también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.

El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.

Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.

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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”

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La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.

Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.

“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.

Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.

Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.

Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.

“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.

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