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Dieron cuello a unidad médica que atendía a 2 mil 500 pacientes en SLP
El gobierno federal eliminó todas las Unidades Médicas Urbanas en San Luis: una duplicada en Rioverde que no tenía beneficiarios, pero también dejó desamparados a usuarios de otras
Por: Roberto Rocha
Hasta el pasado fin de semana, en San Luis Potosí funcionaban seis Unidades Médicas Urbanas (UMU) de IMSS-Prospera: dos en el municipio de Rioverde y uno en cada uno de estos municipios: Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles y Tamazunchale.
Ayer lunes, médicos y personal de enfermería de la Unidades Médicas Urbanas de 18 entidades del país, entre ellas San Luis Potosí, denunciaron que fueron despedidos por el IMSS, en algunos casos sin indemnización, y a todos se les pidió entregar las instalaciones a más tardar el 15 de junio.
Zoé Robledo, titular del IMSS, afirmó anoche que el cierre de algunas UMU no impacta en la atención médica para personas de escasos recursos, pues los beneficiarios cuentan con el Seguro Popular y, por tanto, no se han quedado sin acceso a servicios de salud.
Detalló que alrededor de 700 médicos y enfermeras –que no eran trabajadores de IMSS Bienestar– dejaron de prestar sus servicios por honorarios porque el Programa Prospera llegó a su fin.
Entre la Unidades Médicas cerradas por decisión del gobierno federal se encuentra la conocida como Rioverde 2, que no tuvo ni un solo beneficiario inscrito al Seguro Popular en ninguno de los trece meses que van desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019.
Rioverde 2, pese a tener una Clave Única de Establecimientos de Salud distinta, compartía dirección con la UMU Rioverde 1, que cerró el registro de mayo de 2019 con cuatro beneficiarios, mientras que en mayo del año anterior la estadística era de cero, de acuerdo con datos del Seguro Popular en San Luis Potosí.
El problema es que esas dos UMU, que comparten espacio físico de acuerdo con los registros, fueron puestos en la misma bolsa para su disolución que la Unidad de Tamazunchale, que, al cierre de mayo de este año, atendía a 2 mil 530 beneficiarios de Prospera.
La UMU de Ciudad Valles también registraba escasa atención médica, pues pasó de tener tres beneficiarios en mayo de 2018, a tener solo dos en mayo de este año.
En cambio, la UMU de Matehuala pasó de 112 a 664 beneficiarios, en la comparación entre mayo de 2018 y mayo de 2019. La de Soledad registró atención para 375 personas en el quinto mes del año pasado y para 340 en el mismo mes de este año.
Ayer, 17 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó el Programa Prospera y ordenó transferir sus recursos a un nuevo órgano en la Secretaría de Educación Pública, denominado Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Para este año, Prospera tenía un presupuesto de 20 mil 691 millones de pesos, el 13 por ciento del gasto programable de la ahora Secretaría del Bienestar, que incluyen 447 millones para pagar a 824 empleados.
Según un oficio firmado por Gisela Juliana Lara Saldaña 
En total, 300 UMU cerraron en los estados de Puebla, Guanajuato, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Zacatecas, Estado de México y Campeche.
Zoé Robledo indicó que el personal médico de las UMU tendrá la oportunidad de integrarse a las Unidades Médicas Rurales (UMR) de IMSS Bienestar que ofrecen servicio en las zonas más vulnerables del país.
El director del IMSS agregó que estaban contratados por honorarios, y muchos de esos contratos ya estaban por vencerse.
Robledo añadió que en aquellos lugares en donde no haya acceso a servicios de salud en por lo menos 30 minutos a la redonda, las UMU en zonas urbanas seguirán operando.
El senador potosino Marca Gama Basarte pidió a Zoé Robledo aclarar cuáles fueron los criterios para cerrar 300 UMU, despedir a la mayoría del personal que laboraba en ellas sin indemnización y qué pasará con las familias de colonias marginadas que atendían dichas clínicas.
El integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República afirmó que la austeridad que impulsa el presente gobierno federal jamás debe afectar la atención médica en ningún rincón del país, “es una de las prioridades junto a la seguridad, la educación y la economía”, sostuvo.
Gama Basarte, senador panista, lamentó que este gobierno, con tal de ahorrar para tener contenta a su base electoral, no se toque el corazón y de un plumazo deje sin medicinas, sin médicos, y sin hospitales, a miles de familias que atendía el Programa Prospera.
Por su parte, el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, también panista, calificó la medida como una mala decisión más del actual gobierno federal, ya que ha quedado claro en estos últimos meses que los recortes en salud afectan a los más necesitados.
Azuara Zúñiga destacó que estas unidades servían especialmente a las personas que se ubicaban en las periferias de las ciudades; por lo tanto, cerrar las puertas de estos espacios pone en riesgo la salud de las personas que tienen que trasladarse más para acceder a unidades médicas.
Este es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de junio en SLP
La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc
Por: Ana G Silva
La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.
En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.
Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.
En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos
El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.
CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL
Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.
Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.
Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.
En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.
Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.
También lee: La minería potosina se sostiene en la fluorita, mientras el cobre cae 20 %
La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior
Por: Redacción
La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.
También para maestros
A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.
Las excepciones
El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.
Cuotas escolares, bajo revisión
En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.
También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE
A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.
La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.
Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.
El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.
Por qué es un precedente
La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.
El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.
Lo que falta por cumplir
A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.
Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.
Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.
También lee: Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE
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