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Contrataron a 5 para la UEC en el Congreso de SLP… uno ya era asesor
La Jucopo autorizó cinco contrataciones para la Unidad de Evaluación y Control, aunque se ha denunciado que lo anterior es para pagar favores políticos
Por: Redacción
En sesión de la Junta de Coordinación Política del pasado miércoles 17 de octubre se autorizaron cinco contrataciones para la operación de la Unidad de Evaluación y Control, misma que preside Jorge Ovidio Robledo Gómez.
En el previo a que se autorizaran dichas contrataciones, estalló un conflicto entre las diferentes bancadas, quienes se acusaron de buscar espacios para contratar a personal no calificado pero sí proveniente del pago de favores políticos.
Pese a ello, la Jucopo determinó contratar a Horacio Lobo Rosillo, quien hasta julio de este año estaba contratado tanto como asesor del Congreso al mismo tiempo que operaba la oficina de enlace del diputado federal panista Xavier Azuara.
Lobo Rosillo fue señalado por la organización Ciudadanos Observando, quienes en julio de este año revelaron un esquema de contratación presuntamente utilizado pro los diputados locales para calzar en la nómina a parientes, aliados políticos u otros personajes a quienes retenían parte de sus elevados salarios.
Junto con Lobo Rosillo, la Jucopo Autorizó la contratación de Lorena Guadalupe Palomo Colunga, quien previamente concursó, sin éxito, para dirigir la UEC; sin embargo, ahora fungirá como Directora de Análisis de la Fiscalízación Superior del Estado.
Como Director Jurídico, la Jucopo contrató a Horacio Lobo Rosillo; mientras que para Coordinación de Planeación Estratégica se contrató a Armando David Ramírez Martínez, cuya cédula profesional no fue posible encontrar en el Registro Nacional de Profesionistas.
Como Directora de Desempeño y Apoyo en las funciones de contraloría se contrató a Maria Sonia Muñoz Aldape; y, finalmente, María del Carmen Aguayo Montiel fue contratada como Secretaria Técnica.
En el acta de la sesión se detalla que el contrato será por tiempo determinado y tendrá vigencia hasta el próximo 31 de octubre; sin embargo, no se detalla cuáles serán las percepciones económicas de los nuevos trabajadores del Poder Legislativo local.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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