La victima falleció tras ser herido de bala durante el tiroteo del pasado 24 de septiembre en un centro de detención en Dallas. La SRE confirmó su muerte y brindó asistencia consular a la familia

Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, originario de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, murió tras resultar herido en un tiroteo registrado el pasado 24 de septiembre en las instalaciones de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas.

El fue uno de los tres detenidos que resultaron heridos de bala durante el ataque perpetrado por Joshua Jahn, un hombre de 29 años que abrió fuego desde un tejado cercano con la intención de matar agentes federales, según informaron las autoridades estadounidenses. Jahn, quien odiaba al gobierno de Estados Unidos, disparó de forma indiscriminada contra el centro de detención y posteriormente se suicidó.

Durante el tiroteo, un detenido murió en el lugar —identificado como Norlan Guzmán Fuentes, de origen salvadoreño—, mientras que Miguel Ángel García fue trasladado en estado crítico. Días después, su familia confirmó su fallecimiento tras ser retirado del soporte vital

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó profundamente el deceso de García Hernández y, a través del Consulado General de México en Dallas, informó que brindó acompañamiento constante a su esposa y familiares desde que ocurrió el ataque.

Como parte del apoyo consular, el gobierno mexicano gestionó un permiso humanitario para que la madre de Miguel Ángel pudiera viajar a Estados Unidos y estar con su familia. También fueron canalizados con un abogado para evaluar posibles opciones legales y representación jurídica.

Con su fallecimiento, el número total de muertos asciende a cuatro personas: dos detenidos, el tirador, y una víctima más durante el suceso.

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La reforma a la Ley General de Salud, impulsada por el legislador potosino José Luis Fernández tras una petición ciudadana, se aprobó por unanimidad

Por Roberto Mendoza

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 401 votos a favor la prohibición de la venta y suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años en todo México. La reforma, que contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, modifica la Ley General de Salud y establece una regulación específica para estos productos, atendiendo a las advertencias sanitarias sobre su consumo en la infancia y adolescencia.

El dictamen aprobado tiene su origen en una iniciativa presentada por el diputado federal por San Luis Potosí, José Luis Fernández. En entrevista exclusiva para La Orquesta, el legislador explicó que la propuesta no surgió de un análisis técnico, sino de una solicitud directa de la gente. “Esta iniciativa nace de una petición de un grupo de padres de familia al finalizar un evento de mi campaña en Soledad de Graciano Sánchez“, relató Fernández. Detalló que los padres estaban alarmados por el consumo de estas bebidas en una escuela local, pues sus hijos presentaban “dolores de cabeza, ansiedad, problemas para dormir y falta de atención“.

Fiel a su compromiso, llevó la demanda ciudadana al Congreso, donde encontró un respaldo generalizado.
De acuerdo con el texto del dictamen, la reforma establece los puntos fundamentales para esta nueva regulación.Primero, crea una definición legal clara para las “bebidas energetizantes”

Finalmente, para asegurar su cumplimiento, establece sanciones económicas para quienes infrinjan la norma, con multas que pueden alcanzar hasta dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El legislador potosino celebró la aprobación, destacando que es raro que una iniciativa logre un consenso tan absoluto. “Me siento contento, la verdad es que me siento satisfecho porque se logra la medida …lo que celebro hoy es que nos hayamos puesto de acuerdo todos“, afirmó.

El dictamen, que consolida también propuestas de legisladores de MORENA, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, fue trabajado y votado por la Comisión de Salud como una medida indispensable para proteger el interés superior de la niñez ante los riesgos cardiovasculares y neurológicos documentados. Tras su contundente aprobación en San Lázaro, la minuta pasará ahora al Senado de la República para su análisis y votación.

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Una organización masónica utilizó el recinto legislativo para su congreso, exigiendo a sus asistentes pagos de hasta $3,450 pesos

​Por: Roberto Mendoza

​El Senado de la República se convirtió en la sede de un evento privado con fines de lucro, es el Supremo Consejo de México quien inauguró su “XLIII Congreso Nacional Masónico” en sus instalaciones. Lejos de ser un acto público y abierto, la organización exigió a sus miembros una cuota de inscripción de $3,450 pesos por congresista y $2,450 pesos por acompañante, transformando un espacio de la nación en un salón de eventos particular.

​El acto no solo se realizó con pleno conocimiento de las autoridades del Senado, sino que fue presidido por la propia presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, quien ofreció un discurso de bienvenida. Esta aprobación oficial contrasta directamente con un precedente de junio de 2025, cuando se canceló el evento “Unlocked AIWoman” por la misma razón: los organizadores pretendían cobrar una cuota de acceso, lo que fue considerado inaceptable y contrario a las normas d el recinto legislativo.

​La controversia se agudiza pues el Senado de la República es un espacio, mantenido con recursos públicos, y todo indica que fue cedido gratuitamente para que un grupo privado generara ingresos, planteando un serio conflicto sobre el manejo y la finalidad de los bienes que pertenecen a todos los mexicanos y la aparente discrecionalidad en la aplicación de las reglas.

​La prohibición de estos actos se fundamenta en la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Civil Federal que establecen que el Senado es un “bien de dominio público” destinado a un servicio público. Su carácter inalienable impide que sea tratado como una propiedad privada o comercial. Permitir que una organización cobre por el acceso es desvirtuar su función y viola los principios legales que obligan a que su uso sea exclusivamente para las funciones del Estado y no para el beneficio económico de particulares.

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