Estado
Cobach y UPSLP llevaron a cabo exámenes de admisión con medidas de salud
Por: Redacción
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) verificó protocolos sanitarios con instituciones educativas durante los exámenes de admisión mediante mesas de trabajo con personal especializado y de la Dirección de Salud Pública de los Servicios de salud, informó Carlos Alberto Aguilar, titular de la dependencia.
El funcionario estatal explicó que el pasado fin de semana el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí realizó el examen de admisión a planteles de la zona metropolitana y Ciudad Valles, el cual se llevó a cabo bajo medidas sanitarias, tanto para alumnos, aplicadores y personal de apoyo. En la aplicación del mismo, se estableció una logística que incluyó, la separación de los aspirantes en grupos reducidos en dos turnos autorizados para evitar aglomeración.
De la misma manera, el 7 y 8 de agosto, 3 mil 144 aspirantes presentaron el examen de ingreso en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP). La logística de la aplicación se llevó a cabo con apego a las medidas de prevención sanitarias establecidas por la Universidad, las cuales fueron avaladas previamente por la dependencia estatal.
Aguilar detalló que se instalaron filtros sanitarios para el ingreso al Campus en donde se aplicaron medidas, tanto a los sustentantes, como al personal de apoyo de la UPSLP, como limpieza de zapatos en tapetes sanitizantes, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial, orientación sobre el uso correcto del cubrebocas y entrega de la carta de corresponsabilidad sobre el estado de salud.
Una vez pasado el filtro, los sustentantes se trasladaron al edificio y aula asignada, siguiendo los lineamientos de salud indicados en la señalética que la UPSLP habilitó en el Campus. En las aulas se aseguró la ventilación natural y se revisó el cumplimiento de la sana distancia. Todas las aulas fueron desinfectadas antes y después de la aplicación del examen.
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Estado
Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández
El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.
Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.
Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.
Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida” , echando por tierra las especulaciones sobre supuestos beneficiarios directos de la reforma.
Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.
Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.
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Estado
Importante la construcción de un hospital psiquiátrico en San Luis: Aranza Puente
La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital
Por: Redacción
Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.
La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.
Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.
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Estado
Antes que prohibir, se tienen que regular los vapeadores: Aranza Puente
La diputada aseguró que el veto de estos dispositivos solo dará pie a un mercado negro fuera de la ley
Por: Redacción
Cuestionada sobre la prohibición de los vapeadores en San Luis Potosí, Aranza Puente Bustindui, diputada local, se manifestó en contra del veto a estos dispositivos, señalando que ella optaría por una regulación.
La diputada señaló que al haber tanta demanda, una prohibición total solo ocasionaría un mercado negro fuera de toda regulación, lo que generaría mayor peligro para los consumidores.
Puente Bustindui afirmó que hace falta mucha información sobre el tema, y sugirió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) lleve a cabo una regulación de las sustancias dañinas que contienen los vapeadores, así como que se realicen campañas de prevención y apoyo a los fumadores .
La producción, distribución y venta de vapeadores fue prohibida por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, argumentando que son dispositivos dañinos para la salud que fueron comercializados bajo la promesa no comprobada de ser menos dañinos que el cigarro.
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