Comuneros afines al empresario inmobiliario demandaron a la Procuradora Agraria, lo que retrasa el proceso hasta que el tribunal lo defina

Por Roberto Rocha

La aportación de 2 mil 64 hectáreas de la comunidad de San Juan de Guadalupe podrá atrasarse unos dos o tres años más, debido a que la Procuraduría Agraria solo podrá asistir a la Asamblea comunal para definir ese asunto después que el Tribunal Agrario se lo ordene, luego de una demanda que comuneros afines al empresario Carlos “El Chato” López Medina pusieron en contra de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola.

El magistrado del Tribunal Agrario, Rodolfo Lara Orozco, convocó ayer a una reunión a ambos grupos de comuneros. El grupo contrario a la cesión fue integrado por siete personas, entre los que estaban Aniceto Jasso, Noel de la Rosa, Dolores Quintero López y Juan Estrada; mientras que el grupo afín al “Chato” López estuvo representado por doce comuneros, encabezados por Juan Fidel Cruz Campos, a quien identifican como cacique histórico de esa zona de la ciudad; Margarito Jasso Menchaca, Anastacio Esquivel Jasso, Rogelio Ambrosio Carrizales y el comisariado actual, Rodolfo Valdez García.

En la reunión, a la que solo entraron los comuneros, sin sus asesores legales, también se presentó la delegada de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola.
El grupo afín a “El Chato” López demandó a Plascencia Pañola ante el Tribunal Agrario, para que la Procuraduría Agraria fuera obligada a asistir a la asamblea para definir la cesión de más de 2 mil hectáreas, aunque no existiera opinión de esa dependencia federal.

Según se supo, el grupo que busca vender los terrenos a López Medina demandó a Plascencia Pañola por daños y perjuicios por “los miles de millones de pesos que los comuneros dejarán de recibir”.

Sin embargo, al judicializarse el asunto, la Procuraduría Agraria solo podrá asistir a asambleas cuando el Tribunal Agrario lo ordene, lo que según fuentes cercanas al proceso, podría llevarse de dos a tres años.

Un grupo de comuneros de San Juan de Guadalupe entregaron ayer una carta al magistrado del Tribunal Agrario, Rodolfo Lara Orozco, en la que señalan que es inadmisible que se pretenda imponer la incorporación forzosa de comuneros a la cesión de terrenos en favor del proyecto inmobiliario de la empresa Reserva San Luis SA de CV, propiedad de Carlos “El Chato” López Medina y el empresario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.

Los comuneros contrarios a ceder 2 mil 64 hectáreas de San Juan de Guadalupe pidieron al magistrado Lara Orozco que no se obligue a quien no quiera ser parte de este proyecto, del que además, mencionaron en la carta “ni usted ni nosotros conocemos el proyecto y sería absurdo acordar sobre documentos que no se conocen, como: Manifiesto y/o estudio de impacto ambiental; El estudio técnico, administrativo, jurídico y financiero; El proyecto del acta constitutiva de la Sociedad; La información financiera de los inversionistas de las Empresas “Espacios en el Horizonte SA de CV  y/o Cañada de Lobos”, así como el convenio privado entre las mismas; Copia del avalúo; Copia del cambio de uso de suelo y/o resumen del Plan Parcial del Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí de acuerdo al Acta de Cabildo del día 28 de febrero del año 2013.

La carta que entregaron comuneros contrarios a la cesión de terrenos al magistrado del Tribunal Agrario menciona: “A efecto de realizar pláticas conciliatorias en relación al tema de la pretendida asamblea de aportación de tierras de uso común de nuestra comunidad, manifestamos estar de acuerdo en dialogar. No estamos de acuerdo en vetar la presencia de comuneros”.

“La discusión sobre esta asamblea es un tema de legalidad y de trascendencia histórica para nuestra comunidad, pues no se trata de una determinación cualquiera. Nunca en la historia de México se ha constituido una inmobiliaria en una comunidad. En México sólo se formaron 21 y todas en ejidos”, dice la carta.

Aniceto Jasso relató que el debate entre ambos grupos de comuneros fue intenso y sirvió para fijar claramente el estatus jurídico del conflicto.

Los grupos afines al proyecto inmobiliario dijeron al magistrado Lara Orozco que ya se cumplieron los requisitos para integrar el expediente de opinión, pues presumen que ya se cumplió con el tema del cambio de uso de suelo, el proyecto de escritura social, el avalúo y la autorización de la asamblea para pedir la opinión. Los comuneros afines a López Medina dijeron que estas prevenciones les fueron notificadas el 11 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, la delegada de la Procuraduría Agraria, María Luisa Plascencia Pañola, los desmintió ante la presencia del magistrado Rodolfo Lara Orozco, pues manifestó que se les habían dado quince días para subsanar las inconsistencias y que nunca presentaron la documentación relativa al cambio de uso de suelo y al avalúo, conforme a la normativa aplicable.

Plascencia Pañola además señaló que los comuneros que solicitaron la opinión de la Procuraduría Agraria se escondieron para no recibir la notificación de dos documentos: el relativo a la no asistencia de esa dependencia federal a la asamblea comunal convocada para el pasado 13 de enero, pues las oficinas centrales de la Procuraduría, en la Ciudad de México, informaron que su opinión sobre la cesión de las tierras era necesaria para su asistencia.

En el segundo oficio de la Procuraduría Agraria informaron al Comisariado de Bienes Comunales que no cumplieron con el requisito de la opinión, el 17 de enero de 2018.
En la reunión convocada por Lara Orozco, los comuneros se enfrascaron en un debate respecto al derecho a decidir la aportación. Pues por un lado acordaron no se puede obligar a los comuneros a una cesión que no les conviene, pero también sostienen que la aportación será pareja, pues la asamblea decidirá de acuerdo a la determinación colectiva y quienes no estén de acuerdo deberán acatar los acuerdos de aportación.

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