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“Cecy González cumple con requisitos para ser magistrada del TEJA”: Chessal
El columnista del diario Pulso argumentó que al haber sido elegida por una junta como directora del DIF, no violenta el criterio de no haber sido funcionaria designada por el gobernador
Por: Redacción
De acuerdo con la columna “Ayuda de memoria constitucional” publicada este lunes en el diario Pulso y firmada por Jorge Chessal Palau no hay impedimento para que Cecilia González Gordoa participe de la terna de la cual el Congreso del Estado elegirá a la nueva magistrada numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), toda vez que su nombramiento como directora del DIF no corresponde a una designación del gobernador Juan Manuel Carreras, sino a la determinación de la junta del propio DIF.
Hace algunas semanas el Congreso del Estado devolvió al Poder Ejecutivo la terna de nombres para designar magistrada numeraria al TEJA, puesto que en la lista solo figuraban dos nombres, ya que el de González Gordoa fue desechado en comisiones.
De acuerdo con Jorge Chessal la presunta ilegibilidad de Cecilia González es falsa y ella cumple con los requisito:
“El artículo 123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí señala que los requisitos para ser magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa serán los mismos que deba cumplir quien sea designado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Poder Judicial. El artículo 99 de la misma Constitución determina, en su fracción IV que quienes sean propuestos a la designación no deben haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Diputado local, o Presidente Municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento“.
Chessal Palau comentó que el punto “secretario de Despacho o su equivalente” lo que ha utilizado el Congreso del Estado a desestimar a la directora del DIF estatal “aduciendo que se presentaba tal equivalencia”; sin embargo, destacó que “los requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, en realidad, más allá de la Constitución estatal, derivan del contenido de la fracción III párrafo tercero del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que no podrán ser magistrados de los Poderes Judiciales estatales las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia (ahora Fiscal General) o Diputado Local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación 
Jorge Chessal subrayó que “equivalente a Secretario” es aquel que tiene las atribuciones y responsabilidades análogas a las de los secretarios, es decir, es el reúne los siguientes requisitos: “ser susceptible de juicio político, ser nombrado libremente por el Gobernador de la entidad y ser titular de una dependencia del Ejecutivo”, por lo que en el caso del DIF estatal, la designación de un director se hace por la Junta Directiva, por lo que no es una designación directa del gobernador y no depende directamente del Ejecutivo.
En la columna se indica que: “Las Comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del Estado, en el dictamen votado el 21 de mayo pasado, señalan como motivo para rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo: ‘Ello es así en virtud de que como la profesionista propuesta lo acreditó con el nombramiento expedido a su persona, por el Doctor Juan Manuel Carreras López ,Gobernador Constitucional del Estado, y que si bien es cierto el mencionado encargo se somete a la consideración de la Junta de Gobierno(presidida por el propio Gobernador), también lo es que él titular del Poder Ejecutivo lo propone, pero además, éste es quien emite su nombramiento’“.
Chessal Palau reiteró que el nombramiento firmado por el gobernador es posterior a la sesión de la Junta Directiva del DIF donde designa a la Directora. Agregó que se debe tener presente que aunque el gobernador Juan Manuel Carreras participe en la designación, no lo hace “libremente”.
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741 hombres murieron por accidentes en San Luis Potosí durante 2025, de acuerdo con las estadísticas del INEGI
Por: Ana G Silva
En San Luis Potosí, 741 hombres perdieron la vida por accidentes durante 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) contabilizaron 963 muertes por accidentes en San Luis Potosí durante el año pasado. De acuerdo con el desglose por sexo, los hombres representaron alrededor de 77 por ciento de las defunciones.
La proporción es prácticamente igual a la registrada en el país. A nivel nacional, el INEGI contabilizó 38 mil 769 muertes por presuntos accidentes durante 2025: 77 por ciento correspondió a hombres y 22.9 por ciento a mujeres. En 33 casos no se especificó el sexo de la persona fallecida.
En el estado, los accidentes se ubicaron como la cuarta principal causa de muerte, detrás de las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos.
El reporte también permite dimensionar el peso de los percances de transporte: a nivel nacional, estos concentraron 42.6 por ciento
Además, los fallecimientos por accidentes de transporte se concentraron principalmente en hombres de 15 a 24 años y de 25 a 34 años, grupos que registraron las mayores proporciones dentro de la distribución por edad y sexo.
En cuanto a la tasa de defunciones por accidentes según la entidad donde ocurrieron, San Luis Potosí registró 35.4 muertes por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 29.7. Al ajustar la tasa por la estructura de edad de la población, la entidad tuvo 34.8, frente a 29.7 a nivel nacional.
Tanto en San Luis Potosí como en el país, los hombres concentraron alrededor de tres cuartas partes de las muertes por accidentes.
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La ENVE estimó alrededor de 35 mil 366 extorsiones en el estado, aunque el INEGI advierte que este cálculo tiene precisión estadística baja
Por: Ana G. Silva
La extorsión fue el delito más frecuente contra los negocios de San Luis Potosí en 2025: concentró 39 de cada 100 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el país, la proporción fue de 26 por ciento.
La encuesta estimó 35 mil 366 extorsiones contra unidades económicas en el estado. Es una tasa de 3 mil 161 por cada 10 mil, más del doble de la nacional, de mil 467.
El propio INEGI clasifica esas estimaciones estatales con precisión baja, es decir, con un coeficiente de variación de 30 por ciento o más, por lo que su uso requiere cautela.
El dato más firme de la encuesta es otro: cuántos negocios fueron extorsionados. En San Luis Potosí fueron 628 de cada 10 mil, prácticamente igual que los 612 del promedio nacional. Con esa tasa, el estado se ubicó en el lugar 18 del país.
Las mismas víctimas
Esa tasa equivale a alrededor de 7 mil negocios potosinos extorsionados durante el año.
La combinación de ambos datos sugiere que la extorsión no alcanzó a más negocios que en otros estados, sino que se repitió sobre los mismos. Con las cifras de la ENVE, a cada negocio extorsionado en San Luis Potosí le habrían correspondido unas cinco extorsiones en el año,
El peso de la extorsión fue mayor en las microempresas, donde representó 42 por ciento de los delitos, y en el sector servicios, donde llegó a 53 por ciento. Ambas estimaciones también tienen precisión baja.
En el país, la tasa de extorsión pasó de mil 562 a mil 467 por cada 10 mil negocios entre 2023 y 2025, un cambio que el INEGI no consideró estadísticamente significativo.
Cuotas en persona
El 3 de noviembre, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la extorsión había bajado tras la detención de unas 35 personas de células que operaban en la Huasteca y el Altiplano.
El secretario explicó entonces que en San Luis Potosí el modus operandi es “más físico”: los extorsionadores se presentan en persona y piden cuotas con el argumento de que pertenecen a un grupo criminal.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la SSPC anunciaron en octubre una campaña preventiva contra la extorsión en las cuatro regiones del estado.
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En México no existe un tope legal general para los precios de los medicamentos vendidos en farmacias privadas, por lo que los laboratorios tienen margen para establecer sus propios precios
Por: Ana G Silva
Los precios de la salud en México suben más rápido que la inflación general, y la tendencia seguirá en 2027. La consultora WTW proyecta en su estudio Global Medical Trends una inflación médica de 12.8 por ciento para el país el próximo año, frente a 10.8 por ciento a nivel mundial.
El cálculo incluye atención privada, medicamentos y dispositivos médicos. Según el estudio, los medicamentos de especialidad son el factor que más presiona los costos. Los tratamientos para cáncer de mama, colorrectal y de próstata registraron la mayor presión de precios en los últimos 18 meses.
Lo que registra el INEGI
En agosto, el rubro de salud del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 4.77 por ciento anual, mientras la inflación general fue de 3.26 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La brecha viene de meses atrás. En mayo, cuando el índice general bajó 0.21 por ciento respecto a abril, el de salud subió 0.22 por ciento, según un análisis de Consultor Salud con datos del INEGI. En ese mes, la salud acumulaba 5.07 por ciento anual, frente a 3.94 por ciento de la inflación general.
El INEGI también ha reportado que los antibióticos y los medicamentos cardiovasculares, gastrointestinales y para la diabetes llevan meses con alzas por encima de la inflación general.
Sin tope en el mostrador
La ley no fija precios para los medicamentos que se venden en farmacias privadas. En los de patente, el precio máximo al público
Ese mercado ya tuvo sanciones por acuerdos de precios. En 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con 903 millones de pesos a las distribuidoras Marzam, Casa Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas por coludirse. Una de las conductas fue un aumento coordinado de 3.66 por ciento en el precio farmacia de varios medicamentos entre 2011 y 2013. La Cofece calculó el daño a los consumidores en más de 2 mil 359 millones de pesos.
El gasto de bolsillo de las familias es el que resiente estos aumentos. Con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la Cofece documentó que los medicamentos representaban 28 por ciento de lo que los hogares gastaban en salud en 2018.
En el sector público, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 destina 164 mil 245 millones de pesos a medicamentos, material médico y suministros de laboratorio, 4.6 por ciento más que en 2026, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La partida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que concentra 71.4 por ciento de ese gasto, baja 5.9 por ciento.
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