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“Cecy González cumple con requisitos para ser magistrada del TEJA”: Chessal
El columnista del diario Pulso argumentó que al haber sido elegida por una junta como directora del DIF, no violenta el criterio de no haber sido funcionaria designada por el gobernador
Por: Redacción
De acuerdo con la columna “Ayuda de memoria constitucional” publicada este lunes en el diario Pulso y firmada por Jorge Chessal Palau no hay impedimento para que Cecilia González Gordoa participe de la terna de la cual el Congreso del Estado elegirá a la nueva magistrada numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), toda vez que su nombramiento como directora del DIF no corresponde a una designación del gobernador Juan Manuel Carreras, sino a la determinación de la junta del propio DIF.
Hace algunas semanas el Congreso del Estado devolvió al Poder Ejecutivo la terna de nombres para designar magistrada numeraria al TEJA, puesto que en la lista solo figuraban dos nombres, ya que el de González Gordoa fue desechado en comisiones.
De acuerdo con Jorge Chessal la presunta ilegibilidad de Cecilia González es falsa y ella cumple con los requisito:
“El artículo 123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí señala que los requisitos para ser magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa serán los mismos que deba cumplir quien sea designado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Poder Judicial. El artículo 99 de la misma Constitución determina, en su fracción IV que quienes sean propuestos a la designación no deben haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Diputado local, o Presidente Municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento“.
Chessal Palau comentó que el punto “secretario de Despacho o su equivalente” lo que ha utilizado el Congreso del Estado a desestimar a la directora del DIF estatal “aduciendo que se presentaba tal equivalencia”; sin embargo, destacó que “los requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, en realidad, más allá de la Constitución estatal, derivan del contenido de la fracción III párrafo tercero del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que no podrán ser magistrados de los Poderes Judiciales estatales las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia (ahora Fiscal General) o Diputado Local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación “.
Jorge Chessal subrayó que “equivalente a Secretario” es aquel que tiene las atribuciones y responsabilidades análogas a las de los secretarios, es decir, es el reúne los siguientes requisitos: “ser susceptible de juicio político, ser nombrado libremente por el Gobernador de la entidad y ser titular de una dependencia del Ejecutivo”, por lo que en el caso del DIF estatal, la designación de un director se hace por la Junta Directiva, por lo que no es una designación directa del gobernador y no depende directamente del Ejecutivo.
En la columna se indica que: “Las Comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del Estado, en el dictamen votado el 21 de mayo pasado, señalan como motivo para rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo: ‘Ello es así en virtud de que como la profesionista propuesta lo acreditó con el nombramiento expedido a su persona, por el Doctor Juan Manuel Carreras López ,Gobernador Constitucional del Estado, y que si bien es cierto el mencionado encargo se somete a la consideración de la Junta de Gobierno(presidida por el propio Gobernador), también lo es que él titular del Poder Ejecutivo lo propone, pero además, éste es quien emite su nombramiento’“.
Chessal Palau reiteró que el nombramiento firmado por el gobernador es posterior a la sesión de la Junta Directiva del DIF donde designa a la Directora. Agregó que se debe tener presente que aunque el gobernador Juan Manuel Carreras participe en la designación, no lo hace “libremente”.
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Claudia, la que “se debilita”… ganando. Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público, hijos de la narrativa que se cae como diente de leche flojo:
Siempre he creído que la oposición mexicana antes de ir a dormirse se cuenta una historia como para acurrucarse y soñar con un cuento de hadas al revés.
Sueñan desde los más fachos, hasta los más hipócritas -esos que estiran la mano y con la otra avientan la piedra- (Ya sé que así no va el refrán, pero siempre me doy mis licencias) que la presidenta Claudia Sheinbaum está debilitada, que el barco se hunde, que el país se desmorona y que pronto —cualquier día de estos, ya merito— todo se viene abajo, que entrarán a México todos los GI Joe gringos a exterminar en un parpadeo con los narcotraficantes y el narcotráfico (ajá…).
Deliran humedecidos que en cualquier chasquido, van a secuestrar a AMLO como lo hicieron con Maduro y que la Cuarta Transformación y a la presidenta la van a derrocar con mensajes en “Truth” aplicando la máxima goobeliana de “repite una mentira mil veces” (esa de que nos gobiernan los narcos) para que sea realidad” y aquí hay quien se la cree.
Esa narrativa la repiten los discípulos de su mesías “Lilly Tellez” en columnas, en mesas de análisis, en redes sociales y en cuanta cámara les pongan enfrente. Pero como decimos en el periodismo, hasta los aprendices, que todavía usamos datos: una cosa es el cuento público… y otra la realidad.
Vamos viendo: En estos días, la presidenta fue cuestionada sobre el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que habla de más de 132 mil personas desaparecidas en México.
Sheinbaum respondió con un argumento que hay que leer sin histeria: las cifras del comité extrapolan a 2025 datos de un análisis que cubre el periodo 2009-2016. Es decir, el grueso de esa tragedia corresponde a sexenios anteriores —los mismos que hoy callan cómodamente desde la oposición.
¿Es grave el problema de las desapariciones? Por supuesto que sí. Nadie con dos dedos de frente lo minimizaría. Pero una cosa es exigir justicia y otra es usar un informe con datos extrapolados como ariete político contra un gobierno que, al menos, no niega el problema y opera un censo para dimensionarlo.
Y ya que hablamos de la ONU y su preocupación por los derechos humanos, permítanme la pregunta que nadie se acuerda de hacer en las mesas de análisis: ¿Dónde está esa misma ONU frente a la guerra que Estados Unidos está librando contra Irán, a través de Palestina desde febrero de este año?
¿Dónde estuvo cuando las niñas iraníes fueron asesinadas? —digo— ¿ellas también desaparecieron no? ¿Ellas no cuentan?
¿Dónde están las resoluciones vinculantes, las sanciones, los comités especiales para los miles de civiles que desaparecen —literalmente de la faz de la tierra— bajo los bombardeos del país que, además y casualmente, financia y controla los hilos de los organismos internacionales?
Es decir, mientras la ONU le exige cuentas a México sobre personas desaparecidas, al mismo tiempo tolera la desaparición y extinción inmediata de miles de seres humanos (¿Ya se les olvidó que el lunes en la noche Trump prometió “desaparecer” a Iran?).
Eso no es justicia, ni casualidad, ni es coherente. Eso es una puesta en escena con guión de Fox News y una geopolítica selectiva con narrativa a modo.
Y así, mientras la ONU se pierde en sus laberintos, y en el “dicen que tú y yo estamos locos Lucas”, La presidenta Sheinbaum hoy (miércoles) les recetó otra dosis de realidad estratégica: la consolidación de la soberanía energética.
La presidenta presentó hoy el plan para explotar nuestras propias reservas de gas natural, un recurso que por años hemos importado como si no tuviéramos nada bajo el suelo.
Ese no es solo un tema de hidrocarburos; es un mensaje de independencia. Disminuir la importación de gas es quitarle a los de afuera el interruptor de nuestra luz y nuestra industria. Es, de nuevo, el dato de la infraestructura aplastando el re lato de la dependencia.
Pero la fortaleza no solo es energética, también es social. Ayer, Sheinbaum terminó de trazar la ruta hacia la salud universal . Mientras la oposición sigue añorando un sistema de salud que solo existía en sus comerciales y que aplaudían, el anuncio de esta semana consolida la integración total de los servicios para que el acceso a un médico no dependa de tu código postal o tu patrón. ¿Es un sistema perfecto? No, pero nunca lo ha sido, este gobierno por lo menos, tiene un camino claro.
Es la institucionalización de un derecho que los “debilitadores” de oficio trataron como mercancía durante décadas. ¿Eso es estar debilitada? Se necesita mucha fuerza política para meter en cintura al aparato burocrático de la salud y ponerlo a funcionar para todos, pero no con varita mágica.
Ahora, si me lo permite, hagamos un “Flash Back” a los “reveses a la Reforma Electoral en sus versiones A y B”: Si el Plan A era construir una autopista de seis carriles con distribuidores viales, puentes y señalización inteligente, el Plan B es repintar las rayas del estacionamiento y cambiar los focos de la caseta. Si el Plan A era reconstruir el estadio completo, el Plan B es ponerle lona nueva a la tribuna de sol. Si el Plan A era una cirugía a corazón abierto al sistema electoral, el Plan B es un Mejoral con tecito de manzanilla, pero… el A no pasó y el B… trastocado.
Para lo que nos corresponde a San Luis Potosí, el Plan B prácticamente no mueve ni a una abeja asustada, y es que ningún municipio potosino tiene más de 15 regidores y el presupuesto del Congreso local no supera el 0.7 por ciento del presupuesto estatal. Reforma de austeridad, le llaman, pero lo que toca es tan mínimo que ni se siente (como tu cariño…).
Bueno y llegamos a mi parte favorita, Culto Público, porque aquí la oposición se supera a sí misma. La narrativa opositora sostiene —todos los días, en todos los tonos, en todas las plataformas— que el país se está cayendo a pedazos. Que Sheinbaum no puede. Que la gente está harta. Que todo va de mal en peor. Perfecto. Asumamos por un segundo que tienen razón. Entonces, ¿por qué bloquearon la revocación de mandato que hubiera puesto a Sheinbaum en la boleta del 2027?
Si de verdad creen que la mayoría del país piensa como ellos, la revocación era su oportunidad de oro: someter a la presidenta al veredicto popular y, si el país está tan mal como dicen, obligarla a dimitir. ¿Por qué no lo hicieron? Porque saben —y este es el secreto que no confiesan ni en misa de 9 en el Santuario— que Sheinbaum ganaría.
La propia presidenta lo dijo sin rodeos: “Tuvieron miedo.”
Claudia Sheinbaum, contra todo, no se está debilitando. Se está fortaleciendo con las propias contradicciones de quienes la atacan.
Bloquear la revocación que podría tumbarla, rechazar reformas que beneficiarían a la oposición misma, tiros de tres bandas en los que se usan cifras extrapoladas mientras se ignoran guerras en tiempo real, no es una oposición que esté ganando terreno.
Ah y se me olvidaba el AIFA: Frente a los embates de los Texcocoheridos, el aeropuerto toma vuelo y las cifras lo comprueban. (Chequen ustedes si no me creen)
Hasta la próxima
Yo soy Jorge Saldaña
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El 98% de contratos en ayuntamientos se asignaron por dedazo en 2024:INEGI
En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa
Por: Redacción
Con estos datos, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado admite irregularidades recurrentes en los procesos de adjudicación municipal en SLP y señala sobreprecios, expedientes mal integrados y uso excesivo de excepciones legales.
En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa —es decir, sin licitación ni competencia—, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI.
Ante estos datos, el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, reconoció que las omisiones en los procedimientos de adjudicación son una constante en los municipios y motivo frecuente de observaciones.
El auditor explicó que, aunque las leyes permiten excepciones a la licitación pública y a la invitación restringida, los entes municipales suelen omitir estos procedimientos sin integrar adecuadamente los expedientes, lo que deriva en irregularidades administrativas.
Además, señaló que en algunos casos los bienes y servicios sí se entregan, pero a costos superiores, lo que representa un perjuicio para las finanzas públicas. “Al haber omitido el procedimiento legal, adquieren o contratan de manera mucho más onerosa”, advirtió.
El IFSE también reconoció haber sido “flexible” con los municipios, priorizando la capacitación de funcionarios sobre la sanción inmediata, aunque admitió que las fallas persisten.
En ese contexto, Lecourtois López planteó la necesidad de reformar y homologar en el estado las leyes de Adquisiciones y Obra Pública —ya modificadas a nivel federal— para cerrar los vacíos que permiten el uso discrecional de la adjudicación directa.
El auditor insistió en endurecer las sanciones contra funcionarios que recurran indebidamente a estos mecanismos, aunque matizó que el estudio del INEGI es únicamente cuantitativo y no detalla las condiciones específicas de cada contrato.
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Desactivan bomba en Soledad: Detecta PC 30 pipas cargadas de gasolina sin control
Protección Civil identificó riesgo inminente de explosión en un encierro sin permisos y procedió a clausurar el sitio; la FGR abrió investigación sobre el origen del combustible
Por: Redacción
Un predio que resguardaba al menos 30 auto tanques cargados con hidrocarburos —sin permisos ni condiciones de seguridad— fue clausurado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, tras detectarse un riesgo inminente de explosión que pudo haber provocado una tragedia de gran escala.
El operativo fue realizado de manera conjunta por personal de la FGR y Protección Civil Estatal de San Luis Potosí, quienes además iniciaron una investigación para determinar si el combustible almacenado es de procedencia legal o está vinculado al mercado ilícito, conocido como huachicol.
El sitio intervenido corresponde a los patios de encierro de Grúas Pensiones Tangamanga, ubicados sobre la carretera San Luis Potosí–Matehuala. En el lugar se localizaron unidades, en su mayoría con capacidad de hasta 48 mil litros, cargadas con gasolina, diésel y combustóleo.
De acuerdo con autoridades estatales, el inmueble no contaba con permisos básicos como seguro de responsabilidad civil por daño ambiental ni estudios de riesgo de incendio, lo que elevaba significativamente el peligro para la población cercana.
Mauricio Ordaz Flores, titular de Protección Civil Estatal, advirtió que el manejo inadecuado de este tipo de material representaba un riesgo crítico, por lo que la clausura buscó contener una posible emergencia mayor.
El operativo se generó a partir de reportes ciudadanos y derivó en la suspensión total de actividades del predio, mientras los responsables deberán implementar medidas correctivas.
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