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“Cecy González cumple con requisitos para ser magistrada del TEJA”: Chessal
El columnista del diario Pulso argumentó que al haber sido elegida por una junta como directora del DIF, no violenta el criterio de no haber sido funcionaria designada por el gobernador
Por: Redacción
De acuerdo con la columna “Ayuda de memoria constitucional” publicada este lunes en el diario Pulso y firmada por Jorge Chessal Palau no hay impedimento para que Cecilia González Gordoa participe de la terna de la cual el Congreso del Estado elegirá a la nueva magistrada numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), toda vez que su nombramiento como directora del DIF no corresponde a una designación del gobernador Juan Manuel Carreras, sino a la determinación de la junta del propio DIF.
Hace algunas semanas el Congreso del Estado devolvió al Poder Ejecutivo la terna de nombres para designar magistrada numeraria al TEJA, puesto que en la lista solo figuraban dos nombres, ya que el de González Gordoa fue desechado en comisiones.
De acuerdo con Jorge Chessal la presunta ilegibilidad de Cecilia González es falsa y ella cumple con los requisito:
“El artículo 123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí señala que los requisitos para ser magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa serán los mismos que deba cumplir quien sea designado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Poder Judicial. El artículo 99 de la misma Constitución determina, en su fracción IV que quienes sean propuestos a la designación no deben haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Diputado local, o Presidente Municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento“.
Chessal Palau comentó que el punto “secretario de Despacho o su equivalente” lo que ha utilizado el Congreso del Estado a desestimar a la directora del DIF estatal “aduciendo que se presentaba tal equivalencia”; sin embargo, destacó que “los requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, en realidad, más allá de la Constitución estatal, derivan del contenido de la fracción III párrafo tercero del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que no podrán ser magistrados de los Poderes Judiciales estatales las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia (ahora Fiscal General) o Diputado Local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación “.
Jorge Chessal subrayó que “equivalente a Secretario” es aquel que tiene las atribuciones y responsabilidades análogas a las de los secretarios, es decir, es el reúne los siguientes requisitos: “ser susceptible de juicio político, ser nombrado libremente por el Gobernador de la entidad y ser titular de una dependencia del Ejecutivo”, por lo que en el caso del DIF estatal, la designación de un director se hace por la Junta Directiva, por lo que no es una designación directa del gobernador y no depende directamente del Ejecutivo.
En la columna se indica que: “Las Comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del Estado, en el dictamen votado el 21 de mayo pasado, señalan como motivo para rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo: ‘Ello es así en virtud de que como la profesionista propuesta lo acreditó con el nombramiento expedido a su persona, por el Doctor Juan Manuel Carreras López ,Gobernador Constitucional del Estado, y que si bien es cierto el mencionado encargo se somete a la consideración de la Junta de Gobierno(presidida por el propio Gobernador), también lo es que él titular del Poder Ejecutivo lo propone, pero además, éste es quien emite su nombramiento’“.
Chessal Palau reiteró que el nombramiento firmado por el gobernador es posterior a la sesión de la Junta Directiva del DIF donde designa a la Directora. Agregó que se debe tener presente que aunque el gobernador Juan Manuel Carreras participe en la designación, no lo hace “libremente”.
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Gallardo advierte que hasta 10 municipios no cerrarán bien el año
Ricardo Gallardo dijo que el Estado no podrá atender todas las solicitudes de préstamo y adelanto de prestaciones
Por: Redacción
Entre nueve y 10 municipios de San Luis Potosí tienen problemas financieros para cerrar el año, advirtió Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, quien anticipó que el Gobierno del Estado no podrá cumplirles a todos los que le piden apoyo.
“Se nos empiezan a llenar las cartitas de solicitudes de préstamos o de adelanto de prestaciones de muchos municipios, y va a ser difícil poderles cumplir a todos”, dijo.
Sobre las finanzas estatales, afirmó que el Gobierno del Estado cerrará el año sin problemas: tiene listos aguinaldos, pensiones y pagos a proveedores.
Gallardo explicó que en los dos primeros años de su administración el Estado les “hizo una vaquita” a los municipios: les recortaba un poco del presupuesto durante el año y se los entregaba al final, para que cubrieran sus obligaciones sin pedir préstamos.
Después, en una reunión, los municipios pidieron recibir sus recursos completos y organizarse por su cuenta. Así se hizo el año pasado y, según el gobernador, no funcionó: “No se organizaron, no valió gorro, no guardaron lo que tenían que guardar y ya estaban pidiendo varios dineros”.
“Esta ocasión fue lo mismo, se les entregó completo prestaciones, y ahorita el problema es que varios no van a salir con sus compromisos”, señaló.
Los municipios ya han buscado otras vías de liquidez. En junio, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado rechazó solicitudes de adelanto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de municipios como Santa Catarina, Tampacán, Rayón y Tamasopo.
También lee: Comisión de Hacienda rechaza créditos del FAIS para cinco municipios
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Cupido pierde terreno: Por cada 3 parejas que se casan en SLP, una se divorcia
Los divorcios aumentaron 8.3 % en el estado, mientras en el país bajaron 4.1 %
Por: Ana G Silva
En San Luis Potosí, por cada tres matrimonios registrados durante 2025 hubo aproximadamente un divorcio, de acuerdo con las estadísticas de Matrimonios y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Durante el año pasado se celebraron 11 mil 055 matrimonios en el estado, mientras que se registraron 3 mil 829 divorcios. La relación fue de 34.6 divorcios por cada 100 matrimonios, equivalente a casi un divorcio por cada tres bodas.
La proporción aumentó respecto a 2024, cuando se registraron 32 divorcios por cada 100 matrimonios. El cambio ocurrió principalmente porque los divorcios crecieron mientras las bodas prácticamente se mantuvieron sin variación.
En 2025 hubo 292 divorcios más que el año anterior, un incremento de 8.3%. En contraste, los matrimonios apenas aumentaron en 17 casos.
La tendencia potosina también contrasta con la nacional. Mientras San Luis Potosí registró un aumento de 8.3% en sus divorcios, en México disminuyeron 4.1% durante el mismo periodo.
La mayoría se separa sin alegar una causa
Dentro de los divorcios registrados en San Luis Potosí, el divorcio incausado fue la modalidad predominante.
En 2025 se contabilizaron 2 mil 983 divorcios incausados, 459 más que en 2024, lo que representa un incremento de 18.2%.
Esta modalidad permite que una sola de las partes solicite el divorcio sin t ener que justificar una causa y representó 77.9% de todas las separaciones legales registradas en el estado
.En 2024, los divorcios incausados representaban 71.4% del total, por lo que su peso dentro de las separaciones aumentó en un año.
En sentido contrario, los divorcios por mutuo consentimiento disminuyeron. Pasaron de 956 casos en 2024 a 845 en 2025, una reducción de 11.6%.
SLP, por encima del promedio nacional
La tasa de divorcios en San Luis Potosí fue de 1.9 por cada mil habitantes de 18 años y más, por encima de la tasa nacional de 1.7.
Con este indicador, el estado ocupó el lugar 11 entre las 32 entidades, empatado con Yucatán y Zacatecas. Campeche presentó la tasa más alta, con 4.4 divorcios por cada mil habitantes adultos.
En cuanto a los matrimonios, la tasa potosina fue de 5.6 por cada mil habitantes de 18 años y más, ligeramente superior a la nacional de 5.4. San Luis Potosí ocupó el lugar 18 en este indicador.
También aumentan las bodas entre personas del mismo sexo
De los 11 mil 055 matrimonios registrados en San Luis Potosí durante 2025, 161 fueron entre personas del mismo sexo: 104 entre mujeres y 57 entre hombres.
Estas uniones representaron 1.5% de todos los matrimonios celebrados en el estado, por encima del 1.3% registrado a nivel nacional.
Las cifras corresponden a las estadísticas anuales de Matrimonios y Divorcios 2025 del INEGI, elaboradas a partir de los registros de las oficialías del Registro Civil y de los juzgados familiares, civiles y mixtos.
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Norma para ladrilleras entra en vigor en enero
La dependencia reconoce que atender el tema requeriría presupuesto y que no hay mesas de diálogo con el sector
Por: Redacción
La nueva norma para ladrilleras entrará en vigor en enero del próximo año, informó la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz. Indicó que la regulación ya se dio a conocer a los presidentes municipales, con quienes se firmó convenio, y que se realizó un foro sobre el tema.
“Por supuesto, toda quema de basura, toda quema de llanta, todo lo que utilizan los ladrilleros para l a quema y la combustión, por supuesto que afecta en la calidad del aire en San Luis Potosí”, afirmó.
Mendoza Díaz señaló que se ha dialogado con los ladrilleros en otras ocasiones, incluso en un proyecto de otro sexenio que no se concretó, pero que actualmente no hay mesas de trabajo con el sector. Explicó que, por ahora, la dependencia se limita a dar a conocer la norma y a analizar las opciones que podría presentarles, y reconoció que el tema requeriría presupuesto.
La regulación, publicada el 8 de enero de 2026, establece las condiciones para la instalación y operación de las ladrilleras en el estado y, de acuerdo con medios locales, obligará a dejar de usar llantas, basura y plásticos como combustible y a migrar a gas natural o gas LP. Su origen se remonta a un amparo promovido por la asociación civil Cambio de Ruta, que según la propia Segam aceleró la creación de una normativa más estricta, pese a que desde 2022 la legislación ambiental estatal ya obligaba a emitirla.
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