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“Cecy González cumple con requisitos para ser magistrada del TEJA”: Chessal
El columnista del diario Pulso argumentó que al haber sido elegida por una junta como directora del DIF, no violenta el criterio de no haber sido funcionaria designada por el gobernador
Por: Redacción
De acuerdo con la columna “Ayuda de memoria constitucional” publicada este lunes en el diario Pulso y firmada por Jorge Chessal Palau no hay impedimento para que Cecilia González Gordoa participe de la terna de la cual el Congreso del Estado elegirá a la nueva magistrada numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), toda vez que su nombramiento como directora del DIF no corresponde a una designación del gobernador Juan Manuel Carreras, sino a la determinación de la junta del propio DIF.
Hace algunas semanas el Congreso del Estado devolvió al Poder Ejecutivo la terna de nombres para designar magistrada numeraria al TEJA, puesto que en la lista solo figuraban dos nombres, ya que el de González Gordoa fue desechado en comisiones.
De acuerdo con Jorge Chessal la presunta ilegibilidad de Cecilia González es falsa y ella cumple con los requisito:
“El artículo 123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí señala que los requisitos para ser magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa serán los mismos que deba cumplir quien sea designado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Poder Judicial. El artículo 99 de la misma Constitución determina, en su fracción IV que quienes sean propuestos a la designación no deben haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Diputado local, o Presidente Municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento“.
Chessal Palau comentó que el punto “secretario de Despacho o su equivalente” lo que ha utilizado el Congreso del Estado a desestimar a la directora del DIF estatal “aduciendo que se presentaba tal equivalencia”; sin embargo, destacó que “los requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, en realidad, más allá de la Constitución estatal, derivan del contenido de la fracción III párrafo tercero del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que no podrán ser magistrados de los Poderes Judiciales estatales las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia (ahora Fiscal General) o Diputado Local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación 
Jorge Chessal subrayó que “equivalente a Secretario” es aquel que tiene las atribuciones y responsabilidades análogas a las de los secretarios, es decir, es el reúne los siguientes requisitos: “ser susceptible de juicio político, ser nombrado libremente por el Gobernador de la entidad y ser titular de una dependencia del Ejecutivo”, por lo que en el caso del DIF estatal, la designación de un director se hace por la Junta Directiva, por lo que no es una designación directa del gobernador y no depende directamente del Ejecutivo.
En la columna se indica que: “Las Comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del Estado, en el dictamen votado el 21 de mayo pasado, señalan como motivo para rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo: ‘Ello es así en virtud de que como la profesionista propuesta lo acreditó con el nombramiento expedido a su persona, por el Doctor Juan Manuel Carreras López ,Gobernador Constitucional del Estado, y que si bien es cierto el mencionado encargo se somete a la consideración de la Junta de Gobierno(presidida por el propio Gobernador), también lo es que él titular del Poder Ejecutivo lo propone, pero además, éste es quien emite su nombramiento’“.
Chessal Palau reiteró que el nombramiento firmado por el gobernador es posterior a la sesión de la Junta Directiva del DIF donde designa a la Directora. Agregó que se debe tener presente que aunque el gobernador Juan Manuel Carreras participe en la designación, no lo hace “libremente”.
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El alcalde afirmó que ambos acordaron ordenar a sus equipos y priorizar la estabilidad política en San Luis Potosí
Por: J. C. Haro
Enrique Galindo Ceballos, aldalde de San Luis Potosí, aseguró que la reunión que sostuvo con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona permitió reducir la tensión política que existía entre ambos y establecer un acuerdo para mejorar la coordinación entre sus equipos de trabajo.
El alcalde afirmó que el principal resultado del encuentro fué más allá de las liberaciones de las obras públicas o temas operativos como los de la FENAPO, pues la decisión de fondo entre ambos mandatarios fue la de despresurizar la relación institucional.
“Lo mejor es que se destrabó la tensión política. Olvídense de las obras y de los sube y baja. Yo creo que lo más importante y lo más saludable es que los dos mostramos voluntad política para destensar esta relación”, declaró.
Galindo sostuvo que coincidió con el diagnóstico expresado por el gobernador, en el sentido de que los conflictos se generaban por la falta de coordinación entre los equipos de ambos gobiernos y terminaban escalando hasta afectar la relación entre las dos administraciones.
“A veces los equipos abajo no se conectan bien, y hay distancia y hay conflicto. Y va subiendo. Yo creo que hoy entre los dos hubo madurez política para decir: ‘a ver, ya ahí muere’”, afirmó.
El presidente municipal explicó que la reunión podrá traducirse en evitar nuevas confrontaciones políticas y que los acuerdos sean duraderos.
“Hay que pensar por San Luis”, señaló.
El presidente municipal indicó que las fricciones entre ambos gobiernos comenzaban a generar una percepción de inestabilidad política, por lo que consideró que ambos tenían la responsabilidad de corregir esa situación.
“Empezaba a ver señales de que, si se están peleando, no hay estabilidad política. Esa sí es responsabilidad de nosotros arreglarla. Y ya se arregló”, sostuvo.
“Yo espero que esto sea duradero, que funcione”, concluyó.
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La entidad registró en 2025 una tasa de 9.5 suicidios por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional de 6.8
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí se ubicó entre las entidades con mayor tasa de suicidio del país durante 2025, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del INEGI.
El estado registró una tasa de 9.5 defunciones por suicidio por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 6.8. Con este indicador, San Luis Potosí se colocó como la quinta entidad con la tasa más alta del país, solamente por debajo de Chihuahua, Quintana Roo, Aguascalientes y Yucatán.
La diferencia frente al promedio nacional es considerable: la tasa potosina fue alrededor de 40 por ciento superior a la registrada en el conjunto del país.
El reporte del INEGI contabilizó 8 mil 846 suicidios en México durante 2025
La edad también aparece como un factor relevante. A nivel nacional, los grupos de 25 a 34 años y de 15 a 24 años concentraron los mayores porcentajes de suicidios, con 26.9 y 24.3 por ciento, respectivamente.
En cuanto a los mecanismos registrados, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación fue el más frecuente, con 84.9 por ciento de los casos; le siguieron el envenenamiento por ingesta o exposición a sustancias nocivas, con 5.9 por ciento, y el uso de arma de fuego, con 5.4 por ciento.
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Torres Sánchez adelantó que la ley de movilidad fue consensuada con colectivos y el Gobernador del Estado
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), informó que el Gobierno del Estado presentará en el próximo periodo del Congreso de San Luis Potosí iniciativas en materia de movilidad y transparencia.
Torres Sánchez explicó que una de las prioridades es la ley de movilidad, una iniciativa que fue consensuada con colectivos especializados en la materia y suscrita por ellos en conjunto con el Gobernador del Estado.
La funcionaria dijo que la norma responde a las nuevas necesidades de movilidad en San Luis Potosí y que el objetivo es contar con una legislación vanguardista en la materia.
El otro tema que el Ejecutivo estatal impulsará son las leyes secundarias en torno a la transparencia. Torres Sánchez señaló que la intención es que sean escuchadas las voces de los actores involucrados en ese proceso legislativo.
Torres Sánchez afirmó que, por parte del Gobierno del Estado, existe apertura para que las normas que se discutan en el Congreso mantengan ese carácter vanguardista.
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