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“Cecy González cumple con requisitos para ser magistrada del TEJA”: Chessal
El columnista del diario Pulso argumentó que al haber sido elegida por una junta como directora del DIF, no violenta el criterio de no haber sido funcionaria designada por el gobernador
Por: Redacción
De acuerdo con la columna “Ayuda de memoria constitucional” publicada este lunes en el diario Pulso y firmada por Jorge Chessal Palau no hay impedimento para que Cecilia González Gordoa participe de la terna de la cual el Congreso del Estado elegirá a la nueva magistrada numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), toda vez que su nombramiento como directora del DIF no corresponde a una designación del gobernador Juan Manuel Carreras, sino a la determinación de la junta del propio DIF.
Hace algunas semanas el Congreso del Estado devolvió al Poder Ejecutivo la terna de nombres para designar magistrada numeraria al TEJA, puesto que en la lista solo figuraban dos nombres, ya que el de González Gordoa fue desechado en comisiones.
De acuerdo con Jorge Chessal la presunta ilegibilidad de Cecilia González es falsa y ella cumple con los requisito:
“El artículo 123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí señala que los requisitos para ser magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa serán los mismos que deba cumplir quien sea designado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Poder Judicial. El artículo 99 de la misma Constitución determina, en su fracción IV que quienes sean propuestos a la designación no deben haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Diputado local, o Presidente Municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento“.
Chessal Palau comentó que el punto “secretario de Despacho o su equivalente” lo que ha utilizado el Congreso del Estado a desestimar a la directora del DIF estatal “aduciendo que se presentaba tal equivalencia”; sin embargo, destacó que “los requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, en realidad, más allá de la Constitución estatal, derivan del contenido de la fracción III párrafo tercero del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que no podrán ser magistrados de los Poderes Judiciales estatales las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia (ahora Fiscal General) o Diputado Local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación 
Jorge Chessal subrayó que “equivalente a Secretario” es aquel que tiene las atribuciones y responsabilidades análogas a las de los secretarios, es decir, es el reúne los siguientes requisitos: “ser susceptible de juicio político, ser nombrado libremente por el Gobernador de la entidad y ser titular de una dependencia del Ejecutivo”, por lo que en el caso del DIF estatal, la designación de un director se hace por la Junta Directiva, por lo que no es una designación directa del gobernador y no depende directamente del Ejecutivo.
En la columna se indica que: “Las Comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del Estado, en el dictamen votado el 21 de mayo pasado, señalan como motivo para rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo: ‘Ello es así en virtud de que como la profesionista propuesta lo acreditó con el nombramiento expedido a su persona, por el Doctor Juan Manuel Carreras López ,Gobernador Constitucional del Estado, y que si bien es cierto el mencionado encargo se somete a la consideración de la Junta de Gobierno(presidida por el propio Gobernador), también lo es que él titular del Poder Ejecutivo lo propone, pero además, éste es quien emite su nombramiento’“.
Chessal Palau reiteró que el nombramiento firmado por el gobernador es posterior a la sesión de la Junta Directiva del DIF donde designa a la Directora. Agregó que se debe tener presente que aunque el gobernador Juan Manuel Carreras participe en la designación, no lo hace “libremente”.
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El gobernador explicó que Matehuala, Ciudad Valles, Tamazunchale y la capital ya fueron sedes anteriormente
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio más detalles sobre su próximo informe de gobierno y confirmó que este año únicamente realizará un evento oficial en el municipio de Rioverde, como parte de su estrategia de llevar estos ejercicios a distintas regiones del estado.
El mandatario explicó que la intención es descentralizar los informes y acercarlos a cada una de las zonas más importantes de San Luis Potosí, luego de que en años anteriores estos eventos se realizaron en municipios como Matehuala, Ciudad Valles, Tamazunchale y la capital potosina.
“No, solamente va a ser en Rioverde”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de repetir un doble informe, uno en la capital y otro en la zona Media.
Gallardo Cardona señaló que la elección de Rioverde responde al objetivo de cubrir todas las regiones del estado durante el sexenio.
“Siguiendo el tema de poder tener un informe en cada zona del estado, nos falta Rioverde. Ya se hizo Matehuala, se hizo Ciudad Valles, se hizo Tamazunchale, la capital… ya estamos en Rioverde”
Además, adelantó que muy probablemente el último informe de su administración se realizará en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
El gobernador también reveló que actualmente su equipo analiza distintas opciones de sedes para el evento en Rioverde, aunque todavía no existe una decisión definitiva.
“Ya estamos buscando varios lugares”, comentó.
Respecto a la fecha, Gallardo indicó que tradicionalmente buscan realizar el informe entre el 25 y el 28 de septiembre, aunque todavía no se confirma el día exacto.
La gira regional de informes ha sido una de las estrategias impulsadas por el mandatario estatal para llevar actos oficiales fuera de la capital y reforzar presencia en las distintas zonas del estado.
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Autoridades aseguraron ocho armas de fuego, entre ellas un AK-47, un AR-15 y decenas de cartuchos útiles
Por: Redacción
Isidro “N”, exalcalde de Tampamolón Corona, conocido como “Chilo Mejía”, fue detenido este sábado junto con su esposa, Gabriela “N”, durante un operativo de seguridad realizado en la Huasteca potosina.
La captura ocurrió sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, luego de que corporaciones de seguridad detectaran una camioneta Dodge RAM color rojo cuyos ocupantes presuntamente intentaron evadir a los agentes al percatarse de la presencia policial.
Tras marcarles el alto y realizar una inspección al vehículo, las autoridades aseguraron un arsenal compuesto por ocho armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47, un rifle AR-15 y una escopeta semiautomática, además de cargadores y decenas de cartuchos útiles.
Tanto el exfuncionario como su esposa fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes por posibles delitos relacionados con portación de armas de uso exclusivo y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Isidro “N” fue presidente municipal de Tampamolón Corona entre 2018 y 2021 bajo las siglas del Partido Nueva Alianza. Posteriormente buscó mantenerse en la vida política acercándose a Morena.
Durante y después de su administración enfrentó diversos señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, así como acusaciones sobre posibles nexos con grupos criminales que operan en la región Huasteca.
En 2021, el Congreso del Estado de San Luis Potosí lo inhabilitó por seis años y a integrantes de su cabildo debido a irregularidades relacionadas con consultas indígenas dentro del Plan Municipal de Desarrollo.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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