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“Cecy González cumple con requisitos para ser magistrada del TEJA”: Chessal
El columnista del diario Pulso argumentó que al haber sido elegida por una junta como directora del DIF, no violenta el criterio de no haber sido funcionaria designada por el gobernador
Por: Redacción
De acuerdo con la columna “Ayuda de memoria constitucional” publicada este lunes en el diario Pulso y firmada por Jorge Chessal Palau no hay impedimento para que Cecilia González Gordoa participe de la terna de la cual el Congreso del Estado elegirá a la nueva magistrada numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), toda vez que su nombramiento como directora del DIF no corresponde a una designación del gobernador Juan Manuel Carreras, sino a la determinación de la junta del propio DIF.
Hace algunas semanas el Congreso del Estado devolvió al Poder Ejecutivo la terna de nombres para designar magistrada numeraria al TEJA, puesto que en la lista solo figuraban dos nombres, ya que el de González Gordoa fue desechado en comisiones.
De acuerdo con Jorge Chessal la presunta ilegibilidad de Cecilia González es falsa y ella cumple con los requisito:
“El artículo 123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí señala que los requisitos para ser magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa serán los mismos que deba cumplir quien sea designado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Poder Judicial. El artículo 99 de la misma Constitución determina, en su fracción IV que quienes sean propuestos a la designación no deben haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Diputado local, o Presidente Municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento“.
Chessal Palau comentó que el punto “secretario de Despacho o su equivalente” lo que ha utilizado el Congreso del Estado a desestimar a la directora del DIF estatal “aduciendo que se presentaba tal equivalencia”; sin embargo, destacó que “los requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, en realidad, más allá de la Constitución estatal, derivan del contenido de la fracción III párrafo tercero del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que no podrán ser magistrados de los Poderes Judiciales estatales las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia (ahora Fiscal General) o Diputado Local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación 
Jorge Chessal subrayó que “equivalente a Secretario” es aquel que tiene las atribuciones y responsabilidades análogas a las de los secretarios, es decir, es el reúne los siguientes requisitos: “ser susceptible de juicio político, ser nombrado libremente por el Gobernador de la entidad y ser titular de una dependencia del Ejecutivo”, por lo que en el caso del DIF estatal, la designación de un director se hace por la Junta Directiva, por lo que no es una designación directa del gobernador y no depende directamente del Ejecutivo.
En la columna se indica que: “Las Comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del Estado, en el dictamen votado el 21 de mayo pasado, señalan como motivo para rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo: ‘Ello es así en virtud de que como la profesionista propuesta lo acreditó con el nombramiento expedido a su persona, por el Doctor Juan Manuel Carreras López ,Gobernador Constitucional del Estado, y que si bien es cierto el mencionado encargo se somete a la consideración de la Junta de Gobierno(presidida por el propio Gobernador), también lo es que él titular del Poder Ejecutivo lo propone, pero además, éste es quien emite su nombramiento’“.
Chessal Palau reiteró que el nombramiento firmado por el gobernador es posterior a la sesión de la Junta Directiva del DIF donde designa a la Directora. Agregó que se debe tener presente que aunque el gobernador Juan Manuel Carreras participe en la designación, no lo hace “libremente”.
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Enrique Galindo dijo que el Ayuntamiento no tiene injerencia jurídica en el acueducto y solo paga el agua
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, afirmó que si el municipio tuviera facultades, este año habría invertido entre 80 y 100 millones de pesos. Ese dinero se habría usado para reparar los 12 kilómetros dañados del ducto de El Realito.
Explicó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no puede opinar, intervenir ni invertir en esa infraestructura. “Jurídicamente es muy complejo, no tenemos ninguna injerencia, solo nos cobran“, dijo.
“Dependemos del agua de El Realito. Usamos el agua cuando hay, es muy difícil”, señaló el alcalde.
Al preguntarle si no se puede hacer nada, respondió: “No se puede hacer nada, lo haremos en el futuro, pero ahorita no podemos hacer nada”.
De acuerdo con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas), el acueducto acumula 76 fallas desde 2021, que suman 295 días
La concesión federal del agua está a nombre del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Una administración estatal anterior delegó la operación del acueducto en una empresa española mediante contrato. Así lo explicó en septiembre Darío Fernando González Castillo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí.
La dependencia federal da acompañamiento jurídico a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para explorar una rescisión o una mediación con la operadora. La CEA prepara además un proyecto para rehabilitar un tramo de 14 kilómetros en la zona de Tierra Nueva, que Conagua identificó como el de mayores problemas.
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Guadalupe Torres afirmó que ya se reanudaron trabajos en algunos tramos tras las suspensiones legales
Por: Redacción
El Gobierno del Estado entregará a finales de este año la obra de Río Santiago, afirmó J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, durante la comparecencia ante el Congreso del Estado por el quinto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Torres Sánchez dijo que la obra estuvo suspendida por «acciones legaloides» de integrantes de la «herencia maldita», que según afirmó han buscado paralizar obras durante casi todo el sexenio. Señaló que en algunos tramos los trabajos ya se reanudaron y dijo estar seguro de que se terminará en tiempo.
Como otro ejemplo mencionó la zona de San Miguelito, que según dijo estuvo detenida más de un año porque quisieron impedir la rehabilitación de sus calles. «Finalmente lo logramos», señaló. Afirmó que han tenido la razón en todos los asuntos legales y que quienes los promovieron «no han ganado ni un solo asunto
La ampliación del bulevar Río Santiago estuvo detenida desde 2025 por amparos. Un juzgado federal concedió a la asociación civil Cambio de Ruta una suspensión por la tala y remoción de vegetación del trazo sin estudio de impacto ambiental aprobado, medida que obligó a evitar talar o remover árboles urbanos. Gallardo Cardona confirmó el 23 de agosto que los amparos ya se resolvieron.
La obra, de alrededor de 10 kilómetros, arrancó en marzo de 2024 con una inversión estimada por el Gobierno del Estado en 925 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) prevé entregarla por etapas, kilómetro por kilómetro desde Circuito Potosí.
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El secretario de Seguridad municipal señaló que más de una veintena de personas han sido detenidas por presunta venta de drogas en la zona
Por: Redacción
Las más de 20 personas detenidas por presunto narcomenudeo en la zona del Centro de Abastos de San Luis Potosí no necesariamente son trabajadores del lugar, pues algunas presuntamente se hacen pasar por diableros o cargadores para pasar desapercibidas, afirmó Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento capitalino.
El funcionario explicó que las detenciones se han realizado en la vía pública y que, hasta ahora, ninguno de los presuntos vendedores de droga ha sido sorprendido al interior de una bodega o establecimiento, por lo que consideró que no se puede asegurar que formen parte de la plantilla laboral del mercado.
“Simplemente ayer o antier se detuvo a otros dos jóvenes, disfrazados de diableros, de las personas que apoyan a la gente para llevar sus productos en los diablitos, pero realmente su actividad principal era la venta de la droga”, declaró.
Villa Gutiérrez destacó que los operativos han contado con la colaboración de los propios bodegueros
El secretario señaló que las detenciones que se han registrado en los últimos días son resultado de un trabajo de inteligencia iniciado desde hace años para identificar la presunta red de narcomenudeo que opera en la zona.
Añadió que la información obtenida durante cada intervención permite avanzar en las investigaciones y ubicar a otros posibles responsables, por lo que sostuvo que los resultados recientes forman parte de un proceso de seguimiento y recopilación de datos, más que de acciones aisladas.
Villa Gutiérrez aseguró que las intervenciones y detenciones se han mantenido de manera constante en el Centro de Abastos.
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