diciembre 4, 2025

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“Cecy González cumple con requisitos para ser magistrada del TEJA”: Chessal

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El columnista del diario Pulso argumentó que al haber sido elegida por una junta como directora del DIF, no violenta el criterio de no haber sido funcionaria designada por el gobernador

Por: Redacción

De acuerdo con la columna “Ayuda de memoria constitucional” publicada este lunes en el diario Pulso y firmada por Jorge Chessal Palau no hay impedimento para que Cecilia González Gordoa participe de la terna de la cual el Congreso del Estado elegirá a la nueva magistrada numeraria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), toda vez que su nombramiento como directora del DIF no corresponde a una designación del gobernador Juan Manuel Carreras, sino a la determinación de la junta del propio DIF.

Hace algunas semanas el Congreso del Estado devolvió al Poder Ejecutivo la terna de nombres para designar magistrada numeraria al TEJA, puesto que en la lista solo figuraban dos nombres, ya que el de González Gordoa fue desechado en comisiones.

De acuerdo con Jorge Chessal la presunta ilegibilidad de Cecilia González es falsa y ella cumple con los requisito:

“El artículo 123 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí señala que los requisitos para ser magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa serán los mismos que deba cumplir quien sea designado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Poder Judicial. El artículo 99 de la misma Constitución determina, en su fracción IV que quienes sean propuestos a la designación no deben haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Diputado local, o Presidente Municipal, en el año inmediato anterior al día de su nombramiento“.

Chessal Palau comentó que el punto “secretario de Despacho o su equivalente” lo que ha utilizado el Congreso del Estado a desestimar a la directora del DIF estatal “aduciendo que se presentaba tal equivalencia”; sin embargo, destacó que “los requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, en realidad, más allá de la Constitución estatal, derivan del contenido de la fracción III párrafo tercero del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que no podrán ser magistrados de los Poderes Judiciales estatales las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de Justicia (ahora Fiscal General) o Diputado Local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la designación

“.

Jorge Chessal subrayó que “equivalente a Secretario” es aquel que tiene las atribuciones y responsabilidades análogas a las de los secretarios, es decir, es el reúne los siguientes requisitos: “ser susceptible de juicio político, ser nombrado libremente por el Gobernador de la entidad y ser titular de una dependencia del Ejecutivo”, por lo que en el caso del DIF estatal, la designación de un director se hace por la Junta Directiva, por lo que no es una designación directa del gobernador y no depende directamente del Ejecutivo.

En la columna se indica que: “Las Comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del Estado, en el dictamen votado el 21 de mayo pasado, señalan como motivo para rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo: ‘Ello es así en virtud de que como la profesionista propuesta lo acreditó con el nombramiento expedido a su persona, por el Doctor Juan Manuel Carreras López ,Gobernador Constitucional del Estado, y que si bien es cierto el mencionado encargo se somete a la consideración de la Junta de Gobierno(presidida por el propio Gobernador), también lo es que él titular del Poder Ejecutivo lo propone, pero además, éste es quien emite su nombramiento’“.

Chessal Palau reiteró que el nombramiento firmado por el gobernador es posterior a la sesión de la Junta Directiva del DIF donde designa a la Directora. Agregó que se debe tener presente que aunque el gobernador Juan Manuel Carreras participe en la designación, no lo hace “libremente”.

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Ciudad

Gallardo y Galindo anuncian 600 mdp para dos megaproyectos para la capital

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El gobernador destacó la importancia del trabajo en equipo entre ambas administraciones; aún no se detallan las características ni ubicación de las obras

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció este miércoles una inversión conjunta de 600 millones de pesos para dos nuevos megaproyectos de infraestructura en la capital potosina, tras sostener una reunión con el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal destacó que el encuentro permitió acordar una estrategia coordinada entre Gobierno del Estado y Ayuntamiento para impulsar obras de gran calado que buscan transformar la movilidad y la conectividad urbana.

Cuando se trabaja en equipo, las buenas noticias se multiplican

”, expresó el gobernador, quien aseguró que estos proyectos forman parte de una visión de desarrollo que pretende consolidar una capital “con obras sin límites”.

Aunque no se detallaron aún las características específicas de los dos megaproyectos, Gallardo Cardona adelantó que la inversión será “histórica” y que en los próximos días se darán a conocer los alcances de las obras.

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FGR podría atraer el caso de los policías potosinos detenidos en Zacatecas

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Los cuatro elementos de SLP fueron vinculados a proceso en Zacatecas por desaparición forzada

Por: Redacción

La investigación por la desaparición forzada y el hallazgo de siete cuerpos en la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí podría pasar a manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo confirmó el fiscal zacatecano, Cristian Camacho Osnaya, tras la vinculación a proceso de los cuatro policías potosinos detenidos por su presunta participación en estos hechos.

Los elementos María “N”, José “N”, Etelberto “N” y Roni “N” fueron arrestados el pasado 23 de noviembre en territorio zacatecano, cuando circulaban en una camioneta sin rótulos oficiales. Durante una inspección, policías estatales encontraron rastros de sangre en el vehículo, lo que los relacionó de inmediato con los siete cadáveres abandonados minutos antes en un camino de terracería del municipio de Villa de Cos, justo en la franja limítrofe con San Luis Potosí.

Camacho Osnaya informó que en la audiencia inicial —que se prolongó por casi 10 horas—, una jueza de Control determinó su vinculación a proceso, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Entre los indicios integrados en la carpeta de investigación se incluyen los estudios periciales realizados a los rastros hemáticos encontrados en la camioneta, los cuales coinciden genéticamente con uno de los siete cuerpos

localizados.

El fiscal también confirmó que un predio del municipio potosino de Santo Domingo fue procesado como posible escena del crimen, debido a que ese mismo día se reportó la presencia de cuerpos en esa zona. Las autoridades investigan si ahí ocurrieron los homicidios, antes de que los cadáveres fueran abandonados en Zacatecas.

Sobre la posibilidad de que la FGR atraiga el caso, Camacho Osnaya señaló que existe la facultad legal para hacerlo, especialmente porque se trata de hechos que involucran a dos estados. Otro factor clave sería garantizar imparcialidad en la investigación, sobre todo para las familias de las víctimas; hasta ahora, solo dos de los siete cuerpos han sido identificados.

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Auditorías Federales reconocen finanzas sanas en la administración potosina

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SLP se mantiene con buen manejo de los recursos y buena transparencia de cuentas

Por: Cristian Betancourt

San Luis Potosí obtuvo resultados favorables en las revisiones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASF), aseguró Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Controlaría General del Estado quién destacó que cerrará el año con finanzas sanas y avance positivo en materia de fiscalización.

Aguiñaga Muñiz subrayó que San Luis Potosí tiene cuentas sanas lo que permitirá recibir un informe positivo de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo destacó que en la actual administración existe una política de transparencia obligación que recae en todas las dependencias y organismos públicos. “Siempre ha existido transparencia. Toda la transparencia pública estatal tiene la obligación de transparentar todo lo que se realiza y todo lo que se ejerce con recursos públicos”, afirmó.

Insistió en que estos resultados reflejan una buena coordinación entre las instancias estatales y federales encargadas de vigilar el uso de los recursos.

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