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Carreras justificó nuevo sistema de video vigilancia
“Es entre 10 y 15 veces más barato que las opciones actuales en el mercado y no servirá para espionaje”
Por: Redacción
El gobernador Juan Manuel Carreras López habló acerca de la implementación del nuevo sistema de videovigilancia con cámaras de seguridad, cuestionado por su costo esta mañana en medios de comunicación, sobre el que el mandatario argumentó que es 10 o 15 veces más barato que las opciones actuales en el mercado, mismas que se pagaron con recursos propios y no incluye software de espionaje telefónico.
“Es un proyecto que llevaba ahí mucho tiempo. Ustedes han visto que hemos venido fortaleciendo no solamente lo que es el C5i2 (Centro de Coordinación, Control, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia), sino también la Secretaría de Seguridad Pública que por primera vez tiene sus instalaciones propias, y el proyecto de tener este sistema de video vigilancia que será una herramienta tecnológica que nos ayudará a combatir el tema de inseguridad”, aseveró Carreras.
El gobernador aseguró que la premisa fue no generar financiamiento, esto quiere decir, no comprometer recursos a futuro, sino construir el sistema año con año con recursos propios y recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
“Nos puso en contacto con representantes del gobierno norteamericano a quienes se les solicitaron algunas aportaciones en especie, cosa que fue reiterada en una visita del embajador de ese país, aunque después no se pudo concretar algo”, agregó Carreras.
Carreras López reconoció que una característica más acerca de la instalación del sistema “sí está un poco apresurada; a mí me hubiera gustado tener todo esto antes y terminar antes todas las gestiones posibles”.
“La inversión representa 10 o 15 veces menos de los valores que se encuentran en el mercado para este tipo de proyectos, que son de arriba de dos mil millones de pesos, dependiendo de sus características. El proyecto del C5i2, ya con todos sus componentes, no llega a 350 millones de pesos o por ahí anda”, recalcó el gobernador.
Respecto a los antecedentes de la empresa SYM Servicios Integrales, S. A. de C. V., al parecer ligada a distribuidores de software de espionaje telefónico, el gobernador mencionó: “fueron licitaciones públicas y tengo entendido que no es así. Digo, yo no participo de los procesos, pero estaremos haciendo una entrega muy clara y detallada de todo el proyecto”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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