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Cada frasco de medicamento falso le costó 22 mil pesos al Hospital Central
La organización Ciudadanos Observando aseguró que el caso de los tratamientos apócrifos contra el cáncer de mama es el inicio de la caja de Pandora de la corrupción en el sector salud de SLP
Por: Karina González
La organización civil Ciudadanos Observando reveló cada frasco de medicamento falso comprado por el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” entre 2017 y 2018 para tratar a pacientes con cáncer de mama costó 22 mil pesos, lo cual, dijo Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización, abre una “caja de pandora de corrupción”, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) deben investigar a fondo.
Apenas hace unas semanas, Ciudadanos Observando reveló que entre 2017 y 2018, con Mónica Rangel como secretaria de Salud, el Hospital Central adquirió a HERCEPTIN (Trastuzumab)de 440 mg. a proveedores fantasma que además resultaron ser falsos, días después el tema fue confirmado por Miguel Ángel Lutzow Steiner, titular de los servicios de salud.
González Covarrubias declaró que esta situación “revela dos acciones de suma importancia que merecen ser investigadas y castigadas: la primera, es que se hayan pagado medicamentos presuntamente falsos para atender el cáncer de mama por un monto exorbitante y por otra parte, que con estas compras se esté provocando un daño patrimonial a los recursos públicos”, dijo.
El representante de Ciudadanos Observando señaló que es importante saber en dónde acabaron esos medicamentos, pues de acuerdo a documentación oficial, el director del Hospital Central, Francisco Alcocer Gouyonnet, 
“Yo iría mucho más allá para revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del hospital, a ver si cuadran, porque veo que se abre una caja de pandora con una red de las muchas que operan en el sector salud. Y como lo denunciamos, de esto el gobernador Juan Manuel Carreras López tenía pleno conocimiento desde hace dos años y esto le debe de alcanzar responsabilidad por su omisión”.
Finalmente, agregó que es importante que todas las personas que recibieron un tratamiento contra el cáncer de mama entre 2017 y 2018 hagan válido su derecho de inconformarse y poner denuncias tanto en la CEDH como en la FGE para que se investigue qué pasó con el medicamente que les aplicaron y tengan acompañamiento legal para denunciar los hechos y dar con los responsables.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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