Tras los casos de personas de la tercera edad en los bancos, el diputado federal presentó una propuesta para garantizar acceso a personas con movilidad reducida

Por: Redacción

El diputado federal Juan Carlos Valladares presentó una iniciativa cuyo objetivo es que las instituciones bancarias modifiquen sus protocolos para ofrecer servicios financieros adecuados a personas en estado de postración, ya sea por enfermedad o por edad avanzada.

Esta propuesta surge tras la difusión, a través de redes sociales, de un video en el que se observa a una mujer adulta mayor que tuvo que acudir personalmente a una sucursal de BBVA para validar sus datos biométricos, después de meses sin poder cobrar su pensión debido a una falla en el sistema.

Familiares de la afectada denunciaron el hecho en redes sociales, señalando que el banco no ofreció ninguna facilidad para evitar el traslado

, a pesar del delicado estado de salud de la usuaria.

Este es el segundo caso similar que se vuelve viral en redes. Días antes, se reportó una situación parecida en una sucursal de HSBC en San Luis Potosí.

“Es inadmisible que en pleno siglo XXI se sigan vulnerando derechos básicos por la ausencia de medidas adecuadas. Esta reforma busca garantizar que ninguna persona quede excluida del sistema financiero por no poder trasladarse físicamente a una sucursal”, declaró el diputado.

En la propuesta se detalla que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) deberá diseñar protocolos específicos para personas que, debido a su condición de salud o edad, no puedan trasladarse a una institución financiera.

Además, establece que las instituciones bancarias estarán obligadas a trabajar de la mano con la Condusef para implementar tecnologías que brinden un servicio personalizado, seguro y accesible, como por ejemplo la atención domiciliaria o la atención remota.

También lee: Senado cierra filas contra impuesto a Remesas

Es un Ataque Injusto y Económicamente Tóxico aseguran coordinadores

Por: Roberto Mendoza

En unanimidad, los coordinadores parlamentarios del Senado de la República alzaron la voz contra la iniciativa del congresista republicano Jason Smith que pretende imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes, calificándola como una medida “arbitraria, injusta y contraria al espíritu de libertad económica”.

Desde su facultad constitucional en materia de política exterior, consagrada en el Artículo 76, los senadores expresaron su firme desacuerdo con la propuesta incluida en el proyecto legislativo The One, Big, Beautiful Bill, que afectaría directamente a millones de trabajadoras y trabajadores migrantes que ya pagan impuestos en Estados Unidos.

“Todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio, contribuyen fiscalmente. Aplicar un nuevo gravamen a las remesas significa una doble tributación injusta sobre recursos que ya fueron gravados y que, además, no se traducen en beneficios sociales para quienes los generan”, se lee en el comunicado.

Los legis ladores alertaron

que esta medida no solo castigaría económicamente a las familias que dependen de ese ingreso, sino que también incentivaría el uso de canales informales para el envío de dinero, debilitando la transparencia y seguridad financiera de ambos países.

“El 80% del ingreso de los migrantes permanece en la economía estadounidense, generando bienestar.

Gravar el 20% restante que es enviado a sus familias solo mina la relación bilateral y atenta contra un principio elemental: quien trabaja con honestidad no debe ser castigado”, subrayaron.

El comunicado fue firmado por los senadores Adán Augusto López Hernández (Morena), Ricardo Anaya (PAN), Manuel Añorve (PRI), Manuel Velasco (PVEM), Gerardo Fernández Noroña (PT), Clemente Castañeda (MC) y Alberto Anaya (PT), quienes coincidieron en que esta propuesta es lesiva para ambas naciones.

“La medida es económicamente tóxica y políticamente errada. No solo daña el bolsillo de las familias mexicanas, sino que también contradice los tratados de libre comercio y los valores que Estados Unidos dice defender”, afirmaron.

Finalmente, el Senado mexicano llamó al Congreso estadounidense a repensar esta iniciativa desde una óptica de entendimiento mutuo y respeto entre naciones hermanas: “Las relaciones sólidas se construyen tendiendo puentes, no levantando muros ni barreras económicas”.

También lee: Exigen cancelar 18 candidaturas judiciales por vínculos penales y bajo perfil académico

Moreira advirtió que el gobierno de la 4T prepara un “plan de contingencia” para mantenerse en el poder

Por: Roberto Mendoza

El diputado federal y coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, en entrevista durante los trabajos de la comisión permanente del Congreso mexicano, respaldó las recientes declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien alertó sobre signos de autoritarismo en el gobierno. Para Moreira, no se trata de una exageración: “Claro que es una dictadura. Por eso les dolió, porque lo dijo Zedillo, un hombre con prestigio internacional, maestro en Yale, que estudió en escuelas públicas y vive de su trabajo”, señaló.

Moreira advirtió que el gobierno de la 4T prepara un “plan de contingencia” para mantenerse en el poder ante una eventual crisis económica. “No lo harán mañana, pero cuando se les dificulte sostenerse, lo tomarán”, afirmó. El legislador mencionó que distintas reformas impulsadas por la mayoría oficialista, junto con declaraciones de figuras cercanas al régimen como Ignacio Taibo y Alejandro Armenta, forman parte de una estrategia para restringir libertades.

Al comparar el nivel de endeudamiento generado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el tan criticado Fobaproa, Moreira fue tajante: “Cuando tomó el poder, México debía 10.5 billones de pesos. Hoy debemos casi 18 billones, y para el próximo año serán 20. Son ocho billones más que lo que costó el Fobaproa”. A manera de comparación, señaló que con esa cantidad “se podrían pagar ocho años de todos los programas sociales del país”.

Sobre los recientes señalamientos del gobierno federal en materia de vacunación, el priista cuestionó los resultados:

“No es suficiente. Desmantelaron lo que había en lugar de mejorarlo, destruyeron el Seguro Popular y dejaron sin recursos al sistema de vacunación”.

En temas de seguridad, Moreira consideró que los llamados “narcocorridos” son sólo un síntoma del problema mayor: la violencia. Recordó que cuando fue gobernador, no se prohibieron por ley, pero sí se solicitó a los medios que no los difundieran, como una medida para evitar la revictimización de las personas. “No fue una censura, fue una petición en un contexto de dolor”, explicó. Además, defendió las decisiones que se tomaron en su administración, como la prohibición de casinos y carreras de caballos, debido a los delitos que ahí se cometían.

También arremetió contra los gobiernos estatales, a quienes acusó de omisión: “A la presidenta no la ayudan muchos gobernadores. Mire lo que está pasando en Tabasco. Hay jóvenes siendo reprimidos en lugar de ir contra los criminales”.

Finalmente, al preguntarle sobre la elección del próximo Papa, Moreira —quien a los 61 años obtuvo el título de licenciado en Teología por la Universidad del Valle de Atemajac—, evitó especular sobre el futuro del papado: “Eso lo decidirá el Espíritu Santo”.

También lee: Ovidio Guzmán,se declara culpable, pacta colaborar con la justicia de Estados Unidos.