México
Balaceras en Culiacán dejaron perdidas de 362 mdp
A una semana del operativo para capturar a Ovidio Guzmán López las personas apenas se están animando a salir a las calles
Por: Redacción
La Cámara Nacional de Comercio calculó pérdidas económicas por el orden de los 362 millones de pesos, luego del enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional e integrantes del crimen organizado en Culiacán.
Diego Castro Blanco, presidente de Canaco Culiacán, aseguró que una gran parte de los comercios no lograron abrir en días, y la actividad económica no se ha restablecido por completo en la ciudad.
Además de daños en los comercios, algunos perdieron sus unidades, debido a que fueron baleadas o robadas por los presuntos sicarios para quemarlas y realizar bloqueos, por lo que todavía se encuentran en tramites con las empresas aseguradoras.
Para incrementar la actividad económica y regresar el turismo, el Ayuntamiento de Culiacán realizó una callejoneada por las principales vialidades de la ciudad, las personas acudieron vestidas de blanco, y al concluir el evento se realizó un concierto gratuito con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que logró reunir a unas mil personas.
Los establecimientos del Desarrollo Urbano Tres Ríos concluyeron las reparaciones, y también esperan este fin de semana incrementar sus visitas, debido a que el fin anterior apenas llegaron al 50 por ciento.
Por las calles también se observan constantemente los rondines de las autoridades, especialmente de la Secretaria de la Defensa Nacional, quien envió alrededor de 430 elementos para reforzar los operativos en la capital del estado. Además de los patrullajes, han establecido algunos puestos de control en las entradas y salidas de la ciudad, pero hasta el momento no se han reportado resultados.
Con información de Excelsior.
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México
Un juez de Control gira orden de aprehensión contra Silvano Aureoles
La medida judicial vincula al exgobernador de Michoacán con el operativo de 2017 en Arantepacua que resultó con cuatro homicidios
Por: Roberto Mendoza
Un Juez de Control libró este viernes una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por su presunta relación con los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua en abril de 2017. El mandamiento judicial alcanza también a Juan Bernardo Corona, quien fuera secretario de Seguridad Pública estatal, y a 14 elementos de la policía de Michoacán señalados por su participación en la incursión que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y diversos casos de tortura documentados. La determinación fue notificada por el Poder Judicial de la Federación tras la presentación de pruebas que vinculan a los exfuncionarios con violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía General de la República sostiene que Aureoles Conejo abandonó el territorio nacional desde hace aproximadamente un año, situación que deriva en el inicio de trámites para su localización internacional a través de la ficha roja de Interpol. El expedi ente penal integra testimonios y peritajes que señalan la responsabilidad de mando y la ejecución directa de actos violatorios de derechos humanos durante el operativo de seguridad en la Meseta Purépecha. Los 14 agentes policiales involucrados enfrentan cargos por uso excesivo de la fuerza y allanamiento de morada sin orden judicial previa, conforme a los registros de la causa penal abierta por el Ministerio Público Federal.
La autoridad judicial fundamenta la emisión de estas órdenes en la necesidad de conducir a los imputados a proceso tras la acumulación de pruebas y el cumplimiento de la Recomendación 42VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El contexto administrativo del caso implica la búsqueda activa de los exfuncionarios y la notificación a las corporaciones de seguridad para la ejecución inmediata de las capturas. El proceso legal vigente establece que, una vez confirmada la ubicación del exmandatario en el extranjero, se activarán los protocolos de extradición correspondientes para su presentación ante los tribunales mexicanos, lo cual constituye una consecuencia legal verificable dentro del sistema de justicia penal mexicano.
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México
Ricardo Monreal le da la razón a la presidenta sobre la operación cicatriz
El órgano legislativo cerrará el registro de aspirantes al Instituto Nacional Electoral con más de 500 perfiles inscritos
Por: Roberto Mendoza
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, abordó la reestructuración del Instituto Nacional Electoral y el avance del Plan B. Cuestionado sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum referentes a la operación cicatriz y las alianzas partidistas, el legislador respondió: “Siempre. Tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum, porque aquí todos los días hay que cicatrizarnos, porque siempre los debates nos alejan temporalmente, pero luego hay que cicatrizarnos”.
En relación con la ruta de la reforma electoral y las preocupaciones de los actuales consejeros, el coordinador parlamentario aseguró: “La Comisión de Puntos Constitucionales y de la Reforma Electoral a la que le fue turnado esta minuta de reformas al 115, 116 y 134 van a estudiarlo seguramente, como siempre, van a resolverlo conforme a las circunstancias, al derecho y a las exigencias del pueblo de México “.
Respecto al cierre de la convocatoria para consejeros electorales, el diputado detalló: “Este Comité de Evaluación lo componen cinco personas, cuatro mujeres y un hombre y surge de una convocatoria que la ley establece. Hoy deben de instalarse porque se han inscrito más de 500 candidatos y candidatas a ocupar estas tres posiciones“. Sobre la metodología final de selección, precisó: “Recuerden que de los 500 que se han inscrito, hoy se concluye a las seis de la tarde el proceso de inscripción, de los 500 tienen que seleccionar quintetas, es decir, cinco para cada posición, cuidando la paridad. Entonces va a haber cinco de cada posición, cinco, y de ahí se va a seleccionar uno”.
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Destacadas
MC critica gradualidad de jornada laboral: “40 horas hasta 2030 es insuficiente”
Movimiento Ciudadano mantendrá su postura de acelerar la implementación de la jornada de 40 horas, al considerar que el contexto laboral actual exige medidas más inmediatas
Por: Redacción
El diputado local de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, cuestionó el modelo planteado para la reducción de la jornada laboral en México, al considerar que llevar el esquema de 40 horas semanales hasta el año 2030 es una medida tardía y con impacto limitado para los trabajadores.
El legislador reconoció que la propuesta representa un avance en materia de derechos laborales; sin embargo, advirtió que dista de lo que su partido ha impulsado, que es una implementación inmediata acompañada de dos días de descanso obligatorios por semana.
“Qué bueno que ya se establecieron las 40 horas, aunque sea hasta el 2030, pero es un avance”, expresó, al tiempo que señaló que el esquema aprobado contempla una aplicación gradual que reduciría la jornada de forma paulatina —alrededor de dos horas cada cierto periodo—, lo que, en su opinión, retrasa los beneficios reales para la clase trabajadora.
Gama Basarte insistió en que el planteamiento actual no garantiza de forma efectiva una mejora inmediata en la calidad de vida de los trabajadores, particularmente en lo relacionado con el descanso, al no consolidar desde ahora un modelo claro de dos días libres por semana.
Para Movimiento Ciudadano, explicó, la reducción de la jornada laboral no solo debe centrarse en disminuir horas, sino en replantear el equilibrio entre trabajo y vida personal, donde el descanso digno sea un eje central.
El diputado sostuvo que la gradualidad propuesta diluye el impacto de la reforma y deja en segundo plano la urgencia de atender las condiciones laborales actuales, por lo que adelantó que su bancada continuará impulsando que la jornada de 40 horas se aplique en el corto plazo y con un esquema completo que incluya dos días de descanso.
En ese sentido, reiteró que, aunque el cambio aprobado puede considerarse un paso inicial, aún queda pendiente una discusión de fondo para garantizar que la reforma responda verdaderamente a las necesidades de los trabajadores en San Luis Potosí y en el país.
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