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¡Ay foquitos tan loquitos! Apuntes de Jorge Saldaña
Xavier Nava acaba de anunciar el “Centro de Monitoreo y Control, En Son de Paz San Luis Se Ilumina”, que hace poco más que avisar qué focos del arbolito de navidad prenden y reporta cuáles se apagan.
El disparate de la detección satelital del voto presumida por diputado Oscar “Cochiloco” Bautista hace unos años parecía una difícil de superar… hasta que ayer por la noche el alcalde capitalino, Xavier Nava, le dijo “quítate que hay te voy”.
Sí, Culto Público, la noticia llegó ya tarde y en calidad de urgente. “INF MUY IMPORTANTE” titularon al correo enviado masivamente a los medios cerca de las 10 de la noche.
Como toda llamada a deshoras, asusta y cualquiera se pregunta ¿qué pasó? ¿Todos bien? ¿Se reventó la presa? ¿Xavier por fin salió bien en una foto? ¿Harán segundo piso en la ciclovía de Himno Nacional? ¿Tiburcio se puso a trabajar? ¿Rodrigo no anda de genio? ¿Se encontraron enterrado el tesoro de Moctezuma excavando en la calle de Albino Garcia? (que no tienen ni para cuando terminar). ¿Otra vez se fueron a los tacos?…
Pues no. Pero cualquier asunto exageradamente ridículo que me pudiera imaginar fue superado con creces: el alcalde anunció con emergencia que puso en marcha (sí, se supone que en este momento ya funciona) un “Centro de Monitoreo y Control, En Son de Paz San Luis Se Ilumina” (CMCESPSLSI) por sus fáciles siglas para recordar.
Este Centro de Monitoreo que ya lo quisieran en la baticueva, el MI5 o el Mossad (prepare sus cachetes al bochorno) podrá vigilar en tiempo real, a distancia, con georreferenciación, almacenamiento digital vía web o móvil, y hasta con generación automática de reportes (en Excel y PDF, eh ¿qué tal?) de cada una de las lámparas led que el Ayuntamiento ha colocado y que… ¡¡¡no funcionan!!!
Así como lo lee, Culto Público, es que lo anunciaron. Es decir, que las lámparas que se supone compraron al mejor proveedor y que tendrían garantía de una decena de años, las mismas cuyo alto costo justificaron una y otra vez por su eficiencia, necesitan un sistema de “vigilancia” o monitoreo porque… se apagan, tienen cortos o simplemente no funcionan.
La “tecnología de vanguardia” que Ayuntamiento “adquirió” (tal como señala el boletín pero omitieron decir en cuánto) tendrá la capacidad de monitorear 50 mil luminarias en tiempo real y serán capaces de mandar información vía web a un centro de comando para que vean cuál lamparita prende y cuál se apaga.
Es decir, no hay monitoreo satelital para las 250 patrullas. Tampoco hay monitoreo de seguridad para parar la ola de sangre en la ciudad, no hay monitoreo de los baches que taparon con las patas (literalmente), pero tendremos un sistema que detecte una lámpara prendida o una apagada y lo mande por red 5G que seguramente ya funciona y cubre toda la ciudad capital para ser un municipio de vanguardia mundial. ¿Qué tal?
Yo por lo menos no sabía que en toda la ciudad tuviéramos acceso gratuito a la red. Tampoco estaba enterado que los potosinos teníamos que pagar quién sabe cuánto dinero por un sistema que monitoree un sistema que se supone se compro por infalible 
Lo que no se me olvida son todas las veces en que el gobierno negó que sus lámparas resultaron un fracaso. Que prendían y apagaban como luces estrambóticas de algún antro de los 90, y que en cada ocasión, dijeron, que se trataba de efectos, tomas amañadas, casos aislados o, su favorita: que habían sido saboteados por poderes misteriosos y perversos.
Hoy será muy fácil detectar a los ingenuos. A los que celebren el nocturno anuncio de un Ayuntamiento que de plano se superó asimismo queriendo insultar a la inteligencia de sus ciudadanos.
¿Por qué no vigila en tiempo real a sus empleados de comercio? ¿Por qué no hay una red conectada permanentemente que nos diga a los ciudadanos en dónde exactamente encontrar una patrulla? ¿Por qué no monitorea el estado de las papeleras hasta el copete de basura? ¿Por qué no recibe los datos de seguridad que día a día se le acumulan? ¿Por qué no le pone un botón de reporte a sus funcionarios? ¿Por qué no monitorea el tamaño de sus mentiras?
Si una lámpara más, es un delito menos, como dice el slogan, pues hubiera puesto una lámpara afuera de la casa de la secretaria del alcalde, hoy fallecida…
Últimas preguntas: ¿cuánto costará o costó el sistema de monitoreo también contratado como un extra a Traffic Light? ¿Por qué no lo contrató desde el principio ? Y finalmente… si el sistema de monitoreo tampoco funciona… ¿Habrá un monitoreo que monitoree al monitoreador? Es como contratar a alguien para que avise cuando los focos del arbolito de navidad prendan y reporte cuando apagan.
Cegados en sus encuestas pagadas y en sus ambiciones desbordadas, parece que los reclamos ciudadanos les entran por un oído y se les salen por algún otro orificio.
En fin. Recuerde, Culto Publico, que un Do bemol, no es lo mismo que un Sí sostenido.
Hasta la próxima.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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