La SSPC asumirá un papel central en la formulación, dirección y coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

Por Roberto Mendoza

La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad y con 441 votos a favor, el dictamen que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública. Con mayoría calificada, los legisladores respaldaron la minuta enviada por el Senado, otorgando nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la sesión, los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC expresaron sus posturas respecto a esta reforma, que busca integrar a la SSPC en la investigación de delitos, fortalecer la coordinación interinstitucional y reforzar las acciones de seguridad ciudadana bajo el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

En entrevista exclusiva para La Orquesta, el vicecoordinador de los diputados de Morena, Manuel Godoy, destacó que estas nuevas funciones no se centran en la figura del actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sino en la institución misma. “Que en este momento esté el secretario Harfuch es coyuntural; mañana podría estar cualquier persona”, señaló. Además, aclaró que las facultades otorgadas no implican más atribuciones de investigación para la policía, sino un enfoque en la coordinación con otras fuerzas, como el Ejército.

La reforma también estipula que los fondos federales destinados a la seguridad pública serán canalizados exclusivamente a estados y municipios, cuyo uso será auditado y supervisado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública

a través del Secretariado Ejecutivo. Este organismo podrá emitir lineamientos, acuerdos y acciones que permitan homologar estándares y garantizar una coordinación eficiente entre los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, la SSPC asumirá un papel central en la formulación, dirección y coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Entre sus nuevas facultades, destacan la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la capacidad de solicitar información a otras instituciones del Estado para esclarecer posibles delitos.

El diputado José Luis Fernández destacó eficiencia y continuidad en funciones tras extinción de organismos autónomos

Por: Roberto Mendoza

Con 347 votos a favor, 128 en contra y 0 abstenciones, alcanzando la mayoría calificada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica. La reforma propone reestructurar la administración pública, priorizando la eficiencia, austeridad y centralización de funciones mediante la desaparición de siete organismos autónomos y la redistribución de sus facultades entre dependencias del Ejecutivo federal.

Los organismos afectados son:

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)

Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

Las responsabilidades del INAI pasarán a la Secretaría de la Función Pública, mientras que las tareas de CONEVAL se integrarán al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su parte, las funciones educativas de MEJOREDU se transferirán a la Secretaría de Educación Pública. El dictamen establece que los ahorros derivados de esta reforma se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se respetarán los derechos laborales del personal afectado, quienes serán reubicados en las nuevas dependencias responsables.

El diputado federal por San Luis Potosí, José Luis Fernández Martínez , destacó en entrevista exclusiva para La Orquesta que la reforma busca garantizar la continuidad de las funciones de los organismos extintos sin duplicar esfuerzos ni incrementar la burocracia: “La aprobación de este dictamen no quiere decir que las funciones de estos órganos vayan a desaparecer. Por ejemplo, en el caso del INAI, el Sistema Nacional de Información seguirá vigente y sus funciones estarán en la Secretaría Anticorrupción. Los ciudadanos tendrán garantizado el acceso a la información que requieran”, explicó.

Fernández Martínez aseguró que la redistribución de funciones será más eficiente, “otros organismos, como el INEGI, absorberán funciones. El INEGI tiene toda la capacidad y experiencia para generar estadísticas sobre pobreza. Creo que hay que dar el voto de confianza. Estamos viviendo nuevas formas en el país, es un régimen distinto a lo que hemos vivido. El pueblo se manifestó en ese sentido y eso es lo que estamos construyendo”.

Cuestionado sobre si esta reforma podría complicar el acceso a la información pública, el diputado federal respondió: “Al contrario, la burocracia va a tender a disminuir. Estos espacios eran de cuotas políticas, entregados para acomodar a los cuates. No se pensaba en el beneficio de la gente, sino en dónde acomodar a un compadre o al amigo del contrario político para llegar a acuerdos. De esto está harto el pueblo de México. Con esta ley vamos a garantizar que los ciudadanos tengan información y una condición inmejorable en estos temas”.

Sobre las críticas que señalan que esta reforma es una venganza política, Fernández Martínez rechazó esa interpretación: “Los argumentos de la oposición no son sólidos, incluso son irresponsables. Si eres un inversionista extranjero y lees las declaraciones de la oposición, evidentemente habría alarma. La verdad es que estamos recuperando la soberanía del Estado, que sea el rector de las políticas y decisiones que se toman en el país. Creemos que tenemos un buen gobierno, y los resultados son muy buenos para el pueblo de México”.

Finalmente, sobre el impacto en San Luis, el legislador afirmó: “Formamos parte del pacto federal. Con el trabajo de las y los potosinos se pagan los sueldos de estas personas que no tienen nada que hacer en este nuevo esquema porque duplican funciones. Al quitarlos, no solo San Luis Potosí se verá beneficiado, sino todo el país”.

Por su parte, el diputado Elías Lixa, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, expresó su rechazo a la reforma y señaló que centralizar las facultades de estos órganos pone en riesgo la transparencia y los derechos ciudadanos. “Están distribuyendo las facultades de estos órganos para dárselas a sí mismos desde el gobierno y controlar la información, lo cual es muy grave. Esta mayoría no escucha a nadie. Estos organismos eran un logro de los ciudadanos, y ¿quién es el interesado en que no exista información? Quien tiene cosas que ocultar”, señaló en entrevista exclusiva para La Orquesta.

Lixa agregó que la desaparición de estos entes autónomos responde a una represalia por los casos de corrupción destapados por instituciones como el INAI: “Gracias al INAI supimos, entre otros casos, del desvío multimillonario de SEGALMEX. Esto es una venganza contra este órgano que dio a conocer esa información. Además, desaparecen CONEVAL, que mide los avances de las políticas públicas en materia de combate a la pobreza. Si no se mide, no se puede evaluar ni mejorar. El gobierno quiere controlar todo, y será entonces un gobierno mediocre, que busca solo aplausos dentro de sus propias filas”.

Al ser cuestionado sobre algún posible beneficio en esta reforma, Lixa fue enfático: “No puede haber nada positivo en quitarle facultades a órganos técnicos y darle el control absoluto al gobierno a costa del derecho de los ciudadanos. Esto es un retroceso para México”. Hoy en la discusión en lo particular se analizarán propuestas de modificación, entre ellas la creación de dos organismos descentralizados que asumirán las funciones del IFT y la Cofece.

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La Fiscalía de aquel estado emitió una ficha de búsqueda para encontrar a David Ignacio Olivares, de 26 años, por lavado de dinero

Por: Redacción

Trascendió que uno de los socios factureros de Gerardo Sánchez Zumaya y que aparece en la red juvenil de lavado de dinero publicada por el diario Reforma se encuentra desaparecido.

Se trata de David Ignacio Olivares Zúñiga, de 26 años de edad, quien forma parte del grupo de conocidos de Gerardo Sánchez Zumaya, acusado de lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos con PEMEX y que se encuentra desaparecido desde el pasado mes de marzo.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió una ficha de búsqueda en la que detalla que el pasado 20 de marzo, el socio de Sánchez Zumaya salió de un domicilio en el centro de Villahermosa a bordo de su auto Beat, Chevrolet y no se le volvió a ver.

Cabe mencionar que la investigación del diario Reforma apunta que Olivares Zúñiga emitió 379 comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) con los que, en conjunto con otros socios factureros menores de 30 años con empresas “especializadas” en productos petroquímicos ayudaron a Gerardo Sánchez Zumaya ha logrado encubrir 15 mil millones de pesos.

A la fecha, el joven de 26 años no ha sido localizado cómo tampoco su “socio” Gerardo Sánchez Zumaya se ha pronunciado en sus redes sociales para pedir a la ciudadanía por su localización.

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