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Alerta de Género en SLP: 7 feminicidios que ¿pudieron evitarse?
San Luis Potosí gastó casi medio millón de pesos para implementar la Alerta de Género; pese a ello, los feminicidios han ido en aumento en la entidad
Por: María José Puente Zavala
Entre los aspectos críticos de la implementación de la Alerta de Género en San Luis Potosí se encuentra el diseño de un protocolo efectivo, de coordinación entre los órdenes de gobierno, para la búsqueda de mujeres reportadas como extraviadas y en riesgo de perder la vida.
De hecho, entre los objetivos de la primera partida presupuestal que el estado recibió para echar a andar la Alerta estuvo el diseño de un Sistema de Alertamiento de Violencia contra las Mujeres, mismo que, según el documento del proyecto, serviría para, a través de la denuncia, activar el protocolo Alba.
Se gastó en ello casi medio millón de pesos.
DESAPARECIDAS… Y ASESINADAS
Desde que se solicitó la Alerta de Género a la Secretaría de Gobernación y hasta la fecha, al menos doce mujeres han sido reportadas como desaparecidas y, posteriormente, encontradas muertas en el estado; siete casos, enlistados a continuación, ocurrieron después de la declaratoria, otorgada el 21 de junio del 2017.
SILVIA GÓMEZ CERVANTES
48 años. Desapareció el 9 de junio del 2017 y fue encontrada el 24 de junio del mismo año, en un predio que presuntamente pertenecía a la familia del feminicida; además, según relató un familiar a los medios locales, su cadáver fue encontrado sepultado bajo una capa de grava y cemento. Habría muerto antes, por un golpe en la cabeza.
MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ ORTIZ
41 años. Desapareció el 31 de agosto de 2017 y fue encontrada muerta, atada de pies y manos, a la orilla de la carretera La Pila – Villa de Arriaga, en Villa de Reyes, el 1 de septiembre del mismo año.
SONIA GUADALUPE MARTÍNEZ ROSAS
20 años. Desapareció el 11 de noviembre del 2017 y su cadáver fue encontrado el 22 de noviembre de ese mismo año. No hay datos sobre las causas de su muerte.
ANA KARINA ALFARO ALEMÁN
Encontrada muerta el 25 de noviembre del 2017 en la comunidad de Valle de la Palma, en Soledad de Graciano Sánchez. Su cuerpo estaba prácticamente calcinado y fue reconocida por la ropa que llevaba puesta. El presunto culpable, un médico, fue detenido cuatro días después, luego de que se conociera que la chica de 14 años había estado en su consultorio durante la noche antes del hallazgo de su cadáver.
MARÍA DE LOURDES CÁRDENAS GALARZA
32 años. Desapareció el 12 de enero del 2018 en San Luis Potosí y su cadáver calcinado fue encontrado al día siguiente en un terreno cercano a la carretera a Guadalajara, en la localidad de Escalerillas. Lourdes era secretaria del entonces delegado de la Conafe en San Luis Potosí, Crisógono Sánchez Lara, contra cuya esposa, trascendió, existe librada una orden de aprehensión por el feminicidio.
MACARENA MÁRQUEZ GÓMEZ
57 años. Desapareció el 30 de agosto del 2018, junto con su nieta, Mya Fernanda, de 11 meses de edad. La encontraron muerta por lesiones con arma blanca el 2 de septiembre y, tres días más tarde, la bebé fue localizada con vida en lo que, todavía se presume, fue un operativo montado en un basurero por elementos de la Policía Federal.
PAOLA GUERRERO MELÉNDEZ
20 años. Desapareció el 10 de marzo del 2019 en San Luis Potosí y su cuerpo fue hallado descuartizado y embolsado el 19 de marzo del mismo año en una terracería ubicada en la comunidad de Peñasco. Paola era estudiante de la Universidad Politécnica, donde cursaba la carrera de Negocios Internacionales. Hasta el momento, no hay detenidos por su feminicidio.
El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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