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Activistas exhibieron a Nava, «Alianza por la Ciudad» es una trampa

Xavier Nava aceptó que el agua de El Realito no se usa «por cara» y no pudo negar que no existe un plan parcial para hacer delegación a San Juan de Guadalupe

Por: Redacción

Ayer, el alcalde Xavier Nava Palacios presentó Alianza por la Ciudad, un convenio en el que asegura que compartirá las decisiones que lleven a un nuevo Plan de Centro de Población Estratégico con universidades y cámaras de comercio e industriales. En ese evento, activistas de la asociación Cambio por San Luis y comuneros de San Juan de Guadalupe se manifestaron para pedir la protección a la Sierra de San Miguelito.

En cambio, Carlos Covarrubias Rendón, activista y asesor legal de comuneros de San Juan de Guadalupe, dijo ayer que Alianza por la Ciudad es solo una cortina de humo para simular una consulta ciudadana acerca de los cambios de uso de suelo en la Sierra de San Miguelito, cuyos espacios -dijo- ya están dispuestos por las autoridades para los desarrollos inmobiliarios de Carlos “El Chato” López Medina, en 2 mil 64 hectáreas de San Juan de Guadalupe y sus anexas Tierra Blanca y San Miguelito.

Cuatro de los seis boletines de prensa enviados ayer por el Ayuntamiento de San Luis Potosí tuvieron como temática central el evento Alianza por la Ciudad y las manifestaciones acerca de la protección de la Sierra de San Miguelito.

En uno de ellos, el Ayuntamiento presume que el alcalde Xavier Nava recibió al activista Carlos Covarrubias Rendón, y a la asociación civil Cambio por San Luis. En ese comunicado, el Ayuntamiento menciona que “el edil refrendó su compromiso para la conservación de la Sierra de San Miguelito, señalando enfáticamente que no se procederá al cambio de uso de suelo, porque, además, ninguna autoridad puede autorizar desarrollos urbanos en un Área Natural Protegida”.

“Aseguró el alcalde capitalino que el Interapas, en esta administración municipal, no ha tenido ninguna intervención en el tema del presunto desarrollo urbano en la superficie protegida. Cabe destacar, que la notificación que presentaron las organizaciones en la mesa de diálogo, data del mes de noviembre del año 2017, en un oficio emitido por la Comisión Estatal del Agua”, dice el boletín de prensa.

En dicho oficio, aunque el Ayuntamiento no lo especificó, la Comisión Estatal del Agua (CEA) autorizó al empresario inmobiliario, Carlos “El Chato” López Medina, una autorización para almacenar en dos tanques, miles de litros por segundo de agua provenientes de la presa y acueducto El Realito.

Convenientemente, los tanques se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Reserva San Luis SA de CV, que el empresario busca poner en marcha en la comunidad de San Juan de Guadalupe, junto al inmobiliario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.

En un oficio de la CEA, del que este medio tiene copia, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.

El oficio, firmado con fecha del 31 de octubre de 2017, se giró en respuesta a una solicitud de Carlos López Medina, en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Espacios en el Horizonte SA de CV, empresa que pretende formar la Inmobiliaria Reserva San Luis SA de CV.

En la solicitud, López Medina preguntó acerca de la disponibilidad de agua para su proyecto, a lo que apenas tres días después la CEA respondió mediante oficio CEA/DG/2017/938 factibilidad y hasta plano de la infraestructura que estaría disponible para Reserva San Luis SA de CV.

Los tanques disponibles, uno de nombre “Aguaje” y el otro “Cordillera”, fueron “curiosamente ubicados en terrenos estratégicamente destinados para favorecer inmobiliarias”, dijo en febrero a La Orquesta el abogado Carlos Covarrubias Rendón, asesor legal de los comuneros de San Juan de Guadalupe, que se niegan a ceder terrenos al proyecto inmobiliario de López Medina y Tamayo Ibarra, entre otros inversionistas.

“Recuerdo bien que en sesión de Cabildo de octubre del 2008, nosotros acusamos que El Realito sería manipulado por los fraccionadores, que era una perversa iniciativa apoyada por Urbano Díaz de León, Marcelo de los Santos, los Torres Corzo y sobre todo, Carlos López Medina”, dijo Covarrubias Rendón, quien en aquel momento era regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, a La Orquesta.

En su reunión de ayer, Nava Palacios acusó a Covarrubias Rendón y otros activistas de manipular la información de esa carta, mientras el secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, negaba con la cabeza.

Los activistas pedían al alcalde que el Interapas se pronunciara acerca de la posibilidad de entregar esos tanques al proyecto inmobiliario de Carlos “El Chato” López Medina.

Después, al releer el texto, el alcalde rectificó y dijo que el Interapas no utiliza esos tanques, con agua proveniente de la presa El Realito “porque es muy costoso para nosotros”. Por ese motivo, del agua de El Realito se utiliza solo el 62 por ciento, aceptó Nava Palacios.

“Recalcó Xavier Nava que el asunto no tiene nada que ver con su gestión, ‘argumentar que estamos en un negocio inmobiliario, que vamos a modificar usos de suelo, que vamos a actuar de una forma cuando no existe una sola actuación por parte nuestra que vaya en ese sentido, me parece una acción de mala fe y quien sabe que intereses haya’, acotó el edil”, dice el comunicado de prensa enviado ayer por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.

En cambio, Carlos Covarrubias Rendón aseguró que el alcalde “no pudo negar que su administración entregó el proyecto de plan parcial de San Juan de Guadalupe”, pero que Nava Palacio aseguró que lo hizo por transparencia.

De acuerdo con un documento en poder de La Orquesta, el Instituto Municipal de Planeación (Implan) está -desde el pasado mes de enero -revisando y elaborando planes parciales de Desarrollo Urbano para las delegaciones de La Pila, Villa de Pozos y Bocas; además de la Zona Norte, el Centro Histórico de la capital y la comunidad de San Juan de Guadalupe.

La revisión y elaboración de dichos planes dan seguimiento al oficio S/386/2013 de la Secretaría General del Ayuntamiento, con fecha del 6 de marzo de 2013, durante el gobierno de Mario García Valdez. En los documentos firmados por la directora de Catastro municipal, Patricia Rodríguez Álvarez, el pasado 14 de enero, se menciona a la Comunidad de San Juan de Guadalupe como Delegación de San Juan de Guadalupe, pese a que esa zona de la capital no tiene el rango de delegación.

El mismo documento del 6 de marzo de 2013 había sido utilizado por la empresa Espacios en el Horizonte SA de CV e Inmobiliaria Cañada de Lobos, ambas propiedad de Carlos “El Chato” López y el empresario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra, como falsa justificación de un cambio de uso de suelo para la comunidad de Tierra Blanca, en una solicitud de opinión que se había pedido a la Procuraduría Agraria, para que permitiera la cesión de terrenos comunales en favor de esas empresas, con lo que podrían iniciar la construcción de proyecto llamado Desarrollo Inmobiliario Las Cañadas.

Los empresarios inmobiliarios entregaron como prueba a la Procuraduría Agraria una decisión tomada en sesión de cabildo del 28 de febrero de 2013, en la que se aceptaba la viabilidad del proyecto, pero no se autorizaba el cambio de uso de suelo en esa parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexas Tierra Blanca y San Miguelito. “La sacaron del escombro del Plan de Desarrollo de Mario García Valdez”, según había explicado el abogado Carlos Covarrubias Rendón, defensor de los comuneros de Tierra Blanca, anexa a la comunidad de San Juan de Guadalupe.

Este regreso a los planes de Desarrollo Urbano de la administración 2012-2015, firmada por la directora de Catastro municipal del gobierno de Xavier Nava, Patricia Rodríguez Álvarez, busca de nueva cuenta revalorar desde el Ayuntamiento los terrenos de Tierra Blanca, mediante lo que Covarrubias Rendón y sus defendidos han llamado “una guerra de baja intensidad”.

El plan nuevo, según explicó el abogado, busca cimentar el cambio a Delegación para la comunidad de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y San Miguelito.

Covarrubias Rendón considera que la búsqueda de convertir a San Juan de Guadalupe en delegación municipal tiene como fin el facilitar el cambio de uso de suelo en la comunidad de Tierra Blanca, lo que favorecería a los desarrolladores inmobiliarios para poder comprar terrenos en esa zona de la ciudad para construir un millonario proyecto Las Cañadas, para el que han obtenido favores de la actual administración municipal en el poco tiempo que lleva en el cargo.

NAVA FIRMÓ PARA PROTEGER LA SIERRA

Ayer, a través de una carta, un grupo de activistas pidió al alcalde Xavier Nava proteger la Sierra de San Miguelito para evitar la realización de proyectos inmobiliarios en esta zona de la ciudad.

El colectivo, conformado por comuneros de San Juan de Guadalupe, acudió a la presentación del proyecto Alianza por la Ciudad, organizado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, donde obligaron al presidente municipal a comprometerse con la protección de esta zona de la ciudad.

Al respecto, Michel Hernández, uno de los activistas que acudieron a este evento, dijo que: “Tenemos los elementos, lo hemos documentado, hemos demostrado que grupos inmobiliarios encabezados por (Carlos) ‘el Chato’ López y en complicidad con el Ayuntamiento y el gobierno del estado buscan urbanizar la Sierra de San Miguelito”.

Hernández además acusó que Alianza por la Ciudad solo “busca legitimar el proyecto del despojo porque no fueron convocados los sectores directamente afectados, se trata de una trampa y de un plan de desarrollo urbano que solo beneficiará a unos cuantos grupos”.

Durante el evento, los activistas fueron agredidos por una persona que les quitó una manta que llamaba a proteger la Sierra de San Miguelito; posteriormente, los manifestantes abordaron a Xavier Nava Palacios y lo hicieron firmar la petición mientras se desarrollaba el evento de «Alianza por la Ciudad».

En el escrito se solicita excluir de todo plan del “Sistema Integral de Planeación para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal” a la zona que integra la Sierra de San Miguelito en el área conurbada del Municipio de San Luis Potosí, donde se encuentran las comunidades de San Juan de Guadalupe y Tierra Blanca.

También señalaron que no se debe contemplar la implementación del proyecto inmobiliario “Reserva S.A. de C.V.” en el Sistema Integral de Planeación para el Ordenamiento Territorial del Municipio, pues “dicho plan representa la destrucción del patrimonio ambiental y cultural de todas y todos los potosinos en un total de 2 mil 64 hectáreas y en una segunda fase con un total de 2 mil hectáreas”.

Justificaron que el Plan de desarrollo urbano debe reconocer a la Sierra de San Miguelito como un terreno sin intervención humana con fines de fraccionarla, pues esta dota de aire limpio y agua a la ciudad de San Luis Potosí; además, es reconocida como un Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y de Recarga: “El derecho a la urbe no debe contravenir el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en la Constitución Mexicana y en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Solicitamos respetar la base fundamental para la vida y los medios de subsistencia que aporta la misma tierra”, decía la carta entregada ayer al presidente municipal.

“Requerimos un plan con total apego al respeto de la tierra y de un medio ambiente sano, con el fin de generar nuevas políticas públicas de trascendencia local y regional. La Sierra de San Miguelito es de vital importancia para el desarrollo del Valle de San Luis Potosí, pues funciona como vaso regulador de reserva pluvial e influye directamente en el clima”.

“Requerimos que los representantes de la iniciativa privada, cámaras y organismos empresariales, colegios de profesionistas y académicos afines a la destrucción del territorio, queden excluídos totalmente en cualquier proyecto que contemple la zona referida”, señala la carta entregada ayer a Nava Palacios.

En respuesta, el alcalde Xavier Nava Palacios pidió a los activistas y organizaciones civiles que confíen en la autoridad municipal y mantengan el diálogo con los diferentes órdenes de gobierno, que, aseguró, están en la misma posición de proteger la superficie natural de la Sierra de San Miguelito.

Tras ser obligado por comuneros de San Juan de Guadalupe, el alcalde Nava Palacios se reunió con ellos para analizar los documentos que, aseguró, no tienen validez alguna, pues no se presentaron durante su gestión.

Dijo Nava que no se procederá al cambio de uso de suelo y aseguró que el Interapas no ha tenido ninguna intervención en el tema del presunto desarrollo urbano en la superficie protegida.

Incluso durante su participación final en la exposición del proyecto Alianza por la Ciudad se quejó de la presencia de los manifestantes en el evento de presentación: “argumentar que estamos en un negocio inmobiliario (…) me parece una acción de mala fe y quien sabe que intereses haya”, acotó el edil.

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