Estado
Abogados de Alejandro N buscaron retirar protección a su presunta víctima
También solicitaron que el juicio por abuso sexual fuera realizado en privado. Ambas solicitudes les fueron negadas
Por: Redacción
Ayer, se llevó a cabo el juicio oral de Alejandro N., ex titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM), acusado de violación agravada contra un menor de edad. Durante la audiencia los jueces negaron las solicitudes de la defensa para que el juicio se llevara a cabo de manera privada y para retirarle la representación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) a la víctima por haber cumplido la mayoría de edad.
En la audiencia, la defensa del acusado solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado presentar dos incidencias: la primera fue que el proceso continuara “a puerta cerrada”, sin público o integrantes de la prensa, pues los medios de comunicación han difundido las formas en que se “llevará el juicio”, denostando el trabajo de la defensa, además de que han asumido la culpabilidad del imputado; sin embargo, los jueces negaron dicha solicitud, ya que la defensa de Alejandro N. no presentó ninguna prueba para afirmar que la prensa había vulnerado la integridad del acusado.
Los jueces explicaron que mientras ellos asuman la presunción de inocencia, cualquier afirmación de la prensa sobre una supuesta culpabilidad es una opinión protegida por la libertad de expresión: “Consideramos que, que esté aquí la prensa da certeza al proceso“.
La segunda solicitud presentada por la defensa de Alejandro N. fue referente a la situación jurídica de la víctima ya que, al haber cumplido hace un mes los 18 años, ya no debía tener un representante de la PPNNA, sino que debía ser representado solo por el asesor jurídico de la CEEAV.
Ante esta solicitud, tanto la Fiscalía como el asesor jurídico de la CEEAV, pidieron que se mantuviera la representación en suplencia del adolescente, ya que el proceso dio inicio desde que la víctima tenía 15 años y a la fecha podría no estar listo para llevar un juicio oral como adulto.
Luego de una larga discusión, los jueces resolvieron que la víctima estaba en “una categoría de desventaja” y era “especialmente vulnerable“, por lo que se mantendría la representación en suplencia que ha llevado hasta ahora la PPNNA. Argumentaron que la categoría de adolescente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se le concede a todo individuo entre los 10 y 19 años, dado que se contempla un período de transición entre esas edades.
El juez agregó que dada la confianza que el representante ya tiene con el adolescente y para evitar una revictimización, se mantendría la figura del representante en suplencia.
Ante esta última resolución del cuerpo colegiado, la defensa de Alejandro N. cuestionó: “La víctima, ¿será tratada como menor o como adulto?”. “Como adolescente”, respondió el juez.
Tras haber resuelto estos incidentes, los jueces organizaron la lista de los casi 58 testigos que intervendrán durante el proceso y se determinó que durante el transcurso de esta semana se llevará a cabo la presentación de los órganos de prueba.
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Estado
Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández
El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.
Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.
Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.
Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida” 
Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.
Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.
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La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital
Por: Redacción
Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.
La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.
Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.
También lee: Antes que prohibir, se tienen que regular los vapeadores: Aranza Puente
La diputada aseguró que el veto de estos dispositivos solo dará pie a un mercado negro fuera de la ley
Por: Redacción
Cuestionada sobre la prohibición de los vapeadores en San Luis Potosí, Aranza Puente Bustindui, diputada local, se manifestó en contra del veto a estos dispositivos, señalando que ella optaría por una regulación.
La diputada señaló que al haber tanta demanda, una prohibición total solo ocasionaría un mercado negro fuera de toda regulación, lo que generaría mayor peligro para los consumidores.
Puente Bustindui afirmó que hace falta mucha información sobre el tema, y sugirió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) lleve a cabo una regulación de las sustancias dañinas que contienen los vapeadores, así como que se realicen campañas de prevención y apoyo a los fumadores
La producción, distribución y venta de vapeadores fue prohibida por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, argumentando que son dispositivos dañinos para la salud que fueron comercializados bajo la promesa no comprobada de ser menos dañinos que el cigarro.
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