Estado
Abogados de Alejandro N buscaron retirar protección a su presunta víctima
También solicitaron que el juicio por abuso sexual fuera realizado en privado. Ambas solicitudes les fueron negadas
Por: Redacción
Ayer, se llevó a cabo el juicio oral de Alejandro N., ex titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM), acusado de violación agravada contra un menor de edad. Durante la audiencia los jueces negaron las solicitudes de la defensa para que el juicio se llevara a cabo de manera privada y para retirarle la representación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) a la víctima por haber cumplido la mayoría de edad.
En la audiencia, la defensa del acusado solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado presentar dos incidencias: la primera fue que el proceso continuara “a puerta cerrada”, sin público o integrantes de la prensa, pues los medios de comunicación han difundido las formas en que se “llevará el juicio”, denostando el trabajo de la defensa, además de que han asumido la culpabilidad del imputado; sin embargo, los jueces negaron dicha solicitud, ya que la defensa de Alejandro N. no presentó ninguna prueba para afirmar que la prensa había vulnerado la integridad del acusado.
Los jueces explicaron que mientras ellos asuman la presunción de inocencia, cualquier afirmación de la prensa sobre una supuesta culpabilidad es una opinión protegida por la libertad de expresión: “Consideramos que, que esté aquí la prensa da certeza al proceso“.
La segunda solicitud presentada por la defensa de Alejandro N. fue referente a la situación jurídica de la víctima ya que, al haber cumplido hace un mes los 18 años, ya no debía tener un representante de la PPNNA, sino que debía ser representado solo por el asesor jurídico de la CEEAV.
Ante esta solicitud, tanto la Fiscalía como el asesor jurídico de la CEEAV, pidieron que se mantuviera la representación en suplencia del adolescente, ya que el proceso dio inicio desde que la víctima tenía 15 años y a la fecha podría no estar listo para llevar un juicio oral como adulto.
Luego de una larga discusión, los jueces resolvieron que la víctima estaba en “una categoría de desventaja” y era “especialmente vulnerable“, por lo que se mantendría la representación en suplencia que ha llevado hasta ahora la PPNNA. Argumentaron que la categoría de adolescente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se le concede a todo individuo entre los 10 y 19 años, dado que se contempla un período de transición entre esas edades.
El juez agregó que dada la confianza que el representante ya tiene con el adolescente y para evitar una revictimización, se mantendría la figura del representante en suplencia.
Ante esta última resolución del cuerpo colegiado, la defensa de Alejandro N. cuestionó: “La víctima, ¿será tratada como menor o como adulto?”. “Como adolescente”, respondió el juez.
Tras haber resuelto estos incidentes, los jueces organizaron la lista de los casi 58 testigos que intervendrán durante el proceso y se determinó que durante el transcurso de esta semana se llevará a cabo la presentación de los órganos de prueba.
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La SCJN dio plazo para formalizar el protocolo; el ejercicio podría costar nuevamente nueve millones de pesos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que en el mes de abril estará lista la organización de las consultas que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) definiera que no coadyuvará con el Poder Legislativo en la realización de este ejercicio, legisladores, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha, y personal del área jurídica se reunieron con la SCJN para abordar el tema.
Serrano Cortés reconoció al máximo órgano de justicia del país como un facilitador del proceso y señaló que se agotó la posibilidad de realizar las consultas a través del Ceepac, que —dijo— es un órgano que puede garantizar un proceso equilibrado y equitativo, pero informó que no hubo condiciones para concretarlo.
El diputado añadió que la consulta ya se había realizado previamente con un costo de nueve millones de pesos; sin embargo, la instrucción es llevarla a cabo nuevamente. Explicó que la Corte otorgó un plazo para formalizar el protocolo, construir un cuerpo operativo y técnico, así como definir preguntas y lineamientos
Indicó que a principios de abril se contará con el protocolo y se realizará una reunión previa con la SCJN para evitar futuras impugnaciones derivadas de posibles omisiones en la formalidad del proceso.
Sobre el costo del nuevo ejercicio, señaló que se contempla una base presupuestal similar a la anterior, lo cual ya fue dialogado con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, al tratarse de un mandato que no puede postergarse y tras no concretarse el apoyo del Ceepac.
Finalmente, expuso que el Congreso puede realizar directamente el ejercicio, aunque buscarán reducir costos. Precisó que se llevarán a cabo dos consultas: una en materia de discapacidad, que calificó como más sencilla y que se realizará primero; y otra relacionada con la Ley Indígena, la cual representa mayor complejidad y se desarrollará conforme a los mecanismos establecidos en la legislación correspondiente.
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El gobernador comentó que las corporaciones estatales de seguridad se encuentran listas para vigilar y resguardar los 59 municipios
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, asistió a la toma de protesta de bandera y posesión del nuevo coordinador de la Guardia Nacional en el Estado, Jorge Enrique Martínez Medina, a quien felicitó y reafirmó su colaboración para seguir manteniendo a la entidad potosina entre una de las cuatro más seguras del país.
En el marco de este evento protocolario, el Gobernador del Estado aseguró que reforzará la colaboración que se tiene en conjunto con la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), instituciones con las que se ha obtenido resultados positivos gracias a los operativos que se realizan en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
De igual forma, Ricardo Gallardo compartió que se tiene una gran coordinación entre la Guardia Nacional y la División Caminos de la Guardia Civil Estatal
Finalmente, el gobernador comentó que las corporaciones estatales de seguridad se encuentran listas para vigilar y resguardar los 59 municipios de la entidad potosina en las próximas vacaciones de Semana Santa, cuyo objetivo es que las familias potosinas, así como de visitantes de otras partes del país y del mundo, puedan disfrutar de los atractivos turísticos que hay en todo el Estado.
La diputada Gabriela López sostuvo que esta figura jurídica aplica cuando hombres agreden a mujeres utilizando a sus hijos
Por: Redacción
La diputada local Gabriela López Torres afirmó que la violencia vicaria debe entenderse como una agresión ejercida de manera predominante por hombres hacia mujeres, utilizando como medio a los hijos en común.
La legisladora explicó que este criterio ha sido respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), instancia que ha detallado el enfoque jurídico y social de esta figura.
Señaló que, aunque existen casos aislados en otros estados donde se intentó sancionar a mujeres bajo esta figura, la interpretación predominante establece que la violencia vicaria se configura cuando un hombre ejerce violencia contra la madre de sus hijos utilizando a los menores como instrumento de daño.
López Torres aclaró que reconocer esta definición no implica negar que existan mujeres que ejerzan violencia, sino que estadísticamente y conforme a los estudios sociales, esta modalidad específica responde a una problemática estructural que afecta mayoritariamente a mujeres.
“Cuando una mujer pudiera ejercer violencia en circunstancias similares, tendría que recibir otro nombre, pero no es propiamente violencia vicaria”, puntualizó.
La diputada agregó que desde el Poder Legislativo de San Luis Potosí aún existen pendientes en materia de armonización y fortalecimiento del marco jurídico para atender este tipo de violencia.
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