marzo 3, 2026

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A casi diez años, la madre de Karla Pontigo exige justicia por feminicidio

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La familia de de la víctima se reunió con Amnistia Internacional y la FGE; el caso fue reclasificado como feminicidio

Por: Redacción

Esperanza Luccioto, madre de Karla Pontigo -la joven que trabajaba en un centro nocturno de la capital potosina y que fue asesinada el 29 de octubre de 2012- se reunió con Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, así como los representantes legales, en la exigencia de justicia por el caso ocurrido a casi diez años.

La madre de Karla Pontigo dio a conocer que la investigación fue reclasificada como feminicidio por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que Esperanza Luccioto confía en que está cerca llegar a la verdad y aplicar justicia. “Aquí no voy a parar, no por los diez años sino lo que sean necesarios y que Dios me preste vida para seguir con esto, espero que pronto haya justicia ahora que se fue a la federal espero que pronto tengamos buenas noticias”, mencionó.

Yesenia Valdez, abogada de la familia Luccioto y coordinadora de Litigio Estratégico de Fundación para la Justicia, señaló que la investigación avanza en la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la FGR, donde se han reunido nuevos elementos de prueba, hay buena colaboración y un trabajo profesional debido. Agregó que la dependencia federal les rendirá cuentas en próximos días sobre la investigación.

Esperanza Luccioto sostuvo una reunión a puerta cerrada con diputadas del Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde se solicitó su apoyo para que se recupere la Unidad o Fiscalía Especializada para atender al resto de los casos que permanecen impunes. “Hay cientos más de víctimas de feminicidio, desafortunadamente en San Luis Potosí, que también merecen y exigen verdad, justicia y reparación”, expuso.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, lamentó que en México, más del 98 por ciento de los delitos quedan impunes, y se debe a que las investigaciones no las realizan las propias autoridades, sino las familias que impulsan el proceso penal con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, lo que constituye -como el caso de Karla Pontigo- una violencia institucional hacia Esperanza Luccioto.

Luccioto mencionó que la esperanza de justicia para Karla Pontigo se refuerza por la lucha que su madre ha mantenido desde hace casi diez años. Sin embargo, consideró que esa exigencia debería de existir siempre y para todas “no solamente detonada con el activismo de los padres como en los casos de Karla o Debanhi Escobar en Nuevo León”.

José Luis Ruiz Contreras, fiscal general de San Luis Potosí, recibió esta mañana a Edith Olivares Ferreto y a representantes de organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos, don de la dependencia dio a conocer que se determinó realizar las mesas de trabajo conjuntas entre la institución y las familias para dar seguimiento puntual a diversos casos penales.

La reunión también abordó la colaboración de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para que acompañe a las familias de afectados con casos en proceso de resolución. Mientras que Xitlálic Sánchez Servín, vicefiscal jurídica de la FGE, informó sobre los avances que se tienen en el fortalecimiento de la Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios.

Ruiz Contreras declaró que mantendrá el compromiso de vigilar de manera personal que las mesas de trabajo funcionen de forma adecuada y eficiente, a fin de avanzar en la solución de las carpetas de investigación pendientes.

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Marchan por las que están y por las que faltan: anuncian ruta del 8M

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La movilización partirá de la Alameda Juan Sarabia y recorrerá el Centro Histórico para exigir justicia, visibilizar casos de violencia y recordar a las víctimas de feminicidio

Por: Ana G Silva

Este domingo 8 de marzo se llevará a cabo en San Luis Potosí la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, cuyo recorrido atravesará el primer cuadro de la ciudad para visibilizar la exigencia de justicia, seguridad y respeto a los derechos de las mujeres.

La movilización iniciará a las 16:00 horas en la Alameda Juan Sarabia, frente a la iglesia de San José, y será encabezada por familiares de víctimas de feminicidio.

El contingente avanzará por la calle Chicosein, detrás del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, donde se realizará una primera parada simbólica en memoria de Odalis Hipólito, joven localizada sin vida en ese sitio años atrás. Aunque el caso fue cerrado como suicidio, su familia continúa exigiendo la reapertura de la investigación y que sea tipificado como feminicidio.

Posteriormente, la marcha se integrará a la avenida 20 de Noviembre, donde se sumará el colectivo Mujeres con Discapacidad, para continuar por la calle Reforma y después incorporarse al Eje Vial.

Uno de los puntos centrales del recorrido será la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde integrantes de colectivos, especialmente el Colectivo de Madres, expondrán públicamente casos de violencia y omisiones institucionales que han enfrentado.

El contingente continuará por la calle Los Bravo hasta llegar a Plaza de Armas, pasando a un costado de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno.

La movilización concluirá en la Plaza de los Fundadores, frente al Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se realizarán pronunciamientos finales.

Las organizadoras informaron que durante el recorrido habrá módulos de primeros auxilios médicos y psicológicos para brindar atención a las asistentes.

Asimismo, recomendaron a quienes participen acudir con ropa cómoda, calzado adecuado, hidratación suficiente y tomar rutas alternas ante los cierres viales previstos en el Centro Histórico.

La marcha se realiza bajo la consigna de exigir que no sea retirada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), al considerar que las condiciones de violencia aún persisten.

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Gobierno afirma que el CJNG está prácticamente desaparecido en SLP

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Tras los hechos registrados en Jalisco, el Gobierno estatal aseguró que el estado se mantiene “blindado” y sin presencia activa del CJNG

Por: Redacción

Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que la ausencia de hechos violentos en la entidad tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes responde al fortalecimiento de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades federales.

El funcionario estatal señaló que, derivado de operativos permanentes contra la delincuencia organizada, se ha logrado debilitar e incluso erradicar la presencia de células del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio potosino.

“Este grupo criminal está relacionado con los hechos ocurridos en Jalisco; sin embargo, en San Luis Potosí prácticamente está desaparecido. Esto ha sido resultado del combate frontal y permanente que el estado y la federación han mantenido”, expresó.

Torres Sánchez indicó que, pese al escenario actual, las autoridades mantienen vigilancia preventiva ante posibles reacomodos entre grupos delictivos tras la muerte del líder criminal, con el objetivo de evitar bloqueos carreteros o actos violentos.

Asimismo, aseguró que el estado se encuentra “blindado” para impedir el llamado efecto cucaracha, es decir, el desplazamiento de delincuentes provenientes de otras entidades que intenten refugiarse en San Luis Potosí ante operativos de seguridad.

El secretario general precisó que estos operativos no responden a medidas emergentes, sino que forman parte de una estrategia permanente de control territorial para supervisar el ingreso y salida de personas en la entidad y preservar las condiciones de seguridad.

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Investigan a policías por abusos y vínculos delictivos

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Juárez Hernández afirmó que no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad confirmó que hay investigaciones abiertas contra elementos por presuntos abusos en Salinas y por la detención de tres policías relacionados con un grupo armado en Tanquián, casos que —aseguró la autoridad— demuestran que no se tolerarán conductas fuera de la ley dentro de la corporación.

La corporación estatal abrió una investigación interna por la presunta actuación arbitraria de seis elementos que habrían ingresado a un restaurante en el municipio de Salinas, tras la denuncia del propietario, quien consideró irregular el operativo. El titular de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, informó que mandos operativos acudieron al lugar para recabar información y solicitar apoyo del ayuntamiento para identificar a los agentes involucrados.

El funcionario explicó que se revisaron cámaras de vigilancia y se solicitó material adicional para ubicar la patrulla y al personal participante, aunque hasta ahora no se ha logrado su plena identificación. Señaló que ya existe una carpeta abierta y pidió a los afectados presentar denuncia formal para avanzar en el proceso y aplicar sanciones. Mientras tanto, los elementos continúan en funciones al no estar plenamente identificados.

En un segundo caso, la dependencia confirmó la detención de seis personas armadas en Tanquián, entre ellas tres policías estatales que presuntamente mantenían vínculos con un grupo delictivo

. La captura se realizó en flagrancia durante un operativo derivado de labores de inteligencia enfocadas en delitos de extorsión en la región Huasteca.

Juárez Hernández detalló que el operativo fue coordinado por mandos regionales con apoyo de un grupo táctico desplegado en Ciudad Valles, lo que permitió ubicar a los sospechosos y asegurar armas de uso federal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso por la naturaleza de los delitos y el armamento asegurado; actualmente se encuentran en un centro penitenciario.

El secretario subrayó que la detención de los propios elementos es un mensaje claro tanto al interior de la corporación como a la ciudadanía: no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad. Añadió que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y reforzar los mecanismos de control interno.

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