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Los peligros de la militarización de la seguridad en SLP
Académico, activista y congresistas opinan sobre la propuesta de Ricardo Gallardo para formar una Guardia Civil con mando militar
Por: Itzel Márquez y Karina González
Hace algunas semanas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la Guardia Civil que propondrá al Congreso del Estado tendrá un mando militar, el cual después se cambiaría por uno civil; es por ello que consultamos a personas de distintos ámbitos para saber cuáles serían las consecuencias de esta propuesta.
Guillermo Luévano Bustamante, especialista en derechos humanos y docente de la maestría en este tema por Universidad Autónoma de San a Luis Potosí, dijo que la militarización de la seguridad pública no es una medida recomendable desde la perspectiva de derechos humanos, pues pone en cargos directivos y puestos de mando a personas con trayectoria militar, lo cual conlleva la incorporación de sus protocolos, medidas de prevención y tratamiento de la delincuencia, traducido en un endurecimiento de la política de seguridad.
El especialista añadió que la militarización de la seguridad no es un peligro para el estado automáticamente, pues el hecho de que una persona tenga trayectoria militar no implica que va a violar derechos humanos, no hay una asociación inmediata entre militar-violación de derechos humanos; sin embargo, hay tendencias de casos en los cuales las fuerzas armadas (especialmente el ejército) se han visto implicados en procesos judiciales por violaciones a derechos.
“El nombramiento de una persona con formación militar al frente de la seguridad no transgrede los derechos humanos, siempre y cuando sea alguien que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, todo dependerá de la vigilancia, control y seguimiento que haga el titular del ejecutivo y el resto de los órganos de vigilancia”, añadió Guillermo Luévano.
En cuanto a lo que puede hacer la sociedad civil que no está de acuerdo con esta medida, Luévano Bustamante dijo que legalmente con efectos inmediatos no podrían hacer nada, pero con la participación política, ciudadanía y organismos de la sociedad civil se pueden generar mecanismos de vigilancia, seguimiento y auditorías para monitorear el respeto a las garantías ciudadanas, cumplimiento de protocolos y respeto a las leyes.
“Lo deseable es que los órganos del estado estén en las manos de civiles, pero tampoco quiero incurrir en estigmas ni predisposición en contra del personal militar, pero la tendencia y evidencia señala e identifica a la guardia nacional y el ejército como principales órganos implicados en violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y esa es la preocupación”, finalizó Guillermo Luévano.
Otro punto de vista importante es el de la diputada Emma Saldaña, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, ella señaló que se está hablando de militarización de la seguridad en el entendido de que son militares contratados, pero ya hay un mando militar al frente de la seguridad que es el general Guzmar González, secretario de Seguridad Pública, y el teniente José Luis Urban, director de la Policía Estatal, por lo cual, ahora se entiende que habrá militares haciéndose cargo de la protección y seguridad de de la ciudadanía, es así que, la diputada señaló la necesidad de estar al pendiente de dicha propuesta, pues debe apegarse al Plan Nacional de Desarrollo de Construcción de Paz y vigilar en todo momento el uso excesivo de fuerza, respeto a derechos humanos y la actuación con perspectiva de género.
“En cuanto a la Guardia Civil, quienes la integren deben tener un perfil de servir realmente a la ciudadanía, buscar qué se les va a ofrecer, pues a veces no tienen el apoyo necesario para estar al cargo del cuidado de la ciudadanía”, recalcó Saldaña.
“Sabemos que la formación de los militares es bélica y en México no hemos tenido que entrar en guerra, pero ahora la situación de seguridad a nivel nacional está implicando que intervengan fuerzas federales, pues hace algunos años hasta había Marina en las calles y creo que esto tiene que ir de la mano de formación de los elementos en derechos humanos, seguridad pública, planes de estudio tanto para quienes van a ingresar como para quienes ya son parte de la seguridad”, añadió la diputada.
Sobre las acciones que se tomarán desde el Congreso del Estado ante dicha propuesta, Emma Saldaña exhortó a los legisladores a involucrarse de manera real en la discusión de la propuesta y a crear una mesa de trabajo para analizar los alcances de la misma y no solo dejarse llevar por un dictamen porque el tema es delicado.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha investigado el tema de la militarización de la seguridad en México, por lo cual, Jorge Lule, coordinador del área de investigación de la misma, habló al respecto:
“Los peligros de militarizar la seguridad pública en México son varios y las evidencias lo demuestran, pues en los últimos 15 años que inició este proceso nunca se habían presenciado niveles tan altos de violencia como cuando se empezaron a utilizar fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, diseño, capacitación y entrenamiento, pues su formación está pensando para otras circunstancias y contextos”, mencionó el investigador.
Lule mencionó que hay una propensión de las fuerzas armadas a cometer crímenes con situaciones más atroces que se repetían con patrones de norte a sur, lo cual hacía indicar que hay una estructura que propiciaba que esto sucediera.
“La evidencia nos indica que el plan de militarizar la seguridad pública con este tinte de combate frontal al narcotráfico solo ha dejado costos en vidas humanas, personas incriminadas, torturadas y actos que siguen quedando impunes, esta estrategia no ha dado los resultados que se esperaban”, añadió el investigador.
Jorge Lule señaló que en su experiencia y desde las investigaciones realizadas en la comisión a partir de 2006 cuando se empezaron a poner militares en mandos jerárquicos de seguridad, se ha demostrado que esto no funciona, un ejemplo es en Coahuila, en donde la escalada de violaciones a derechos humanos por mandos militares ha aumentado y esto tiene que ver con el adiestramiento y capacitación a militares, su ideología es combatir al enemigo.
“La militarización ha traído una oleada de violencia, vemos casos de tortura cometidos por miltiares que han sido jsutificados en el combate frontal, pues con la mínima sospecha de que alguien pertenece al crímen organizado justifican su actuar, por ello hay muchos falsos positivos, casos de militares que acusaban a personas y la mayoría de esos casos se han desmentido y con la Guardia Nacional el patrón se ha repetido, pues ahora también se ve alos militares en programas de salud y obra pública”, apuntó Jorge Lule.
Gabriela Martínez Larraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, reconoció que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer un mando militar en la Guardia Civil, podría ser violatoria de los derechos humanos, por lo que pedirán que una vez que se tenga la iniciativa, se tiene también a su Comisión para discutirla entre todos los integrantes.
La representante del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), señaló que es un tema que necesita una exhaustiva revisión porque además de que le compete a la Comisión que encabeza, se trata de un esquema completamente nuevo a implementarse en el estado, por lo que buscarán que esta propuesta no sea motivo de un retroceso en los avances de los derechos de los potosinos.
“Estaremos muy atentos de que el esquema no viole los derechos humanos y que en lugar de avanzar retrocedamos en este tema, tengo que revisar cómo viene la estructura y sentarnos en mesas de trabajo, creo que es un tema que tenemos que tomar con mucha seriedad y analizaremos en su momento, ahorita todavía no nos llega la información, pero en cuanto pase a la Comisión estaremos participando en las mesas de trabajo” adelantó.
La legisladora puntualizó que de ser necesario se solicitará que se conjunten en Comisiones Unidad a Derechos Humanos con Justicia o Seguridad Pública para tratar las distintas perspectivas del asunto.
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Tras una primera intervención con un camión de limpieza a presión, personal de la dirección de Construcción evalúa si el problema se debe a una obstrucción o al colapso de la red sanitaria
Por: Redacción
Personal especializado de Interapas trabaja en la identificación del origen de una fuga de aguas residuales sobre la avenida Venustiano Carranza en la ciudad capital.
Como primera acción, se realizaron maniobras con el camión de limpieza para desazolvar la red; sin embargo, el nivel del agua residual no descendió, por lo que fue necesario ampliar la revisión técnica.
Actualmente, personal del área de Construcción se encuentra en el lugar evaluando la infraestructura para determinar si la causa del problema corresponde a una obstrucción
Los trabajos en el sitio continúan, el organismo mantiene presencia permanente en la zona hasta identificar el origen de la falla y ejecutar la solución correspondiente, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de la red a la brevedad posible.
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El colectivo organizador de la Marcha del Orgullo pidió a la Fiscalía y a la SSPC estatal investigar amenazas de odio recibidas
Por: Redacción
El colectivo organizador de la Marcha por los Derechos y la Diversidad LGBTIQ+ de San Luis Potosí denunció mensajes de odio y amenazas recibidos en redes sociales durante los últimos días, previos a la marcha del sábado 25 de julio, y pidió a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana investigar su origen.
Los organizadores precisaron que los mensajes provienen de perfiles falsos y de cuentas identificables, y buscan intimidar, sembrar miedo y desalentar la participación de la comunidad en las actividades del Mes del Orgullo. “Algunos contienen expresiones que no pueden minimizarse ni entenderse como simple opiniones, cuando hacen referencia a posibles actos de violencia contra personas de nuestra comunidad”, advirtieron.
En un comunicado, exigieron a las autoridades adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de seguridad a quienes participarán en los actos de esta edición, que conmemora 15 años de la Marcha en la capital potosina.
Los organizadores de la Marcha del Orgullo Gay, programada para el sábado 25 de julio, condenaron cualquier manifestación de odio, violencia o amenaza dirigida a la comunidad LGBTIQ+. “Ninguna persona debería vivir con miedo por ejercer su derecho a existir”, sostuvieron.
Subrayaron que corresponde al Estado prevenir actos de violencia, investigar posibles conductas delictivas y garantizar el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la libre reunión y la libre manifestación. “Insistimos que atender este tipo de hechos no es opcional, forma parte de las obligaciones del Estado para proteger a todas las personas”, apuntaron.
Los organizadores adelantaron que compartirán con la comunidad un protocolo de cuidados y recomendaciones de seguridad para acompañar la participación en la Marcha del Orgullo.
En la previa a la conmemoración, el colectivo organizador realizó además una intervención artística la noche del 23 de julio, a las 11:00 de la noche, sobre la avenida Venustiano Carranza, en la esquina con Tomasa Estévez, donde voluntarios pintaron el cruce peatonal con los colores representativos de la diversidad sexual.
A través de redes sociales, los organizadores indicaron que la actividad busca convertir el espacio urbano en un mensaje de respeto e igualdad, y que cada color plasmado en el pavimento representa historias, luchas y personas que merecen reconocimiento. Reforzaron que todas las personas tienen derecho a transitar los espacios públicos con libertad, seguridad y dignidad, sin importar su orientación sexual o identidad de género.
El colectivo invitó a quienes deseen sumarse a acudir con ropa cómoda y disposición para participar en la actividad comunitaria.
“Marcharemos como lo hemos hecho durante quince años, de manera pacífica y con la convicción de que nuestros derechos no son negociables, y de que ninguna amenaza debe impedir el ejercicio de las libertades que nos corresponden”, expusieron los organizadores.
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WhatsApp, perfiles falsos y mensajes ofensivos siguen siendo las principales formas de este delito digital
Por: Ana G Silva
Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de ciberacoso y WhatsApp sigue siendo la plataforma donde ocurren la mayoría de estas agresiones. En San Luis Potosí, aunque la incidencia disminuyó respecto al levantamiento anterior, uno de cada cinco usuarios de internet afirmó haber sufrido algún tipo de violencia digital, una cifra que todavía supera el promedio nacional, de acuerdo con los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, dados a conocer este 2026 por parte del INEGI.
Entre agosto de 2024 y octubre de 2025, el 20.8 por ciento de las personas de 12 años y más que utilizaron internet en San Luis Potosí experimentó alguna situación de ciberacoso. El promedio nacional es del 20.4 por ciento.
La disminución fue de 22.7 por ciento en 2025 respecto a la medición anterior, lo que colocó a San Luis Potosí entre las entidades con una de las reducciones más significativas del país. Mientras que en 2024 el estado figuraba entre los de mayor incidencia, en la edición más reciente quedó lejos de los primeros lugares, ocupados por Durango (24.5%), Jalisco (24.4%) y Ciudad de México y Oaxaca (23.8% cada uno).
El estudio también muestra que las mujeres continúan siendo el grupo más afectado en la entidad.
En San Luis Potosí, 23.1 por ciento de las mujeres usuarias de internet reportó haber sufrido alguna forma de ciberacoso durante 2o25, mientras que entre los hombres la proporción fue de 18.0 por ciento. La diferencia es consistente con la tendencia nacional, donde el 21.5 por ciento de las mujeres y el 19.2 por ciento de los hombres afirmaron haber sido víctimas de estas agresiones.
A nivel nacional, el grupo con mayor incidencia fue el de personas de 20 a 29 años, particularmente las mujeres, entre quienes el 28 por ciento experimentó alguna situación de ciberacoso. Entre los hombres de ese mismo rango de edad la incidencia alcanzó el 23.5 por ciento.
Aunque el reporte no despliega esta información por entidad federativa, el comportamiento nacional permite identificar que la población joven continúa siendo la más expuesta a este tipo de violencia digital.
El MOCIBA reveló que el tipo de ciberacoso más frecuente fue el contacto mediante identidades falsas.
Entre las mujeres víctimas, el 36.8 por ciento reportó haber sido contactada por perfiles falsos, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 37.8 por ciento.
Después aparecieron los mensajes ofensivos, que afectaron al 30.8 por ciento de las mujeres y al 35 por ciento de los hombres. En el caso de las mujeres también destacó la recepción de insinuaciones o propuestas sexuales
Otras formas recurrentes fueron las llamadas ofensivas, la suplantación de identidad, el rastreo de cuentas, las críticas por apariencia física o clase social, la difusión de información personal y las amenazas para publicar contenido privado con fines de extorsión.
Las agresiones digitales ocurren principalmente a través de las plataformas más utilizadas por la población.
Entre las mujeres víctimas, WhatsApp fue el principal medio utilizado por los agresores, con el 40.6 por ciento de los casos, seguido de Facebook (34.2%), llamadas de teléfono celular (34%), Messenger (13.7%) e Instagram (13.5%).
Entre los hombres, WhatsApp también ocupó el primer lugar con 42.6 por ciento, seguido por llamadas de teléfono celular (39.7%), Facebook (24.2%) e Instagram (11.2%).
El reporte también detalla que WhatsApp fue la principal plataforma para enviar mensajes ofensivos, compartir información personal, realizar amenazas, enviar insinuaciones sexuales y provocar reacciones negativas, mientras que Facebook predominó en casos de suplantación de identidad y difusión de contenido íntimo.
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que 61.1 por ciento de las víctimas no logró identificar a la persona que las agredió.
Solo el 24.2 por ciento señaló que el agresor era una persona conocida y el 14.7 por ciento afirmó haber sufrido ataques tanto de personas conocidas como desconocidas.
Cuando las víctimas sí pudieron identificar el sexo del agresor, la mayoría señaló que se trató de hombres. El 57.2 por ciento de las mujeres y el 61.1 por ciento de los hombres dijeron haber sido acosados únicamente por personas del sexo masculino.
El impacto emocional del ciberacoso también quedó reflejado en el estudio.
El sentimiento más frecuente fue el enojo, reportado por el 57 por ciento de las víctimas a nivel nacional.
Le siguieron la desconfianza (35.8%), el estrés (29.4%), el miedo, la inseguridad, la frustración y los nervios. Entre las mujeres, seis de cada diez manifestaron haber sentido enojo tras sufrir estas agresiones.
Otro dato relevante es que quienes sufrieron ciberacoso permanecieron conectados más tiempo que el resto de los usuarios.
Mientras la población usuaria de internet en México utiliza la red un promedio de 4.6 horas diarias, las personas que experimentaron ciberacoso permanecieron conectadas 5.6 horas al día, es decir, aproximadamente una hora más.
Frente a estas agresiones, la medida más utilizada fue bloquear al agresor.
El 73.2 por ciento de las mujeres y el 58.1 por ciento de los hombres señalaron que bloquearon personas, números telefónicos o cuentas. Otras acciones frecuentes fueron ignorar los mensajes, cambiar contraseñas, eliminar publicaciones, informar a familiares o amistades y denunciar ante autoridades, aunque estas últimas opciones fueron considerablemente menos comunes.
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