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Los peligros de la militarización de la seguridad en SLP
Académico, activista y congresistas opinan sobre la propuesta de Ricardo Gallardo para formar una Guardia Civil con mando militar
Por: Itzel Márquez y Karina González
Hace algunas semanas, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que la Guardia Civil que propondrá al Congreso del Estado tendrá un mando militar, el cual después se cambiaría por uno civil; es por ello que consultamos a personas de distintos ámbitos para saber cuáles serían las consecuencias de esta propuesta.
Guillermo Luévano Bustamante, especialista en derechos humanos y docente de la maestría en este tema por Universidad Autónoma de San a Luis Potosí, dijo que la militarización de la seguridad pública no es una medida recomendable desde la perspectiva de derechos humanos, pues pone en cargos directivos y puestos de mando a personas con trayectoria militar, lo cual conlleva la incorporación de sus protocolos, medidas de prevención y tratamiento de la delincuencia, traducido en un endurecimiento de la política de seguridad.
El especialista añadió que la militarización de la seguridad no es un peligro para el estado automáticamente, pues el hecho de que una persona tenga trayectoria militar no implica que va a violar derechos humanos, no hay una asociación inmediata entre militar-violación de derechos humanos; sin embargo, hay tendencias de casos en los cuales las fuerzas armadas (especialmente el ejército) se han visto implicados en procesos judiciales por violaciones a derechos.
“El nombramiento de una persona con formación militar al frente de la seguridad no transgrede los derechos humanos, siempre y cuando sea alguien que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, todo dependerá de la vigilancia, control y seguimiento que haga el titular del ejecutivo y el resto de los órganos de vigilancia”, añadió Guillermo Luévano.
En cuanto a lo que puede hacer la sociedad civil que no está de acuerdo con esta medida, Luévano Bustamante dijo que legalmente con efectos inmediatos no podrían hacer nada, pero con la participación política, ciudadanía y organismos de la sociedad civil se pueden generar mecanismos de vigilancia, seguimiento y auditorías para monitorear el respeto a las garantías ciudadanas, cumplimiento de protocolos y respeto a las leyes.
“Lo deseable es que los órganos del estado estén en las manos de civiles, pero tampoco quiero incurrir en estigmas ni predisposición en contra del personal militar, pero la tendencia y evidencia señala e identifica a la guardia nacional y el ejército como principales órganos implicados en violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada y esa es la preocupación”, finalizó Guillermo Luévano.
Otro punto de vista importante es el de la diputada Emma Saldaña, quien es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, ella señaló que se está hablando de militarización de la seguridad en el entendido de que son militares contratados, pero ya hay un mando militar al frente de la seguridad que es el general Guzmar González, secretario de Seguridad Pública, y el teniente José Luis Urban, director de la Policía Estatal, por lo cual, ahora se entiende que habrá militares haciéndose cargo de la protección y seguridad de de la ciudadanía, es así que, la diputada señaló la necesidad de estar al pendiente de dicha propuesta, pues debe apegarse al Plan Nacional de Desarrollo de Construcción de Paz y vigilar en todo momento el uso excesivo de fuerza, respeto a derechos humanos y la actuación con perspectiva de género.
“En cuanto a la Guardia Civil, quienes la integren deben tener un perfil de servir realmente a la ciudadanía, buscar qué se les va a ofrecer, pues a veces no tienen el apoyo necesario para estar al cargo del cuidado de la ciudadanía”, recalcó Saldaña.
“Sabemos que la formación de los militares es bélica y en México no hemos tenido que entrar en guerra, pero ahora la situación de seguridad a nivel nacional está implicando que intervengan fuerzas federales, pues hace algunos años hasta había Marina en las calles y creo que esto tiene que ir de la mano de formación de los elementos en derechos humanos, seguridad pública, planes de estudio tanto para quienes van a ingresar como para quienes ya son parte de la seguridad”, añadió la diputada.
Sobre las acciones que se tomarán desde el Congreso del Estado ante dicha propuesta, Emma Saldaña exhortó a los legisladores a involucrarse de manera real en la discusión de la propuesta y a crear una mesa de trabajo para analizar los alcances de la misma y no solo dejarse llevar por un dictamen porque el tema es delicado.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha investigado el tema de la militarización de la seguridad en México, por lo cual, Jorge Lule, coordinador del área de investigación de la misma, habló al respecto:
“Los peligros de militarizar la seguridad pública en México son varios y las evidencias lo demuestran, pues en los últimos 15 años que inició este proceso nunca se habían presenciado niveles tan altos de violencia como cuando se empezaron a utilizar fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, diseño, capacitación y entrenamiento, pues su formación está pensando para otras circunstancias y contextos”, mencionó el investigador.
Lule mencionó que hay una propensión de las fuerzas armadas a cometer crímenes con situaciones más atroces que se repetían con patrones de norte a sur, lo cual hacía indicar que hay una estructura que propiciaba que esto sucediera.
“La evidencia nos indica que el plan de militarizar la seguridad pública con este tinte de combate frontal al narcotráfico solo ha dejado costos en vidas humanas, personas incriminadas, torturadas y actos que siguen quedando impunes, esta estrategia no ha dado los resultados que se esperaban”, añadió el investigador.
Jorge Lule señaló que en su experiencia y desde las investigaciones realizadas en la comisión a partir de 2006 cuando se empezaron a poner militares en mandos jerárquicos de seguridad, se ha demostrado que esto no funciona, un ejemplo es en Coahuila, en donde la escalada de violaciones a derechos humanos por mandos militares ha aumentado y esto tiene que ver con el adiestramiento y capacitación a militares, su ideología es combatir al enemigo.
“La militarización ha traído una oleada de violencia, vemos casos de tortura cometidos por miltiares que han sido jsutificados en el combate frontal, pues con la mínima sospecha de que alguien pertenece al crímen organizado justifican su actuar, por ello hay muchos falsos positivos, casos de militares que acusaban a personas y la mayoría de esos casos se han desmentido y con la Guardia Nacional el patrón se ha repetido, pues ahora también se ve alos militares en programas de salud y obra pública”, apuntó Jorge Lule.
Gabriela Martínez Larraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, reconoció que la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer un mando militar en la Guardia Civil, podría ser violatoria de los derechos humanos, por lo que pedirán que una vez que se tenga la iniciativa, se tiene también a su Comisión para discutirla entre todos los integrantes.
La representante del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), señaló que es un tema que necesita una exhaustiva revisión porque además de que le compete a la Comisión que encabeza, se trata de un esquema completamente nuevo a implementarse en el estado, por lo que buscarán que esta propuesta no sea motivo de un retroceso en los avances de los derechos de los potosinos.
“Estaremos muy atentos de que el esquema no viole los derechos humanos y que en lugar de avanzar retrocedamos en este tema, tengo que revisar cómo viene la estructura y sentarnos en mesas de trabajo, creo que es un tema que tenemos que tomar con mucha seriedad y analizaremos en su momento, ahorita todavía no nos llega la información, pero en cuanto pase a la Comisión estaremos participando en las mesas de trabajo” adelantó.
La legisladora puntualizó que de ser necesario se solicitará que se conjunten en Comisiones Unidad a Derechos Humanos con Justicia o Seguridad Pública para tratar las distintas perspectivas del asunto.
Lee también: #ÚltimoMinuto | Ricardo Gallardo anunció que la Guardia Civil tendrá mando militar
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Entre reuniones discretas y filtraciones torpes. Desde el tintero de Jorge Saldaña
Desde el tintero.
Culto Público: Hay semanas que no caben en una sola columna, como esta que dejó más asuntos sueltos que botones de camisa vieja.
Entre encuentros discretos, filtraciones que queman, payasos bocones, coartadas perfectas con IA, y un municipio bebé que no termina de hacer berrinche, van mis Apuntes antes de que alguno se me escape.
Son temas que se me quedaron en el tintero, breves y sueltos, pero no huérfanos. (Advierto que, como en el manicomio, no están todos los que son, ni son todos los que están. Diré que me reservé uno que otro asunto para otras entregas o para el olvido. (La verdad es que no tuve tiempo de escribir poco)
RITA Y RICARDO
Así como muy disimulados, se reunieron ayer la dirigente de Morena en San Luis, Rita Ozalia Rodríguez, y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo por ahí del medio día.
Compañeros reporteros vieron que Rita hasta llegó con regalo para el mandatario (puede ser de cumpleaños, que fue en días pasados, del intercambio de navidad que hayan hecho entre ellos, o solamente un gesto de buena voluntad, usted elija la mejor opción)
SE TRATARON BIEN
Para nadie es un secreto que la relación entre Morena y el Verde en San Luis no es la mejor, por decir lo menos, y ha estado siempre del carajo por decir lo más.
Sin embargo, ambos bloques tienen que cuidar las formas porque -les guste a los guindas y verdes o no- a nivel federal son aliados y a la presienta Claudia no le gustan los pleitos. Además, sobrellevar una relación cordial, y de buen trato personal no hace daño a nadie -al contrario- se eleva el nivel de hacer política.
PREGUNTA OBLIGADA: ¿PARA QUÉ?
Lo que si guardaron tanto la dirigente como el gobernador en el cajón del sigilo, fue la razón de fondo por la que se reunieron ambos personajes, no obstante, en entrevista posterior al encuentro, Ricardo Gallardo dejó ver algunas pistas. Para empezar adelantó que en enero la propia presidenta daría un anuncio de gran relevancia para San Luis.
Alguien preguntó que si sería un anuncio político…y a mi me dio un poco de risa, digo, ¿cómo de qué otro tipo de anuncio haría la presidenta y el gobernador? ¿Del clima o de cocina? (Jajaja en fin…)
LO QUE NO SE DIJO
Sobre el anuncio se podrían hacer al menos media docena de especulaciones, como la construcción de un segundo piso en la carretera 57 o su ampliación, por ejemplo, o la reconstrucción total del acueducto de la presa de El Realito, la inversión público-privada de una nueva carretera a Querétaro a partir de la Zona Industrial y algunas otras que se me ocurren de esa magnitud.
Pero más allá de la obra o acción gubernamental que se de a conocer en enero, no hay que perder de vista, que el primer mandatario, lo da a conocer luego de platicar con Rita, es decir, Rita no solamente es la dirigente local de un partido en la localidad, también puede ser el puente de comunicación directo y no oficial -que suelen ser muy convenientes en los pasillos del poder- no solo entre Claudia Sheinbaum, y Ricardo Gallardo, sino también con su hermana, la Secretaria de Gobernación, o sea, dos voces través de un solo canal, y eso, guste o no, ya pone en otro lugar del tablero a la de Xilitla.
¿Cómo supo Ricardo del anuncio de enero? ¿A quién se lo confió la presidenta, a él o se lo mandó decir con Rita?
“VAMOS JUNTOS EN ESTE PROCESO”
Literalmente y sin pregunta expresa, con esa frase remató el gobernador el tema de la cordialidad y los términos en que se llevó la junta (en la que además, se dijo, también participaron diputados federales de ambos partidos). No quiero pecar de mal pensado (que sí lo soy) pero la frase que suena a que en la reunión también se habló de política electoral.
Los estatutos de Morena, están claros, ¿Será que se están barajando otros escenarios (además del que ya nos queda claro a todos)…en los que jugarían juntos jamaicas y limones? Nada está escrito, pero el tiempo vuela y las circunstancias son caprichosas.
FILTRACIONES QUE MATAN
Ya se supo, por el propio personal de la FGE y porque era muy evidente, que el policía de investigación que lleva a cabo el interrogatorio del homicida confeso de Jorge Dávila, el estudiante de estomatología, fue Alejandro Menchaca Sustaita,
el encargado de despacho de la PDI, lo que lo convierte en responsable de la filtración del video que todos vimos publicado en medios de comunicación.La Ley en México, a través del Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, tipifica la divulgación indebida de información de investigaciones penales como un delito grave y que se sanciona con cárcel.
Qué irónico, tras la filtración, el homicida confeso podría salir libre si su defensa utiliza esa divulgación deliberada de información para desacreditar el proceso, y el interrogador-filtrador, podría ir a la cárcel. ¿Y la justicia para Jorge Dávila?
HASTA PARA SER BRUTO, ES BRUTO
No cabe duda que para burro no se estudia (con todo respeto para los jumentos). En días pasados circuló una video-entrevista que le hicieron al Payaso Tekmoloco, también conocido como José Luis Romero Calzada.
Todo iba bien hasta que el propio bufón, declara-confiesa que en sus mismas oficinas de Ciudad Valles, es donde se entregan los apoyos sociales del estado (a los que el dice que les agrega proteínas y otras cosas) situación que a todas luces, está prohibida por la Ley porque no se puede hacer uso de los programas sociales con fines políticos.
Bueno, pues no satisfecho con eso y como para meter la pata en grande (digo por los zapatotes de payaso) sin cortar la transmisión de la entrevista, el Tekmoloco enseña en video que a un lado de donde se hace el reparto, está instalado y funcionando un módulo de afiliación al Partido Verde Ecologista.
No bueno…de verdad que le está saliendo caro al Verde haber invitado a semejante personaje que lo único que ha hecho es meterlos en problemas, y dar pie a escándalos. Lo único bueno, y eso con sus reservas, es que ya no hace tantos videos ridículos en sus redes (Espero no invocarlo)
MUNICIPIO BEBÉ LLORÓN
A ese municipio Bebé de Villa de Pozos, lo están malcriando. Aunque cambió de mamá, todos los días sigue haciendo berrinche por lo mismo: odia al Interapas, es lo peor, no les da agua, no sirve para nada y en pocas palabras no lo pueden ver ni en pintura. Ahhhh ¿pero qué tal si no lo tuvieran? Nadie los pellizcó ni les dobló la mano para que firmaran el convenio para tener el servicio de agua, única razón por la que pueden dotar de h20 al municipio.
Ayer el organismo operador reparó el Pozo “El Palmar” con lo que se soluciona el suministro para varias colonias. Aun así, patalean. El bebé necesita el bibe, pero lo detesta.
¿Y LO QUE DEBÍAS?
El alcalde Galindo recordó públicamente que Villa de Pozos tendrá que pagar la parte proporcional de un préstamo a largo plazo del que fue beneficiado cuando aún era delegación. Hasta donde entiendo, la deuda ni siquiera va para las arcas de la capital, pues se debe directamente a una institución financiera.
Rápido el secretario del Concejo Municipal poceño, salió a decir que ellos ni deben nada a nadie y que le hagan como quieran (con su respectiva raspada al gobierno capitalino)
Que ganas de patear el pesebre. Total si no le quieren pagar al banco pues allá ellos, y si están tan seguros que no le deben a nadie entonces ¿para qué tanto aspaviento?
Hasta aquí por hoy, y hasta la próxima.
Jorge Saldaña.
Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
Ciudad
No hay huachicoleo en pozos públicos; Se vende agua ilegalmente de pozos privados: Galindo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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