noviembre 4, 2026

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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Alistan reformas para castigar a quien mate a policías

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Guadalupe Torres explicó que los documentos se elaboran con la Secretaría de Seguridad y estarán listos este mes

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que el Gobierno del Estado prepara dos iniciativas en materia de seguridad: una para sancionar con mayor rigor a quienes asesinan a un integrante de un cuerpo policiaco y otra para exigir a los municipios un mayor compromiso en el combate a la inseguridad.

Explicó que los instrumentos no los construye la Secretaría General de Gobierno por sí sola, sino que se elaboran en colaboración institucional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Este mismo mes, dijo, deben estar diseñados y circularse entre especialistas, para que opinen y valoren si el diseño es adecuado, antes de su presentación y trámite.

Ambas propuestas fueron planteadas por el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, el 21 de octubre ante el Congreso del Estado, tras comparecer por la Glosa del Quinto Informe. Juárez explicó que un policía que delinque en su trabajo carga con un agravante por el solo hecho de serlo, y que, “en reciprocidad”, la pena debe ser ejemplar cuando es víctima del delito.

La otra iniciativa busca crear soportes jurídicos para obligar a presidentes municipales y directores de policía a fortalecer sus corporaciones. Según el secretario, los análisis de la mesa de coordinación muestran que las policías municipales no participan activamente en el combate a la incidencia criminal. Agregó que, en los municipios alejados, el tiempo y la distancia le impiden al Estado mantener una base operativa completa.

Juárez dejó también una propuesta para ampliar las instituciones que atienden adicciones y conductas violentas, que consideró un problema social y de salud, no de seguridad pública.

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Sin 3% de votos, partidos nuevos se quedan sin financiamiento estatal en SLP

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El CEEPAC aprobó por unanimidad una nueva distribución del financiamiento público para noviembre y diciembre de 2026

Por: Redacción

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó por unanimidad una nueva distribución del financiamiento público para los partidos políticos en San Luis Potosí, luego de que el Tribunal Electoral del Estado ordenara retirar los recursos asignados a los institutos nacionales de reciente creación que no cuentan con antecedentes de votación local.

La modificación aplicará para el cierre de 2026 y deriva de dos sentencias emitidas en los expedientes TESLP/RR/06/2026 y TESLP/RR/07/2026, resueltos el 9 y 15 de octubre, respectivamente. En ellas, el Tribunal determinó que los partidos políticos nacionales de nueva inscripción no pueden recibir financiamiento público estatal hasta obtener al menos el tres por ciento de la votación válida en una elección local previa.

Con este criterio, el órgano jurisdiccional revocó el acuerdo CG/2026/AGO/34 del CEEPAC y dejó sin efectos la asignación de recursos que se había aprobado para los partidos nacionales de reciente creación. En cumplimiento de las resoluciones, el organismo electoral redistribuyó el dinero correspondiente a noviembre y diciembre entre los siete partidos que contaban con registro previo a la última elección.

PVEM recibirá la mayor cantidad

Para actividades ordinarias, los partidos se repartirán 27.6 millones de pesos durante el bimestre, mediante dos ministraciones mensuales de 13.8 millones de pesos.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) concentrará la mayor asignación, con 3.8 millones de pesos mensuales. Le sigue Morena, con 2.8 millones, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) recibirá 2.2 millones de pesos por mes.

Además del financiamiento para actividades ordinarias, el CEEPAC distribuyó 829 mil pesos para actividades específicas durante noviembre y diciembre, con ministraciones de aproximadamente 414 mil pesos mensuales. A ello se suman 3.3 millones de pesos destinados a franquicia postal.

Estos dos últimos conceptos se repartirán de manera igualitaria entre los mismos siete partidos, de acuerdo con la nueva distribución aprobada por el organismo electoral.

Nueva Alianza tendrá financiamiento adicional

Por otra parte, Nueva Alianza San Luis Potosí, único partido con registro local, recibirá 113 mil 140 pesos mensuales como financiamiento adicional durante el proceso electoral.

La redistribución modifica el esquema de recursos públicos que el CEEPAC había aprobado previamente para el cierre del año. El ajuste responde a las resoluciones del Tribunal Electoral, que establecieron que los partidos nacionales de reciente creación deben acreditar un respaldo mínimo en las urnas de San Luis Potosí antes de acceder al financiamiento estatal.

De esta manera, el dinero público correspondiente a noviembre y diciembre se concentrará en los siete partidos que cumplen con el criterio de registro y participación electoral establecido por el Tribunal.

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Alcalde de San Vicente Tancuayalab, presuntamente captado disparando al aire

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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública

Por: Redacción

Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.

En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.

El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros

con 15 cartuchos, y presunto “halconeo”, es decir, vigilancia de los recorridos de los agentes estatales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), uno de ellos estaba contratado formalmente y el otro no; ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.

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