Se mantendrá vigilancia de la calidad de este recurso y su distribución a las casas; “ la obligación es que el agua llegue potable”, señaló Enrique Galindo

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, informó que ya comenzó a llegar agua de la presa El Realito. Esto luego de que la presa —ubicada en el estado de Guanajuato— se viera involucrada en un conflicto entre comuneros de la zona, en el municipio de San Luis de la Paz, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el mismo sentido, remarcó que el Interapas mantuvo la redistribución de agua potable mediante pozos, así como la distribución en camiones cisterna, por lo que, pese a la ausencia de líquido de este ducto, se mantuvo atención a las colonias afectadas.

“Apenas anoche empezó a llegar agua después de 10 días, fueron 10 días en que no se recibió agua de El Realito. Hay capacidad del Interapas para redistribuir agua de los pozos, distribuir redistribuir agua de pozos y distribuir agua por pipas. Son 50 colonias las que se afectan

, ya no hace tanto ruido porque hay un esquema de atención a la ciudadanía”, mencionó.

Galindo Ceballos, quien también funge como presidente de la Junta de Gobierno del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), señaló que aún no se cuenta con el informe sobre el estatus del recurso proveniente de este embalse, puesto que el llenado de ductos tarda unas 48 horas, y su distribución a los domicilios tarda un poco más.

“La obligación es que el agua llegue potable, eso es lo que se compra, porque compramos el agua a El Realito. Lo ideal es que llegue limpia y lista para usarse. En los últimos 6 meses no ha sido el caso, en Balcones del Valle llega turbia, hay que lavar aljibes, tirar el agua y esperar a que salga de buena calidad”, señaló.

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VOLUTA

Fue una tarde de sábado en 1989. Seis de la tarde, recién salido de la reunión scout con el grupo 11 en La Concha de La Aviación, tomé el Perimetral y me bajé en el Centro, a la altura de Reforma. Iba campante, con mi uniforme y mis bolsas de mandado. Había planeado comprar salchichas en la tienda Chalita para asarlas en algún páramo cercano. Todo normal, hasta que:

De pronto, ocurrió algo parecido a una escena de apocalipsis zombie: la gente corría como si el diablo—nunca mejor dicho—los persiguiera, mientras las cortinas de los comercios caían estruendosas, una tras otra, azotadas por el pánico. Los potosinos, habituados a una vida somnolienta, corrían por la calle Hidalgo en estampida, dejando un paisaje urbano repentinamente desierto. Y ahí iba yo, caminando despacio, como un turista en medio de un motín, como un anti-Flash en un mundo movido a otra velocidad, sin saber cuál era la amenaza.

Al llegar a la Plaza de Armas, se montaba una escena apocalíptica tipo Mad Max: una turba enardecida se había atrincherado con esos camiones urbanos trompudos y en el techo de uno de ellos había un chofer amordazado. ¿Qué motivó tanto drama? La clausura repentina del concierto de Black Sabbath en San Luis Potosí.

Días antes, la ciudad había sido invadida por tribus urbanas no antes vistas: punks y rockeros duros, con chamarras de piel (o de vinil barato), pelos erectos gracias al superpunk (el hairspray de los valientes), playeras negras y colguijes que gritaban anarquía y satanismo del tianguis del Chopo. El concierto, originalmente autorizado por la administración panista de Mario Leal, fue cancelado horas antes porque la Santa Inquisición local—junto a Jabba the Hutt (así le digo yo a cierto personaje)—descubrió, horrorizada, que le habían dado permiso al mismísimo demonio para actuar en el Estadio Plan de San Luis.

El conflicto, como todos los grandes dramas, tenía dos bandos.

Por un lado, los agentes del mal, esos seres perversos empeñados en socavar las buenas costumbres: el padre Córdoba y su séquito de politiquillos corruptos, devotos de los demonios verdaderos (la pedofilia, el encubrimiento y la simulación). Del otro lado, simplemente había gente que quería escuchar rock y ya.

Este suceso ochentero es un déjà vu cansino. Hace unas semanas, cuando se anunció el concierto del Sr. Marilyn Manson, las “buenas conciencias” volvieron a rasgarse las vestiduras, ignorando eso llamado Constitución porque, según el arzobispo, el espectáculo “no contribuye al bienestar social”. Como era de esperar, ya hay ayunos y rosarios en marcha para contener la maldad. Por suerte, el mundo ha avanzado—aunque San Luis a veces parezca empeñado en no darse cuenta.

Ayer murió Ozzy Osbourne a los 76 años. En 1989, cuando Black Sabbath vino a no tocar aquí, también cayó el Muro de Berlín. Desde entonces, casi todo ha cambiado: ya no existe la tienda Chalita, los camiones trompudos son pieza de museo, los rockeros de entonces hoy suben el volumen de los audífonos por medio de su celular y la juventud ahora baila reguetón. Marilyn Manson no será el monstruo del rock que es y será Ozzy, porque los tiempos son otros. Lo único que no cambia es esa voz medieval que, entre rosario y rosario, sigue encubriendo pederastas.

Le deseo un gran fin de semana, estimada y culta lectora de La Orquesta.

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La iniciativa también plantea reducir el número de magistrados y modernizar el sistema judicial con procesos digitales y justicia en línea

Por: Redacción

El titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJESLP), el magistrado Arturo Morales Silva, se pronunció sobre la iniciativa presentada por el propio Poder Judicial ante el Congreso del Estado, la cual propone eliminar el Consejo de la Judicatura y reducir el número de magistrados de 16 a 15.

“Ha sido un ejercicio muy interesante que se nos permita, como Poder Judicial, presentar esta iniciativa ante el Congreso del Estado. Poder responder y aclarar dudas desde nuestra perspectiva, según lo que observamos y consideramos más conveniente”, señaló Morales Silva.

La propuesta contempla una nueva ley con 255 artículos

, frente a los aproximadamente 200 que tiene la legislación vigente. Según el magistrado, esto permitirá modernizar el trabajo judicial, además de sentar las bases para una justicia digital, incluyendo la realización de audiencias por videollamada, lo cual evitaría que personas de municipios alejados tengan que trasladarse hasta la capital.

Asimismo, la iniciativa busca modificar las facultades de los jueces en materia civil y familiar, permitiendo que los procedimientos ya no se limiten únicamente al formato escrito, impulsando así mayor oralidad y eficiencia en los procesos judiciales.

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