TESTEANDO

San Luis Potosí vive esta semana una fiesta distinta. El balón rueda en el Campeonato Internacional Azteca de Fútbol 5 para Ciegos y Débiles Visuales, un torneo que reúne selecciones nacionales y que coloca a la ciudad en el mapa de un deporte que merece mucho más reflector. Durante varios días, el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Díaz se convierte en escenario de partidos intensos, cargados de pasión y de un nivel competitivo que desarma cualquier prejuicio.

Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, además de las escuadras de México en categoría mayor y juvenil, se enfrentan con el mismo deseo: demostrar que el fútbol no tiene límites cuando existe disciplina, técnica y hambre de triunfo. Lo que en apariencia parece un torneo menor, en realidad es una muestra de que el deporte puede ser un terreno donde la inclusión se ejerce, no se promete.

Cada jugada es un recordatorio de lo que significa competir desde la adversidad. Los jugadores disputan la pelota con una entrega que pocas veces se ve en el fútbol profesional, comunicación constante, concentración absoluta, confianza en el compañero y un respeto genuino por el rival. Aquí no hay contratos millonarios ni reflectores mediáticos, pero sí un compromiso que debería sonrojar a más de un equipo de primera división.

En el marco de este torneo, la selección de Estados Unidos ha decidido aprovechar su participación para grabar parte de un documental que retrata su camino hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Más allá de los resultados deportivos, la presencia de cámaras en sus entrenamientos y partidos busca dejar testimonio del proceso, de la disciplina diaria y de la construcción de un proyecto que quiere llegar con fuerza a la máxima cita paralímpica. Ese esfuerzo añade otra capa de significado. San Luis no sólo es sede de un torneo, también se convierte en escenario de una historia que trascenderá fronteras.

Para San Luis Potosí, la responsabilidad es doble. No basta con ser sede, hay que estar a la altura de lo que significa recibir un torneo internacional, dar difusión y demostrar que el fútbol adaptado tiene un lugar real en la vida deportiva del estado. Este campeonato es también una oportunidad para darle continuidad a proyectos locales que ya han trabajado con empeño y sacrificio en el fútbol para ciegos.

Pero la pregunta inevitable es qué pasará después. ¿Será este torneo un punto de arranque hacia la consolidación del fútbol 5 en México o quedará en la memoria como un evento aislado? El reto está en no conformarse con la foto del arranque ni con los discursos de ocasión. Se necesitan torneos más sólidos, entrenadores formados, recursos permanentes y, sobre todo, la voluntad de tratar este deporte con la seriedad que merece.

En San Luis Potosí no se está jugando sólo un campeonato, se está jugando la credibilidad de un país que dice apostar por la inclusión. Cada gol, cada atajada, cada aplauso, es un grito contra la indiferencia. Porque en esta cancha, más que el resultado, lo que importa es entender que el fútbol también se juega con el corazón cuando los ojos ya no alcanzan.

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El pasado 22 de agosto, quien esto escribe publicó una columna de opinión titulada “La abogada y el diablo”, en la que hice un recuento de las continuas, constantes y costosas derrotas jurídicas que ha venido acumulando la oficina de la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

En el texto, también fui revelando las curiosas casualidades entre los actos jurídicos fallidos de la UASLP, representada por la licenciada Urenda Queletzú Navarro Sánchez, y las revelaciones de los medios propiedad del empresario Miguel Maya Romero, a quien me refiero cariñosamente en varias ocasiones con varios sinónimos y parafraseados de su apodo: “el diablo”.

Si alguien se perdió la columna de opinión a la que me refiero, les comparto el enlace para que tengamos, tengan todos mis lectores y Culto Público, el mismo contexto.

🔗 https://laorquesta.mx/la-abogada-y-el-diablo-apuntes-de-jorge-saldana/

Producto de esa publicación, la oficina jurídica y su titular usó el derecho de réplica que nos concede a todos la Constitución y sus leyes reglamentarias, por considerar que la publicación –como se asentó por oficio– incurre en “inconsistencias derivadas de información incorrecta e imprecisa”.

El texto que mandó la titular de la oficina jurídica universitaria a este medio (mismo que también adjunto) no solo es triste, disperso y contradictorio, sino que deja claro, punto por punto, que a quien defiende su titular, Urenda Navarro, no es a la Universidad Autónoma… sino a sí misma.

En cuatro cuartillas repletas de errores ortográficos, de sintaxis y gramaticales, que se podrían esperar de cualquiera, pero no de una doctora en Derecho (tengo la duda: ¿sí tiene el grado? Porque eso nunca ha quedado claro) y titular de la representación legal de la centenaria institución académica.

Pero eso es lo de menos, creo que nadie espera que la autora de la réplica (con acento, licenciada) sea también experta en redacción y sintaxis. Lo que sí se espera por parte de toda la comunidad universitaria y la sociedad en general es que la titular del área sea, por lo menos, conocedora y entendida en temas legales. No obstante, uno a uno de los asuntos legales que enlisté en mi columna original se han confirmado como errores, omisiones y derrotas, legales o de facto, que se apuntan a su gestión, mismas que, inexplicablemente, no los combate en su airada respuesta y en su lugar se exhibe y expone al rector Alejandro Zermeño Guerra.

En el primer punto de las aclaraciones, la oficina de la abogada intenta precisar que, respecto al contrato de arrendamiento (“contrato” va en minúscula porque no es nombre propio) de los terrenos propiedad de la universidad con la empresa VEM, que no fue Urenda Navarro quien elaboró el documento, sino su antecesor, Joel González de Anda, y advierte que en la columna de opinión no se partió de la verificación de las fuentes a las que se alude.

Si fuera acuciosa su oficina y su titular en leer mi columna en cuestión, en ningún fragmento se afirma que fue ella la que redactó el documento, lo que se cuestiona es la razón por la cual, después de un año de estar al frente de la responsabilidad jurídica, no advirtió de los detalles del poroso (y lo reitero: poroso y abusivo) contrato que les generó un problema jurídico mayúsculo en el que aún están inmersos como institución.

Y lo más grave: con la redacción de su réplica, deja ver explícitamente que ni ella, ni el rector Zermeño conocían siquiera los detalles del contrato elaborado por su antecesor, y que de manera reactiva, tuvieron que buscar el contrato para apenas conocer sus cláusulas.

¿Es así como la titular de la oficina de la abogada general defiende a la Universidad y a su jefe que lleva el mando de la misma?

El texto –insisto– evidentemente redactado para la propia defensa de quien lo firma, Urenda Navarro Sánchez, pone de manifiesto la irresponsabilidad con la que tanto ella como su jefe dejaron pasar en absoluto descuido un asunto tan delicado.

En el segundo punto del reclamo, se argumenta que en mi columna afirmé que la vía por la que se debió presentar un recurso contra la empresa VEM era la vía penal, lo que es totalmente falso y se contradice al citar mi texto de opinión, que deja claro que en la redacción nunca se sugirió una u otra vía, lo que se escribió fue una aclaración, entre paréntesis, para dejar claro que no es lo mismo una denuncia y una demanda. Nada más.

En el mismo punto, la oficina de la abogada explica la razón por la que la demanda mercantil contra la empresa fue presentada hasta el mes de junio y no en enero, esgrimiendo que su equipo tuvo que trazar la ruta más adecuada y que se abocaron a dar cumplimiento al contrato y reunir los elementos necesarios para después tomar una decisión.

Sin embargo, la explicación apura una pregunta: ¿Por qué en la primera parte del texto se asegura, y hace hincapié, en que la vía correcta de proceder era la de imponer una demanda mercantil, pero en la segunda parte de su argumento concede que su oficina tardó cuatro meses en llegar a esa conclusión?

¿Estaba segura o no la oficina jurídica universitaria en el cómo proceder?

Porque lo que declara la firmante en su atento oficio es que para decidir entre interponer o no una demanda, se tardaron cuatro meses. Que es justamente lo que le hago ver y le cuestiono en mi texto, al que por lo menos en este punto, y tras su respuesta, se me otorga la razón cuando hago ver su evidente tardanza.

El tercer punto aclaratorio de la abogada general de la UASLP es una joya:

Luego de citar mi texto (siempre en negrillas, detalle que agradezco) en la parte en la que infiero que el convenio en cuestión fue filtrado a los medios del empresario Maya Romero, la abogada general responde y ahora yo la cito:

“…al momento en que se puso en conocimiento al titular de la rectoría (con minúscula porque se refiere al cargo) del contenido del contrato de arrendamiento, también se le informó que mi antecesor en el cargo había ordenado no subir el instrumento jurídico a las obligaciones de transparencia en las que se dan cuenta los convenios y contratos que suscribe la institución…”

En pocas palabras, lo que dice el oficio es que por más de un año, como lo admiten explícitamente, tanto la oficina de la abogada general como el doctor Alejandro Zermeño fueron omisos en cumplir una obligación de transparencia, y hasta ese momento, (en el que se filtra a los medios propiedad de Maya Romero) se giró la instrucción de atender la normativa.

A continuación, la titular y solicitante de la réplica, niega que el documento se haya “filtrado” a los medios, y asegura que se giró una instrucción para que se subiera a la plataforma de transparencia, además de que –plasma en su texto y confirma con su anexo 4– que la Universidad recibió y atendió una solicitud de transparencia el 20 de noviembre por parte de un periodista

Esto es evidentemente contradictorio y falaz, pues antes de ese 20 de noviembre, el portal Astrolabio ya tenía en su poder el documento, mismo que recibió en un sobre cerrado, tal como lo confirmó a este reportero, cara a cara, el empresario Maya Romero.

Por lo demás, los anexos que acompañan al oficio de réplica, fechados el 20 de noviembre y recibidos por la oficina de la abogada general el día 25 del mismo mes, pudieron ser confeccionados y sellados cualquier día, es la oficina a cargo de Urenda Navarro la que tiene la papelería y los sellos para poder hacerlos.

No hay evidencia real de una solicitud de transparencia registrada por una plataforma, y sí la palabra del empresario de medios, al que podemos, si la oficina de la solicitante de la réplica está de acuerdo, invitar para que nos confirme la versión, tanto a la abogada universitaria como a este reportero.

En todo caso, ¿no es demasiada casualidad que el mismo día que usted, por instrucciones de la máxima autoridad, instruyó subir a las plataformas de transparencia la documentación, haya sido presentada una solicitud de transparencia expresa sobre el documento?

Sobre la presencia de “una tercera persona” en la reunión entre la titular de la oficina de la abogada general y el rector, se solicitaría que sea mencionado su nombre, para que así tenga capacidad de defenderse ante la inferencia de la oficina jurídica universitaria de ser el autor de la filtración.

El reportero no tiene ni tuvo por qué saber quién o quiénes se presentan a las reuniones en las que, de manera privada, la Universidad Autónoma y sus funcionarios toman decisiones.

La mención de ese tercer personaje misterioso, suena más a un truco velado para proteger, una vez más, a la abogada general Urenda Navarro, y no a la Universidad Autónoma.

Sobre el cuarto punto de la réplica, hay poco que decir, pues solo confirma que la controversia constitucional interpuesta por la Universidad a la que representa, fue efectivamente desechada por ser “no-to-ria-mente improcedente.”

En el resto del texto de ese punto, solo se resume que, en anteriores ocasiones, también ha fracasado en sus intentosporque la corte considere a la UASLP como un ente autónomo con capacidad jurídica para presentar ese tipo de controversias.

En referencia a que no hace falta tener el número de expediente para conocer el documento de la controversia constitucional, tiene la oficina de la abogada general toda la razón, y fue erróneo por parte del autor, quien esto escribe, inferir que de alguna manera la oficina reclamante facilitó a un medio en particular el camino para encontrar el documento en los archivos públicos de la SCJN.

Sin embargo, yo le solicitaría a la oficina que comanda, Urenda Navarro Sánchez, que se diera a conocer, no solamente a este medio, sino a la sociedad en general, el comunicado, boletín, entrevista o aviso público en el que se haya informado a la comunidad y a los potosinos que la Universidad interpuso esta herramienta jurídica.

Y de no existir un comunicado público, se me ayude a explicar cómo fue que el medio de comunicación que lo publicó tuvo la capacidad de adivinar a ciegas que la oficina de la abogada general de la UASLP había promovido dicha controversia.

Las dos solicitudes que rematan el oficio de la oficina de la abogada general han sido resueltas:

1. Se resolvió y se publicó íntegra la solicitud de réplica de la abogada de la UASLP y sus anexos el pasado 5 de septiembre en la página, redes sociales y listas de difusión en el mismo espacio y características en que fue publicada la columna que originó el debate.

2. Se publicó la réplica íntegra con inserción pagada.

Para finalizar, respecto al anexo 1 en que la abogada universitaria Urenda Navarro Sánchez comprueba que la columna fue impulsada con una pauta en redes sociales por 800 pesos, se puntualiza que la abogada debió ser más exhaustiva en su búsqueda, pues no solo esa columna fue impulsada económicamente en redes sociales.

Todos los días, a conveniencia estratégica del medio, se impulsan y segmentan artículos, videos, columnas y noticias. Todos los días y sobre diversos temas.

Dicho lo anterior, le informo a usted, licenciada Urenda Navarro, y a la oficina a su cargo, que la réplica que usted nos envió no solamente fue pautada por los 800 pesos que nos solicita, sino que se invirtió el doble de recursos.

La razón para hacer esto no responde ni a la generosidad del director y propietario del medio –su servidor– ni a una presuntuosa holgura económica, sino a la necesidad del medio que dirijo para que la comunidad universitaria tenga más posibilidades de darse cuenta en qué términos y en qué formas responde y redacta su oficina, o usted, algo tan valioso como una réplica mediática.

Para que los universitarios y la comunidad en general tengan más elementos para explicarse el por qué la oficina de la abogada general pierde, una y otra vez, casi todos sus asuntos legales, y para que los universitarios sepan que no tienen una defensora de la institución, sino una abogada que antepone sus intereses personales a los valores que representan el logotipo del águila universitaria.

Si así como responde la oficina jurídica un derecho de réplica, atiende los asuntos de mayor relevancia para la institución, es fácil descubrir el por qué se arrastran y acumulan los fracasos.

Y para concluir a todo esto, quien esto escribe deja una aclaración y una pregunta:

El texto se encuentra dentro de los géneros periodísticos de opinión. ¿Qué hace la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí debatiendo en medios la opinión, subjetiva, de un aprendiz de reportero?

¿No tiene otros temas que atender de mayor relevancia?

Cinco-cero.

Jorge Saldaña

Aquí el enlace a la réplica íntegra y sus respectivos documentos:

🔗 https://laorquesta.mx/derecho-de-replica-de-la-abogada-general-de-la-uaslp-sobre-la-columna-la-abogada-y-el-diablo/

Lo afirmaban los muertos: Eran las ocho cuarenta de una noche tibia en Tequis. El incienso todavía flotaba como nube sobre el atrio, cuando Manuel Nava y sus hermanos salieron de misa. Llevaban el porte discreto de médicos de barrio, con la bata blanca doblada en el alma, la fe en los ojos y la dignidad en los pasos.

Del otro extremo de la plaza, tambaleándose entre el poder y el coñac, apareció Don Gonzalo N. Santos, recién salido de una cantina de Carranza. Traía en el aliento la insolencia de quien se sabe dueño de todo.

—¡Doctor Nava! —vociferó el Alazán—, dirigiéndose específicamente a Manuel—. ¿Todavía me vas a recordar aquellas tres monedas que dices que te debo?

Se trataba de tres centenarios, oro puro que, en un encuentro anterior, se dice, había pedido de urgencia Gonzalo a Manuel.
Una deuda mínima para el de Tampamolón, pero bíblica para el doctor capitalino.
Tres monedas que se habían vuelto como las de Judas: no por el precio, sino por lo que se tomó como traición.

Manuel lo miró sin miedo, pero con la incomodidad de quien carga en los bolsillos una moral que pesa más que el oro.

—No son las tres monedas, Don Gonzalo. Es la dignidad lo que se paga.

El cacique sonrió con cinismo:
—“La moral es un árbol que da moras”, dijo, escupiendo la frase como si fuera acta notarial que le gustaba repetir en toda oportunidad.
Y se fue tambaleando, dejando atrás la deuda, a los Nava y medio siglo de historia.

Cuentan que en su testamento político, Don Gonzalo dejó escrito un mandamiento no para sus familiares, sino para sus herederos del poder: “Nunca paguen a los Nava. Y no permitan jamás que gobiernen San Luis.”

Y así se cumplió, pues que se sepa, ningún Nava ha gobernado ni la deuda ha sido saldada.

Se dice también que Don Carlos Jonguitud Barrios heredó la consigna testamentaria de Santos y fue quien instruyó que ese fragmento de la última voluntad del huasteco fuera advertido a cada gobernador entrante.

Medio siglo de inestabilidad electoral azotaron San Luis.
Salvador Nava ganó en 1991, pero le arrebataron la victoria.
Su yerno tomó el poder oficial por cuatro años y el poder no oficial por décadas. Años en los que, se dice, se olvidó, pero no se perdonó la deuda.

En 1992, la muerte llevó a Salvador Nava a la cantina celestial donde Don Gonzalo ya lo esperaba con vaso en mano. En la mesa, también estaba su hermano y ex rector Manuel.

—Bienvenido, Salvador. De eso hablaba con tu hermano, de que aquí tampoco se pagan deudas.

Pero el doctor Salvador Nava, con la dignidad aún intacta, respondió:

—No vine a cobrar monedas, Gonzalo. Vine a recordarte que el pueblo nunca olvida lo que se le debe.

En esa cantina de humo eterno, los Nava y el Alazán siguen discutiendo.
Uno defiende que las deudas son solo papel y oro; los otros, que las deudas de dignidad pesan más que el plomo.

—Las monedas son caprichosas, como las amantes: se entregan un día y te abandonan al siguiente —ironiza Don Gonzalo.
—No, Gonzalo. La dignidad es distinta: es una deuda que se multiplica en la memoria de los pueblos —responde Manuel, con la serenidad de quien cura ojos y también conciencias.

Así, se cuenta que cada vez que en San Luis una deuda con la universidad amenaza con ahogar sueldos, aulas y sueños, en esa cantina eterna alguien brinda y alguien se persigna.
Porque la historia, como el vino barato, siempre regresa con el mismo sabor amargo.

Las tres monedas siguen sin pagarse.
Y una comunidad entera, como un acreedor paciente, espera el día de cobrar intereses.

No. Ya no hay navismo. El último reducto fue un nieto descolorido y vergüenza para la ciudad.
Lo que sí hay son doctores, oftalmólogos y rectores, igualito que Manuel Nava el de la historia.

El cuento no tiene moraleja, pero cuando los números no cuadren y la dignidad se atragante, tal vez alguien rescate aquellas tres monedas y, como entonces, San Luis vuelva a la calle a pedir cuentas.

Porque en esta tierra, lo que no paga el poderoso, lo termina cobrando el pueblo.

Fin.