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Tres heridas: La UASLP entre la muerte, el poder y los sueldazos | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
La Universidad sangra por tres heridas: una que le dejó la violencia dentro de sus muros, otra que le abrió el poder producto de una disputa por el cumplimiento de convenios financieros que aún no se salda, y una más —la más cruel— que apareció la madrugada del sábado, cuando Jorge Dávila Ramírez, un brillante y querido pasante de estomatología fue asesinado a metros de su facultad por hombres encapuchados en circunstancias tan extrañas que rebasan el azar, un asalto en el que ni siquiera se llevaron su coche…solo su vida.
A la UASLP la acechan los fantasmas. Le llueve sobre mojado (aunque sea lugar común)
Sin entregarme al sospechosísmo ni a la perspicacia sin fundamento, desde mi muy humilde opinión, las circunstancias del homicidio hasta ahora son tan misteriosas e inconsistentes, que no parecer ser producto azar.
En el caso, no hubo pandillas, ni callejones oscuros, ni una “mala suerte” que pueda explicarse.
Se conoce que las calles de Río Papaloapan, Río Nazas y sus alrededores no son una colonia donde se concentren bandas, es incluso una de las colonias con menor incidencia delictiva, no hay “puntos” extraños y jamas se ha visto que en las esquinas, se reúnan delincuentes en potencia como en otras colonias. Todo lo contrario.
Si bien por las noches son calles solitarias, por lo general son zonas seguras y vigiladas.
Entonces, ¿Qué hacían al menos un par de delincuentes, preparados con capucha a esa hora y en ese lugar?
Hemos visto muchas veces (lamentablemente) los videos que circulan en redes sociales de casos cuando delincuentes roban vehículos con violencia:
Ninguno se cubre el rostro (poco les importa ser identificados porque en su mayoría son foráneos y pasajeros: llegan se roban determinado número de vehículos y abandonan el estado) y su objetivo de amenazar a mano armada es solo para someter a la víctima a un miedo mortal pero el objetivo es llevarse el vehículo, no matarlos.
Esos delincuentes roba carros “comunes”-digamos- no se parecen a los que atacaron a Jorge Dávila.
Los asesinos del pasante universitario cubrieron sus rostros; ¿sabían quién era su víctima y temían ser reconocidos? ¿o sabían que las cámaras los mirarían y podrían ser identificados porque son locales?
Por si fuera poco, en un giro de último momento —revelado hace apenas unas horas— la Fiscalía confirmó que el estudiante no estaba solo: lo acompañaba una mujer misteriosa que abandonó el lugar de los hechos y aún no comparece.
Ella es la testigo clave, la única que puede poner orden al rompecabezas sangriento.
La reacción universitaria el fin de semana fue casi automática: condolencias, solidaridad y un comunicado que, aunque bien intencionado, se apresuró a exigir resultados al Ayuntamiento y a las autoridades de seguridad.
Pero…el problema no es exigir justicia —el problema es desde dónde se exige-
Digo, creo que a nadie se le olvida que hace apenas unas semanas, una estudiante fue violada dentro de la Facultad de Derecho, (en sus narices) y todavía no se disipan del todo ni el dolor ni la vergüenza ni el agravio.
Es cierto, se tomaron medidas, se concilió con la comunidad, se tomaron y publicaron acuerdos, se arrancaron consultas para mejorar el protocolo y -hay que decirlo- de manera muy profesional, estratégica y astuta, la institución pudo rescatar el buque del naufragio y volteó la narrativa, pero eso no quita que todavía las paredes huelan a desconfianza.
Y ahora, tras el reprobable, triste y trágico asesinato, pretender subirse al púlpito moral y señalar con dedo flamígero a la autoridad municipal por un asesinato a metros de su territorio, raya en la hipocresía institucional.
El poder —diría Foucault— no se posee, se ejerce.El poder no es un trono desde donde se controla el mundo, sino una red donde todos miran y son mirados, donde cada quien tiene una cuota de vigilancia y de culpa.
El rector, como máxima autoridad, tiene responsabilidad institucional ante lo ocurrido aquel viernes, pero no puede vigilar cada aula ni cada puerta, como lo dijo en varias ocasiones, y tiene razón.
Con esa misma vara y al mismo tiempo, el alcalde, como autoridad municipal, tiene la obligación de prevenir y garantizar seguridad, pero no puede estar en cada esquina ni anticipar el pulso impredecible de la condición humana (tampoco el rector, tampoco el gobernador, tampoco la presidenta y para acabar tampoco nadie…)
Entonces, culpar directamente por los actos de otros es un consuelo inútil; exigirles el fin de la violencia es un acto de fe, no de gobierno.
Y es que si siguiéramos esa lógica punitiva hasta sus últimas consecuencias, entonces también deberíamos culpar a la presidenta por cada asesinato del país (como el de Carlos Manzo) por cada mujer desaparecida, por cada crimen que se multiplica sin permiso, etc. Las cosas simplemente no funcionan así.
La estructura social es materia, parte y producto del ejercicio del poder. Asunto mucho más complejo que simples señalamientos inquisitorios. El poder no es omnipresente, solo omniseñalado.
Y ese, al final, es su castigo: cargar con la culpa de lo que no controla.
Los sueldazos
Mientras tanto, mientras el dolor de la muerte se respira en el aire y la herida de una violación en territorio universitario apenas empieza muy lentamente a cicatrizar, las manecillas no perdonan.
Este viernes que viene vence el plazo de la palabra empeñada del gobernador para pagar los más de 200 millones de pesos que debe a la Universidad.
Pero justo una semana antes de que deba sonar la caja registradora, alguien decidió cambiar la música.
La publicación el viernes pasado sobre los “sueldazos” de la cúpula universitaria no fue una casualidad inoportuna. Fue un golpe asestado con precisión, fuerza y técnica.
De pronto, el deudor se volvió víctima y el acreedor, sospechoso.
La nota —metódicamente filtrada, viralizada y amplificada— cayó como veneno en la percepción pública, que sin pensarlo demasiado, seguramente generó reacciones como “con razón no les alcanza… con razón piden más dinero” y variantes de las mismas.
Mezquinos, mal intencionados, inoportunos, traicioneros y en parte imprecisos son los datos publicados, no obstante, no son del todo falsos.
El golpe fue quirúrgico y eficaz: de los 200 millones reclamados, casi el 15 por ciento iría a parar al bolsillo de un selecto grupo de poco más de 25 funcionarios privilegiados (no 40), con sueldos que rebasan los 100 mil pesos mensuales.
El cálculo no necesitó mayor propaganda: 25 personas, 30 millones de pesos.
Así, el discurso de sacrificio y asfixia se resquebrajó ante la aritmética.
El gobierno, que venía acorralado, respiró, y la universidad, que apenas había recuperado su imagen tras semanas de asedio, volvió a sangrar.
Pero el episodio de guerra todavía no termina y no se confíen los universitarios: el derechazo de los sueldazos casi los deja en la lona, y quizás deban esperar otro golpe, uno por mejilla diría Sabina, antes de que llegue el cheque prometido.
Pero toda crisis —como diría Arriaga— trae la oportunidad de volverse “ferozmente humana”.
Zermeño puede convertir el veneno en antídoto si se atreve a hacer lo que nadie antes: Cueste lo que cueste (laboral y jurídicamente) abrir y regular los tabuladores, transparentar los sueldos, redimensionar el poder económico interno y demostrar que el sacrificio no solo se exige, también se ejerce.
Es cierto, tienen un plan de austeridad estricto desde su llegada y fue el único en topar las pensiones a los ex rectores y a sí mismo, sin embargo parece que todo eso quedó corto y es que en este momento no se trata solo de administrar la institución, sino de reconciliarla consigo misma.
Si lo hace, pasará a la historia no como el rector que enfrentó y salvó una crisis, sino como el que además tuvo el valor de reformarse mientras el fuego seguía encendido y con las heridas abiertas.
De otra forma, el doctor será recordado como otro rector que heredó privilegios abusivos… y los dejó intactos.
Entrarle al tema de frente, siempre podrá ser una buena estrategia de reconstrucción tras el caos. (Claro, lo haga o no lo haga, siempre se le podrá cuestionar el por qué no lo hizo antes…ni modo, heridas de guerra)
No cabe duda: la UASLP sobrevivirá, como siempre. Pero entre violencia, muertos, encapuchados, sueldazos y simuladores, el poder en San Luis Potosí se está volviendo un lugar que por el momento nadie quiere mirarse.
Escribió Camus, “comprender es casi perdonar”,y aquí —todavía— nadie está listo para perdonar (ni creo que todos los actores estén comprendiendo la misma historia).
En otras ruinas del fin de semana…
La semana pasada el diputado Carlos Arreola se dio el lujo de presentar cuatro iniciativas que permitirían al estado y municipios tener la posibilidad de acceder a financiamientos millonarios (endeudarse pues).
Este fin, cuando el rechazo fue unánime —en su partido, en los medios y en la opinión pública—, echó pasito para atrás y con gesto de redentor dijo que las retiraba “para replantearlas”.
Qué nobleza la suya: se le olvida que no hay mérito en recoger el tiradero cuando uno mismo lo provocó.
Yo soy Jorge Saldaña.
Hasta la próxima.
Entre 2017 y 2025, la Fiscalía de San Luis Potosí documentó al menos ocho procesos penales contra personal con funciones docentes por delitos sexuales contra menores, repartidos en al menos cinco municipios
Por: Haniel Valdés Velázquez
En octubre de 2019, un hombre identificado como David “N” era profesor de inglés en un preescolar de Matlapa. Ahí, según la Fiscalía General del Estado (FGESLP), violó a un niño de identidad reservada. El caso avanzó durante cuatro años hasta que, el 2 de diciembre de 2023, un juez lo declaró penalmente responsable de violación específica agravada y lo sentenció a 14 años y seis meses de prisión. La Fiscalía señaló entonces que el sentenciado enfrentaba más carpetas de investigación pendientes, sin precisar cuántas ni de qué naturaleza.
Es, hasta ahora, el desenlace judicial más contundente que se puede documentar en San Luis Potosí sobre personal educativo señalado de violencia sexual contra un menor. Pero no es un caso aislado ni reciente: es, más bien, el más antiguo y el que más tardó en resolverse de una lista que la propia Fiscalía ha hecho pública, boletín por boletín, durante casi una década.
En ese mismo municipio, Matlapa, pero en un caso distinto, un profesor de educación física identificado como Víctor “N”, de 35 años, fue detenido el 27 de diciembre de 2021 —tres años y nueve meses después de los hechos, ocurridos en marzo de 2018— acusado de violar a un alumno de un jardín de niños y de amenazarlo para que no lo contara. A diferencia del caso de David “N”, no hay en varias fuentes revisadas una sentencia posterior confirmada para Víctor “N”: lo último documentado es su detención y el inicio del proceso penal.
En Aquismón, un profesor de primaria identificado como Herminio “N”, de 41 años, fue detenido el 3 de enero de 2021 y vinculado a proceso el 11 de enero de ese año, acusado de manosear reiteradamente a una alumna cuando la niña se acercaba a su escritorio a que le revisara la tarea. Los hechos habían ocurrido en 2017 y 2018, es decir, entre tres y cuatro años antes de que el caso llegara a un juez.
En Ciudad Valles, un profesor jubilado identificado como J. Jesús “N”, de 58 años, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 con prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía documentó que la víctima, un niño de 14 años de una comunidad tének, había sido su alumno desde los 11 años, y que el hombre lo explotaba sexualmente desde entonces a cambio de dinero u objetos: no fue un episodio único, sino una relación de abuso sostenida durante al menos tres años antes de que un reporte al 911 —por la presencia de un adulto con un menor en un hotel de Ciudad Valles— destapara el caso.
En Rioverde, un maestro de 65 años fue detenido el 3 de noviembre de 2020, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años durante una clase de regularización. Es, de los ocho casos documentados, el único en el que no fue posible confirmar el nombre del imputado ni el estatus posterior del proceso. Rioverde tiene, además, al menos otros dos casos de personal docente señalado por delitos sexuales en años distintos —uno en 2019 y otro en diciembre de 2025—, que este medio no ha confirmado a fondo todavía y que representan, por sí solos, un hilo de reporteo propio.
En la capital, un docente identificado como José Manuel “N”, de 39 años, fue detenido el 2 de enero de 2022 —originalmente por hechos del 14 de diciembre de 2021— acusado de aprovechar unas clases de regularización a domicilio para tocar a una menor de edad.
El caso más reciente de este tipo documentado por la propia Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025: un entrenador de fútbol identificado como Jesús Jaime “N” fue detenido en flagrancia, dentro de un vehículo estacionado cerca de una cancha de la colonia Valle del Potosí, en la capital, acusado de violar a una de sus jugadoras, de 12 años. El 13 de septiembre de 2025 fue vinculado a proceso por violación específica agravada, con prisión preventiva justificada.
Ocho procesos, cinco municipios, hechos que van de 2017 a 2025: no es un patrón nuevo ni exclusivo de este año. Es, más bien, una constante que la Fiscalía ha ido documentando boletín por boletín sin que, hasta ahora, ningún medio local —incluido este— la haya puesto junta.
Estos son solo los casos que se han viralizado o que han llegado al conocimiento público, muchos de ellos demorados o sin resolución legal, al menos verificable. ¿Pero cuántos hechos como estos no habrán quedado silenciados en el tiempo?
La ola de 2026
Los casos más recientes que ha cubierto este medio ocurrieron ya en instituciones concretas de educación media superior y superior, con nombre propio de por medio. En diciembre de 2025, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la FGESLP que un profesor de esa entidad académica, identificado como César Gabriel “N”, la había agredido con un cuchillo en un departamento donde ella se hospedaba temporalmente.
La UASLP se enteró del caso hasta enero de 2026 y no fue sino hasta el 10 de febrero —dos meses después de los hechos— que la Defensoría de los Derechos Universitarios separó al profesor de toda actividad frente a grupo
En octubre de 2024, el director del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) informó que tres profesores habían sido cesados en lo que iba del año por acoso; uno de ellos respondió con una demanda por despido injustificado, cuyo resultado nunca se hizo público. En mayo de 2025, una división interna en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) salió a la luz por denuncias de abuso de autoridad y hostigamiento laboral; el caso fue turnado a la Fiscalía y al Tecnológico Nacional de México (TecNM), sin resolución conocida. Y en junio de 2026, La Orquesta documentó que una madre llevaba cuatro meses exigiendo, sin respuesta, que la Secretaría de Educación y la Fiscalía actuaran contra una maestra que golpeó a su hija, una niña con autismo, dentro de la escuela.
La cifra que cambió sin explicación
Ese patrón, construido caso por caso desde 2017, tiene un contrapunto en las declaraciones del propio gobierno estatal. El 22 de octubre de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que 11 docentes de distintas instituciones y regiones de San Luis Potosí habían sido cesados de manera definitiva por acoso, abuso sexual o discriminación, y que más de 30 adicionales habían enfrentado procesos administrativos con sanciones menores.
Cinco meses después, el 5 de marzo de 2026, el mismo funcionario informó que “alrededor de 40 trabajadores” de diversos niveles educativos habían sido separados de su cargo tras confirmarse su participación en casos de acoso y abuso sexual. Torres Cedillo no explicó, en ninguna de las dos ocasiones, si la segunda cifra incluye a los 11 docentes ya mencionados en octubre, si se trata de una revisión retroactiva de expedientes anteriores, o si refleja casos nuevos confirmados en ese periodo.
Ninguna de las dos cifras de la SEGE coincide, tampoco, con el número de casos que la propia Fiscalía ha hecho público en sus boletines: los ocho documentados aquí corresponden a personal masculino identificado con nombre reservado ante un juez, mientras que las cifras de la SEGE son agregados administrativos sin nombres ni fechas. Son, en los hechos, dos conteos distintos de un mismo problema que ninguna de las dos dependencias ha cruzado públicamente.
El sistema que no se ve
Todos los casos documentados hasta ahora, desde el maestro de Matlapa a los procesos de 2026, ocurrieron en instituciones públicas. No existe, en ninguna fuente oficial o periodística consultada, un solo caso registrado en una escuela privada de San Luis Potosí. Eso no significa que no ocurran: significa que, si ocurren, no hay un mecanismo público que los documente ni una autoridad que públicamente los reconozca.
El contexto general de la violencia sexual en el estado tampoco ayuda a dimensionar el problema específico en las aulas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumuló 965 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre de 2026, con junio como el mes más alto del año (185 víctimas). En el comparativo contra el mismo periodo de 2025, las carpetas de investigación por estos delitos bajaron 15.5% en general, aunque el hostigamiento sexual aumentó 75%. Ninguna de estas cifras distingue si el presunto agresor era personal educativo.
Ninguna de las dos cifras que ha dado la SEGE vino acompañada de un desglose público por año, nivel educativo, municipio o estatus judicial, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía respecto al conjunto de los ocho casos que sí ha documentado en sus propios boletines a lo largo de casi una década.
Es información que ambas dependencias deberían ofrecer por iniciativa propia, sin que medios o padres de familia tengan que reconstruirla boletín por boletín, como se hizo para este trabajo: se trata de personal que trabajó con menores de edad en escuelas públicas, pagadas con presupuesto del estado. Mientras esa información no se transparente por voluntad propia, la pregunta de cuántos casos existen en total y cuántos de ellos seguirán sin respuesta.
También lee: Gusano barrenador: de 1,500 a 80 casos bajo control con mosca estéril en SLP
La entidad registra 80 casos activos de gusano barrenador mientras despliega control con 100 millones de moscas estériles producidas en Chiapas
Por: Redacción
Jorge Luis Díaz Salinas, titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reportó que aunque históricamente se registraron más de mil 500 casos de gusano barrenador en la entidad, actualmente hay 80 casos activos en atención, una cifra significativamente menor después del tratamiento de los animales afectados.
Díaz Salinas aclaró una confusión común: “porque piensan que son mil 500 activos y no lo son. Ahorita hay como 80 activos”. Las regiones más afectadas fueron Guadalcázar y Ciudad del Maíz, aunque también se ha presentado la plaga en animales domésticos como perros y gatos en la zona metropolitana.
Para combatir la mosca del gusano barrenador, Sedarh trabaja con el programa nacional de control mediante moscas estériles. Una planta en Chiapas, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum
Las moscas estériles son identificables por su color: “son más verdes, o sea, ahí vienen las fotografías. Es una mosca más verde como fosforescente”, explicó el titular, señalando que la población debe evitar matar estas moscas para permitir que cumplan su función de control.
Instó a la ciudadanía a reportar cualquier caso a través de Cenacica o a la Sedarch para intensificar el lanzamiento de moscas en las regiones afectadas.
También lee: Sheinbaum inaugura planta binacional para combatir el gusano barrenador
El alcalde aseguró que la falta de recursos ha impedido realizar el mantenimiento mayor que requiere la infraestructura hidráulica del organismo operador
Por Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la situación financiera de Interapas limita la capacidad del organismo para rehabilitar la totalidad de los pozos que abastecen de agua a la zona metropolitana, luego de que se diera a conocer que durante la primera mitad del año se registraron 43 fallas en esta infraestructura.
El edil explicó que el problema responde al desgaste acumulado de la red hidráulica, pues los más de 170 pozos que opera Interapas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos requieren mantenimiento de fondo para garantizar su funcionamiento.
“De los más de 170 pozos que tenemos en los cuatro municipios, todos necesitan un mantenimiento mayor. Ya llegamos al momento en que requieren inversiones importantes”, afirmó.
Galindo recordó que, tras la crisis hídrica de 2023, una de las principales estrategias del organismo fue rehabilitar pozos existentes y perforar nuevas fuentes de abastecimiento para fortalecer el suministro de agua.
En ese sentido, aseguró que más de 70 pozos ya recibieron trabajos de reparación integral, incluyendo la sustitución de equipos electromecánicos y sistemas eléctricos; sin embargo, reconoció que la falta de recursos impide intervenir el resto de la infraestructura con la rapidez necesaria.
El presidente municipal sostuvo que el principal obstáculo para avanzar en el mantenimiento de los pozos es la situación financiera de Interapas.
Explicó que uno de los factores es la falta de recursos federales destinados al organismo durante el año pasado y el presente ejercicio fiscal. “Los recursos federales del año pasado y de este no llegaron”, afirmó.
A ello se suma, dijo, la falta de conciliación de cuentas entre Interapas y el Gobierno del Estado, un proceso que, aseguró, permanece pendiente desde hace cuatro años.
“El Gobierno del Estado tiene una deuda con nosotros muy fuerte y nosotros también tenemos una deuda con ellos. Tenemos que conciliar esas cuentas porque eso fortalecería las finanzas del organismo”, señaló.
El alcalde estimó que los montos involucrados superan los 400 millones de pesos, recurso que, de resolverse, permitiría mejorar la capacidad operativa de Interapas para atender fallas y realizar inversiones en infraestructura.
Otro de los factores que, según Galindo, ha deteriorado las finanzas de Interapas es el crecimiento de la cartera vencida, particularmente en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
El alcalde aseguró que existe un llamado público para que los usuarios dejen de pagar el servicio de agua, situación que, dijo, termina afectando directamente la capacidad del organismo para operar.
“La gente dice: ‘¿Para qué pago el agua si mañana me van a decir que ya no la pague?’. Eso genera un círculo vicioso”, comentó.
Añadió que la falta de ingresos no solo afecta el mantenimiento de los pozos, sino también la reparación de infraestructura dañada, como drenajes colapsados y socavones.
Como ejemplo, explicó que la rehabilitación del socavón donde recientemente cayó una pipa representa una inversión cercana a 2.5 millones de pesos, mientras que actualmente existen alrededor de 50 socavones pendientes de reparación.
“Hay reparaciones que cuestan entre uno y dos millones de pesos. El socavón donde cayó la pipa cuesta alrededor de dos millones y medio, y todavía tenemos cerca de 50 más por atender”, indicó.
Finalmente, Galindo insistió en que resolver los problemas financieros del organismo será indispensable para garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y evitar que las fallas en pozos continúen incrementándose durante los próximos años.
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