noviembre 11, 2026

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Tres heridas: La UASLP entre la muerte, el poder y los sueldazos | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

La Universidad sangra por tres heridas: una que le dejó la violencia dentro de sus muros, otra que le abrió el poder producto de una disputa por el cumplimiento de convenios financieros que aún no se salda, y una más —la más cruel— que apareció la madrugada del sábado, cuando Jorge Dávila Ramírez, un brillante y querido pasante de estomatología fue asesinado a metros de su facultad por hombres encapuchados en circunstancias tan extrañas que rebasan el azar, un asalto en el que ni siquiera se llevaron su coche…solo su vida.

A la UASLP la acechan los fantasmas. Le llueve sobre mojado (aunque sea lugar común)

Sin entregarme al sospechosísmo ni a la perspicacia sin fundamento, desde mi muy humilde opinión, las circunstancias del homicidio hasta ahora son tan misteriosas e inconsistentes, que no parecer ser producto azar.

En el caso, no hubo pandillas, ni callejones oscuros, ni una “mala suerte” que pueda explicarse.

Se conoce que las calles de Río Papaloapan, Río Nazas y sus alrededores no son una colonia donde se concentren bandas, es incluso una de las colonias con menor incidencia delictiva, no hay “puntos” extraños y jamas se ha visto que en las esquinas, se reúnan delincuentes en potencia como en otras colonias. Todo lo contrario.

Si bien por las noches son calles solitarias, por lo general son zonas seguras y vigiladas.

Entonces, ¿Qué hacían al menos un par de delincuentes, preparados con capucha a esa hora y en ese lugar?

Hemos visto muchas veces (lamentablemente) los videos que circulan en redes sociales de casos cuando delincuentes roban vehículos con violencia:

Ninguno se cubre el rostro (poco les importa ser identificados porque en su mayoría son foráneos y pasajeros: llegan se roban determinado número de vehículos y abandonan el estado) y su objetivo de amenazar a mano armada es solo para someter a la víctima a un miedo mortal pero el objetivo es llevarse el vehículo, no matarlos.

Esos delincuentes roba carros “comunes”-digamos- no se parecen a los que atacaron a Jorge Dávila.

Los asesinos del pasante universitario cubrieron sus rostros; ¿sabían quién era su víctima y temían ser reconocidos? ¿o sabían que las cámaras los mirarían y podrían ser identificados porque son locales?

Por si fuera poco, en un giro de último momento —revelado hace apenas unas horas— la Fiscalía confirmó que el estudiante no estaba solo: lo acompañaba una mujer misteriosa que abandonó el lugar de los hechos y aún no comparece.

Ella es la testigo clave, la única que puede poner orden al rompecabezas sangriento.

La reacción universitaria el fin de semana fue casi automática: condolencias, solidaridad y un comunicado que, aunque bien intencionado, se apresuró a exigir resultados al Ayuntamiento y a las autoridades de seguridad.

Pero…el problema no es exigir justicia —el problema es desde dónde se exige-

Digo, creo que a nadie se le olvida que hace apenas unas semanas, una estudiante fue violada dentro de la Facultad de Derecho, (en sus narices) y todavía no se disipan del todo ni el dolor ni la vergüenza ni el agravio.

Es cierto, se tomaron medidas, se concilió con la comunidad, se tomaron y publicaron acuerdos, se arrancaron consultas para mejorar el protocolo y -hay que decirlo- de manera muy profesional, estratégica y astuta, la institución pudo rescatar el buque del naufragio y volteó la narrativa, pero eso no quita que todavía las paredes huelan a desconfianza.

Y ahora, tras el reprobable, triste y trágico asesinato, pretender subirse al púlpito moral y señalar con dedo flamígero a la autoridad municipal por un asesinato a metros de su territorio, raya en la hipocresía institucional.

El poder —diría Foucault— no se posee, se ejerce.El poder no es un trono desde donde se controla el mundo, sino una red donde todos miran y son mirados, donde cada quien tiene una cuota de vigilancia y de culpa.

El rector, como máxima autoridad, tiene responsabilidad institucional ante lo ocurrido aquel viernes, pero no puede vigilar cada aula ni cada puerta, como lo dijo en varias ocasiones, y tiene razón.

Con esa misma vara y al mismo tiempo, el alcalde, como autoridad municipal, tiene la obligación de prevenir y garantizar seguridad, pero no puede estar en cada esquina ni anticipar el pulso impredecible de la condición humana (tampoco el rector, tampoco el gobernador, tampoco la presidenta y para acabar tampoco nadie…)

Entonces, culpar directamente por los actos de otros es un consuelo inútil; exigirles el fin de la violencia es un acto de fe, no de gobierno.

Y es que si siguiéramos esa lógica punitiva hasta sus últimas consecuencias, entonces también deberíamos culpar a la presidenta por cada asesinato del país (como el de Carlos Manzo) por cada mujer desaparecida, por cada crimen que se multiplica sin permiso, etc. Las cosas simplemente no funcionan así.

La estructura social es materia, parte y producto del ejercicio del poder. Asunto mucho más complejo que simples señalamientos inquisitorios. El poder no es omnipresente, solo omniseñalado.

Y ese, al final, es su castigo: cargar con la culpa de lo que no controla.

(Es buena temporada para releer Crimen y Castigo)

Los sueldazos

Mientras tanto, mientras el dolor de la muerte se respira en el aire y la herida de una violación en territorio universitario apenas empieza muy lentamente a cicatrizar, las manecillas no perdonan.

Este viernes que viene vence el plazo de la palabra empeñada del gobernador para pagar los más de 200 millones de pesos que debe a la Universidad.

Pero justo una semana antes de que deba sonar la caja registradora, alguien decidió cambiar la música.


La publicación el viernes pasado sobre los “sueldazos” de la cúpula universitaria no fue una casualidad inoportuna. Fue un golpe asestado con precisión, fuerza y técnica.

De pronto, el deudor se volvió víctima y el acreedor, sospechoso.

La nota —metódicamente filtrada, viralizada y amplificada— cayó como veneno en la percepción pública, que sin pensarlo demasiado, seguramente generó reacciones como “con razón no les alcanza… con razón piden más dinero” y variantes de las mismas.

Mezquinos, mal intencionados, inoportunos, traicioneros y en parte imprecisos son los datos publicados, no obstante, no son del todo falsos.

El golpe fue quirúrgico y eficaz: de los 200 millones reclamados, casi el 15 por ciento iría a parar al bolsillo de un selecto grupo de poco más de 25 funcionarios privilegiados (no 40), con sueldos que rebasan los 100 mil pesos mensuales.

El cálculo no necesitó mayor propaganda: 25 personas, 30 millones de pesos.

Así, el discurso de sacrificio y asfixia se resquebrajó ante la aritmética.

El gobierno, que venía acorralado, respiró, y la universidad, que apenas había recuperado su imagen tras semanas de asedio, volvió a sangrar.

Pero el episodio de guerra todavía no termina y no se confíen los universitarios: el derechazo de los sueldazos casi los deja en la lona, y quizás deban esperar otro golpe, uno por mejilla diría Sabina, antes de que llegue el cheque prometido.

Pero toda crisis —como diría Arriaga— trae la oportunidad de volverse “ferozmente humana”.

Zermeño puede convertir el veneno en antídoto si se atreve a hacer lo que nadie antes: Cueste lo que cueste (laboral y jurídicamente) abrir y regular los tabuladores, transparentar los sueldos, redimensionar el poder económico interno y demostrar que el sacrificio no solo se exige, también se ejerce.

Es cierto, tienen un plan de austeridad estricto desde su llegada y fue el único en topar las pensiones a los ex rectores y a sí mismo, sin embargo parece que todo eso quedó corto y es que en este momento no se trata solo de administrar la institución, sino de reconciliarla consigo misma.

Si lo hace, pasará a la historia no como el rector que enfrentó y salvó una crisis, sino como el que además tuvo el valor de reformarse mientras el fuego seguía encendido y con las heridas abiertas.

De otra forma, el doctor será recordado como otro rector que heredó privilegios abusivos… y los dejó intactos.

Entrarle al tema de frente, siempre podrá ser una buena estrategia de reconstrucción tras el caos. (Claro, lo haga o no lo haga, siempre se le podrá cuestionar el por qué no lo hizo antes…ni modo, heridas de guerra)

No cabe duda: la UASLP sobrevivirá, como siempre. Pero entre violencia, muertos, encapuchados, sueldazos y simuladores, el poder en San Luis Potosí se está volviendo un lugar que por el momento nadie quiere mirarse.

Escribió Camus, “comprender es casi perdonar”,y aquí —todavía— nadie está listo para perdonar (ni creo que todos los actores estén comprendiendo la misma historia).

En otras ruinas del fin de semana…

La semana pasada el diputado Carlos Arreola se dio el lujo de presentar cuatro iniciativas que permitirían al estado y municipios tener la posibilidad de acceder a financiamientos millonarios (endeudarse pues).

Este fin, cuando el rechazo fue unánime —en su partido, en los medios y en la opinión pública—, echó pasito para atrás y con gesto de redentor dijo que las retiraba “para replantearlas”.

Qué nobleza la suya: se le olvida que no hay mérito en recoger el tiradero cuando uno mismo lo provocó.

Yo soy Jorge Saldaña.

Hasta la próxima.

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SLP, quinto lugar nacional en robos y asaltos contra negocios

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Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó

Por: Ana G Silva

Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.

En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.

Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.

Más caro que hace dos años

La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.

San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos

por negocio. El promedio nacional fue de 44 mil 560 pesos.

Pequeñas y grandes, las más expuestas

La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.

En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.

Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.

En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.

El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.

También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP

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Conagua clausura tres pozos de Tecmol: “No le puede robar a la gente”

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La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal

Por: Redacción

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.

Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.

“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.

El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.

El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.

Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.

El pozo de la discordia

El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.

En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.

El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.

Las cifras de la dependencia

González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones

, de las que derivaron más de 45 procedimientos de clausura de sitios de extracción irregular, cifra que coloca a San Luis Potosí en el primer lugar nacional en inspecciones y clausuras.

Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.

También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.

Más allá de Salinas

En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.

Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.

Qué sigue

Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.

Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.

Lee también: “Ese hombre para mí no existe”: Medina arremete contra Tecmol

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Más altura que un puente y nos vemos a la salida | Apuntes de Jorge Saldaña

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Culto Público, hijos de mis desvelos:

Todavía no tenemos puente Jacobo Payán ni todavía hay salida a Guadalajara.

Lo que sí tenemos es lo que parece el previo de un pleito en el patio de la secundaria. ¿Se acuerdan?

“Uuuuhhh…lo que te dijo…uuuhhh ¿a poco te vas a dejar?”

Hoy el gobernador Ricardo Gallardo dio cifras, datos y comparativas del puente que construye su administración en lo que le llaman Glorieta de la Familia, contra el que construye el gobierno de Enrique Galindo y que va a conectar Río Españita y Salvador Nava, y que le pusieron Jacobo Payán.

Entre todo esto, hay cosas mezcladas de forma, y una muy clara y definida de fondo que está escalando demasiado rápido, enrareciendo y polarizando el ambiente.

El problema no es que uno mienta y el otro sea un santo, el problema es que ambas partes usan el mismo discurso.

Ambos creen su verdad.

En el señalamiento de temprano, y el revire en vivo de hace un rato, se están enredando varias cosas como si fueran un solo mensaje: el costo de las obras, la venta del patrimonio, el desliz velado del sobrecosto, lo grave de una licitación que no aparece y por supuesto, la guerra sucia.

Todos sabemos que peras con manzanas saben bien en ensalada, pero lo que estamos viendo es de plano una licuadora sin frutas, al máximo y sin tapa.

Total que el puente y la glorieta ya cargan más peso político que estructural

.

Mientras tanto el expediente es de papel y tiene sello: son 244 millones IVA incluido y ya.

El proyecto en la salida a Guadalajara también debe tener cifra precisa, y no son iguales pues nada más porque son dos obras distintas.

El resto de las cifras que se manejaron hoy: los 280, los 274, y los 350 millones, son tal cual, los aventones en el recreo antes de verse a la salida.

Unos le ponen números, pero no se trata de números.

Otros le ponen apellidos, pero no se trata de apellidos.

Se trata de dos proyectos políticos que están de frente. El concreto, los pesos y los metros cuadrados son poco menos que la ortografía de una carta de solicitud al poder.

Si suben y escalan los tonos era de esperarse.

Lo que no se vale es que un mano a mano termine en campal de turbas enardecidas.

Creo que los potosinos nos merecemos más altura… que la de un puente.

Yo soy Jorge Saldaña.

También lee: Gallardo: puente de Glorieta de la Familia lleva 35% de avance

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