Debido a la Ley Nacional de Ejecución Penal, las empresas instaladas dentro de La Pila deben dar prestaciones a los internos, algo que no ha sucedido

Por: Redacción

Un total de 21 empresas han dejado de trabajar en el penal de La Pila en San Luis Potosí, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aprobada en el 2016.

Lo anterior lo informó Alejandro Leal Tovías, secretario general del gobierno estatal, quien recordó que “el trabajo de los internos tiene un parteaguas; esta empresa (Traktolamp) particularmente estaba desde 2007 trabajando en el Centro Penitenciario con unas condiciones totalmente cómodas para la empresa y de alguna manera era importante para los internos que tenían un ingreso.

En el 20016 sale una nueva ley nacional que cambia las condiciones de la relación de las empresas penitenciarias con los internos. La nueva ley dice que todas las empresas penitenciarias tienen la obligación también de darles prestaciones sociales a los trabajadores.

Entonces, a raíz de esa Ley, las empresas quedan en condiciones iguales al estar dentro o fuera de la penitenciaría, entonces eso ha provocado que hayan empezado a cerrar porque ya no les convenía como negocio.

Antes del 2016, las empresas, por el simple hecho de estar dando un trabajo a los internos, no tenían obligación o una relación laboral con los trabajadores; tenían una relación de becarios o de capacitación” apuntó el funcionario estatal.

Esta semana, a nivel nacional se dio a conocer el caso de la empresa Traktolamp, misma que daba empleo a internas e internos en el Penal de La Pila; sin embargo, al presentarse la exigencia por parte de las trabajadoras para que se les diera Seguridad Social y otras prestaciones, optó por anunciar su retiro del centro penitenciario.

En opinión de Leal Tovías, dicho comportamiento de las empresas penitenciarias “es entendible”; sin embargo, la CEDH apunta que también la población varonil podría estar en las mismas condiciones de presunta explotación laboral y reconoce que existe un conflicto entre la empresa y las internas a quienes no se les ha pagado el finiquito por la conclusión del convenio, así como un fondo de ahorro, correspondiente al 33% de su sueldo, mismo que se les retira con o sin su autorización.

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