La muerte gestacional, perinatal y neonatal son problemas de salud pública que afectan profundamente a las familias

Por: Redacción

A propuesta de la diputada Sara Rocha Medina, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Hombre y Mujeres del Estado, con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incorporando expresamente el derecho al acompañamiento integral ante la muerte gestacional y neonatal.

En la exposición de motivos se indica que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres constituye uno de los principios rectores del orden jurídico nacional y estatal, orientado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos sin discriminación por razón de género.

En este sentido, el Estado tiene la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas e institucionales que permitan identificar y atender aquellas circunstancias que afectan de manera diferenciada a las mujeres, particularmente en materia de salud, bienestar emocional y acceso a servicios públicos con enfoque de derechos humanos.

La muerte gestacional, perinatal y neonatal son problemas de salud pública que afectan profundamente a las familias, e impactan en los sistemas de salud. La prevención de estos fallecimientos requiere una combinación de intervenciones, como el control prenatal temprano y adecuado, la detección oportuna de complicaciones durante el embarazo y el seguimiento constante del bienestar fetal y la atención de calidad durante el parto.

El despojo se castigará con dos a siete años de prisión, y la pena crece si se usan documentos falsos o participa un servidor público

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El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad aumentar las penas por despojo, que ahora será castigado con dos a siete años de prisión. En la misma sesión ordinaria también endureció el castigo para los directivos de hospitales y clínicas que retengan a pacientes, a recién nacidos o un cuerpo por adeudos.

Ambas reformas modifican el Código Penal del Estado, la ley que define qué conductas son delito y qué castigo les corresponde.

Qué cambia con el despojo

El despojo es el delito de ocupar o quedarse con una casa, un terreno o cualquier inmueble ajeno sin tener derecho a ello, ya sea por la fuerza o con engaños. Con la reforma al artículo 227, quien lo cometa enfrentará de dos a siete años de cárcel y una multa de 100 a 500 días de UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, una cifra de referencia que se usa para calcular multas en lugar del sa lario mínimo.

Además, con el nuevo artículo 228 BIS, la pena podrá crecer hasta la mitad en sus mínimos y máximos en estos casos:

• Cuando se simulen actos de autoridad.
• Cuando se use documentación falsa.
• Cuando la víctima sea un ascendiente (madre, padre, abuelos) o una persona adulta mayor.

• Cuando participe un servidor público. En ese caso, además, será destituido e inhabilitado para trabajar en el gobierno durante el mismo tiempo que dure su condena de prisión.

Hospitales que retengan por deudas

La segunda reforma, al artículo 248, fija penas de dos a seis años de prisión y multas de 60 a 200 días de UMA para los directores, encargados o administradores de hospitales, clínicas o sanatorios, públicos o privados, que:

• Impidan la salida de un paciente cuando él o sus familiares lo pidan, con el argumento de que hay deudas pendientes.
• Retengan sin necesidad a un recién nacido por ese mismo motivo.
• Retrasen o nieguen la entrega de un cuerpo, salvo cuando se requiera una orden de autoridad.

En la misma sesión, el Congreso aprobó otras reformas, entre ellas el uso obligatorio de casco en scooters eléctricos y nuevas reglas para declarar la presunción de muerte de personas desaparecidas.

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El diputado dijo que esperará a que la secretaría se pronuncie sobre cualquier propuesta de los concesionarios

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El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, dijo que una propuesta de casi 3 mil millones de pesos para mejorar el transporte urbano en 2027 “sí parece elevada”, y que antes de discutirla debe presentarla la secretaría responsable, no los concesionarios.

“Yo creo que toda propuesta hay que revisarla, pero de entrada yo sí considero que existen muchas otras necesidades sociales por atender”, afirmó.

Serrano dijo que la cantidad podría ser “mucho, mucho, mucho menos”, y que aun así tendría que llegar al Congreso como parte de una valoración de la política pública que quiera aplicar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“No son propietarios”

El legislador recordó que el transporte público es una obligación del Estado, que da concesiones a particulares para que presten el servicio. “Las concesiones son potestad del Estado, no son propiedad de los concesionarios. Por eso son concesiones, no son propietarios de ellas”, dijo.

Agregó que el Estado tiene la obligación de aportar al transporte, pero insistió en que esperará a que la SCT se pronuncie sobre “cualquier propuesta que venga de concesionarios” y que la incluya en una propuesta global para el próximo año.

Gratuidad y presupuesto

Serrano reconoció que el Gobierno del Estado “está haciendo un esfuerzo” para que el transporte público sea gratuito, y dijo que ya existe “todo un mecanismo” que subsidia ese servicio. Con la tarjeta Mi Pase, estudiantes y adultos mayores viajan gratis en el transporte público, incluido el concesionado.

El diputado señaló que el tema será parte de la discusión del Presupuesto de Egresos 2027. “Ya empezamos hoy a hablar del tema. Ya muy pronto vamos a verlo”, dijo.

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