Alcalde Enrique Galindo revela red de irregularidades en autorizaciones; se investiga posible cobro de hasta 120 mil pesos por trámites

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó sobre la destitución de siete funcionarios de la Coordinación Municipal de Protección Civil, como resultado de una investigación interna que detectó actos de corrupción relacionados con la emisión irregular de permisos.

Según detalló el edil, la investigación comenzó tras recibir varias quejas ciudadanas, principalmente por la liberación de autorizaciones de Protección Civil sin que los expedientes estuvieran completos ni cumplieran con los requisitos necesarios para continuar con los trámites de licencia de funcionamiento.

Ante estas denuncias, Galindo ordenó la intervención de la Contraloría Municipal, que envió un grupo de auditores. La revisión confirmó la existencia de expedientes incompletos e insuficientes, que de manera indebida estaban siendo utilizados para otorgar permisos.

Uno de los casos más graves fue el de una gasera que estaba a punto de obtener su autorización sin contar con ningún documento. Por el alto riesgo que representaba, fue clausurada de inmediato antes de que pudiera operar.

La Contraloría id entificó un caso completo de corrupción

Actualmente, el municipio mantiene bajo observación más de 20 casos, principalmente relacionados con licencias de funcionamiento —no de construcción—, en giros de alto riesgo como gaseras, almacenes químicos y empresas en la zona industrial

Galindo Ceballos exhortó a los ciudadanos que hayan tramitado permisos en Protección Civil a acercarse nuevamente a las autoridades para verificar la validez de sus autorizaciones y evitar posibles accidentes o desgracias.

“Invito a todos los ciudadanos con trámites pendientes a acudir directamente a Protección Civil. No necesitan gestores ni consultores. Estamos simplificando el proceso, eliminando requisitos que no están en el reglamento ni en la ley, pero que lo hacían complejo y propiciaban la corrupción”, declaró.

El alcalde también reveló que, en los casos donde se ha comprobado el pago de sobornos, las cantidades oscilan entre los 60 mil y 120 mil pesos. Por ello, pidió a las personas afectadas presentar denuncias formales, ya que considera que la denuncia ciudadana es clave para que se haga justicia.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que este tipo de situaciones se repitan. Ya me reuní con las áreas de Desarrollo Urbano, Comercio y Ecología para revisar a fondo sus procedimientos. No quiero que mi administración se manche con estos actos”, enfatizó Galindo.

Finalmente, el presidente municipal aseguró que de momento no hay investigaciones abiertas en otras dependencias, aunque anunció que seguirá haciendo ajustes en su gabinete para evitar más actos de corrupción.

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Solo tres particulares han sido vinculados al proceso por la operación del antro; ningún funcionario ha sido llamado a declarar

Por: Redacción

A más de un año de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el antro “Rich”, ubicado en Plaza Alttus, los padres de las víctimas exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) ampliar las investigaciones para incluir a los servidores públicos que, por acción u omisión, permitieron las condiciones que derivaron en el siniestro.

Hasta ahora, la carpeta de investigación de la FGE solo contempla a tres personas relacionadas con la propiedad y operación del establecimiento. Sin embargo, las familias sostienen que el caso no puede limitarse a los particulares, pues también existen responsabilidades de las autoridades que otorgaron permisos o fallaron en la supervisión de medidas de seguridad y protección civil.

“No se trata únicamente de un negocio que operaba fuera de la ley, sino de una cadena de omisiones de funcionarios que tenían la obligación de vigilar y prevenir. Exigimos que la Fiscalía actúe con firmeza contra todos los responsables, sin excepción”, señalaron los padres en un documento entregado a la autoridad estatal.

Los familiares recordaron que la Contraloría Interna Municipal ya determinó responsabilidades de varios funcionarios por falta de supervisión y control

“Estos hechos no pudieron ocurrir sin la intervención activa o la omisión de autoridades municipales y estatales. Ignorar esta realidad sería negar los antecedentes del caso”, advirtieron.

A un año y cuatro meses del inicio de la investigación, ningún funcionario ha sido llamado a declarar, lo que, según los familiares, refleja un preocupante estancamiento y envía un mensaje de impunidad: “El homicidio se persigue de oficio; no puede haber silencio”, subrayaron.

Los padres insistieron en que la Fiscalía tiene la obligación de continuar las investigaciones hasta deslindar responsabilidades, tanto de los empresarios como de los funcionarios públicos involucrados.

“Queremos creer que la Fiscalía comparte nuestro interés en que la justicia sea completa y no parcial. La sociedad merece saber que nadie está por encima de la ley. El silencio de las autoridades no puede convertirse en cómplice”, concluye el comunicado.

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El municipio deberá incluir el nuevo esquema de operación hídrica en su Ley de Ingresos antes de finalizar el año

Por: Redacción

El diputado local de San Luis Potosí, Luis Fernando Games Macías, anunció que, a partir del 1 de enero, los habitantes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez contarían con un “mejor servicio de agua” tras la posible desincorporación del municipio del organismo Interapas.

Games Macías explicó que, una vez que Soledad pueda incorporar en su Ley de Ingresos la creación de un departamento encargado del suministro de agua, se podrá presentar formalmente la iniciativa de separación de Interapas ante el Congreso del Estado

Además, señaló que las autoridades municipales aún están a tiempo de aprobar esta propuesta antes de que termine el año, lo que permitiría que la iniciativa sea analizada de manera más profunda por diputadas y diputados.

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