Desde mi clóset

Hoy en día la transversalización de la perspectiva de género (TPEG) es una necesidad al interior de las instancias públicas y privadas. La violencia sistemática contra las mujeres obliga tanto a los estados como a la industria en tomas las medidas conducentes a eliminar toda forma de violencia contra este sector de la población. Para el caso de México, TV Azteca hizo lo propio al reclutar a Jaqueline L’Hoist Tapia, expresidenta del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la CDMX, lo que abre una brecha en la Iniciativa Privada para darle un papel preponderante a este tema.

Para el caso de las instituciones públicas, tienen una obligación normativa para contar con un área técnica especializada de la TPEG al interior del aparato institucional. Lo anterior intenta abonar a consolidad la igualdad sustantiva, que, hace referencia a eliminar todas las barreras que impiden a las mujeres acceder de manera plena al ejercicio de sus derechos humanos. Su papel es técnico por lo que esta posición no debe verse como un espacio político, ya que de lo contrario será un adorno que solo merme las finanzas de la dependencia, al erogar sueldos onerosos a personas que no tienen idea de su papel.

El fenómeno que ha ocurrido, y por el cual las Unidades de Género no han funcionado del todo es debido a que se emplea en las tareas de la unidad a personas de la propia estructura orgánica sin especialización técnica en la materia. Estos espacios no deben ser las encargadas ni de preparar el evento del 8 de marzo ni el del 25 de noviembre solamente. Debe ser el área dedicada justa a la construcción de una cultura institucional para la igualdad.

Al respecto, la cultura institucional para la igualdad es un proceso continuo y complejo que implica el desbaratamiento de las costumbre y prácticas que han llevado a lo largo del tiempo a colocar a las mujeres en situaciones de desigualdad. Este proceso requiere además de la voluntad política de las titularidades y puestos directivos dentro de los espacios gubernamentales. Dichos espacios están plagados de machismo, misoginia, así como de prácticas que involucran acciones que fomentan el acoso, hostigamiento y violencia sexual. Su desmonte es complicado y el trabajo de las unidades de género bastante arduo.

Para el caso de San Luis Potosí, existe un buen número de dependencias del ejecutivo y el judicial que cuentan con unidades dedicadas a la TPEG que lleven a una consecuente institucionalización de esta perspectiva. El conflicto principal es el mencionado con anterioridad. Carecen de personal certificado, carecen de personal dedicado de forma exclusiva a las tareas, y carecen de voluntad política, en su mayoría, de quienes tomas las decisiones para llevar a efectos las labores necesarias para desempeñar su trabajo.

Para el caso del legislativo local, carece de una unidad especializada. En ese sentido, durante el primer trimestre de 2019 redacté una iniciativa relativa a este tema para la legisladora que asesoraba. Dicha iniciativa se encuentra en la congeladora e incluso a punto de caducar, si es que no se solicitó la prórroga correspondiente. La ignorancia y la falta de trabajo de este Congreso ha llevado a un rezago que ya hasta resulta irrisorio.

Urge que el Congreso legisle al interior de su gobierno para comenzar a generar una cultura para la igualdad. De nada sirve tener 13 legisladoras, si de las 13, más de la mitad carecen de las herramientas técnicas necesarias para legislar con perspectiva de género. De los machilegisladores hombres ni se diga, no pasan de ser unos orangutanes con tacuche. Por lo que nos toca a la ciudadanía exigir resultados en la materia, y en caso de que se concrete, que se coloque en la posición a una persona especialista en la materia, que no sea un trofeo que de disputen entre las diversas bancadas. 

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