LUCES DE VARIEDAD.

Andrés Manuel López Obrador tuvo un gesto de pragmatismo luego de ser electo como presidente. Su gobierno, dijo, no apostaría a dinámicas persecutorias. “No es mi fuerte la venganza”, aseguró, “no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos”. En campaña habló incluso de perdón. Para evitar mayores turbulencias, se ponía un punto final a una era traumática en la historia del país. Un borrón y cuenta nueva a partir del que, ahora sí, ya no permitirían las canalladas de antes. El problema de esta polémica postura es que entraba en conflicto irresoluble con una cuestión existencial del proyecto que le llevó a Palacio Nacional: el enfrentamiento contra quienes abusaron de su posición en el sector público durante décadas, un antagonismo gracias al que se entiende su popularidad.

Atacar tan solo las corruptelas del punto B al punto C, implicaba dejar impune el espectro que partía del punto A, lo cual restaba fibra al discurso. Acaso por ello, y también ante los exiguos resultados en los primeros dos años de su gobierno, decaídos y criticados debido a crisis y fracasos en varios ejes, no quedó más que apelar a esa última baza, la más poderosa quizá, que implicaba de atacar frontalmente a las administraciones que le antecedieron. Un recurso para sacar en caso de emergencia. Un salvavidas político. La gran justificación a su permanencia.

La detención Emilio Lozoya llevó la cruzada al punto más radical. El exdirector de Pemex soltó denuncias al por mayor y amagó con videos que salpicarían a parte medular de quienes estuvieron al mando en los sexenios anteriores. El material, si se gestionaba cuidadosamente, se antojaba como el arma definitiva para demoler a corto y mediano plazo a la ya de por sí maltrecha oposición partidista. Con mayor o menor grado de separación, tales declaraciones, fueran honestas o no, anulaban a los competidores a golpe de titulares en medios. PAN, PRD, PRI e incluso formaciones embrionarias como México Libre se verían seriamente vulneradas a ojos de la ciudadanía. Todo iba bien para el gobierno, hasta que lo fue un poco menos. Un giro inesperado hizo trastabillar a lo que parecía infalible.

El caso Lozoya seguirá afectando a los involucrados, desde luego. Nadie sensato metería las manos al fuego por ninguno de los protagonistas de semejante telenovela. Pero entonces surgió una respuesta que posiblemente el proyecto de López Obrador no anticipaba. Un contrataque, dispuesto en los mismos términos (videoescándalos), proveniente de una parte del espectro político que tras meses de desfallecimiento terminó por dar señales de vida. No queda claro exactamente quién está detrás de las filtraciones. En ello probablemente hubo, en parte, fuego amigo, pero también otra influencia, un coletazo del viejo régimen, uno que se niega a morir.

La divulgación de videos que exponen al hermano del presidente en acciones presuntamente violatorias de la ley electoral pega de lleno en una parte sensible de la actual administración. Si ya antes había señalamientos a prácticas cuestionables de funcionarios de primer nivel (que podían personalizarse y por tanto no manchar el resto del organigrama), esta vez la sombra se extiende al ámbito familiar del líder y también a las prácticas de Morena en su persecución del éxito, maniobras indisociables de la estructura.

Aunque sacar conclusiones sería apresurado, lo anterior se antoja como el inicio de una lucha entre un bando establecido y uno difuso, de varios cuerpos y cabezas. Da la impresión de que el equilibrio se ha roto y que, de ser así, el marcador final no dejará un ganador en términos absolutos, sino que habrá pérdidas para todos los bandos involucrados, salvo que el gobierno federal decida bajar la velocidad y tranquilizar la balanza. O si es que los otros se quedan sin pólvora. Un revés del duelo callejero será el debilitamiento de la mediación institucional que pasa a segundo plano en pos de los ataques directos, el lanzamiento de lodo, el sálvese quien pueda. Un deterioro de acuerdo entre facciones, tan necesario, al menos mínimamente, para una sana vida democrática. Que no se confunda esto con una reivindicación de la impunidad. Cualquier mal manejo debe ser castigado según las disposiciones de la ley; priorizar el espectáculo, eso sí, trae efectos secundarios indeseables.

Es verdad que la presidencia tiene una ventaja sustantiva como lo es el manejo de un entramado de gobierno. En distintas oficinas y dependencias el presidente tiene a fieles mastines entregados a la causa que podrán presionar y lanzar mordidas intimidatorias desde sus respectivas esferas. No obstante, esta ventaja tiene puntos limítrofes, ya que, primero, levantará cuestionamientos (ya los hay) de una aplicación parcial de la justicia; y, segundo, cada uso de la carta Lozoya podría ser susceptible al contragolpe mediático que ponga en entredicho el espíritu de renovación moral que impulsa el gobierno. Este relato, que es uno de los principales sostenes de la presidencia, también es una debilidad en el sentido de que la pureza es difícil de sostener, no por lo que concierne al presidente de primera mano (que ha sido cuidadoso durante décadas en este tema), sino por quienes le rodean. Entre tantos subordinados, oficinas, acuerdos, parentela… siempre habrá alguna manzana podrida que estropee el cuento.

Tal es el peligro para el autoproclamado movimiento de regeneración, verse erosionado por una lucha a cara de perro que, por algo, en un principio se prefería soslayar. El presidente tendrá, sí, el recurso de lavarse las manos y pedir que cualquier eventualidad se solucione bajo los términos de la ley, una pulcritud que no confiere a las tropelías de sus adversarios, por cierto, a quienes utiliza para actos de proporciones circenses en conferencias que sustituyen a instancias especializadas que, junto a otras prácticas informales, transgreden el debido proceso. Además, a la postre será insuficiente, ya que eventualmente minará la retórica de un gobierno que prometió cambiar dinámicas enquistadas en la política. Si algún grupo logra instalar la idea de que los nuevos son iguales a los anteriores, el desgaste será inminente, aunque considero que sin la velocidad suficiente para un colapsar a Morena en 2021.

Por si fuera poco, el castigo a los propios colaboradores tiene un límite. Varios de ellos configuran parte básica de la cuadrilla por lo que no será fácil deslindarse de ellos o desecharlos, sin dificultades adicionales a la gobernanza. Tampoco hay proclividad a la aceptación del error. El relativismo aplicado a los yerros y claroscuros de figuras activas en el gobierno muestra que no hay una disposición estricta a eliminar los abusos de la clase dirigente del país siempre y cuando sean de parte decisiva del clan.

La lucha, pues, está abierta. Parece que la fuerza de los opositores fue subestimada y que, después de tanta deriva, estos últimos han encontrado una forma efectiva de socavar a la hegemonía actual, una que ha abierto demasiados frentes demasiado pronto, aunque obligada ante un contexto que no le ayuda con miras a las elecciones de medio término. La lucha contra los predecesores que es su gran reivindicación podría ser, paradójicamente, el inicio de un desgaste mayor. O puede que no, ya se verá en las elecciones, no tanto en las encuestas.

Después de la pequeña cisma que involucró a su hermano, el presidente manifestó que su misión continuará, pese a todo. Recurrió al enésimo paralelismo con referentes históricos a los que cada vez hay que meter con más calzador. Hay que decir que no está solo y él lo sabe. Tiene un respaldo considerable de la ciudadanía, una fracción de incondicionales que mantendrán firmes en su apoyo, sin importar los argumentos ni la evidencia que contradigan lo que finalmente es una creencia. Al contrario, cada golpe significará una nueva cimentación del dogma. Otros lo ven de un modo instrumental y tolerarán algunos pecados a cambio de la promesa de un bien mayor, como serían cambios de raíz en el entramado económico-social y la extirpación de lastres enquistados en el poder.

Lo que sí está en riesgo a nivel electoral son los apoyos dados en 2018 que se podrían categorizar como “coyunturales”, el hartazgo que constituyó una porción de los 30 millones de votos, cifra colosal que tiene algo de espejismo y que no equivale, como algunos creen, a un consenso, no al menos permanente. Una parte de ellos, imposibles de cuantificar, correspondieron no a incondicionales, sino a voto flotante que como vino se puede ir. La determinación de tales ciudadanos ante los hechos referidos medirá los alcances y límites de la actual administración, si bien las fuerzas que desafían a Morena perderán mientras estén dispersados.