El primer síndico municipal, Víctor Salgado Delgadillo, aclaró que la mayoría de los laudos liquidados se originaron en administraciones anteriores. Destacó que el Ayuntamiento ha cumplido resoluciones judiciales y promovido acuerdos para proteger las finanzas municipales

Por: Redacción

El primer síndico municipal, Víctor Salgado Delgadillo, precisó que los pagos realizados por concepto de laudos laborales durante las administraciones 2021-2024 y 2024-2027 corresponden, en su mayoría, a juicios originados en gobiernos anteriores, principalmente en los periodos 2015-2018 y 2018-2021, por lo que resulta incorrecto atribuir dichos conflictos a la actual gestión municipal.

Explicó que cerca del 80 por ciento de los laudos cubiertos por el Ayuntamiento derivan de procedimientos laborales iniciados en administraciones pasadas, cuya resolución fue emitida por autoridades jurisdiccionales competentes. En ese sentido, señaló que el cumplimiento de estas sentencias constituye una obligación legal y administrativa

para el Municipio, ya que desacatarlas podría generar costos adicionales por intereses, actualizaciones y otras sanciones.

Salgado Delgadillo destacó que, además de cumplir con los mandatos judiciales, la actual administración ha impulsado mecanismos de conciliación para alcanzar acuerdos con trabajadores involucrados en litigios laborales, evitando que los montos de las indemnizaciones continúen incrementándose y reduciendo el impacto económico sobre las finanzas municipales.

El primer síndico reiteró que la prioridad del Gobierno de la Capital ha sido actuar con responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, proteger el patrimonio municipal y garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades laborales, siempre con apego a la legalidad y transparencia.

También lee: Guadalupe Torres: pronto habrá titular definitiva en Semujeres

Nancy García señaló que la compensación aprobada por la Junta de Gobierno deberá justificarse ante el Congreso

Por: Redacción

El bono que la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) autorizó para trabajadores del área de mantenimiento deberá estar justificado cuando el organismo presente su iniciativa de cuotas y tarifas ante el Congreso del Estado, advirtió Nancy Jeanine García Martínez, diputada local.

La legisladora explicó que el Congreso no autoriza ese tipo de pagos —la decisión se toma en la Junta de Gobierno del organismo—, pero sí revisa que las iniciativas de cuotas y tarifas lleguen con exposición de motivos y justificación, por lo que los diputados pued en hacer observaciones e incluso modificaciones.

Recordó que buena parte de la inconformidad ciudadana de los últimos meses ha sido la falta de agua en muchas colonias, por lo que, dijo, habrá que revisar si la operación del organismo es eficiente y si realmente se está dando mantenimiento a la infraestructura

.

García señaló que el reclamo por el aumento de nóminas en las iniciativas del Interapas es recurrente desde legislaturas anteriores. “No es que esté mal, es simplemente que creo que hay prioridades“, afirmó, y planteó que el organismo deberá justificar si el recurso hace falta en personal o si debe destinarse al mantenimiento.

La diputada consideró que “lo más ideal” sería platicar con el director del Interapas para conocer el sentido de las compensaciones autorizadas.

También lee: Robo a vivienda se mantiene sin aumento en vacaciones: SSPCE

El director de Obras Públicas capitalino, Eustorgio Chávez Garza, informó que la Contraloría General del Estado respondió al expediente de El Saucito más de un mes después de lo que marca la normativa de CompraNet, en medio de la disputa entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado por licitaciones municipales detenidas

Por: Redacción

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó este martes que la Contraloría General del Estado emitió una nueva observación sobre el paso a desnivel de El Saucito, más de un mes después de que el municipio solventara el señalamiento anterior, y sostuvo que no existen incumplimientos formalmente acreditados contra el gobierno capitalino.

Chávez Garza explicó que el Acuerdo para la utilización de CompraNet San Luis Potosí obliga a la Contraloría a emitir observaciones o autorizar las bases de los procedimientos en un plazo de cinco días hábiles, término que en este caso fue rebasado por semanas.

De acuerdo con el funcionario, la Contraloría emitió su primera observación sobre El Saucito el 27 de mayo; el Ayuntamiento la solventó el 10 de junio, pero la nueva respuesta no llegó sino hasta este 14 de julio, más de un mes después de que la administración capitalina cumpliera con el requerimiento.

El director de Obras Públicas señaló que hasta la semana pasada más de 30 procesos municipales permanecían sin cerrar en la plataforma estatal. En días recientes fueron liberados siete, pero todavía hay 22 expedientes abiertos, mientras el Ayuntamiento continúa ingresando nuevos proyectos al sistema.

Chávez Garza subrayó que CompraNet es la única vía oficial para notificar observaciones o incumplimi entos,

por lo que, al no existir señalamientos de ese tipo registrados en la plataforma, no hay incumplimientos formalmente acreditados contra el Gobierno de la Capital.

La postura del funcionario se da en medio de la ruptura entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, luego de que en febrero ambos anunciaran juntos un paquete de obras cercano a los 800 millones de pesos, coordinación que se rompió cinco meses después, cuando el Gobierno del Estado inició el Puente de la Familia sin que el municipio participara de manera visible.

Galindo ha sostenido que más de 30 licitaciones municipales, iniciadas desde marzo, continúan sin aval de la Contraloría estatal; hacia mediados de julio, dijo, la obra de El Saucito aún no contaba con autorización pese a que la viene denunciando desde junio, y afirmó percibir ya un componente político de cara a la elección de 2027.

La Contraloría estatal, por su parte, ha rechazado que exista un bloqueo político y atribuye el freno a expedientes incompletos, observaciones sin resolver y permisos aún pendientes, entre ellos algunos vinculados con impacto urbano y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El Ayuntamiento sostiene, además, que mantiene sin ejercer más de 600 millones de pesos destinados a obra pública, recurso que permanece detenido mientras la Contraloría no autorice las licitaciones municipales pendientes.

También lee: Galindo rechaza que exista crisis de inseguridad en el Centro Histórico