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Subió el agua y se tejen bufandas | Columna de Jorge Saldaña
TERCERA LLAMADA.
Culto Público e hijos del agua pasa por mi casa, las bufandas navideñas de la política local se están tejiendo fino.
Recordarán que no hace mucho en alguna de mis entregas, “Bonus de viernes”, les conté como infidencia sobre la reunión que sostuvieron los vecinos de palacio Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos (ya deberían poner una oficina de enlace ahí en el kiosco de Plaza de Armas), gobernador y alcalde capitalino respectivamente, en la que marcaron la ruta a seguir y fijaron posiciones respecto al inminente aumento a las tarifas del agua.
Un tema, por donde se le vea, con muy poco respaldo ciudadano. Asumo que nadie queremos pagar más por el agua, mucho menos si esta no llega, tampoco cuando cae cada vez que le viene en gana o por tandeo, tampoco cuando tenemos que corretear al de la pipa, o de plano a los que vemos cómo el recibo aumenta de forma inexplicable, sin razón y sin medida.
Me entero ahora de los detalles de aquella reunión. Fue entonces que se marcó el punto del tejido fino y se empezaron a dar pasitos de bebé hasta que en esta semana con 25 de 27 votos a favor en el congreso se autorizó el dictamen de un incremento del 6.9 por ciento a la tarifa, pero ojo… no para todos.
El gobernador Ricardo no habría permitido en la arena de lo político, que los diputados de la fracción de su partido hubieran votado a favor de un incremento generalizado, dicha acción atentaría contra la construcción de su discurso social con los más desfavorecidos.
La solución que encontraron fue simple, al grado que caerá muy bien sobre todo al ciudadano de clase media para abajo y si me permite le explico: Así como en las reuniones y posadas navideñas es muy justo que a la hora de la cuenta paguen más los que más beben, el gobierno municipal, de la mano con los legisladores y en acuerdo con el gobierno estatal, cobrarán más a quienes más consumen el “hache dos 0” de los potosinos. (Que bueno que no caí en el lugar común del “vital líquido”).
Así de fácil: Se cobrará casi el 7 por ciento extra a los que utilizan el agua para sus procesos productivos, y por lo tanto lucrativos. A los que usan agua para sacar beneficio, se les va a cobrar a la buena (por el momento) y me refiero a todas esas grandes industrias que se sentían intocables, o que de plano no pagaban lo justo por el altísimo consumo que tienen en sus procesos.
Reitero que por el momento no hay garrote y será a través del diálogo y el convencimiento (me informan que hubo hace un par de días una reunión en buenos términos entre el alcalde y los gerentes de grandes plantas) para que la industria (y otros vivillos del poniente que piensan que el agua es de ellos) paguen lo que deben y que representan, en un calculo mesurado por lo menos una centena de millones de pesos.
Los industriales y comerciantes que están al corriente pues tendrán que presupuestar un 6.9 por ciento extra en el pago del servicio, lo que se traduce en otros buenos millones de pesos que van a destinarse no solo al mantenimiento de por lo menos 20 pozos que se encuentran en el abandono.
El incremento que se convertirá en dinero “liquido” (valga la redundancia) para reparar la red de distribución, los pozos, las deudas con la CFE y en pagar las pipas de emergencia que la administración está rentando cuando Realito falla, las bombas de los pozos se descomponen o cuando la muy maltratada red de distribución colapsa.
En pocas palabras, pagarán el incremento los que hacen negocio y sacan ventaja del agua, y no pagaremos ni un peso más todos los que la utilizamos para tener en casa con qué ducharnos (los que lo hacen) o para poder jalarle al baño y lavarse las manos.
El incremento alcanza incluso, hasta para acompañar las obras de infraestructura en vialidades, 
Todo esto se planeó en esa reunión en palacio de gobierno y así como el monumental árbol navideño de la Plaza de los Fundadores… ya prendió. Enrique Galindo contará con poco más de 400 millones de pesos extra sin tener que andar invitando francachelas a los diputados ni pedir prestado, ni andar mandando maletines de a millón como en la pasada administración que además al final, ni logró nada.
No, no todo es miel sobre hojuelas, le tendré que platicar sobre la ley de ingresos aprobada para la ciudad en otra entrega, pero por lo pronto le adelanto que una vez más se “rentarán” casi un centenar de patrullas para el servicio de los capitalinos, esperemos que el contrato por lo menos no sea tan abusivo que el anterior y que los vehículos no los retiren de circulación antes de que se acabe el contrato como ocurrió en el anterior gobierno capitalino. ¿De verdad será el “Leasing” la única alternativa? ¿No será mejor rentarlas con derecho a compra? Yo no más digo.
En esta semana 11 alcaldes se asumieron como municipios del Partido Verde, la capital no fue uno de ellos, pero con todo esto que escribí arriba, pues ni falta que hace, y nada más para ponerle sabor le comparto lo que oí decir respecto al PRI hace poco: “pues de una vez que se sacuda el árbol”.
Ojalá sea larga la bufanda que tejen fino Gallardo y Galindo, no sea que un día se vayan a soltar los fríos…
BEMOLES.
SAN MIGUELITO CON PIÑONES
No puedo dejar pasar el tema de la declaración como Área Nacional Protegida a la Sierra de San Miguelito. Ni un metro cuadrado podrán tocar los fraccionadores por lo menos de aquí a que termine la administración de Morena, es decir, quizás en 9 años. Ahora la lucha deberá ser por la dignidad de los comuneros porque el plan que ofrecen a San Juan es como para ponerse a llorar: Arrancará un plan de siembra de Piñon que la federación comprará y por el cual pagará algo así como 300 pesos mensuales a cada integrante de la comunidad, con eso ¿quién vive? Pero sobre todo ¿Cómo se vive? Los comuneros no ganaron, los urbanizadores tampoco…pero no fue empate. #Explíquenme
AY MARIA CRISTINA
Movimiento Ciudadano en SLP recibe poco menos de 4 millones de pesos al año, gobierna solamente 2 municipios en todo el estado y aún así, se ha convertido en la joya de la corona. La percepción que causó la salida de Mauricio Ramírez Konishi del PRI movió el tapete de todos los interesados pero hay que dejarlo muy clarito. Están apuntados, lo acepten o no, el ya mencionado que quiere la dirigencia para Cruz Fragoso, y lo acompañan Sebastián Pérez de cerca junto a Pablo Zendejas. Por otro lado está jugando por las bandas el empresario Enrique Galván junto con mi tocayo Jorge Armendariz. Juan Carlos Valladares ya los mandó al diablo a todos y pues muy sus razones, mientras tanto la realidad es una: no hay nada para nadie. Govea todavía cargará los peregrinos. #NoSeCalientenComales
Me despido, Culto Público. Hasta la próxima
Atentamente,
Jorge Saldaña
También lee: Tres cuentos y dos fugitivos | Columna de Jorge Saldaña
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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz
Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.
Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.
¿A quiénes alcanza?
La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.
Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.
¿Cómo se evaluará?
El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).
Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.
Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.
Las consecuencias no son menores.
Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.
Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.
El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses
¿Y qué sucede durante 2026?
El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.
El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.
La memoria de 2024 no puede borrarse.
Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.
Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.
La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.
El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.
Lee también: Poder Judicial: ¿austeridad o incertidumbre laboral?
El gobernador dijo que hay una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y recibir a los paisanos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la vigilancia de las carreteras para recibir a los migrantes potosinos se hará este año también por vía aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.
Gallardo dijo que habrá “una gran caravana de migrantes” y que los paisanos serán recibidos “en próximos días”. Aseguró que existe una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y poder recibirlos “con los brazos abiertos”.
La Caravana del Migrante Potosino de este año traerá de regreso a entre 5 mil y 7 mil paisanos desde Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Será la última de la administración 2021-2027 y más de 36 alcaldes
El Gobierno del Estado informó que unos 2 mil vehículos participarán en la caravana, que entrará a México el 20 de diciembre por Matamoros, Tamaulipas, con el apoyo de unas 40 dependencias que darán atención médica, asesoría jurídica y auxilio vial. La llegada a San Luis Potosí está prevista entre el 18 y el 21 de diciembre.
El Instituto recomendó a quienes regresan por su cuenta que se unan a la caravana oficial para viajar acompañados y con menos riesgo, pues desde septiembre muchos paisanos llegan al estado por separado.
También lee: Gallardo presume cero observaciones financieras en auditoría de 2025
Las noches de hotel en la capital bajaron 13% aunque la feria superó los 10 millones de visitas
Por: Ana G Silva
Los hoteles de la capital potosina ocuparon 53.96% de sus cuartos en agosto de 2026, el mes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), frente a 61.16% en agosto de 2025. La caída fue de 7.2 puntos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de la Secretaría de Turismo federal.
Los hoteles de la capital mantuvieron su oferta de 6,181 cuartos, pero en agosto vendieron 103,106 noches de habitación, 11.7% menos que un año antes. Llegaron a los hoteles 88,823 turistas, 8.9% menos que en agosto de 2025.
Antes de la feria, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anticipó que los hoteles “se van a abarrotar” con la Fenapo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la derrama económica de esta edición “va a superar todo” lo registrado en 2025.
Más visitas a la feria, menos noches de hotel
Al cierre de la feria, en la que se incluyó el concierto gratuito de Katy Perry, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó una ocupación hotelera de 80% en la capital. Esa cifra correspondió a los últimos días de la Fenapo; el promedio de todo agosto quedó 26 puntos
En septiembre, el gobierno estatal informó que la Fenapo rebasó los 10 millones de visitas en 24 días, más de tres millones por encima de su propia proyección.
Ese aumento no se reflejó en el hospedaje. Los turistas noche en hoteles de la capital, que suman las noches de cada huésped, bajaron de 191,979 en agosto de 2025 a 166,574 en agosto de 2026, una caída de 13.2%.
La Secretaría de Turismo del Estado reportó para todo el estado un incremento de poco más de 5% en la ocupación hotelera del verano, del 10 de julio al 30 de agosto. En la capital, julio y agosto juntos promediaron 55.3%, contra 60.6% en 2025.
El año también va abajo
De enero a septiembre de 2026, la ocupación promedio en la capital fue de 50.88%, contra 53.40% en el mismo periodo de 2025. Solo enero y mayo superaron el nivel del año anterior.
Septiembre, con 45.19%, fue el mes más bajo de 2026, siete puntos debajo de septiembre de 2025.
En nueve meses llegaron 694,483 turistas a los hoteles de la capital, 2.5% menos que un año antes. Los visitantes nacionales bajaron 7.9%, mientras los extranjeros subieron 71.6%, hasta 82,622, sin compensar la caída.
También lee: Katy Perry, seguridad reforzada y hoteles llenos marcan la Fenapo
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