julio 5, 2022

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Subió el agua y se tejen bufandas | Columna de Jorge Saldaña

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TERCERA LLAMADA.

 

Culto Público e hijos del agua pasa por mi casa, las bufandas navideñas de la política local se están tejiendo fino.

Recordarán que no hace mucho en alguna de mis entregas, “Bonus de viernes”, les conté como infidencia sobre la reunión que sostuvieron los vecinos de palacio Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos (ya deberían poner una oficina de enlace ahí en el kiosco de Plaza de Armas), gobernador y alcalde capitalino respectivamente, en la que marcaron la ruta a seguir y fijaron posiciones respecto al inminente aumento a las tarifas del agua.

Un tema, por donde se le vea, con muy poco respaldo ciudadano. Asumo que nadie queremos pagar más por el agua, mucho menos si esta no llega, tampoco cuando cae cada vez que le viene en gana o por tandeo, tampoco cuando tenemos que corretear al de la pipa, o de plano a los que vemos cómo el recibo aumenta de forma inexplicable, sin razón y sin medida.

Me entero ahora de los detalles de aquella reunión. Fue entonces que se marcó el punto del tejido fino y se empezaron a dar pasitos de bebé hasta que en esta semana con 25 de 27 votos a favor en el congreso se autorizó el dictamen de un incremento del 6.9 por ciento a la tarifa, pero ojo… no para todos.

El gobernador Ricardo no habría permitido en la arena de lo político, que los diputados de la fracción de su partido hubieran votado a favor de un incremento generalizado, dicha acción atentaría contra la construcción de su discurso social con los más desfavorecidos.

La solución que encontraron fue simple, al grado que caerá muy bien sobre todo al ciudadano de clase media para abajo y si me permite le explico: Así como en las reuniones y posadas navideñas es muy justo que a la hora de la cuenta paguen más los que más beben, el gobierno municipal, de la mano con los legisladores y en acuerdo con el gobierno estatal, cobrarán más a quienes más consumen el “hache dos 0” de los potosinos. (Que bueno que no caí en el lugar común del “vital líquido”).

Así de fácil: Se cobrará casi el 7 por ciento extra a los que utilizan el agua para sus procesos productivos, y por lo tanto lucrativos. A los que usan agua para sacar beneficio, se les va a cobrar a la buena (por el momento) y me refiero a todas esas grandes industrias que se sentían intocables, o que de plano no pagaban lo justo por el altísimo consumo que tienen en sus procesos.

Reitero que por el momento no hay garrote y será a través del diálogo y el convencimiento (me informan que hubo hace un par de días una reunión en buenos términos entre el alcalde y los gerentes de grandes plantas) para que la industria (y otros vivillos del poniente que piensan que el agua es de ellos) paguen lo que deben y que representan, en un calculo mesurado por lo menos una centena de millones de pesos.

Los industriales y comerciantes que están al corriente pues tendrán que presupuestar un 6.9 por ciento extra en el pago del servicio, lo que se traduce en otros buenos millones de pesos que van a destinarse no solo al mantenimiento de por lo menos 20 pozos que se encuentran en el abandono.

El incremento que se convertirá en dinero “liquido” (valga la redundancia) para reparar la red de distribución, los pozos, las deudas con la CFE y en pagar las pipas de emergencia que la administración está rentando cuando Realito falla, las bombas de los pozos se descomponen o cuando la muy maltratada red de distribución colapsa.

En pocas palabras, pagarán el incremento los que hacen negocio y sacan ventaja del agua, y no pagaremos ni un peso más todos los que la utilizamos para tener en casa con qué ducharnos (los que lo hacen) o para poder jalarle al baño y lavarse las manos.

El incremento alcanza incluso, hasta para acompañar las obras de infraestructura en vialidades,

es decir que, según los planes antes de que se pavimente una calle, se tendrá que reparar primero la red de distribución y las descargas al drenaje, para luego no andar rompiendo una y otra vez las vialidades.

Todo esto se planeó en esa reunión en palacio de gobierno y así como el monumental árbol navideño de la Plaza de los Fundadores… ya prendió. Enrique Galindo contará con poco más de 400 millones de pesos extra sin tener que andar invitando francachelas a los diputados ni pedir prestado, ni andar mandando maletines de a millón como en la pasada administración que además al final, ni logró nada.

No, no todo es miel sobre hojuelas, le tendré que platicar sobre la ley de ingresos aprobada para la ciudad en otra entrega, pero por lo pronto le adelanto que una vez más se “rentarán” casi un centenar de patrullas para el servicio de los capitalinos, esperemos que el contrato por lo menos no sea tan abusivo que el anterior y que los vehículos no los retiren de circulación antes de que se acabe el contrato como ocurrió en el anterior gobierno capitalino. ¿De verdad será el “Leasing” la única alternativa? ¿No será mejor rentarlas con derecho a compra? Yo no más digo.

En esta semana 11 alcaldes se asumieron como municipios del Partido Verde, la capital no fue uno de ellos, pero con todo esto que escribí arriba, pues ni falta que hace, y nada más para ponerle sabor le comparto lo que oí decir respecto al PRI hace poco: “pues de una vez que se sacuda el árbol”.

Ojalá sea larga la bufanda que tejen fino Gallardo y Galindo, no sea que un día se vayan a soltar los fríos…

BEMOLES.

SAN MIGUELITO CON PIÑONES

No puedo dejar pasar el tema de la declaración como Área Nacional Protegida a la Sierra de San Miguelito. Ni un metro cuadrado podrán tocar los fraccionadores por lo menos de aquí a que termine la administración de Morena, es decir, quizás en 9 años. Ahora la lucha deberá ser por la dignidad de los comuneros porque el plan que ofrecen a San Juan es como para ponerse a llorar: Arrancará un plan de siembra de Piñon que la federación comprará y por el cual pagará algo así como 300 pesos mensuales a cada integrante de la comunidad, con eso ¿quién vive? Pero sobre todo ¿Cómo se vive? Los comuneros no ganaron, los urbanizadores tampoco…pero no fue empate. #Explíquenme

AY MARIA CRISTINA

Movimiento Ciudadano en SLP recibe poco menos de 4 millones de pesos al año, gobierna solamente 2 municipios en todo el estado y aún así, se ha convertido en la joya de la corona. La percepción que causó la salida de Mauricio Ramírez Konishi del PRI movió el tapete de todos los interesados pero hay que dejarlo muy clarito. Están apuntados, lo acepten o no, el ya mencionado que quiere la dirigencia para Cruz Fragoso, y lo acompañan Sebastián Pérez de cerca junto a Pablo Zendejas. Por otro lado está jugando por las bandas el empresario Enrique Galván junto con mi tocayo Jorge Armendariz. Juan Carlos Valladares ya los mandó al diablo a todos y pues muy sus razones, mientras tanto la realidad es una: no hay nada para nadie. Govea todavía cargará los peregrinos. #NoSeCalientenComales

Me despido, Culto Público. Hasta la próxima

Atentamente,

Jorge Saldaña

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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP

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Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión

Por: Ana G Silva

En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.

De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.

La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.

En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado,

pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.

En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.

Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.

A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.

La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.

También lee: ¿La basura de SLP debe seguir en manos de Vigue?

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Casa de Gobernadores de SLP: el monumento a la corrupción política

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Construida durante el sexenio de Carlos Jonguitud, la mansión de Montañas Rocallosas siempre estuvo rodeada de la crítica contra los excesos de los gobernadores potosinos

Por: Bernardo Vera

La Casa de Gobernadores, que por décadas fue destinada para los mandatarios de la entidad, será convertida en una estancia para albergar a niñas, niños y personas de la tercera edad en situación vulnerable. Luego del paso de once jefes del ejecutivo estatal, y tras la decisión de Ricardo Gallardo Cardona, ayer comenzaron las obras para la transición del inmueble ubicado en avenida Montañas Rocallosas 123, de la colonia Loma Alta.

Gallardo Cardona denunció ayer que la casa le costaba al erario cinco millones de pesos entre su mantenimiento y el pago de nómina de 150 trabajadores entre escoltas, jardineros, meseros, asistentes, etcétera. Ahora al final de su remodelación tendrá mil 873 metros cuadrados para que se atienda a 63 niños y niñas, además de contar con enfermería, dos aulas, comedor, cocina, dos áreas de estar, salón de juegos, usos múltiples, dos dormitorios para cuidadores, servicios sanitarios y generales.

La estancia para adultos mayores tendrá una superficie de 5 mil 488 metros cuadrados, con la capacidad de atender a 88 personas y contará con sala de fisioterapia, consultorios, enfermería, dos salas de televisión, salas de visita, cuatro salas de terapia y una terraza.

Esta casa fue construida durante la gestión del ex gobernador Carlos Jonguitud Barrios (1979 – 1985), bajo la justificación de que resultaba complejo atender a los ciudadanos que acudían a su domicilio particular para manifestarse. Sin embargo, la obra desató reclamos de la sociedad potosina al considerarla “un exceso” por parte del gobernador, quien prometió no utilizarla con fines personales. A pesar de ello, existe la idea entre la población de que pretendía hacerla su domicilio permanente.

El paso de los años y las diferentes administraciones, volvieron el espacio una extensión del Palacio de Gobierno, ya que se efectuaban reuniones de gabinete y se solía recibir a políticos invitados; de esa manera recibió la denominación de “Casa de Gobierno”, como otras residencias que existen en diferentes estados del país, con uso similar.

El caso más polémico fue durante la administración de Leopoldino Ortiz Santos (1987-1991) quien realizó distintas reuniones y fiestas en la casa junto a su familia, y al terminar su sexenio, esta terminó en pésimas condiciones.

Seis administraciones después, durante la gubernatura de Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009), la casa fue remodelada,

se mejoraron sus condiciones y se adecuó a manera de una elegante oficina. El ex gobernador y su familia sí vivieron en ella por seis años.

Francisca Reséndiz Lara, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), denunció en 2015, que la casa fue utilizada como domicilio particular de David Toranzo, hijo del entonces gobernador, Fernando Toranzo, en donde habitaba junto a su esposa y “sus tres perros”. Además, durante cinco años y nueve meses de la administración torancista, se erogaron 19 millones, 541 mil 371 pesos con 55 centavos en el mantenimiento de la Casa de Gobernadores, por conceptos como alimentación, limpieza, alberca y otros gastos.

En 2018, la asociación “Ciudadanos Observando” colocó carteles de venta a manera de protesta simbólica, luego de darse a conocer que su mantenimiento representaba casi 8 millones de pesos anuales. Además, se sugería a la administración de Juan Manuel Carreras, la venta de este espacio y recaudar fondos para infraestructura social, o que se destine el inmueble para brindar servicio a la población.

Juan Manuel Carreras López determinó que no habitaría la Casa de Gobierno, como parte de la política de austeridad que se había implementado, pues se buscaba obtener un ahorro en los gastos que representa para el erario. Sin embargo, funcionó para reuniones con delegados federales y otros funcionarios.

El 27 de septiembre de 2021, Ricardo Gallardo Cardona, como gobernador recién electo, publicó un video en sus redes sociales, en el que mostró el interior de la Casa de Gobierno. En el material se mostró un despacho con decorado de lujo, habitaciones con baño completo, además de una cancha de tenis, una alberca vacía, una palapa, entre otras cosas.

Durante la grabación de este video, anunció que la administración a su cargo convertiría la casa en un albergue para personas en condiciones vulnerables, principalmente menores de edad y adultos mayores.

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Gallardo anunció inversión de 100 millones de pesos para el Hospital Central

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El gobernador aseguró que para diciembre estarán en funcionamiento y equipadas 120 nuevas camas

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado de San Luis Potosí, confirmó la ampliación de los servicios médicos del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” en la capital y una inversión de 100 millones de pesos en equipamiento, a partir de esta misma semana.

El gobernador del estado anunció que el área de urgencias del actual nosocomio se mudará a las instalaciones del nuevo edificio que se ubica a un costado y que hasta la fecha se encuentra sin funcionar, con el objetivo de hacer uso del inmueble, extender y ofrecer una mejora en la atención médica que se brinda a las y los potosinos en la actualidad.

Recordó que la construcción de este edificio nuevo inició en el sexenio del exgobernador Fernando Toranzo Fernández y culminó en la pasada administración de Juan Manuel Carreras López, y aunque es de correspondencia del Gobierno Federal su equipamiento y activación, el actual Gobierno potosino asumirá las acciones para “echarlo a andar” y no esperar más la llegada de aparatos médicos especializados.

“El Hospital Central viejo se va a cambiar al nuevo ya, no vamos a esperar más, si después nos mandan equipos nuevos, que bueno, los iremos reemplazando como vayan llegando. Esto, será otro logro más del actual Gobierno”, anunció Gallardo Cardona, y prometió que antes de diciembre todas las 120 camas de hospitalización que se encuentran sin utilidad

, puedan estar equipadas y albergar a pacientes.

Así mismo, el jefe del ejecutivo local puntualizó que la zona que será desocupada en el actual nosocomio será reconvertida en dignas salas de espera y áreas de descanso para las cientos de personas que diariamente duermen en la calle en espera de información de sus familiares hospitalizados, lo cual resulta inhumano y las expone a ser víctimas de la inseguridad y accidentes.

Por último, detalló que la inversión estatal de 100 millones de pesos, a través de la Secretaría de Salud, se utilizará en la compra de camas hospitalarias, insumos médicos y equipamiento necesario para completar la infraestructura de salud en el nuevo Hospital, de manera que cuando la Federación decida intervenir encuentre un centro médico funcionando correctamente.

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