Estado
SSPE detuvo a 69 personas en la ultima semana de 2019
Durante el operativo “Cohetón” se decomisaron 63 kg de pirotecnia ilegal los días 30 y 31 de diciembre
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que se detuvo a un total de 69 personas como presuntos responsables de cometer algún ilícito durante el periodo que comprende del 28 de diciembre al 3 de enero, en el estado de San Luis Potosí.
Los elementos de la SSPE pusieron a disposición del Ministerio Público a 29 individuos por posesión o venta de droga, 27 personas por cometer robo en sus diferentes modalidades, cuatro personas por portación de armas prohibidas, tres por violencia familiar y seis más por otros delitos.
Se hizo mención que en el marco del operativo “Cohetón” se logró decomisar un total de 63 kilogramos de fuegos artificiales de procedencia ilegal.
Destacaron que el lunes 30 de diciembre, durante recorridos de vigilancia por las colonias División del Norte, Tercera Grande, Garita de Saltillo, Rural Atlas y El Sauce, fueron asegurados 23 kilogramos de cohetones prohibidos de diferentes tipos; mientras que el 31 de diciembre en las colonias Central de Abastos, San Luis, Insurgentes, Industrial Aviación, Barrio de Santiago y Saucito, fueron retirados 40 kilogramos de diferentes tipos de pirotecnia, ya que no contaban con los permisos correspondientes para su venta al público.
Los detenidos, así como el producto asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, para determinar su situación legal.
Además, por medio del Sistema de Emergencias 911, fueron atendidas un total de tres mil 328 llamadas de auxilio reales, de las cuales 216 correspondieron a reportes de violencia familiar, 145 denuncias de personas sospechosas, 15 quejas de alteración del orden, entre otros.
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Ignacio Pesina Carrizales, explicó que la principal preocupación radica en la posible reducción de sus ingresos, lo que impactaría también a futuras generaciones
Por: Redacción
Un grupo de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad se manifestó este día en las instalaciones de distribución en San Luis Potosí para expresar su rechazo a la reforma al artículo 127 constitucional, al considerar que podría afectar directamente sus pensiones.
Ignacio Pesina Carrizales, uno de los participantes, explicó que la principal preocupación radica en la posible reducción de sus ingresos, lo que impactaría no solo a los actuales jubilados, sino también a futuras generaciones.
“Nos afecta en todo, no solo a nosotros como jubilados, sino a quienes vienen detrás. Estamos hablando de modificar la Constitución, que es la ley máxima, y eso tiene repercusiones directas”, señaló.
De acuerdo con los inconformes, la reforma podría establecer límites a las percepciones económicas, lo que derivaría en una disminución de sus pensiones, mismas que —aseguran— fueron obtenidas bajo contratos colectivos y acuerdos legales previamente establecidos.
El entrevistado subrayó que muchos de los afectados son adultos mayores, algunos cercanos a los 80 años, quienes dependen de estos ingresos para cubrir necesidades básicas y gastos médicos.
“Hay gente que ya hizo su proyecto de vida con base en esa jubilación
A nivel nacional, estiman que alrededor de 54 mil personas podrían verse afectadas por esta medida, incluyendo trabajadores de otras dependencias del sector público.
Los manifestantes insistieron en que no se trata de si las pensiones son altas o no, sino del respeto a los derechos adquiridos bajo un marco legal vigente en su momento.
“Trabajamos bajo reglas establecidas, con documentos legales avalados. Esa fue nuestra expectativa y por eso luchamos”, afirmó.
La protesta se desarrolló de manera pacífica y forma parte de una movilización nacional en distintos estados del país. Además, los inconformes anunciaron que participarán en una nueva manifestación el próximo 17 de abril en la Ciudad de México, donde buscarán visibilizar su demanda a nivel federal.
J. Guadalupe Torres destacó que el estado se ha consolidado como el segundo con menos homicidios dolosos a nivel nacional
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, resaltó los “grandes avances” que se han realizado en la actual administración estatal en materia de seguridad, destacando que San Luis Potosí se ubica en el segundo lugar nacional en cuanto a la menor incidencia de homicidios dolosos.
Aseguró que por primera vez en los últimos treinta años, el estado está haciendo ruido de manera positiva, convirtiéndose en un ejemplo de cómo se pueden reconducir exitosamente estas situaciones.
Destacó que se trata de un tema prioritario en la agenda gubernamental, por lo que cada semana llevan a cabo mínimo una reunión con el gabinete de seguridad para analizar las estrategias emprendidas y las diversas circunstancias específicas que se puedan generar.
El secretario general añadió que se está realizando una inversión sin precedentes en temas de seguridad, con la compra de nuevos equipos tecnológicos, así como la instalación de cámaras y arcos de seguridad en todo el estado.
Sobre los arcos, indicó que tienen el objetivo de cubrir por completo todas las entradas y salidas de San Luis Potosí, con el fin de poder identificar a quien entre y salga de la entidad.
Asimismo, recalcó que se han incrementado los salarios de los elementos de seguridad, además de que se han impulsado bonos de productividad que mejoran el bienestar de los policías, y se reflejan en los resultados estatales.
Finalmente, subrayó la coordinación que han establecido con instancias federales, lo que ha sido fundamental a la hora de conseguir los objetivos planteados.
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La Contraloría General del Estado ya preparan inhabilitaciones contra funcionarios involucrados en el uso indebido de personal
Por: Redacción
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado, confirmó que la investigación por el presunto uso indebido de personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) derivará en sanciones administrativas, incluyendo posibles inhabilitaciones.
El funcionario detalló que actualmente el procedimiento se encuentra en curso y ya se perfila un proyecto de resolución que contempla castigos para diversos involucrados en el caso.
“Sí se va a realizar el proyecto para que se vaya a una inhabilitación… no del titular, ac laro, sino de diversos involucrados”, señaló.
No obstante, Aguiñaga Muñiz precisó que el titular de la dependencia también está implicado en la investigación
“También está involucrado, pero son diversas sanciones”, puntualizó.
El caso surgió tras señalamientos de que personal de la Sedarh habría sido utilizado para realizar trabajos en una propiedad particular, lo que derivó en la apertura de un procedimiento administrativo.
El contralor evitó profundizar en detalles debido al proceso en curso, pero reiteró que habrá consecuencias para quienes resulten responsables.
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