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SLP está por abandonar el cubrebocas, ¿qué países y estados ya lo hicieron?
Desde esta semana ya no es obligatorio en espacios abierto y desde octubre su uso se volvería opcional en todos los lugares
Por: Ana G Silva
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que a partir del lunes 19 de septiembre el uso del cubrebocas dejará de ser obligatorio en espacios abiertos y que para octubre, posiblemente, también dejará de serlo en espacios cerrados. La Orquesta hizo una recopilación en los lugares del mundo donde ya dejó de ser obligatorio.
Esta medida ya había sido tomada en algunos lugares luego de la tercera ola covid, que se originó en invierno del 2021 y principios de 2022, gracias a la vacunación y a las nuevas variantes del covid-19 que bajaron su letalidad. En México Colima, San Luis Potosí, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Campeche, Guerrero, Nayarit, Morelos, Baja California y Puebla fueron quienes dejaron atrás la obligatoriedad del cubrebocas, aunque solo en espacios abiertos.
El primer país en eliminar este protocolo sanitario fue Dinamarca, posteriormente lo siguieron Colombia, Ecuador, México, Chile, Perú, Argentina, Paraguay, República Dominicana Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Turquía España, Austria, Países Bajos, Bélgica y Portugal aunque solo en algunos de estos lugares su uso no era obligatorio en interiores.
Con la llegada de la Cuarta Ola en los meses de junio y julio todos los estados en México y algunos países regresaron al uso obligatorio del cubrebocas, 
Luego de que descendieron los casos, 21 de los países de la Unión Europea: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía han suprimido ya la imposición de la mascarilla completamente, con excepción de seis: España, Italia, Alemania, Grecia, Chipre y Malta, donde la obligatoriedad del cubrebocas permanece transporte público, viajes en avión, asilos y hospitales.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos, declaró el 18 de septiembre, que la pandemia había llegado a su fin y por tanto en la mayoría de los estados ya no es obligatorio el uso del cubrebocas, con excepción de personas con alto nivel de contagio como niños, personas con alguna enfermedad y adultos mayores, además de también exigirlos en centros de salud.
Perú anunció que a partir de este 22 de septiembre, el uso de cubrebocas será opcional en espacios cerrados ventilados, con excepción de vehículos de transporte público, hospitales y lugares cerrados sin ventilación. El mismo día Chile eliminó las restricciones sanitarias y mantendrá el uso del cubrebocas hasta octubre para el ingreso a restaurantes, casinos, hoteles y espectáculos, así como el aforo para eventos públicos y se mantendrá obligatorio en colegios.
Argentina anunció un día antes que el uso de cubrebocas dejó de ser obligatorio en espacios interiores, como entidades sanitarias o el transporte público. En Corea del Norte desde el 13 de agosto dejó de ser obligatorio el uso de las mascarillas.
En México, estados como Michoacán, Chihuahua, Zacatecas y Ciudad de México analizan dejar de lado el uso del cubrebocas, debido a la baja de contagios, hospitalizaciones y defunciones por covid-19.
Por otro lado, primero fue San Luis Potosí la entidad que dejó a un lado la obligatoriedad de la mascarilla, al menos en espacios cerrados, esto el pasado 19 de septiembre. El 21 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial de Coahuila que el uso del cubrebocas dejó de ser obligatorio.
A pesar de que el gobernador Gallardo había manifestado que sería hasta octubre cuando se eliminaría la restricción del uso de cubrebocas en espacios cerrados, Leonor Noyola, presidenta municipal de Soledad, manifestó que en su municipio esta medida dejaría de ser obligatoria el mismo 19 de septiembre en el municipio.
El 20 de septiembre, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que México eliminará las medidas obligatorias contra covid-19 impuestas para el retorno seguro al trabajo y sólo emitirá una serie de recomendaciones.
También lee: En Soledad dejan de ser obligatorios los cubrebocas en espacios abiertos y cerrados
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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