diciembre 3, 2025

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SLP, entre los 11 estados que presentan casos de trata: CNDH

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trata de personas

De acuerdo con un estudio de la CNDH, el 90 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres y además de SLP, solo 10 entidades más presentaron este delito

Por: Redacción 

San Luis Potosí ha presentado casos de trata de personas de forma consecutiva durante los últimos ocho años. Según el estudio Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 2012 a 2017, solo otras diez entidades de la República presentaron ese delito en todos los años que incluye la investigación. 

Entre enero y mayo de este año, se han presentado en el estado dos casos de trata de personas. En 2015 hubo tres casos, igual que en 2016. En 2017 se presentaron dos casos de trata y en 2018 hubo cinco, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el texto de CNDH, que fue publicado ayer, el 90 por ciento de las víctimas de trata en San Luis Potosí son mujeres o niñas

. Solo cinco estados tienen un porcentaje mayor de mujeres entre las víctimas de ese delito: Tlaxcala, 99%; Guanajuato, 98%; Oaxaca, 95%; Ciudad de México y Michoacán, 93%.

Además, San Luis Potosí es uno de los 13 estados que tuvieron víctimas de trata de origen extranjero entre 2012 y 2017. Sin embargo, en ese mismo periodo, el estado no presentó datos de atención a víctimas directas. 

San Luis Potosí, de hecho, de acuerdo con el estudio de CNDH, no contaba hasta el 31 de julio de 2017 con protocolo de trata de personas ni con albergues, refugios o casas de medio camino

, aunque sí canalizaba a las víctimas a instancias federales, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

El estado además aceptó que, entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017, no hubo sentencias registradas de trata de personas, pero haciendo la siguiente acotación: “Se hace del conocimiento que no se tiene procesada, adecuada, ni sistematizada la información, respecto al artículo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata”.

En total, en ese mismo periodo hubo 12 personas indiciadas por trata de personas en San Luis Potosí: una en 2012; dos en 2013; una en 2014; cinco en 2015; seis en 2016 y una en 2017.

El 83 por ciento de los indiciados por ese delito fueron hombres, con lo que el estado fue el tercero con mayor proporción de mayores que cometieron trata.

Entre 2012 y 2017, hubo en San Luis Potosí una persona indiciada por trata, menor de edad y una más, extranjero. De cada uno de esos supuestos hubo seis estados en total que presentaron casos.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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