Estado
CNDH emitió recomendación al ISSSTE por omisión médica en Hospital de Matehuala
Los hechos se presentaron en julio de 2020, donde un mal tratamiento de covid-19, provocó que el paciente perdiera la vida
Por: Redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por tratar indebidamente a un paciente de la tercera edad de covid-19 en julio de 2020, lo que provocó que el paciente perdiera la vida.
En la queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y remitida a la CNDH por razón de competencia, la persona promovente señaló estar inconforme con la atención médica brindada a su padre, por parte de personal médico en la Clínica Hospital Matehuala del ISSSTE, donde se presentó la víctima los días 2 y 4 de julio de 2020 con síntomas de covid. Agregó que, en la visita hospitalaria del día 4 de julio, el paciente fue trasladado al Hospital General de esa ciudad, convertido en hospital de atención para pacientes con covid, donde permaneció internado hasta su lamentable fallecimiento.
Al realizar la investigación del caso, la CNDH corroboró que la víctima era una persona adulta mayor con antecedentes de hipertensión arterial sistémica de seis años de diagnóstico, con tratamiento médico de manejos combinados, sin hospitalizaciones previas por daño a órganos blandos o crisis hipertensivas, y con base en la evidencia recabada, pudo confirmar que la atención médica proporcionada desde la primer visita de la víctima al área de Urgencias, la persona involucrada en su atención fue omisa en hospitalizarlo y ponerlo bajo medidas de aislamiento de contacto.
Con base en la opinión médica especializada emitida por la CNDH, se consideró que la decisión de manejar al paciente como un caso sospechoso y solicitar prueba de confirmación de covid, sin indicarle el tratamiento inicial recomendado, ni el oxígeno suplementario, representa una inadecuada aplicación de lo que establece la literatura especializada aceptada, sin soslayar que se le indicó su regreso a su domicilio, lo que repercutió en un retraso del manejo médico y progreso en la enfermedad respiratoria.
Esta Comisión Nacional observó, además, que en la segunda ocasión en que la víctima acudió por atención médica a la misma Clínica, también se presentó un manejo médico inadecuado para la falta de oxigenación que presentaba, y que, al determinar su traslado al Hospital General, se justificó por la carencia de servicios de laboratorio y radiología, lo que supone un obstáculo para efectuar diagnósticos eficientes y completos, y se incurre con ello en responsabilidad institucional, aunado a que el traslado no se apegó a la debida observancia de la Norma Oficial Mexicana (NOM) del expediente clínico, debido a que el expediente clínico no contó con formato de consentimiento informado, sin presentar hora, ni firma de médico solicitante, o paciente que autoriza.
La CNDH recomendó a las autoridades del ISSSTE proceder, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la inmediata reparación integral del daño ocasionado, iniciando con la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional correspondiente y que se otorgue una medida de compensación proporcional, estimada con base en los criterios de la ley aplicable. Además, deberá brindarle a la víctima indirecta la atención psicológica y tanatológica que requiera, derivado de las afectaciones a su salud relacionadas con el caso, misma que deberá otorgarse de manera gratuita, de forma accesible, atendiendo a su condición de edad y especificidades de género, luego de obtener su consentimiento debidamente informado.
La Comisión Nacional solicitó que, en un plazo no mayor a seis meses luego de aceptar la recomendación, se diseñe e imparta un curso de capacitación con relación a la protección de la salud, a la situación de vulnerabilidad de las personas adultas mayores y al derecho humano a la información en materia de salud, que deberá estar dirigido al personal médico del área de Urgencias de la Clínica Hospital de Matehuala, y en particular para las personas servidoras públicas señaladas como responsables.
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La iniciativa busca garantizar prevención, detección, diagnóstico y seguimiento integral del síndrome, que afecta entre 8 y 13 por ciento de mujeres en edad reproductiva
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para incorporar el síndrome ovárico metabólico poliendocrino en la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral.
La iniciativa adiciona una fracción al artículo 4 y reforma las fracciones II, XI Bis y XIV de la Ley de Salud estatal. El concepto incorporado es el de síndrome ovárico metabólico poliendocrino, antes conocido como síndrome de ovario poliquístico.
Se trata de un trastorno endocrino-metabólico crónico que afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva y puede persistir en etapas posteriores de la vida. Se caracteriza por hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico, disfunción ovulatoria y alteraciones morfológicas ováricas.
El síndrome se asocia con mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, trastornos de la fertilidad y repercusiones psicológicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que se trata de una condición crónica con repercusiones a largo plazo que requiere prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento continuo. Estudios sitúan su prevalencia aproximada entre 8 y 13 por ciento
A pesar de su prevalencia, persisten el subdiagnóstico, la identificación tardía y la atención fragmentada, especialmente cuando las manifestaciones del padecimiento se tratan de forma aislada y no como parte de un mismo síndrome.
La iniciativa contempla integrar dentro de la atención médica ginecológica la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de trastornos endocrino-metabólicos que afecten la salud reproductiva, como el síndrome ovárico metabólico poliendocrino.
También propone incorporar en las acciones de prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y accidentes, las enfermedades endocrinas, metabólicas y cardiovasculares, reconociendo al síndrome ovárico metabólico poliendocrino como padecimiento que requiere acciones específicas de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento integral.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis.
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Pascual Martínez Sánchez afirmó que el contrato sigue vigente por alrededor de siete años más, aunque insistió en que sus condiciones son desfavorables para el estado
Por: Redacción
La Comisión Estatal del Agua (CEA) prevé aplicar una sanción cercana a los 14 millones de pesos a la empresa operadora de la Presa El Realito, luego de la falla más reciente que dejó sin funcionamiento al sistema durante aproximadamente cinco días.
Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión, explicó que las penalizaciones están contempladas en el contrato y se calculan con base en los días que el agua deja de llegar a los tanques de almacenamiento que abastecen a la zona metropolitana de San Luis Potosí.
“En esta última falla, que duró alrededor de cinco días, ya estamos preparando el procedimiento correspondiente. La multa rondaría los 14 millones de pesos”, señaló.
El funcionario detalló que las sanciones se aplican mediante descuentos a los pagos que la administración estatal realiza a la empresa concesionaria. Agregó que durante 2025 también se han aplicado penalizaciones por interrupciones en el servicio.
Martínez Sánchez recordó que tan solo el año pasado se registraron alrededor de 21 fallas en el sistema
A pesar de las sanciones, reconoció que el gobierno estatal mantiene inconformidades con las condiciones bajo las que fue firmado el contrato de El Realito, al considerar que favorece ampliamente a la empresa operadora.
“No estamos de acuerdo con la forma en que se estableció este contrato. Lo hemos dicho en otras ocasiones: es un contrato muy leonino”, afirmó.
El titular de la CEA indicó que actualmente se analizan mecanismos legales y administrativos para modificar las condiciones del acuerdo, aunque reconoció que hasta el momento no ha sido posible rescindirlo.
Según explicó, el contrato aún tiene una vigencia aproximada de siete años, por lo que cualquier acción deberá considerar el impacto que tendría sobre el suministro de agua para la zona metropolitana.
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El gobernador afirmó que la entidad ya se ubica entre las de menor incidencia delictiva y confió en que las próximas evaluaciones nacionales mejorarán su posición
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que el estado está próximo a convertirse en la entidad más segura del país, al destacar los resultados obtenidos en materia de seguridad durante los últimos meses.
El mandatario señaló que las evaluaciones oficiales todavía consideran información correspondiente al año pasado, por lo que confió en que las próximas mediciones reflejarán los avances registrados en 2026.
“Estamos a unos meses de que nos pongan como el estado más seguro. Estamos en el tercer estado más seguro de todo el país”, afirmó.
Gallardo explicó que los indicadores recientes muestran una reducción en la incidencia delictiva y aseguró que esos resultados ya han sido reconocidos por el gobierno federal.
“Con los resultados de los últimos tres meses, la evaluación viene totalmente diferente, ya con todo el arranque de este año que nos ha ido muy bien en el tema de la seguridad
El gobernador agregó que estos niveles de seguridad forman parte de la estrategia para fortalecer la actividad turística y atraer visitantes nacionales e internacionales, especialmente ante la celebración del Mundial de Futbol 2026.
“Somos el estado con más baja incidencia en los últimos tres meses también, dicho por los números de Presidencia de la República”, sostuvo.
Finalmente, confió en que la actualización de las estadísticas permitirá mejorar la percepción de la entidad y consolidarla como uno de los destinos más seguros del país.
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