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SLP: el primer estado que reconoció el derecho de las mujeres a votar
Este año el voto femenino cumplió 98 años de existencia en San Luis Potosí y para celebrarlo repasamos la historia de esta lucha en México y el mundo
Por: Itzel Márquez
A pesar de que actualmente, en México, está garantizado que toda ciudadana puede votar y ser votada, esto no siempre fue así y en la lucha por el derecho de las mujeres a decidir, San Luis Potosí juega un papel fundamental, ya que fue el primer estado de la República en asegurar el voto femenino, esto en 1923, tres décadas antes de que se generalizara a nivel federal.
El sufragio es un derecho universal para expresar la opinión de los ciudadanos en torno a quién quiere que los represente en la toma de decisiones; sin embargo, no siempre ha sido equitativo.
A nivel mundial, el voto femenino comenzó Estados Unidos, cuando en 1869, el estado de Wyoming, aprobó el sufragio femenino; mientras que en febrero de 1918 se aprobó la ley que daba a las mujeres el derecho de expresar su opinión en las urnas a las mujeres mayores de 30 años y a los hombres de más de 21. En julio de 1928 fue igualada la edad de voto entre hombres y mujeres, en una sesión parlamentaria en la que estuvieron presentes las impulsores de la iniciativa, Fawcett y Despard, de 81 y 84 años, Despard dijo: “jamás pensé que vería la concesión del voto. Pero cuando un sueño se hace realidad, hay que ir a por el siguiente”.
San Luis Potosí fue el estado pionero en instituir en el voto femenino: el ocho de enero de 1923 la XXVII Legislatura del Congreso expidió el Decreto 103, con el cual modificó la Ley Electoral con el objetivo de reconocer a las mujeres como “electores con derecho a ser inscritas en el censo electoral”; dicha iniciativa la presentó Rafael Nieto Compeán, entonces gobernador de San Luis Potosí. En ella se permitía a las mujeres leer y escribir, para que pudieran expresar su opinión en las elecciones municipales de 1924 y estatales de 1925.
Fue hasta el 17 de octubre de 1953, treinta años después, cuando a nivel nacional se aprobó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en cargos de elección popular; sin embargo, la lucha comenzó tiempo atrás.
En 1910 el club femenil “Las Hijas de Cuauhtémoc” se unió a Francisco I. Madero en su camino a contender por la presidencia y tiempo después, el 13 de enero de 1916 se llevó a cabo el Primer Congreso Feminista; uno de sus acuerdos principales fue pugnar por el voto femenino.
Un año después, en 1917 en el Constituyente Permanente fue reconocida la igualdad entre hombres y mujeres en un contexto laboral, bajo el lema: “A trabajo igual corresponde salario igual, sin distinción de sexos”.
Ahora bien, en la Administración de Lázaro Cárdenas el Congreso de la Unión dio luz verde a una iniciativa con la cual otorgó el derecho al voto de la mujer, la cual también contemplaba que pudieran aspirar a cargos de elección popular; sin embargo, fue hasta el gobierno de Miguel Alemán, que en 1947 se publicó la reforma al Artículo 115 constitucional, en donde podía leerse: “en las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas”.
Finalmente, fueron los comicios del tres de julio de 1955 en donde por primera vez las mujeres mexicanas pudieron ejercer su derecho al voto en elecciones federales para elegir a los miembros del Congreso de la Unión; la primer mujer en ejercer su voto fue María Izaguirre Ruiz Cortines 
Ya el tema de postular mujeres a cargos de elección popular es otra historia, pues si bien se luchó por ambos derechos a la par, el segundo fue reconocido y ejercido con algo de retraso.
En 1922 fue cuando Elvira Carrillo, líder socialista que luchó por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, figuró como la primera candidata electa al Congreso de Yucatán, ese cargó lo desempeñó entre 1922-1924; lo abandonó por amenazas de muerte.
Mientras tanto, en 1954 Aurora Jiménez Palacios fue la primera diputada federal por el Distrito I de Baja California; rindió protesta ante la XLII Legislatura el 7 de septiembre de ese año.
Además, en 1967, Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina se convierten en las primeras senadoras del país, por Sonora y Campeche; Urbina fue presidenta del Senado.
De 1979 a 1985, México tuvo su primera gobernadora: Griselda Álvarez Ponce de León en Colima.
Algunos años después, en 1988 Rosario Ibarra fue la primera candidata presidencial en México; en 1988 fue postulada por segunda ocasión por el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Entre 2015 y 2021, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano fue la primera gobernadora de Sonora.
En las elecciones de julio de 2018, fueron electas dos mujeres para la gubernatura de la Ciudad de México y Puebla, para los periodos 2018-2024, Claudia Sheinbaum y Martha Erika Alonso.
En este tema, Erika Velázquez, directora del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) comentó “no me sorprende que este haya sido el primer estado en otorgar a las mujeres el derecho de votar, pues las potosinas siempre hemos sido muy organizadas y participativas.”
En cuanto a la situación en la política actual de las mujeres, Erika Velázquez dijo: “ya la ley está muy ´bonita´, se supone que vivimos en un mundo con igualdad, todos nos respetamos, pero la realidad es otra, se vio una serie de descalificaciones y violencia contra las precandidatas a la gubernatura, lo cual es señal de que el machismo sigue presente en el país y no lo gusta que las mujeres tengamos oportunidades de participar”.
Por otro lado, la directora del IMES recalcó la labor que lleva a cabo el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en donde velan por los derechos de las potosinas para participar en la vida pública y las asesoran si han sufrido violencia política para encauzar su queja con el Ceepac, el INE, la CEDH, el IMES o el Tribunal Electoral.
Además, la funcionaria mencionó que este observatorio está integrado por distintas instancias y la presidencia se rota; actualmente lo preside el IMES y entre las actividades que llevan a cabo se encuentran capacitaciones, seguimiento de casos de violencia política y actualmente una campaña informativa en redes sociales para prevenir la violencia política.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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