abril 22, 2026

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SLP, el octavo estado con más violaciones en todo el país

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En enero de este año hubo 46 denuncias, un aumento de 16 casos respecto al mismo periodo del año pasado

Por: El Saxofón

Según las estadísticas de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero pasado, San Luis Potosí se ubicó entre las 10 entidades del país con mayor número de denuncias presentadas por el delito de violación sexual.

Con 46 casos en el primer mes del año, la entidad potosina se ubicó en el lugar número ocho, solo por debajo de entidades como Estado de México que reportó 119 carpetas de investigación abiertas por este delito; la Ciudad de México, que reportó 71; Puebla 56; Chihuahua 52; Tamaulipas 50; Guanajuato 47 e Hidalgo también 47.

Al cierre de 2018, la Fiscalía General del Estado abrió 1 mil 159 carpetas de investigación por Delitos contra la libertad y la seguridad sexual, según las cifras del SESNSP.

La mayoría de estas carpetas, el 42 por ciento (487) fueron por el delito de Violación simple; el 36 por ciento (420) fueron por Abuso sexual; el 11.73 por ciento (136) fueron por Acoso sexual; el 3.45 por ciento (40) fueron por Violación equiparada; el 2.15 por ciento (25) por Hostigamiento Sexual, y el 4.31 por ciento (50) por Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual.

Las denuncias por Violación simple aumentaron 53.33 por ciento en enero de 2019, con respecto al mismo mes de 2018.

En enero del año pasado se denunciaron ante la Fiscalía 30 casos de violación simple. Este nivel se mantuvo durante los primeros cuatro meses del año: en febrero se denunciaron 26 casos, 32 en marzo y 36 en abril.

Fue en mayo cuando la incidencia se disparó hasta alcanzar las 53 denuncias por este delito que afecta principalmente a mujeres, incluso a menores de edad. A partir del quinto mes del año, la incidencia se mantuvo por arriba de los 40 casos denunciados. En junio fueron 43, en julio 38; en agosto 46; en septiembre 48, en octubre 49; en noviembre 40 y en diciembre 46.


Ya en el primer mes de este 2019, San Luis Potosí suma 101 carpetas de investigación por delitos sexuales. El 45.5 por ciento de las denuncias son por Violación simple; el 31.68 por ciento (32 denuncias) son por Abuso sexual; el 12.87  por ciento (13 denuncias) por Acoso sexual; y el 2.97 por ciento (3) son por Hostigamiento. Además la FGE recibió 7 denuncias por otros delitos de este tipo.

Con estas cifras, la incidencia de delitos de carácter sexual reflejan un aumento en enero de 2019 en comparación con enero de 2018. Aumentaron las denuncias por acoso, de 10 en enero de 2018 a 13 en el mismo mes de 2019.

Mientras que al inicio del año pasado no se presentó ninguna denuncia por hostigamiento, en este 2019 ya suman 3 las denuncias presentadas.

Los delitos sexuales tienen una alta cifra negra, es decir, la gran mayoría no son denunciados, así que por una parte, las cifras pueden reflejar un aumento en la incidencia o bien que cada vez más víctimas están denunciando a sus agresores.

La problemática, en el contexto potosino cobra relevancia, dado que al menos 6 municipios de la entidad están en Alerta por Violencia de Género, un mecanismo que ha sido criticado en base a las grandes cantidades de recursos que se le han destinado y los magros resultados que, hasta ahora, se han conseguido.

 

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Van 16 centros nocturnos clausurados en SLP en lo que va del año: PC

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Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado

Por: Redacción

En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.

El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.

Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.

Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.

Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.

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Extracción con fracking “no está en puerta” en SLP: Gallardo

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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.

El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,

por lo que descartó que pueda concretarse en el corto plazo.

“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.

G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina

, una de las regiones más sensibles por su riqueza natural.

“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.

El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.

Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.

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Ciudad

Galindo reconoce limitaciones del municipio frente a anexos

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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.

“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.

Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.

“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.

“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.

Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.

Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.

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