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SLP, el décimo estado con más feminicidios
La capital del estado también es top ten: es el noveno municipio con más casos en el país
Por El Saxofón
Con 26 feminicidios cometidos entre enero y noviembre del pasado 2018, San Luis Potosí escaló a la posición número diez de los estados con más feminicidios a nivel nacional.
Además, con nueve feminicidios cometidos en este periodo, la capital del estado, la ciudad de San Luis Potosí, se ubicó en la posición número nueve de la lista de los cien municipios con mayor incidencia de crímenes de género.
Por entidad federativa, en primer lugar se ubica el Estado de México con 94 mujeres asesinadas por razones de género; le sigue Veracruz, con 85; en tercer lugar se ubica Nuevo León, con 74; en cuarto Chihuahua, con 48; en quinto, la Ciudad de México con 38; en sexto, Sinaloa con 38, en séptimo, Puebla con 30; en octavo Guerrero, con 28; en noveno Oaxaca, con 26 y en décimo San Luis Potosí, también con 26.
La entidad potosina tiene una tasa de 1.79 feminicidios por cada 100 mil mujeres, se trata de la novena tasa más alta en el país, y es superior a la tasa nacional, que es de 1.19.
En el caso de la ciudad de San Luis Potosí, en su territorio se cometieron nueve feminicidios entre enero y noviembre, con lo cual, el municipio se ubicó en noveno lugar de una lista de cien, que es encabezada por Ciudad Juárez, con 26 asesinatos de mujeres por razones de género.
La lista incluye otros dos municipios potosinos: Rioverde, que con cuatro feminicidios se ubica en el lugar 42 y Soledad de Graciano Sánchez, que con 3, se ubica en el lugar 65.
A los 26 feminicidios se suman 27 asesinatos de mujeres tipificados como homicidios dolosos, con lo cual el estado potosino tiene una tasa de 1.86 asesinatos intencionales por cada 100 mil mujeres. La tasa nacional es de 3.9.
Además, la Información delictiva con perspectiva de género del SESNSP, consigna 58 mujeres víctimas de homicidio culposo, que en este caso incluye únicamente accidentes de tránsito. Eso representa una tasa de cuatro decesos accidentales por cada cien mil mujeres.
Otro dato que destaca son las mujeres víctimas de lesiones dolosas. En el caso de San Luis Potosí, son mil 84, lo que representa el 38.31 por ciento de las víctimas por lesiones dolosas en todo el estado, que entre enero y noviembre fueron 2 mil 829. Es decir, que prácticamente 4 de cada diez víctimas de lesiones con dolo, son mujeres.
Además las estadísticas oficiales reportan que en 9 de los 18 secuestros que se han cometido en San Luis Potosí, las víctimas son mujeres.
En el caso de las extorsiones, 33 de las víctimas registradas en 2018 (108), son mujeres, es decir una proporción del 30.5 por ciento y una tasa de 3.2 por cada cien mil mujeres. 
Por otro lado, 21 mujeres han sido víctimas de corrupción de menores, dos más han sido víctimas de tráfico de menores y otras dos de trata de personas.
LLAMADAS DE EMERGENCIA
La Información Delictiva con Perspectiva de Género del SESNSP revela que, a través de los números de emergencia, en San Luis Potosí se han reportado mil 963 incidentes de violencia contra la mujer: una tasa de 164.9 casos por cada cien mil mujeres que habitan en la entidad.
Además, a través de este medio, se han denunciado 165 casos de abuso sexual, lo que ubica a San Luis Potosí en la posición número 7 de las diez entidades que más incidentes de abuso reportan a través de los números de emergencia.
La tasa que observa el estado en las incidencias de este delito (11.4 casos por cada cien mil mujeres) también es de las diez más altas en el país. La tasa nacional es de 7.4 incidencias por cada 100 mil mujeres.
Por medio de los números de emergencia se han reportado 84 casos de acoso u hostigamiento sexual. En este delito, San Luis reporta una tasa de 5.4 casos por cada cien mil mujeres.
Cabe señalar que el acoso u hostigamiento también está incluido en el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia y es definido como “Conducta donde una persona se aprovecha de tener una posición jerárquica superior respecto a otra, así como en el caso que la posición jerárquica es igual, para privarla de su libertad y seguridad sexual, asediándola reiteradamente para la realización de un acto sexual”.
Los números de emergencia han sido la vía para la denuncia de al menos 96 casos de violación, un delito que se incrementó durante 2018, llegando, entre los meses de enero y noviembre a los 479 casos.
Aunado a estas cifras, la entidad también registra un alto número de casos de violencia de pareja, con 3 mil 333 incidencias registradas en 11 meses de 2018, lo que implica 229.6 casos por cada cien mil mujeres, denunciados a través de los números de emergencia.
Además los números de emergencia han recibido 14 mil 556 llamados de auxilio por casos de Violencia familiar. Una tasa de 1002.6 casos por cada cien mil mujeres.
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Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
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Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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