agosto 19, 2026

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SLP, el décimo estado con más feminicidios

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La capital del estado también es top ten: es el noveno municipio con más casos en el país

Por El Saxofón

Con 26 feminicidios cometidos entre enero y noviembre del pasado 2018, San Luis Potosí escaló a la posición número diez de los estados con más feminicidios a nivel nacional.
Además, con nueve feminicidios cometidos en este periodo, la capital del estado, la ciudad de San Luis Potosí, se ubicó en la posición número nueve de la lista de los cien municipios con mayor incidencia de crímenes de género.

Por entidad federativa, en primer lugar se ubica el Estado de México con 94 mujeres asesinadas por razones de género; le sigue Veracruz, con 85; en tercer lugar se ubica Nuevo León, con 74; en cuarto Chihuahua, con 48; en quinto, la Ciudad de México con 38; en sexto, Sinaloa con 38, en séptimo, Puebla con 30; en octavo Guerrero, con 28; en noveno Oaxaca, con 26 y en décimo San Luis Potosí, también con 26.

La entidad potosina tiene una tasa de 1.79 feminicidios por cada 100 mil mujeres, se trata de la novena tasa más alta en el país, y es superior a la tasa nacional, que es de 1.19.

En el caso de la ciudad de San Luis Potosí, en su territorio se cometieron nueve feminicidios entre enero y noviembre, con lo cual, el municipio se ubicó en noveno lugar de una lista de cien, que es encabezada por Ciudad Juárez, con 26 asesinatos de mujeres por razones de género.

La lista incluye otros dos municipios potosinos: Rioverde, que con cuatro feminicidios se ubica en el lugar 42 y Soledad de Graciano Sánchez, que con 3, se ubica en el lugar 65.
A los 26 feminicidios se suman 27 asesinatos de mujeres tipificados como homicidios dolosos, con lo cual el estado potosino tiene una tasa de 1.86 asesinatos intencionales por cada 100 mil mujeres. La tasa nacional es de 3.9.

Además, la Información delictiva con perspectiva de género del SESNSP, consigna 58 mujeres víctimas de homicidio culposo, que en este caso incluye únicamente accidentes de tránsito. Eso representa una tasa de cuatro decesos accidentales por cada cien mil mujeres.

Otro dato que destaca son las mujeres víctimas de lesiones dolosas. En el caso de San Luis Potosí, son mil 84, lo que representa el 38.31 por ciento de las víctimas por lesiones dolosas en todo el estado, que entre enero y noviembre fueron 2 mil 829. Es decir, que prácticamente 4 de cada diez víctimas de lesiones con dolo, son mujeres.

Además las estadísticas oficiales reportan que en 9 de los 18 secuestros que se han cometido en San Luis Potosí, las víctimas son mujeres.

En el caso de las extorsiones, 33 de las víctimas registradas en 2018 (108), son mujeres, es decir una proporción del 30.5 por ciento y una tasa de 3.2 por cada cien mil mujeres.


Por otro lado, 21 mujeres han sido víctimas de corrupción de menores, dos más han sido víctimas de tráfico de menores y otras dos de trata de personas.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

La Información Delictiva con Perspectiva de Género del SESNSP revela que, a través de los números de emergencia, en San Luis Potosí se han reportado mil 963 incidentes de violencia contra la mujer: una tasa de 164.9 casos por cada cien mil mujeres que habitan en la entidad.

Además, a través de este medio, se han denunciado 165 casos de abuso sexual, lo que ubica a San Luis Potosí en la posición número 7 de las diez entidades que más incidentes de abuso reportan a través de los números de emergencia.

La tasa que observa el estado en las incidencias de este delito (11.4 casos por cada cien mil mujeres) también es de las diez más altas en el país. La tasa nacional es de 7.4 incidencias por cada 100 mil mujeres.

Por medio de los números de emergencia se han reportado 84 casos de acoso u hostigamiento sexual. En este delito, San Luis reporta una tasa de 5.4 casos por cada cien mil mujeres.

Cabe señalar que el acoso u hostigamiento también está incluido en el  Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia y es definido como “Conducta donde una persona se aprovecha de tener una posición jerárquica superior respecto a otra, así como en el caso que la posición jerárquica es igual, para privarla de su libertad y seguridad sexual, asediándola reiteradamente para la realización de un acto sexual”.

Los números de emergencia han sido la vía para la denuncia de al menos 96 casos de violación, un delito que se incrementó durante 2018, llegando, entre los meses de enero y noviembre a los 479 casos.

Aunado a estas cifras, la entidad también registra un alto número de casos de violencia de pareja, con 3 mil 333 incidencias registradas en 11 meses de 2018, lo que implica 229.6 casos por cada cien mil mujeres, denunciados a través de los números de emergencia.

Además los números de emergencia han recibido 14 mil 556 llamados de auxilio por casos de Violencia familiar. Una tasa de 1002.6 casos por cada cien mil mujeres.

También lea: Diputado busca crear comisión especial para atender feminicidios de SLP

Ayuntamiento de SLP

Galindo, ajeno al plan de la CEA para Escalerillas

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El alcalde dice desconocer el plan de fondo que maneja la Comisión en la planta tratadora

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que no ha tenido ningún acercamiento con el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, para tratar el plan de traspaso al ayuntamiento de la planta tratadora de aguas residuales de Escalerillas, una vez que esté concluida.

Afirmó que hace mucho tiempo no habla ni se reúne con el funcionario estatal, y que de existir un canal de comunicación entre ambos, él mismo lo confirmaría públicamente.

Señaló que el municipio desconoce el plan de fondo que la CEA tiene para Escaleril las

, luego de que el propio titular de la dependencia mencionara que el ayuntamiento había referido no contar con el recurso, razón por la que la CEA decidió invertir en la construcción de esa planta.

Insistió en que, con él, no ha habido ningún acercamiento por parte de la CEA sobre el tema.

De acuerdo con Martínez Sánchez, la dependencia prevé licitar la rehabilitación de la planta en un plazo de uno a mes y medio, con una ejecución de obra de entre 100 y 150 días, financiada en su totalidad con 6 millones de pesos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); una vez concluida, se firmará un convenio para formalizar la entrega al Ayuntamiento capitalino.

También lee: SLP tiene la segunda tasa más baja de homicidios del país

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A TIEMPO Y MARCANDO EL RITMO La agenda del poder – Dirige: Jorge Saldaña

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Martes 18 de agosto de 2026
ALTA INTENSIDAD

Culto Público, hijos de Juan Ramiro trabajando o Ricardo distrayendo:

Este martes la conversación pública de la agenda mediática es un incoming al tablero del 27 y por eso comienzo con lo que yo preguntaría:

Si gana el partido Verde en San Luis en 2027 ¿La presidenta Sheinbaum lo vería como un triunfo de la 4T o una entidad perdida por Morena?

Si supieramos la respuesta, muchas cosas estarían claras desde ahora, en lugar de estar jugando a las incertidumbres con metástasis.

Ya le gustó a alguien usar columnas y trascendidos nacionales para sacudir el avispero potosino:

En julio se publicó un comentario respecto a que Juan Carlos Valladares es bien visto no solo en la cúpula morenista, sino en la cúpula presidencial (que es la que importa) y que es él el único que puede ser el factor para construir la alianza #17.

Se dice que ese mismo día, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, pidió cita para desayunar con Valladares. Reunión que el diputado federal ha pospuesto por razones evidentes. Ninguno de los datos se puede dar por un hecho porque no tengo confirmado -que conste-

Hoy nuevamente se manda un mensaje desde medios nacionales al 27 potosino: Alejandro Zermeño aparece medido: 21% en un escenario interno de Morena y 16.5% en un careo general.

El timming, el medio y el tono cuentan.

Está claro que ni los números del rector, ni las conjeturas sobre Juan Carlos significan candidatura; pero sí son movimientos que jalan reflectores y abonan a lo que dije en un principio: la incertidúmbre con metástasis.

En ambos casos hay que preguntarse

¿Es Juan Ramiro operando, la presidenta soltando buscapiés o RGC meciendo la cuna soltando nombres para que “jalen la marca y reflectores” y su proyecto siga *en “avance sin desgaste”?

Como muchas veces ocurre Código San Luis de María Luisa Paulín fue la que estuvo atenta a la columna de Heraldo de México. Aquí la rectoría no ha circulado la columna en absoluto.

Dato irrefutable:

Así diga Citlalli, opere Juan Ramiro o ejecute estrategia Ricardo, la última palabra es de una sola persona y se llama Claudia.

En otros temas de agenda, el dato de Pulso sobre las 9 mil 777 tomas clandestinas de agua detectadas; y apenas cinco denuncias al respecto está como para llorar en la regadera.

¿Cómo pueden estar detectadas pero no atendidas?

BARRIDO NACIONAL: Andy López Beltrán sigue dominando la conversación por la cancelación de su visa. Fuente: Reuters —

EN AGENDA: El Poder Judicial tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027 para operar plenamente el nuevo sistema civil y familiar. Lo sabe desde 2023, pero parece que la única que no le apura es a la magistrada presidenta.

NOTAS MÁS REPETIDAS: Agua · Poder Judicial · Seguridad · 2027 · Salvita.

MAÑANERA: Sin impacto directo que cambie hoy el tablero potosino.

INDICADORES ÚTILES:

El Realito funciona.

El Gobernador anda estrenando lentes.

El Alcalde anda de muy buen talante.

Yo soy Jorge Saldaña.

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La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada

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Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia

Por: Haniel Valdés Velázquez

Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.

Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.

El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”

Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.

En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.

Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.

Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.

Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”

También lee: Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía

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Opinión

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