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SLP, el décimo estado con más feminicidios
La capital del estado también es top ten: es el noveno municipio con más casos en el país
Por El Saxofón
Con 26 feminicidios cometidos entre enero y noviembre del pasado 2018, San Luis Potosí escaló a la posición número diez de los estados con más feminicidios a nivel nacional.
Además, con nueve feminicidios cometidos en este periodo, la capital del estado, la ciudad de San Luis Potosí, se ubicó en la posición número nueve de la lista de los cien municipios con mayor incidencia de crímenes de género.
Por entidad federativa, en primer lugar se ubica el Estado de México con 94 mujeres asesinadas por razones de género; le sigue Veracruz, con 85; en tercer lugar se ubica Nuevo León, con 74; en cuarto Chihuahua, con 48; en quinto, la Ciudad de México con 38; en sexto, Sinaloa con 38, en séptimo, Puebla con 30; en octavo Guerrero, con 28; en noveno Oaxaca, con 26 y en décimo San Luis Potosí, también con 26.
La entidad potosina tiene una tasa de 1.79 feminicidios por cada 100 mil mujeres, se trata de la novena tasa más alta en el país, y es superior a la tasa nacional, que es de 1.19.
En el caso de la ciudad de San Luis Potosí, en su territorio se cometieron nueve feminicidios entre enero y noviembre, con lo cual, el municipio se ubicó en noveno lugar de una lista de cien, que es encabezada por Ciudad Juárez, con 26 asesinatos de mujeres por razones de género.
La lista incluye otros dos municipios potosinos: Rioverde, que con cuatro feminicidios se ubica en el lugar 42 y Soledad de Graciano Sánchez, que con 3, se ubica en el lugar 65.
A los 26 feminicidios se suman 27 asesinatos de mujeres tipificados como homicidios dolosos, con lo cual el estado potosino tiene una tasa de 1.86 asesinatos intencionales por cada 100 mil mujeres. La tasa nacional es de 3.9.
Además, la Información delictiva con perspectiva de género del SESNSP, consigna 58 mujeres víctimas de homicidio culposo, que en este caso incluye únicamente accidentes de tránsito. Eso representa una tasa de cuatro decesos accidentales por cada cien mil mujeres.
Otro dato que destaca son las mujeres víctimas de lesiones dolosas. En el caso de San Luis Potosí, son mil 84, lo que representa el 38.31 por ciento de las víctimas por lesiones dolosas en todo el estado, que entre enero y noviembre fueron 2 mil 829. Es decir, que prácticamente 4 de cada diez víctimas de lesiones con dolo, son mujeres.
Además las estadísticas oficiales reportan que en 9 de los 18 secuestros que se han cometido en San Luis Potosí, las víctimas son mujeres.
En el caso de las extorsiones, 33 de las víctimas registradas en 2018 (108), son mujeres, es decir una proporción del 30.5 por ciento y una tasa de 3.2 por cada cien mil mujeres. 
Por otro lado, 21 mujeres han sido víctimas de corrupción de menores, dos más han sido víctimas de tráfico de menores y otras dos de trata de personas.
LLAMADAS DE EMERGENCIA
La Información Delictiva con Perspectiva de Género del SESNSP revela que, a través de los números de emergencia, en San Luis Potosí se han reportado mil 963 incidentes de violencia contra la mujer: una tasa de 164.9 casos por cada cien mil mujeres que habitan en la entidad.
Además, a través de este medio, se han denunciado 165 casos de abuso sexual, lo que ubica a San Luis Potosí en la posición número 7 de las diez entidades que más incidentes de abuso reportan a través de los números de emergencia.
La tasa que observa el estado en las incidencias de este delito (11.4 casos por cada cien mil mujeres) también es de las diez más altas en el país. La tasa nacional es de 7.4 incidencias por cada 100 mil mujeres.
Por medio de los números de emergencia se han reportado 84 casos de acoso u hostigamiento sexual. En este delito, San Luis reporta una tasa de 5.4 casos por cada cien mil mujeres.
Cabe señalar que el acoso u hostigamiento también está incluido en el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia y es definido como “Conducta donde una persona se aprovecha de tener una posición jerárquica superior respecto a otra, así como en el caso que la posición jerárquica es igual, para privarla de su libertad y seguridad sexual, asediándola reiteradamente para la realización de un acto sexual”.
Los números de emergencia han sido la vía para la denuncia de al menos 96 casos de violación, un delito que se incrementó durante 2018, llegando, entre los meses de enero y noviembre a los 479 casos.
Aunado a estas cifras, la entidad también registra un alto número de casos de violencia de pareja, con 3 mil 333 incidencias registradas en 11 meses de 2018, lo que implica 229.6 casos por cada cien mil mujeres, denunciados a través de los números de emergencia.
Además los números de emergencia han recibido 14 mil 556 llamados de auxilio por casos de Violencia familiar. Una tasa de 1002.6 casos por cada cien mil mujeres.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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