El periodo extraordinario del miércoles incluye reformas a la Constitución estatal y a la Ley Electoral

Por: Redacción

La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó convocar a un periodo extraordinario el miércoles 12 de agosto para discutir reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y a la Ley Electoral del Estado.

La sesión está citada a las 9:00 horas en el salón Ponciano Arriaga Leija, en Jardín Hidalgo 19. El orden del día incluye los dos dictámenes de reforma, un acuerdo sobre la conmemoración del Bicentenario de la Constitución estatal y asuntos generales.

Las modificaciones a la legislación electoral se discutirán a menos de un mes de que arranque el proceso electoral, que a nivel federal y local inicia de manera simultánea el 10 de septiembre.

En asuntos generales, la Permanente aprobó la licencia por tiempo indefinido de la diputada Roxanna Hernández Ramírez, a partir del 11 de agosto.

La diputada Brisseire Sánchez López presentó dos iniciativas en materia animal. La primera reforma el artículo 84 de la Ley de Protección a los Animales para incorporar la capacitación de las policías estatal y municipal en la detección de caza furtiva y en protocolos de actuación; se turnó a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. La segunda reforma los artículos 317 y 317 Quater del Código Penal para crear un tipo penal que sancione la apología o incitación al maltrato animal.

El diputado Tomás Zavala González presentó cuatro iniciativas. Dos apuntan a la operación interna del Congreso: los plazos con que las comisiones deben dictaminar, en el artículo 62 del Reglamento del Congreso

Las otras dos modifican la Ley del Mezcal para incorporar la Norma Oficial Mexicana actualizada en la comercialización del producto y para actualizar la definición de la bebida. Se turnaron a la Comisión de Desarrollo Económico y Social.

La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez propuso adicionar el artículo 167 septies al Código Familiar para garantizar la máxima publicidad del Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas. Quedó en la Comisión Segunda de Justicia.

La diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza planteó reformar el artículo 67 de la Ley del Registro Civil para que los registros de personas de padre y madre desconocidos sean atendidos de forma prioritaria por la autoridad especializada. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

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La diputada Brisseire Sánchez argumentó que las motocicletas son menos perceptibles por sus dimensiones

Por: Redacción

A propuesta de la diputada Brisseire Sánchez López, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad para las personas conductoras de motocicletas y motonetas y reducir el riesgo de siniestros viales. Se reformó la fracción XIV y se adiciona, la fracción XV, recorriéndose la subsecuente, del artículo 72; de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí.

Destacó que la modificación al artículo 72 establece que quienes conduzcan motocicletas o motonetas deberán circular con las luces encendidas en todo momento, además de portar aditamentos luminosos o reflejantes que contribuyan a incrementar su visibilidad y la del vehículo durante su circulación, especialmente en condiciones de baja iluminación.

Además la disposición también señala que las personas conductoras deberán cumplir con las demás medidas de seguridad previstas en la legislación estatal.

La diputada Brisseire Sánchez López, explicó que mantener las luces encendidas permite incrementar la visibilidad de las motocicletas ante otros usuarios de la vía, debido a que por sus dimensiones pueden ser menos perceptibles que otros vehículos, particularmente durante determinadas condiciones de circulación.

Señaló que esta medida se encuentra contemplada dentro de estándares internacionales de seguridad vial, entre ellos los establecidos en la Convención de Viena sobre la Circulación Vial, de la que México forma parte, y tiene como finalidad reducir los factores de riesgo asociados con la circu lación de motocicletas.

La legisladora destacó que, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece la obligación de las autoridades competentes de implementar medidas preventivas orientadas a disminuir los factores de riesgo y garantizar, en la mayor medida posible, la protección de la vida y la integridad física de las personas durante sus desplazamientos por las vías públicas.

Con la reforma aprobada, el marco regulatorio estatal incorpora medidas adicionales dirigidas a mejorar la seguridad de quienes utilizan motocicletas y motonetas, atendiendo principios y estándares nacionales e internacionales en materia de movilidad y seguridad vial.

La utilización de luces encendidas de manera permanente y de elementos luminosos o reflejantes permitirá facilitar la identificación de estos vehículos por parte de los demás conductores, particularmente durante la noche, en zonas con poca iluminación o ante condiciones que reduzcan la visibilidad.

La diputada Sánchez López señaló que estas disposiciones representan una medida preventiva orientada a proteger la vida de las personas motociclistas, disminuir la posibilidad de accidentes y reducir la gravedad de las lesiones y fallecimientos derivados de siniestros viales.

Con esta reforma, el Congreso del Estado fortalece las acciones de prevención y seguridad vial, promoviendo una movilidad más segura para las personas que utilizan motocicletas y motonetas en San Luis Potosí.

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Familiares o terceros que actúen como titulares aparentes de bienes también podrían ser sancionados

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez  presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las medidas contra quienes evadan deliberadamente sus obligaciones alimentarias y sancionar la participación de terceras personas que colaboren para impedir su cumplimiento.

La reforma busca cerrar espacios de impunidad mediante la incorporación de disposiciones que permitan identificar y sancionar conductas encaminadas a colocar de manera intencional al deudor alimentario en una situación de insolvencia, así como aquellas acciones realizadas con apoyo de terceros para ocultar o transferir bienes.

Explicó que la propuesta se desarrolla en dos vertientes principales: establecer de manera objetiva determinadas conductas evasivas del deudor alimentario y penalizar la coparticipación de terceras personas que, con conocimiento de la obligación existente, contribuyan a impedir su cumplimiento.

La diputada María Dolores Robles Chairez destacó que la modificación busca brindar mayores herramientas jurídicas para proteger el derecho de niñas, niños y demás personas acreedoras alimentarias, evitando que maniobras de carácter patrimonial sean utilizadas para obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad judicial.

Señaló que existen casos en los que los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos o materiales que aparentemente pueden ser lícitos, pero que tienen como finalidad eludir sus responsabilidades. Entre estas prácticas se encuentran la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo durante periodos relacionados con procesos familiares y la transferencia de bienes a familiares o personas de confianza que actúan como titulares aparentes.

Con esta iniciativa se busca establecer que comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar quien se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el propósito de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la ley.

La legislación establecerá que, salvo prueba en contrario, se presumirá dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, cuando este constituya su único o principal medio para obtener ingresos.

Asimismo, se establecen sanciones para quienes, durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, enajenen intencionalmente de manera parcial o total sus bienes con la finalidad de eludir obligaciones alimentarias.

De igual manera, se sancionará a quienes, teniendo conocimiento de la existencia de una obligación alimentaria o de un proceso judicial en curso, ayuden al deudor a ocultar bienes, acepten figurar como titulares aparentes de estos o realicen actos jurídicos simulados con el propósito de evitar que se cumplan las obligaciones alimentarias.

Para estas conductas se contempla una sanción de seis meses a tres años de prisión, además de una sanción pecuniaria de 60 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

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