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#Seguridad | La mitad de las personas asesinadas en SLP son jóvenes
Más de la mitad de las víctimas del año pasado tenían menos de 34 años
Por: El Saxofón
Durante el 2019 más de la mitad de las víctimas de homicidio doloso en San Luis Potosí fueron jóvenes entre los 15 y los 34 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que además revelan que durante el año pasado en territorio potosino fueron asesinados 5 niños entre los 10 y los 14 años, y un menor de un año.
Recientemente, el INEGI publicó las estadísticas de defunciones por homicidios registradas el año pasado. En ellas se revela que en San Luis Potosí hubo 522 víctimas, de las cuales: 53 fueron jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad; 70 en el rango de 20 a 24; 89 entre los 25 y los 29; y 71 entre los 30 y los 34.
En total, la violencia que se vive en el estado cobró la vida de 283 jóvenes en el rango de los 15 a los 34 años, cantidad equivalente al 54.21 por ciento del total de homicidios dolosos registrados en la entidad.
En 2019, San Luis registró una tasa de 18 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. En cinco años, los asesinatos de jóvenes han aumentado 5 por ciento, en 2015, las víctimas jóvenes de asesinatos alcanzaban el 49.62 por ciento de las víctimas. Es de resaltar que según las cifras del INEGI, el año pasado, en territorio potosino fueron asesinados tres adolescentes de 14 años; tres de 15; seis de 16, y doce de 17.
El número total de víctimas de homicidio doloso revelado por el INEGI, es mayor que el que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre ambos hay una diferencia de 28 víctimas, pues el SENSP contabilizó 494, mientras que el INEGI contempla 522.
De acuerdo con el INEGI, los homicidios son la quinta causa de muerte en la población en general (36 661, 4.9%) y la cuarta causa de muerte en hombres (32 530).
Debido a la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19, la cual tuvo impacto en la recopilación y procesamiento de la información de las defunciones, en este año la difusión de cifras preliminares de homicidio, registrados en 2019, se reprogramó de julio a septiembre. No obstante, la publicación de las cifras definitivas se mantuvo en la fecha programada en el mes de octubre, con la difusión del total de defunciones registradas en 2019.
Volviendo al tema de los asesinatos de jóvenes, estos son cada vez más comunes. Los jóvenes suelen morir en ataques armados o víctimas de ejecuciones o ajustes de cuentas entre grupos del crimen organizado. La violencia generalizada que se vive en el país ha tenido un impacto importante en este sector de la población y hasta la fecha no ha habido políticas públicas destinadas a rescatar a miles de jóvenes que conviven en contextos de riesgo.
Son múltiples y complejos los factores que arrastran a los jóvenes hacia una muerte violenta, pero es evidente que las muertes de jóvenes han aumentado con la proliferación de grupos del crimen organizado. Muchos son asesinados apenas alcanzando la mayoría de edad (en 2019 perdieron la vida 15 jóvenes de 18 años, y 17 de 19. Técnicamente, los jóvenes son material desechable para medianos y grandes líderes del crimen organizado.
En mayo de 2017, la Red por los Derechos de la Infancia en México aseguró que el crimen organizado habría reclutado unos 30 mil jóvenes, muchos de ellos de manera forzada. Abundó que en las estructuras del crimen organizado, los jóvenes son utilizados para actuar como “informantes” o “halcones”.
Pocas son las acciones que se han emprendido desde los tres niveles de gobierno dirigidas a los jóvenes. El día a día muestra los magros resultados.
Sin alabar ni demeritar la visión del actual gobierno federal, el resultado de sus políticas no se verá si no hasta dentro de unos años. Y por el momento no hay certeza, como no la hubo antes, de que las promesas políticas se conviertan en una realidad. Por ahora la realidad es esta: cada vez más jóvenes se suman a las filas del crimen organizado, y un número cada vez mayor muere en ese camino.
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Gallardo exige sanciones por desvío millonario del proyecto de la Red Metro
Pidió a la Fiscalía acelerar procesos y aplicar la ley a ex funcionarios del sexenio de Carreras
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a actuar con firmeza en las investigaciones sobre el presunto desvío de 360 millones de pesos del proyecto de la Red Metro, financiado originalmente por Banobras durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López.
El mandatario afirmó que el caso “va muy adelantado” y que ya hay responsables señalados, como Leopoldo “N”, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), procesadó por 180 millones de pesos, quien, según Gallardo, debería estar bajo arraigo domiciliario, pero “se le ha visto en tiendas, normal, como si nada”.
“La Fiscalía debe empezar ya a apretar un poquito, de no ser tan omisa y no permitir que si están en arraigo domiciliario, lo cumplan. Si no, que los regresen al centro de reinserción”, expresó.
Gallardo recordó que el proyecto de la Red Metro nunca se concretó pese al uso de recursos públicos y criticó al ex gobernador Carreras por “simular” una inauguración poco antes de dejar el cargo.
“Fue una burla lo que hizo al subirse a un camioncito rentado una semana antes de irse, simulando que arrancaba la Red Metro. Es un cinismo con el que muchos potosinos ya no podemos”, agregó.
El gobernador calificó el caso como parte de “la maldita herencia”, expresión con la que resume las irregularidades de administraciones pasadas.
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Ciudad
Se detectan fiestas clandestinas cada fin de semana en la capital: Galindo
Ciberpolicía rastrea redes sociales para ubicar convocatorias; los eventos se realizan en casas o locales rentados sin permisos ni medidas de seguridad
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital potosina, reconoció que las fiestas clandestinas se han convertido en un problema recurrente en San Luis Potosí, con reportes prácticamente cada fin de semana.
De acuerdo con el edil, se han detectado entre dos y tres eventos de este tipo por semana, organizados principalmente en casas, terrenos o locales rentados con otros giros comerciales para evadir la supervisión de las autoridades.
“Después de lo que sucedió con el Rich, hice un compromiso: eso no se debería repetir. Y aunque ya no pasa en lugares establecidos, sí ocurre en sitios clandestinos, lo que es aún más grave”, señaló Galindo.
El alcalde advirtió que estos espacios son especialmente peligrosos porque carecen de medidas básicas de seguridad: no cuentan con baños, planes de emergencia ni permisos de Protección Civil; tampoco hay control sobre el acceso de menore s ni garantía sobre el tipo de alcohol que se consume.
Para su detección, el Ayuntamiento ha recurrido a la ciberpolicía, que monitorea redes sociales y plataformas donde circulan las invitaciones. Con ello se busca anticipar la venta y el consumo de bebidas alcohólicas antes de que los eventos comiencen.
Finalmente, Galindo lanzó dos llamados: A quienes rentan inmuebles, para que verifiquen quién contrata los espacios y con qué propósito. A los padres de familia, para que supervisen las actividades y horarios de sus hijos, sobre todo si son menores de edad, pues muchas de estas fiestas se prolongan hasta la madrugada.
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No más mesas de dialogo con Uber, SCT busca sancionar a plataforma
Araceli Martínez Acosta busca garantizar transporte seguro tras una agresión sexual perpetrada por un conductor de aplicación
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí, anunció que no habrá más mesas de diálogo con Uber. Explicó que lo fundamental ahora es legislar para sancionar a las empresas que incumplen con las leyes locales de transporte.
“Lo que nosotros estamos buscando es una reforma que sancione a las empresas por el incumplimiento o por la falta de registro. Así como está la ley, primero deben registrarse las empresas y después registrar a sus conductores o socios”, precisó.
Martínez Acosta señaló que la dependencia debe tener la facultad de autorizar el número de personas que podrán brindar el servicio bajo esta modalidad. Para ello, la SCT requiere realizar un estudio de factibilidad que garantice que el número de vehículos autorizados no afecte la economía ni el trabajo de los concesionarios del servicio de taxi.
Asimismo, aclaró que los taxistas no se oponen a las plataformas digitales, sino que su inconformidad radica en el número desmedido de vehículos que operan sin control. Agregó que ya existe un diálogo avanzado con el gremio de taxistas y algunos grupos de operadores de plataformas
.Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una mujer víctima de violación por parte de un conductor de plataforma. Destacó que la autoridad no tenía registro del vehículo ni del agresor, lo que evidenció la falta de controles sobre los operadores, como verificaciones psicométricas o toxicológicas.
Finalmente, la funcionaria indicó que la regulación de las plataformas se realizará en coordinación con el Congreso del Estado, con la posibilidad de modificar las leyes locales o generales para sancionar a las empresas internacionales sin domicilio legal en la entidad.
Por ahora, no se tiene un número exacto de vehículos de plataformas digitales que circulan en San Luis Potosí, ya que operan con placas particulares, fuera del registro estatal.
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