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#Seguridad | La mitad de las personas asesinadas en SLP son jóvenes
Más de la mitad de las víctimas del año pasado tenían menos de 34 años
Por: El Saxofón
Durante el 2019 más de la mitad de las víctimas de homicidio doloso en San Luis Potosí fueron jóvenes entre los 15 y los 34 años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que además revelan que durante el año pasado en territorio potosino fueron asesinados 5 niños entre los 10 y los 14 años, y un menor de un año.
Recientemente, el INEGI publicó las estadísticas de defunciones por homicidios registradas el año pasado. En ellas se revela que en San Luis Potosí hubo 522 víctimas, de las cuales: 53 fueron jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad; 70 en el rango de 20 a 24; 89 entre los 25 y los 29; y 71 entre los 30 y los 34.
En total, la violencia que se vive en el estado cobró la vida de 283 jóvenes en el rango de los 15 a los 34 años, cantidad equivalente al 54.21 por ciento del total de homicidios dolosos registrados en la entidad.
En 2019, San Luis registró una tasa de 18 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. En cinco años, los asesinatos de jóvenes han aumentado 5 por ciento, en 2015, las víctimas jóvenes de asesinatos alcanzaban el 49.62 por ciento de las víctimas. Es de resaltar que según las cifras del INEGI, el año pasado, en territorio potosino fueron asesinados tres adolescentes de 14 años; tres de 15; seis de 16, y doce de 17.
El número total de víctimas de homicidio doloso revelado por el INEGI, es mayor que el que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Entre ambos hay una diferencia de 28 víctimas, pues el SENSP contabilizó 494, mientras que el INEGI contempla 522.
De acuerdo con el INEGI, los homicidios son la quinta causa de muerte en la población en general (36 661, 4.9%) y la cuarta causa de muerte en hombres (32 530).
Debido a la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19, la cual tuvo impacto en la recopilación y procesamiento de la información de las defunciones, en este año la difusión de cifras preliminares de homicidio, registrados en 2019, se reprogramó de julio a septiembre. No obstante, la publicación de las cifras definitivas se mantuvo en la fecha programada en el mes de octubre, con la difusión del total de defunciones registradas en 2019.
Volviendo al tema de los asesinatos de jóvenes, estos son cada vez más comunes. Los jóvenes suelen morir en ataques armados o víctimas de ejecuciones o ajustes de cuentas entre grupos del crimen organizado. La violencia generalizada que se vive en el país ha tenido un impacto importante en este sector de la población y hasta la fecha no ha habido políticas públicas destinadas a rescatar a miles de jóvenes que conviven en contextos de riesgo.
Son múltiples y complejos los factores que arrastran a los jóvenes hacia una muerte violenta, pero es evidente que las muertes de jóvenes han aumentado con la proliferación de grupos del crimen organizado. Muchos son asesinados apenas alcanzando la mayoría de edad (en 2019 perdieron la vida 15 jóvenes de 18 años, y 17 de 19. Técnicamente, los jóvenes son material desechable para medianos y grandes líderes del crimen organizado.
En mayo de 2017, la Red por los Derechos de la Infancia en México aseguró que el crimen organizado habría reclutado unos 30 mil jóvenes, muchos de ellos de manera forzada. Abundó que en las estructuras del crimen organizado, los jóvenes son utilizados para actuar como “informantes” o “halcones”.
Pocas son las acciones que se han emprendido desde los tres niveles de gobierno dirigidas a los jóvenes. El día a día muestra los magros resultados.
Sin alabar ni demeritar la visión del actual gobierno federal, el resultado de sus políticas no se verá si no hasta dentro de unos años. Y por el momento no hay certeza, como no la hubo antes, de que las promesas políticas se conviertan en una realidad. Por ahora la realidad es esta: cada vez más jóvenes se suman a las filas del crimen organizado, y un número cada vez mayor muere en ese camino.
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Por primera vez los 59 municipios de SLP reducen el embarazo adolescente
La Coespo indicó que el desconocimiento de anticonceptivos influye en embarazo adolescente en SLP: La Huasteca mantiene los focos de atención
Por: Redacción
Mayra Edith Velázquez Loera, titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), informó que San Luis Potosí logró reducir en 37 por ciento el embarazo adolescente, además de registrar una disminución del 10.3 por ciento en la tasa específica de fecundidad, lo que coloca al estado en el quinto lugar nacional con mayor reducción en este indicador.
La funcionaria señaló que estos resultados se derivan de las estrategias implementadas para atender a los grupos más vulnerables, particularmente niñas y adolescentes menores de 15 años.
Velázquez Loera destacó que por primera vez los 59 municipios del estado registraron una disminución en el embarazo adolescente, aunque algunos mantienen mayor incidencia y requieren estrategias focalizadas.
Entre estos municipios mencionó Aquismón, San Antonio y Santa Catarina, ubicados en la región Huasteca, donde se han reforzado las acciones en coordinación con comunidades indígenas.
La titular de Coespo explicó que uno de los principales factores que influyen en los embarazos tempranos es el desconocimiento de los métodos anticonceptivos, así como la falta de educación sexual integral desde el entorno familiar y escolar.
“Se detectó que había desconocimiento total de los métodos anticonceptivos y falta de información, por eso se implementaron campañas con distintas instituciones”, explicó.
Indicó que los casos de embarazo infantil se han presentado en edades de entre 12 y 13 años, mientras que anteriormente se habían registrado casos desde los 11 años.
De acuerdo con Velázquez Loera, la meta del gobierno estatal es reducir en al menos 50 por ciento el embarazo adolescente, objetivo hacia el cual se avanza actualmente con una disminución del 37 por ciento.
En cuanto a posibles prácticas de matrimonio forzado o uniones tempranas, la funcionaria señaló que, aunque es un problema presente en México y en varios países de América Latina, en San Luis Potosí no se han detectado casos confirmados.
Añadió que, a través de la estrategia denominada “Alerta Verde”, se han impulsado campañas interinstitucionales para prevenir estos fenómenos y promover que las niñas permanezcan en la escuela y no enfrenten maternidades tempranas.
“Queremos que nuestras niñas estén jugando y estudiando, no siendo madres”, afirmó.
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Caso en la Facultad de Ciencias de la UASLP avanza: profesor es vinculado a proceso
La FGESLP dio a conocer que el docente es investigado por los delitos de violencia familiar y lesiones
Por: Redacción
María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que un maestro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue vinculado a proceso tras la denuncia presentada por una exalumna.
La fiscal explicó que la resolución judicial se emitió recientemente, luego de que la semana pasada se realizara la audiencia inicial del caso.
“El día de antier se resolvió la situación jurídica del maestro y se le vinculó a proceso”, señaló.
Precisó que esta determinación no significa que exista una sentencia condenatoria, sino que el juez consideró que existen elementos suficientes para que el caso continúe su curso en el proceso penal.
“Hay indicios”, indicó la funcionaria al explicar que la vinculación se basa en los datos de prueba presentados durante la audiencia.
De acuerdo con la Fiscalía, el docente es investigado por los delitos de violencia familiar y lesiones, derivados de la denuncia presentada por la exalumna.
García Cázares añadió que también existe una denuncia del maestro contra la joven, sin embargo, ese caso aún no ha sido resuelto y se encuentra pendiente de determinar si será judicializado.
En ese sentido, explicó que corresponderá al Ministerio Público evaluar los elementos de la carpeta de investigación para decidir si el proceso también procede en ese sentido.
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Gallardo asegura que existen “garantías totales” para protección de mujeres en SLP
El gobernador afirmó que no han recibido información oficial de la Federación sobre un nuevo mecanismo que sustituya la alerta de violencia de género
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que en el estado se mantienen los protocolos actuales para atender la violencia contra las mujeres y afirmó que existen “garantías totales” para su protección, pese a las versiones sobre la posible eliminación de la alerta de violencia de género a nivel nacional.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la Federación implemente un nuevo mecanismo que sustituya a la Alerta de Género, el mandatario estatal señaló que hasta el momento no han recibido información oficial al respecto.
“No, no, no todavía, no nos ha pasado la Federación ningún mecanismo nuevo. Seguimos con los mismos protocolos”, indicó.
Gallardo Cardona añadió que actualmente la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí trabaja con los protocolos vigentes y que incluso se analizan posibles ajustes a nivel local, lo cual consideró positivo para fortalecer las acciones de protección.
“Creo que es muy benéfico siempre todo lo que nos ayude al cuidado de la mujer en San Luis Potosí; para nosotros es bien recibido y bienvenido”, expresó.
Al preguntarle si en la entidad existen condiciones suficientes para garantizar la protección de las mujeres, el gobernador respondió: “Totalmente”.
Las declaraciones del mandatario se dan luego de que la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, advirtiera que desde la Secretaría de las Mujeres federal se analiza retirar la Alerta de Violencia de Género en todo el país.
De acuerdo con la legisladora, esta decisión no significa que el problema de la violencia contra las mujeres haya desaparecido, sino que el mecanismo actual es considerado obsoleto, por lo que se trabaja en una nueva estrategia que lo sustituya.
López Torres señaló que el objetivo del nuevo esquema sería establecer acciones más puntuales por parte de los gobiernos locales, así como el uso de estadísticas para evaluar su funcionamiento.
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