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Sefin analizará contrato de gobierno estatal con Banorte
La dependencia especificó que el desacuerdo existente involucra exclusivamente al área fiduciaria
Por: Redacción
Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó que la Consejería Jurídica llevará a cabo un estudio minucioso del contrato que actualmente sostienen con la fiduciaria del Grupo Financiero Banorte, debido al incorrecto ejercicio de sus funciones respecto del manejo del recurso de la administración estatal que se suscitó recientemente, con el fideicomiso del Proyecto del Sistema de Tratamiento de Agua Tenorio.
El funcionario estatal refirió que se analizará la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ya que la actuación de esta área de la institución bancaria, afecta las finanzas de la administración estatal, y por ende todo lo que conlleva, como participaciones municipales, pagos a proveedores, compromisos de pago, entre otras acciones.
La administración estatal sostuvo diversos servicios contratados con Banorte, como manejos de cuentas productivas, cuentas de inversión, cuentas productivas, cuentas de crédito y en especial ese contrato de fideicomiso de administración de participaciones. Sin embargo, explicó el titular de la Sefin, que el desacuerdo es exclusivamente con el área fiduciaria.
González Martínez precisó que la administración estatal tiene contratado un servicio de fideicomiso de administración y garantías de pago, con la fiduciaria de Banorte, en donde las aportaciones y participaciones federales llegan primero a ese fideicomiso; y se encargan de pagar las diferentes solicitudes de pago de los acreedores, mientras que los remanentes son entregados a la Sefin 
El secretario de Finanzas dijo que la fiduciaria cometió tres errores, no informar a la administración estatal de dicha retención, retener el recurso antes de la fecha de vencimiento y hacer sus provisiones de manera incorrecta. Por ello, la administración estatal hizo un reclamo ante la institución bancaria, lo que derivó en la devolución del recurso, y retuvo únicamente lo que obliga la ley y bajo las condiciones del contrato de fideicomiso.
Por último, Salvador González dijo que la acción que realice Gobierno del Estado, ante esta situación con Banorte será apegada a la ley y revisarán la posibilidad de tener una fiduciaria que garantice un buen servicio y buscar las mejores condiciones para que la Secretaría de Finanzas realice las funciones en tiempo y forma y por ende no perjudicar a municipios, a proveedores, entre otros.
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Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado
Por: Redacción
En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.
El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.
Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.
Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.
Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.
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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.
El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,
“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.
G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina
“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.
El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.
Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.
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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.
“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.
Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.
“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.
“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.
Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.
Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.
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