diciembre 4, 2025

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Sefin analizará contrato de gobierno estatal con Banorte

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La dependencia especificó que el desacuerdo existente involucra exclusivamente al área fiduciaria

Por: Redacción

Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó que la Consejería Jurídica llevará a cabo un estudio minucioso del contrato que actualmente sostienen con la fiduciaria del Grupo Financiero Banorte, debido al incorrecto ejercicio de sus funciones respecto del manejo del recurso de la administración estatal que se suscitó recientemente, con el fideicomiso del Proyecto del Sistema de Tratamiento de Agua Tenorio.

El funcionario estatal refirió que se analizará la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ya que la actuación de esta área de la institución bancaria, afecta las finanzas de la administración estatal, y por ende todo lo que conlleva, como participaciones municipales, pagos a proveedores, compromisos de pago, entre otras acciones.

La administración estatal sostuvo diversos servicios contratados con Banorte, como manejos de cuentas productivas, cuentas de inversión, cuentas productivas, cuentas de crédito y en especial ese contrato de fideicomiso de administración de participaciones. Sin embargo, explicó el titular de la Sefin, que el desacuerdo es exclusivamente con el área fiduciaria.

González Martínez precisó que la administración estatal tiene contratado un servicio de fideicomiso de administración y garantías de pago, con la fiduciaria de Banorte, en donde las aportaciones y participaciones federales llegan primero a ese fideicomiso; y se encargan de pagar las diferentes solicitudes de pago de los acreedores, mientras que los remanentes son entregados a la Sefin

. Sin embargo, la fiduciaria, incorrectamente, hizo una retención por 160 millones de pesos de un concepto que es el contrato de prestación de servicios con Aguas de Residuo del Tenorio, más otros créditos, en total 200 millones de pesos.

El secretario de Finanzas dijo que la fiduciaria cometió tres errores, no informar a la administración estatal de dicha retención, retener el recurso antes de la fecha de vencimiento y hacer sus provisiones de manera incorrecta. Por ello, la administración estatal hizo un reclamo ante la institución bancaria, lo que derivó en la devolución del recurso, y retuvo únicamente lo que obliga la ley y bajo las condiciones del contrato de fideicomiso.

Por último, Salvador González dijo que la acción que realice Gobierno del Estado, ante esta situación con Banorte será apegada a la ley y revisarán la posibilidad de tener una fiduciaria que garantice un buen servicio y buscar las mejores condiciones para que la Secretaría de Finanzas realice las funciones en tiempo y forma y por ende no perjudicar a municipios, a proveedores, entre otros.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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