La universidad señaló que solo fueron extintores que se utilizaron para apagar el fuego encendido durante la protesta

Por: Bernardo Vera

Activistas presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) una denuncia contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Gobierno del Estado por el presunto uso de agentes químicos para dispersar a las manifestantes que acudieron a la marcha por el 8M en la capital potosina. La universidad dio a conocer su posición, en la que negó haber atacado con gas a las activistas.

El área de comunicación social de esta institución señaló que durante las protestas en la fachada del Edificio Central se produjo un conato de incendio, por lo que el personal de la UASLP usó extintores para mitigar el fuego; señalan que los químicos despedidos por los sistemas contra incendios fueron confundidos con gas, pero negó que se hayan usado para intentar dispersar.

La Defensoría de Derechos Universitarios (DDU) abrió una investigación de oficio desde el 9 de marzo, para determinar si la ejecución del personal fue la idónea

para un caso de emergencia, combinado con el tema de la manifestación social, y también si se cometió un abuso en el uso de extintores.

La UASLP dio a conocer que esta investigación se inició antes de recibir cualquier otro tipo de denuncia o queja. Agregó que, de acuerdo al procedimiento, una vez que se recopile la información, se solventarán las dudas específicas y se dará a conocer a la opinión pública.

Respecto a la denuncia para que se inicie la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la UASLP explicó que la oficina del Abogado General ya recibió la notificación de esta indagatoria desde el 17 de marzo, la cual ya es atendida por el abogado de la universidad en conjunto con la DDU.

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El Partido Verde llevará una propuesta al Congreso sobre aplicar la medida como requisito para reducir la condena a delincuentes sexuales 

Por: Bernardo Vera

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró, el 19 de septiembre de 2022, que enviaría una iniciativa al Congreso del Estado para proponer la introducción de la castración química en el Código Penal como medida para castigar a violadores. De acuerdo con fuentes al interior del Congreso de San Luis Potosí, la bancada del Partido Verde está por presentar el documento con la iniciativa, la cual ha trascendido no será presentada como una medida de castigo, sino como una condición para reducir la pena de cárcel a de agresores sexuales.

A continuación hacemos un repaso de en qué lugares operan medidas similares, qué efectos tiene y qué posibilidades tiene de ser autorizada:

 

¿Qué es?

La castración química consiste en la aplicación de fármacos que reducen la líbido y por tanto los deseos de actividad sexual en una persona. Se diferencia de la castración quirúrgica –la remoción de genitales masculinos– dado que no se producen cambios físicos, por lo cual se vuelve un procedimiento médico reversible y de efecto temporal.

En ella se utilizan sustancias hormonales como el acetato de medroxiprogesterona, cuyo efecto causa la disminución de los niveles de testosterona en la sangre, inhibe la libido y de esa manera, se controlan las pulsiones sexuales.

Como pena condenatoria, tiene el objetivo de impedir que violadores y pederastas reincidan en la comisión de delitos sexuales.

 

¿Cuáles son los efectos?

Los efectos secundarios por el uso de medicamentos antiandrógenos –supresores de las hormonas sexuales masculinas– suelen presentarse en un número limitado de pacientes, pero se ha detectado que algunos de ellos muestran un aumento de la grasa corporal y una reducción de la densidad ósea, lo que aumentaría el riesgo a largo plazo de sufrir enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, respectivamente.

Estos tratamientos requieren de una estricta supervisión médica, así como un plan de tratamiento integral y participar en simultáneo en un tratamiento cognitivo-conductual diseñado para abordar otros aspectos de la conducta desviada, además de los intereses sexuales.

 

¿Se ha realizado en otros estados o países?

En México no se ha implementado esta práctica, y son pocos los países que cuentan con una legislación profunda sobre este tema. A nivel mundial, naciones como Indonesia, Polonia, Rusia y Corea del Sur aplican la castración química como medida punitiva contra quienes cometen delitos sexuales en agravio de menores de edad.

En Estados Unidos se ha legislado su aplicación únicamente en siete estados (Alabama, California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana y Montana). California fue el primer estado norteamericano que usó la castración química como una pena para los delincuentes sexuales, bajo la condición de que si la víctima es menor de 13 años de edad, los jueces en California pueden exigir a los delincuentes primarios a someterse a ella. Después de un segundo delito, el tratamiento es obligatorio.

En Latinoamérica, el tema ha llegado a los parlamentos de Colombia y Perú. En el primero se discutió en 2012, cuando el senador Roy Barreras propuso que en algunos casos se someta al violador a la castración química para evitar que reincida en la comisión del delito. Mientras que Pedro Castillo, ex presidente de Perú, anunció en abril de 2022 la presentación de un proyecto de ley para aplicar la castración química obligatoria a los agresores sexuales, misma que dividió la opinión entre la ciudadanía de aquel país.

 

¿Es legal?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la castración química como forma de castigo viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes, prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la aplicación de penas corporales a personas privadas de libertad y la afectación que generan en su derecho a la integridad personal.

A pesar de ello, y debido a la demanda pública para reducir el número de delitos sexuales, la castración química ha sido propuesta como una alternativa reversible, incruenta y con menos efectos colaterales que la castración quirúrgica.

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La operación beneficiará al estado con un total de dos millones de pesos que servirán para proyectos como la Red Metro, el segundo piso de la Carretera 57, entre otros

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que, por mayoría de votos, el Congreso del Estado autorizó su propuesta de vender los terrenos que estaban destinados a la empresa Ford por un total de dos mil 58.9 millones de pesos.

El mandatario estatal indicó que los recursos obtenidos por la venta se invertirán en obras de movilidad como la Red M etro, el segundo piso de la carretera 57 y obras de infraestructura urbana e hidráulica en las cuatro regiones de la entidad.

Gallardo Cardona dijo que los terrenos serán vendidos a una de las empresas más fuertes a nivel Latinoamérica aunque no se ha dado a conocer la fecha para ello; agregó que este es otro logro histórico de actual gobierno.

La propuesta del gobernador potosino fue aprobada por 25 diputadas y diputados de distintos partidos políticos, oponiéndose los diputados Mauricio Ramírez Konishi y Emma Idalia Saldaña Guerrero.

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