Cofradía y Tradiciones Potosinas confirmaron que fue la dependencia estatal la que recibió el dinero por la renta de sillas este año

Por: Redacción

La Secretaría de Cultura (Secult) de San Luis Potosí sí organizó y comercializó los espacios para ver la Procesión del Silencio de este 2022, por lo que habría cometido un ilícito al haber erogado y recibido recursos no considerados dentro de las leyes de ingresos y egresos de este año, los cuales no habrían sido reportados, pues aunque este medio realizó una solicitud de transparencia a la dependencia gubernamental esta negó de forma oficial ambas situaciones.

La Orquesta conversó con Margarita Galaviz Zavala, subcoordinadora de la Cofradía Franciscana, quien confirmó que la logística de la Procesión del Silencio edición 2022, contó con la presencia de la Secult a través de Antonio de Rabinal Gamboa, director de Fomento Artístico de la Secretaría.

“Fue en febrero cuando Antonio de Rabinal Gamboa se presentó con nuestra cofradía a ponerse a la orden, que era él quien se iba a encargar. De ahí, ellos dan las bases, el paso, a que hora tenemos que llegar, van y checan que estén ensayando, haciendo el paso bien o cualquier detallito”, explicó Galaviz Zavala, lo que confirma que Tradiciones Potosinas, la organización civil que siempre se había hecho cargo de la Procesión fue retirada de su sitio.

Judy Leura, presidenta de Tradiciones Potosinas, también afirmó a La Orquesta que no querían realizar la Procesión del Silencio este año, aunque Antonio de Rabinal Gamboa López se acercó a la asociación para manifestar su interés en llevarla a cabo desde el espacio oficial y señalaron al final fue la Secult la que realizó el evento y realizó el trato con la boletera Ticketmania, la cual, según fuentes consultadas por este medio, depositó en una cuenta particular de Gamboa López la parte de las ganancias que correspondió a Secult, acción que sí misma también podría caer en una ilegalidad.

En este medio se pudo constatar que los boletos de la Procesión del Silencio fueron vendidos por la empresa Ticketmania, ante lo cual, la dependencia estatal argumentó que: “no cuenta con registros ni información de algún convenio entre esta Secretaría y la boletera Ticketmania para la venta de los asientos durante la Procesión del Silencio”, lo que deja sin resolver en dónde terminó el dinero recaudado.

Oswaldo Ríos Medrano, abogado, analista político y ex coordinador de asesores en el Congreso de San Luis Potosí durante el periodo 2009-2012, calificó como “delicado”, el hecho de que una dependencia reciba dinero no considerado dentro de la Ley de Ingresos ya que podría ser un delito de peculado (malversación de recursos) según el Código Penal del Estado.

El analista detalló que las implicaciones sobre este delito serían para los funcionarios involucrados, pues es una responsabilidad personal de quien haya realizado este tipo de actividades, como es la renta de espacios públicos para presenciar determinados espectáculos, en este caso la Procesión del Silencio, y encuadra en el supuesto que dice que cometen el delito de peculado por servidores públicos que para usos propios o ajenos distrae de su objeto, dinero, valores, tintas, o cualquier otra cosa que pertenece al estado por razón de tu cargo.

“Me parece que podríamos estar en presencia del delito de peculado y que si se trata de un servidor público sería muy grave, porque pone en predicamento al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, genera una mala imagen para toda la dependencia y de inmediato ese funcionario tendría que ser sustituido y tendría que explicar públicamente cuál fue el destino que le dio al dinero”.

Además de la Cofradía Franciscana, se buscó el contacto con representantes de otras cofradías participantes en dicho evento, sin que hasta el momento se tenga su postura al respecto del mismo caso.

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