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Secretaría de Cultura de SLP habría malversado recursos públicos
Elizabeth Torres y Antonio de Rabinal Gamboa habrían recibido dinero, no considerado en la Ley de Ingresos 2022, en la cuenta de un particular por la renta de espacios para la Procesión del Silencio
Por: Ana G Silva
La Procesión del Silencio 2022 tuvo un cambio en su logística, debido a que Tradiciones Potosinas, la asociación civil encargada de este evento, no participó en su organización, sino que esta corrió a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo, la cual obtuvo ingresos por la renta de sillas, recursos que no están considerados dentro de la Ley de Ingresos 2022, por lo que la dependencia y sus funcionarios Elizabeth Torres Méndez, secretaria, y Antonio de Rabinal Gamboa López, director general de Fomento Artístico, habrían incurrido una malversación de recursos públicos.
Judy Leura, presidenta de Tradiciones Potosinas, confirmó a La Orquesta que no querían realizar la Procesión del Silencio este año, aunque Antonio de Rabinal Gamboa López se acercó a la asociación para manifestar su interés en llevarla a cabo desde el espacio oficial y señalaron al final fue la Secretaría de Cultura la que realizó el evento y realizó el trato con la boletera Ticketmania, la cual, según fuentes consultadas por este medio, depositó en una cuenta particular de Gamboa López la parte de las ganancias que correspondió a Secult, acción que sí misma también podría caer en una ilegalidad.
Oswaldo Ríos Medrano, abogado, analista político y ex coordinador de asesores en el Congreso de San Luis Potosí durante el periodo 2009-2012, calificó como “delicado”, el hecho de que una dependencia reciba dinero no considerado dentro de la Ley de Ingresos ya que podría ser un delito de peculado (malversación de recursos) según el Código Penal del Estado.
El analista detalló que las implicaciones sobre este delito serían para los funcionarios involucrados, pues es una responsabilidad personal de quien haya realizado este tipo de actividades, como es la renta de espacios públicos para presenciar determinados espectáculos, en este caso la Procesión del Silencio, y encuadra en el supuesto que dice que cometen el delito de peculado por servidores públicos que para usos propios o ajenos distrae de su objeto, dinero, valores, tintas, o cualquier otra cosa que pertenece al estado por razón de tu cargo.
“Me parece que podríamos estar en presencia del delito de peculado y que si se trata de un servidor público sería muy grave, porque pone en predicamento al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, genera una mala imagen para toda la dependencia y de inmediato ese funcionario tendría que ser sustituido y tendría que explicar públicamente cuál fue el destino que le dio al dinero”.
El ex coordinador de asesores señaló que las consecuencias para los funcionarios de Secult pueden ser enfrentar un procedimiento de sanción administrativa interno, que puede llegar a la destitución, pero también habría responsabilidad penal que implicaría privación de la libertad por prisión preventiva oficiosa.
Ríos Medrano comentó que el delito debe ser denunciado por Tradiciones Potosinas si se sienten agraviada y que históricamente tenían una licencia, la cual le retiraron; además de obtenerse una ventaja económica de la explotación comercial de esos espacios.
“Por su puesto que podrían denunciar penalmente a los funcionarios que no dicen qué hicieron con ese dinero, porque además no había en la Ley de Ingresos ningún supuesto jurídico para que pudieran realizar un cobro de esa naturaleza, entonces si cobraron no tenían facultades legales para hacerlo; y segundo, si obtuvieron un beneficio económico directo de la utilización de la renta de un espacio público que le quitaron a un particular, deben explicar qué hicieron con él”.
La Orquesta solicitó por la vía de transparencia la información correspondiente a lo erogado por el Gobierno Estatal para la organización de la Procesión, así como el convenio realizado con la boletera, sin embargo, Secult negó tener cualquier intervención en el evento y aseguró que tampoco tenía trato alguno con Ticketmanía, esto pese a la confirmación de Tradiciones Potosinas.
El área de prensa de la Secult, a cargo de Ruth Ramírez, ignoró la peticiones de este medio para tener un posicionamiento de parte de la titular Elizabeth Torres.
Finalmente, Oswaldo Ríos indicó que parece que Elizabeth Torres “piensa que tiene más autoridad que el gobernador”, ya que es una funcionaria que no obedece ninguna línea ni instrucción de Gallardo:
“El gobernador ha sido enfático en que se les exige a sus funcionarios tener un comportamiento ejemplar, que no se tolerarán abusos de poder o escándalos de los funcionarios, que como en el caso del caso del ex director del Archivo Histórico dijo que no se iba a aceptar acciones de esa naturaleza, y en la Secretaría de Cultura los abusos ocurren un día sí y otro también. Estamos viendo es que la titular de la dependencia se siente tan segura de que no le va a pasar nada, que se atreve a llevarle la contraria al gobernador, es decir aquí ya es sistemático, cada semana vemos un escándalo de la secretaria de cultura y deja de manifiesto que a ella las críticas le hacen lo que el viento a Juárez”.
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Elizabeth Torres, secretaria de Cultura, contrató a Xavier Torres Arpi, su antecesor en tiempos de Fernando Toranzo, para hacerse cargo del Festival de Música Antigua y Barroca
Por: Jorge Saldaña
“La Herencia Maldita” se le ha denominado por el actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, a los yerros y lastres que dejaron las administraciones gubernamentales del pasado, sobre todo las de los dos últimos sexenios en que estuvieron al frente del ejecutivo Juan Manuel Carreras López y Fernando Toranzo Fernández. No obstante, los ex funcionarios de esta herencia son hoy los encargados de organizar festivales culturales a la administración gallardista.
Elizabeth Torres Méndez, actual secretaria de Cultura, de manera directa y discrecional, contrató a Xavier Torres Arpi, su antecesor en el área durante la administración de Toranzo Fernández, para organizar la edición XXV del Festival de Música Antigua y Barroca que se desarrolla desde el pasado domingo 4 de diciembre en el estado potosino.
Al igual que a Torres Méndez, a Torres Arpi se le denunció en su momento por colocar a familiares, amigos y compromisos dentro de la nómina de la Secretaría, una de las más pesadas de la administración por el alto número de direcciones generales.
La comunidad artística, desde diciembre del 2011 cuando tomó protesta el funcionario, se manifestó en contra de su nombramiento y al paso de su administración fue acusado de mal utilizar los recursos de la Cultura potosina en beneficio de unos cuantos.
Hace apenas algunas semanas, más de 60 artistas, creadores y organizaciones potosinas hicieron lo propio al solicitar la remoción de Elizabeth Torres Méndez, por considerarla incapaz para ejercer dicha titularidad y ejemplificaron la serie de abusos y errores que ha cometido, solicitud que ha sido ignorada por la actual Gobierno del Estado.
Torres Méndez minimizó, durante una entrevista, a la comunidad artística al indicar que ella “ni conozco ni se quienes son esas personas” (los firmantes del documento que pide su destitución).
El festival fue presentado en rueda de prensa, entre otros, por Antonio de Rabinal Gamboa, quien a la fecha no ha podido explicar el porqué los recursos que se generaron de la Procesión del Silencio fueron a parar a una cuenta de un particular, pues dentro de la Ley de Ingresos no existe un rubro que permita el cobro de este tipo de eventos que por primera vez no organizó la Asociación Tradiciones Potosinas.
El Festival de Música Antigua y Barroca que se está presentado al interior de museos y otros inmuebles de valor histórico y simbólico, no ha tenido ni repercusión ni éxito pues, de acuerdo a los propios artistas, la edición 2022 fue preparada “en las rodillas”.
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El gobierno federal aprobó un incremento del 10% en presupuesto de seguridad para combatir la inseguridad en las fronteras del estado
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que ante la ola de violencia y delincuencia con el crimen organizado en Zacatecas, se implementarán dos grandes operativos en el estado, para blindarlo y fortalecer las estrategias de operación e inteligencia para impedir que los criminales se crucen a territorio potosino.
El mandatario señaló que ya están listos y en funcionamiento los filtros de seguridad, agregó que se va a implementar uno en Villa de Ramos pasando el kilómetro 130, mismo que estará a cargo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, además, dijo, otro filtro en La Posta y otro al norte de Vanegas en la colindancia con Zacatecas, a fin de contener el “efecto cucaracha”.
Gallardo Cardona detalló que el pasado viernes sostuvo una reunión con algunos gobernadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se anunció el incremento de un 10 por ciento de incremento al presupuesto en seguridad para San Luis Potosí. “Vamos a pasar de 208 a 230 millones de pesos, nosotros aportamos otros 150 millones del estado y serán casi 400 millones para equipar con tecnología y más elementos, queremos 400 más (nuevos oficiales de la Guardia Nacional) y los 300 que ya ingresaron están haciendo labores de noche”, dijo.
El mandarino estatal recordó que actualmente San Luis Potosí se mantiene por debajo de la media nacional en índices delictivos, sin embargo, puntualizó que no basta con estar cinco estados por debajo de la media, sino que se busca estar por lo menos dos lugares más abajo aún.
Finalmente, el gobernador adelantó que próximamente tendrá una reunión con Samuel García y Américo, gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas respectivamente, con el fin de poner cercos en las fronteras de San Luis y dichos estados para proteger el territorio potosino de la llegada de criminales.
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El titular de esta instancia dijo que siguen las necropsias para determinar que sustancia fue utilizada para el envenenamiento
Por: Karina González
José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General del Estado, anunció que están en investigación para determinar cuál fue la sustancia que provocó el deceso de 18 animales en la comunidad San José Buenavista en los límites de la capital potosina y Mexquitic de Carmona el pasado 2 de diciembre.
El fiscal señaló que se continúan practicando las necropsias en los 18 animales, mismos que fueron clasificados en tres silvestres (zorros y coyote) y quince domésticos (perros y gatos), para determinar con qué fueron envenenados.
Ruiz Contreras negó que hasta el momento haya alguna persona identificada como presunto responsable; luego de los rumores entre los habitantes de la comunidad que podrían señalar a una persona como autor de estos hechos, no obstante, dijo el fiscal que lo desconoce.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes 2 de diciembre cuando activistas y habitantes de la comunidad reportaron el hallazgo de los cadáveres de perros, gatos, zorros y hasta un coyote que murieron a causa de envenenamiento.
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