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Secretaría de Cultura de SLP habría malversado recursos públicos
Elizabeth Torres y Antonio de Rabinal Gamboa habrían recibido dinero, no considerado en la Ley de Ingresos 2022, en la cuenta de un particular por la renta de espacios para la Procesión del Silencio
Por: Ana G Silva
La Procesión del Silencio 2022 tuvo un cambio en su logística, debido a que Tradiciones Potosinas, la asociación civil encargada de este evento, no participó en su organización, sino que esta corrió a cargo de la Secretaría de Cultura (Secult) del gobierno de Ricardo Gallardo, la cual obtuvo ingresos por la renta de sillas, recursos que no están considerados dentro de la Ley de Ingresos 2022, por lo que la dependencia y sus funcionarios Elizabeth Torres Méndez, secretaria, y Antonio de Rabinal Gamboa López, director general de Fomento Artístico, habrían incurrido una malversación de recursos públicos.
Judy Leura, presidenta de Tradiciones Potosinas, confirmó a La Orquesta que no querían realizar la Procesión del Silencio este año, aunque Antonio de Rabinal Gamboa López se acercó a la asociación para manifestar su interés en llevarla a cabo desde el espacio oficial y señalaron al final fue la Secretaría de Cultura la que realizó el evento y realizó el trato con la boletera Ticketmania, la cual, según fuentes consultadas por este medio, depositó en una cuenta particular de Gamboa López la parte de las ganancias que correspondió a Secult, acción que sí misma también podría caer en una ilegalidad.
Oswaldo Ríos Medrano, abogado, analista político y ex coordinador de asesores en el Congreso de San Luis Potosí durante el periodo 2009-2012, calificó como “delicado”, el hecho de que una dependencia reciba dinero no considerado dentro de la Ley de Ingresos ya que podría ser un delito de peculado (malversación de recursos) según el Código Penal del Estado.
El analista detalló que las implicaciones sobre este delito serían para los funcionarios involucrados, pues es una responsabilidad personal de quien haya realizado este tipo de actividades, como es la renta de espacios públicos para presenciar determinados espectáculos, en este caso la Procesión del Silencio, y encuadra en el supuesto que dice que cometen el delito de peculado por servidores públicos que para usos propios o ajenos distrae de su objeto, dinero, valores, tintas, o cualquier otra cosa que pertenece al estado por razón de tu cargo.
“Me parece que podríamos estar en presencia del delito de peculado y que si se trata de un servidor público sería muy grave, porque pone en predicamento al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, genera una mala imagen para toda la dependencia y de inmediato ese funcionario tendría que ser sustituido y tendría que explicar públicamente cuál fue el destino que le dio al dinero”.
El ex coordinador de asesores señaló que las consecuencias para los funcionarios de Secult pueden ser enfrentar un procedimiento de sanción administrativa interno, que puede llegar a la destitución, pero también habría responsabilidad penal que implicaría privación de la libertad por prisión preventiva oficiosa.
Ríos Medrano comentó que el delito debe ser denunciado por Tradiciones Potosinas si se sienten agraviada y que históricamente tenían una licencia, la cual le retiraron 
“Por su puesto que podrían denunciar penalmente a los funcionarios que no dicen qué hicieron con ese dinero, porque además no había en la Ley de Ingresos ningún supuesto jurídico para que pudieran realizar un cobro de esa naturaleza, entonces si cobraron no tenían facultades legales para hacerlo; y segundo, si obtuvieron un beneficio económico directo de la utilización de la renta de un espacio público que le quitaron a un particular, deben explicar qué hicieron con él”.
La Orquesta solicitó por la vía de transparencia la información correspondiente a lo erogado por el Gobierno Estatal para la organización de la Procesión, así como el convenio realizado con la boletera, sin embargo, Secult negó tener cualquier intervención en el evento y aseguró que tampoco tenía trato alguno con Ticketmanía, esto pese a la confirmación de Tradiciones Potosinas.
El área de prensa de la Secult, a cargo de Ruth Ramírez, ignoró la peticiones de este medio para tener un posicionamiento de parte de la titular Elizabeth Torres.
Finalmente, Oswaldo Ríos indicó que parece que Elizabeth Torres “piensa que tiene más autoridad que el gobernador”, ya que es una funcionaria que no obedece ninguna línea ni instrucción de Gallardo:
“El gobernador ha sido enfático en que se les exige a sus funcionarios tener un comportamiento ejemplar, que no se tolerarán abusos de poder o escándalos de los funcionarios, que como en el caso del caso del ex director del Archivo Histórico dijo que no se iba a aceptar acciones de esa naturaleza, y en la Secretaría de Cultura los abusos ocurren un día sí y otro también. Estamos viendo es que la titular de la dependencia se siente tan segura de que no le va a pasar nada, que se atreve a llevarle la contraria al gobernador, es decir aquí ya es sistemático, cada semana vemos un escándalo de la secretaria de cultura y deja de manifiesto que a ella las críticas le hacen lo que el viento a Juárez”.
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El alcalde afirmó que la licitación de El Saucito lleva detenida desde marzo y acusó exceso de burocracia en la Contraloría estatal
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos respondió a las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quienel día de ayer lo llamó “niño berrinchudo” por las quejas relacionadas con el retraso en la liberación de licitaciones de obra pública.
Galindo aseguró que las declaraciones del mandatario estatal se hicieron “sin información” y defendió que el retraso de al menos 20 obras municipales se debe a trámites atorados dentro de la Contraloría estatal, particularmente en el caso del paso a desnivel de El Saucito.
“Voy a seguir siendo berrinchudo por las obras de San Luis”, respondió el alcalde, al señalar que el expediente del proyecto fue ingresado desde el 21 de marzo y que, pese a que la normatividad obliga a responder en un máximo de cinco días, la Contraloría tardó más de un mes en emitir nuevas observaciones.
El edil capitalino explicó que actualmente solo dos proyectos han sido liberados para licitación: la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas y el puente de Jacobo Payán sobre Río Españita, mientras que el resto continúa en revisión administrativa.
La polémica comenzó luego de que el gobernador Ricardo Gallardo acusó al Ayuntamiento de no entregar documentación completa en algunas obras y c alificó como “política barata”
“Eso pareciera un niño berrinchudo estar pidiendo todo en entrevistas”, declaró Gallardo, quien afirmó que la Contraloría únicamente solicita información faltante y negó que exista bloqueo político contra el municipio.
En respuesta, Galindo rechazó hablar de mala fe o sabotaje, aunque sí criticó lo que calificó como “exceso de burocracia” dentro de la plataforma estatal de validación de licitaciones.
El alcalde detalló que uno de los nuevos requerimientos para el proyecto de El Saucito consiste en documentar fachadas e inmuebles cercanos mediante notario público, además de un acompañamiento del INAH, pese a que —afirmó— el instituto ya había emitido sus dictámenes correspondientes.
Galindo insistió en que su preocupación radica en cumplir los tiempos comprometidos con vecinos del sector, especialmente porque la obra debe concluir antes de las tradicionales fiestas de febrero en El Saucito.
Además, negó temer auditorías o revisiones estatales y recordó que las obras municipales ya son supervisadas por distintas instancias federales, estatales y municipales.
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El gobernador afirmó que las corporaciones viales concentran la mayoría de los señalamientos del Inegi
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, atribuyó la mayor parte de los casos de corrupción reportados por el Inegi a presuntas “mordidas” cometidas principalmente por corporaciones policiacas municipales.
Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocara a San Luis Potosí entre los estados con mayor percepción de actos de corrupción en la función pública, el mandatario estatal aseguró que cerca del 80 por ciento de las denuncias están relacionadas con pagos ilegales exigidos durante revisiones o infracciones de tránsito.
“Si los paran por un semáforo les piden 200 pesos, si se estaciona mal otros 200, si lo agarran borracho 5 mil… el 80 por ciento retribuye a eso”, declaró.
Gallardo sostuvo que la mayoría de estos señalamientos recaen en autoridades municipales, ya que —afirmó— son las corporaciones encargadas de aplicar infracciones de tránsito.
“El problema va abajo, donde nosotros no tenemos infracciones. ¿Quién infracciona? Pues las municipales”, señaló.
El gobernador reconoció que también existen áreas que corresponden al Estado y aseguró que en la Guardia Civil Estatal se han tomado medidas para combatir actos indebidos dentro de la corporación.
Como parte de ello, informó que durante la actual administración han sido dados de baja 275 elementos de seguridad pública por presuntos malos manejos o conductas irregulares.
Además, indicó que se han incorporado alrededor de mil 500 nuevos elementos egresados de academias policiales para fortalecer y renovar la corporación estatal.
Gallardo afirmó que la intención es evitar que los índices de corrupción se mantengan o incrementen dentro de la Guardia Civil Estatal, aunque insistió en que gran parte del problema sigue concentrado en las corporaciones municipales.
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Salud reconoció que el Hospital del Niño y la Mujer es el principal centro para interrupciones legales del embarazo en la entidad
Por: Redacción
La Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó que actualmente se mantienen cinco muertes maternas en la entidad, mientras que el Hospital del Niño y la Mujer concentra la mayoría de los procedimientos de interrupción legal del embarazo realizados en el estado, con un registro de 115 casos.
La titular de la dependencia estatal, Leticia Mariana Gómez Ordaz, señaló que uno de los principales retos continúa siendo garantizar que las mujeres embarazadas reciban atención prenatal constante para evitar complicaciones graves durante el embarazo o el parto.
La funcionaria destacó que programas como “Visitando Corazones” han permitido detectar casos de mujeres que no llevan seguimiento médico y canalizarlas a los centros de salud correspondientes, ya sea del IMSS, ISSSTE o servicios estatales.
“Es muy importante el cuidado prenatal y el seguimiento constante durante el embarazo”, expresó.
Respecto al tema de la interrupción legal del embarazo, Gómez Ordaz indicó que el Hospital del Niño y la Mujer es el centro médico donde más procedimientos se realizan en San Luis Potosí, debido a que cuenta con personal especializado y
La secretaria precisó que actualmente se contabilizan 115 procedimientos, aunque aclaró que no corresponden únicamente a adolescentes, sino a mujeres de distintas edades que ejercen este derecho dentro del marco legal.
“Lo importante es que las mujeres puedan acercarse y recibir atención médica segura para evitar riesgos o fallecimientos”, señaló.
Añadió que, de forma paralela, la Secretaría de Salud mantiene campañas de prevención del embarazo adolescente y aseguró que ya se observa una disminución respecto a años anteriores.
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