Estado
Se restablecerían mecanismos en la captura y rescate de perros callejeros
Los perros capturados en el antirrábico podrían ser resguardados en asociaciones protectoras de animales si nadie los reclama
Por: Redacción
A fin de contar con precisiones que abonen a la mejora en cuanto a las condiciones de la captura y adopción de animales que se encuentren en la vía pública, la diputada Beatriz Benavente Rodríguez presentó una iniciativa para adicionar a la Ley Estatal de Protección a los Animales, donde se busca establecer mecanismos precisos en lo concerniente a la forma en que se captura a los animales, así como en la forma como pueden ser rescatados de los centros de control animal o “antirrábicos”, ya que actualmente al no existir precisiones especificas en tal sentido, la mayoría de los animales capturados son sacrificados.
De esta manera, la iniciativa propone establecer que la captura de animales en la vía pública sólo puede realizarse cuando deambulen sin dueño aparente, o no cuente con placa de identificación, asegurando que toda captura deberá ser libre de maltrato.
En el caso de que el animal cuente con placa u otra forma de identificación, se deberá dar aviso de manera inmediata al propietario, para que resguarde al animal. Si al momento de intentar la captura alguna persona acredita la propiedad del animal mediante evidencia digital o documental, como fotografías, videos o cartilla de vacunación, entre otros, la captura no se llevará a cabo, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener el orden o para prevenir zoonosis o epizootias, en coordinación con las dependencias encargadas de la sanidad animal previa identificación, brindando al dueño la información necesaria de donde se encontrará el animal, para su entrega posterior una vez que se descarte el motivo de la captura.
Se indica además, que se sancionará a las personas que agredan al personal encargado de la captura de animales abandonados o ferales y que causen algún daño a vehículos o al equipo utilizado para tal fin.
En los casos de las personas que acrediten la posesión o propiedad del animal, lo podrán reclamar cuando haya sido ingresado en cualquier centro de control animal dentro de los diez días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar para ello tal circunstancia con cualquier documento o evidencia digital que acredite la propiedad, o en su defecto acudir con dos personas que testifiquen bajo protesta de decir verdad ante la autoridad, la auténtica propiedad o posesión de la mascota de quien la reclame.
En caso de que el animal no sea reclamado por su dueño en el tiempo estipulado, podrá ser otorgado para su adopción a asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente que lo soliciten y que se comprometan a su cuidado y protección, así como a la promoción para que se dé su posterior adopción por parte de alguna persona
interesada.
En el caso de que no concurra ninguna de las precisiones anterior los animales deberán ser sacrificados humanitariamente si se considera necesario, en los términos del Título Cuarto, Capítulo II de esta Ley.
Se indica como responsabilidad de los centros de control animal o cualquier institución que los ampare temporalmente alimentar adecuadamente a todo animal que se retenga.
La iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
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Congreso del Estado
Familias de desaparecidos podrían acceder a herencias y seguros tras reducir plazo legal en SLP
La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.
La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.
El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.
El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.
La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.
La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.
“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.
De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.
La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.
El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.
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Congreso del Estado
Congreso de SLP anuncia acciones legales por hechos violentos ocurridos en el recinto
El Legislativo afirmó que hubo agresiones físicas y verbales contra diputados y Rita Ozalia Rodríguez
Por: Redacción
El Congreso del Estado anunció que emprenderá acciones legales por los hechos ocurridos el pasado viernes dentro del recinto legislativo, donde, según acusó, se registraron agresiones físicas y verbales contra diputadas, diputados y la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.
A través de un posicionamiento firmado por las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, el Congreso señaló a Natalia Castil lo Vera y a sus acompañantes como responsables de los actos que calificó como violentos, insultantes y contrarios a la civilidad.
De acuerdo con el comunicado, durante el incidente también se hicieron referencias a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo que el Legislativo consideró que los hechos tuvieron un componente de carácter político-electoral.
El Congreso expresó además su solidaridad con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez por lo ocurrido y sostuvo que el recinto legislativo debe ser un espacio donde prevalezcan la seguridad y el respeto.
Las y los legisladores advirtieron que la confrontación política no debe derivar en agresiones ni poner en riesgo la integridad de quienes acuden al Congreso, y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse, según su postura, como justificación para conductas violentas.
Finalmente, informaron que el área correspondiente del Congreso iniciará las acciones legales que considere pertinentes para sancionar los hechos y evitar nuevos incidentes dentro del recinto.
El posicionamiento no detalla por ahora qué denuncias o procedimientos específicos serán presentados ni ante qué autoridad.
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Destacadas
Asesoría jurídica gratuita llega a los 59 municipios de San Luis Potosí
El objetivo es acercar la orientación jurídica a comunidades que enfrentan dificultades para trasladarse
Por: Redacción
Las familias de los 59 municipios de San Luis Potosí pueden acceder a asesoría y orientación jurídica gratuita en asuntos civiles, familiares y penales a través del programa La Defensoría en tu Casa.
El esquema busca acercar los servicios de la Defensoría Pública del Estado a las cuatro regiones de la entidad, principalmente mediante su participación en Ferias de Servicios, donde abogados especializados atienden directamente a la población.
Durante una jornada realizada en Tierra Nueva, el titular de la Defensoría Pública del Estado, Edgar Valdez Zavala, señaló que el modelo permite que las personas conozcan sus derechos y reciban orientación legal sin tener que trasladarse hasta la capital u otros municipios para buscar atención.
La asesoría contempla materia civil, familiar y penal, por lo que puede servir como primer contacto para personas que requieren conocer las opciones legales disponibles ante algún conflicto o situación jurídica.
De acuerdo con la dependencia, el programa opera desde el inicio de la actual administración y busca ampliar el acceso a los servicios de defensa pública en comunidades de las distintas regiones del estado.
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