noviembre 12, 2026

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SCT dice desconocer si aumentará el tiempo que Meta operará carreteras de SLP

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La subsidiaria de Grupo Valoran, tenía la concesión hasta 2050, lo que le permitiría tener ganancias por 40 mil millones de pesos

Por: Ana G. Silva

 

Cepeda Aldape, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que desconoce si la concesión de Meta, subsidiaria de Grupo Valoran,  sufrirá una nueva modificación ahora que le han sido asignados tres nuevos proyectos de infraestructura carretera: Vía Alterna en su primera etapa, el Libramiento Ventura-El Peyote y el Libramiento La Pitahaya-Libramiento Oriente, anunciados para San Luis Potosí.

Cabe recordar que en la más reciente modificación al título de concesión, el gobierno de Enrique Peña Nieto amplió a 60 años el tiempo que Meta podrá operar los caminos que construyó desde 1990 y que para 2050 le habrán dejado ganancias superiores a los 40 mil millones de pesos.
“Solo sé que tiene dos proyectos, lo que es la ampliación de la carretera 57 hacia el sur y hacia el norte”, equivocó el funcionario.

El delegado de la SCT dijo que duda que Meta, consiga un crédito de Banobras para llevar a cabo la ejecución de dichos proyectos: “No sé de dónde vengan los créditos y tampoco creo que sean de Banobras”.
En cuanto al tiempo de la concesión de la constructora META por 60 años, indicó que es necesario ya que “no son actos de fe y son estudios que se hacen, son corridas financieras en cuanto a costo beneficio. A mí solo me toca llevar la supervisión y llevar a cabo la obra”.

La concesión de Meta fue dada originalmente por un plazo de 8 años y 6 meses. El proyecto consideraba la construcción de un tramo carretero de 33.7 km, diseñado para que los vehículos del corredor México-Nuevo Laredo evitaran pasar por la mancha urbana de la capital potosina. Han transcurrido 30 años, al título se le han hecho siete modificaciones que permitieron que Meta construyera los libramientos Oriente, Norte y Poniente, además de obras complementarias.

A pesar de la importancia de esas obras, desde varias perspectivas se puede cuestionar el título de concesión de Meta, pues en primer lugar este ha generado que no existan licitaciones públicas para proyectos de importancia. Además, hubo poca inversión directa de la empresa, ya que los trabajos fueron financiados con créditos solicitados a instituciones bancarias, lo que encareció su costo y hace dudar del beneficio de haber concesionado.

Por otro lado, vale revisar si de verdad Grupo Valoran requiere usufructuar durante 60 años (1990–2050) para recuperar su inversión y lograr un pago justo, para ello se puede hacer una proyección de las ganancias que la empresa recibirá, basados en las cifras que Meta ha colgado en su sitio web:

Meta asegura que por los tres libramientos que construyó (Oriente, Norte y Poniente) transitan anualmente un total de 9.5 millones de vehículos. El costo promedio de peaje para recorrer solo uno de esos libramientos es de 128 pesos con 45 centavos, lo que significa que, virtualmente, Grupo Valoran

recauda al año mil 220 millones 275 mil pesos (la cifra se triplicaría si pensamos que la misma cantidad de vehículos recorren los tres tramos). La empresa reportó que para construir el Libramiento Poniente invirtió mil 600 millones de pesos, por lo que el costo total habría quedado prácticamente liquidado después de su primer año de operaciones (2017).
Hay que tomar en cuenta que no en todos los 60 años del título de concesión, Meta obtuvo u obtendrá recursos, ya que parte importante de ese tiempo se empleó para construir. No obstante, si solo consideramos el periodo de los 33 años posteriores a que los tres libramientos y el resto de las obras estuvieron inauguradas, y si establecemos que el Oriente y Norte se pagaron en el tiempo que funcionaron antes del 2017 y que cada vehículo solo usará uno de los tramos, tenemos que las ganancias para Valoran rondarán, para el final el año 2050, los 40 mil 269 millones 75 mil pesos de pesos (unos 2 mil millones de dólares).

¿HABRÁ RECORTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS?

El lunes, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, declaró en entrevista para el noticiero de Ciro Gómez Leyva por la Mañana que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año no contempla recursos para dar mantenimiento a carreteras federales, no así de autopistas, lo que significa que estas sufrirían daño irreparable en el corto plazo, ante esto, Ernesto Cepeda Aldape, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que aún no sabe si este recorte se efectuará, por tanto no sabe la magnitud de las repercusiones que esto puede traer para San Luis Potosí.
“No sabemos si se hará el recorte hasta que se autorice el presupuesto, ahorita la propuesta de la Secretaría de Hacienda está en la Cámara de Diputados y ahí ellos concilian y dictaminan para cada estado, no quiero meterme en supuestos, habrá que esperar a noviembre”.
Mencionó que depende del tamaño del recorte para el mantenimiento de las carreteras federales se verían reflejadas las repercusiones.
Por otro lado, adelantó que el proyecto de obras anunciado por el gobierno federal es muy favorable para el estado ya que generará empleos, inversión y apoyará la movilidad de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

 

También lee: Meta, la empresa que ha vivido 30 años a costillas de SLP

 

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Suscripción a la extorsión: negocios de SLP reciben hasta cinco cobros al año

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La ENVE estimó alrededor de 35 mil 366 extorsiones en el estado, aunque el INEGI advierte que este cálculo tiene precisión estadística baja

Por: Ana G. Silva

La extorsión fue el delito más frecuente contra los negocios de San Luis Potosí en 2025: concentró 39 de cada 100 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el país, la proporción fue de 26 por ciento.

La encuesta estimó 35 mil 366 extorsiones contra unidades económicas en el estado. Es una tasa de 3 mil 161 por cada 10 mil, más del doble de la nacional, de mil 467.

El propio INEGI clasifica esas estimaciones estatales con precisión baja, es decir, con un coeficiente de variación de 30 por ciento o más, por lo que su uso requiere cautela.

El dato más firme de la encuesta es otro: cuántos negocios fueron extorsionados. En San Luis Potosí fueron 628 de cada 10 mil, prácticamente igual que los 612 del promedio nacional. Con esa tasa, el estado se ubicó en el lugar 18 del país.

Las mismas víctimas

Esa tasa equivale a alrededor de 7 mil negocios potosinos extorsionados durante el año.

La combinación de ambos datos sugiere que la extorsión no alcanzó a más negocios que en otros estados, sino que se repitió sobre los mismos. Con las cifras de la ENVE, a cada negocio extorsionado en San Luis Potosí le habrían correspondido unas cinco extorsiones en el año,

contra poco más de dos en el promedio nacional.

El peso de la extorsión fue mayor en las microempresas, donde representó 42 por ciento de los delitos, y en el sector servicios, donde llegó a 53 por ciento. Ambas estimaciones también tienen precisión baja.

En el país, la tasa de extorsión pasó de mil 562 a mil 467 por cada 10 mil negocios entre 2023 y 2025, un cambio que el INEGI no consideró estadísticamente significativo.

Cuotas en persona

El 3 de noviembre, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la extorsión había bajado tras la detención de unas 35 personas de células que operaban en la Huasteca y el Altiplano.

El secretario explicó entonces que en San Luis Potosí el modus operandi es “más físico”: los extorsionadores se presentan en persona y piden cuotas con el argumento de que pertenecen a un grupo criminal.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la SSPC anunciaron en octubre una campaña preventiva contra la extorsión en las cuatro regiones del estado.

También lee: Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la carretera 57: SSPC

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Enfermarse será más caro: Proyectan inflación médica de 12.8% en México

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En México no existe un tope legal general para los precios de los medicamentos vendidos en farmacias privadas, por lo que los laboratorios tienen margen para establecer sus propios precios

Por: Ana G Silva

Los precios de la salud en México suben más rápido que la inflación general, y la tendencia seguirá en 2027. La consultora WTW proyecta en su estudio Global Medical Trends una inflación médica de 12.8 por ciento para el país el próximo año, frente a 10.8 por ciento a nivel mundial.

El cálculo incluye atención privada, medicamentos y dispositivos médicos. Según el estudio, los medicamentos de especialidad son el factor que más presiona los costos. Los tratamientos para cáncer de mama, colorrectal y de próstata registraron la mayor presión de precios en los últimos 18 meses.

Lo que registra el INEGI

En agosto, el rubro de salud del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 4.77 por ciento anual, mientras la inflación general fue de 3.26 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La brecha viene de meses atrás. En mayo, cuando el índice general bajó 0.21 por ciento respecto a abril, el de salud subió 0.22 por ciento, según un análisis de Consultor Salud con datos del INEGI. En ese mes, la salud acumulaba 5.07 por ciento anual, frente a 3.94 por ciento de la inflación general.

El INEGI también ha reportado que los antibióticos y los medicamentos cardiovasculares, gastrointestinales y para la diabetes llevan meses con alzas por encima de la inflación general.

Sin tope en el mostrador

La ley no fija precios para los medicamentos que se venden en farmacias privadas. En los de patente, el precio máximo al público

lo define el laboratorio bajo un esquema de autorregulación supervisado por la Secretaría de Economía, sin sanciones para quien lo rebase. En el resto, el laboratorio fija el precio farmacia.

Ese mercado ya tuvo sanciones por acuerdos de precios. En 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con 903 millones de pesos a las distribuidoras Marzam, Casa Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas por coludirse. Una de las conductas fue un aumento coordinado de 3.66 por ciento en el precio farmacia de varios medicamentos entre 2011 y 2013. La Cofece calculó el daño a los consumidores en más de 2 mil 359 millones de pesos.

El gasto de bolsillo de las familias es el que resiente estos aumentos. Con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la Cofece documentó que los medicamentos representaban 28 por ciento de lo que los hogares gastaban en salud en 2018.

En el sector público, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 destina 164 mil 245 millones de pesos a medicamentos, material médico y suministros de laboratorio, 4.6 por ciento más que en 2026, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La partida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que concentra 71.4 por ciento de ese gasto, baja 5.9 por ciento.

También lee: PAN propone cadena perpetua a “narcopolíticos” y vales para medicinas

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David Azuara y el basurero | Apuntes de Jorge Saldaña

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Apuntes

 

Culto Público, hijos de las matemáticas mágicas:

En la primaria (sí la hice) había un compañero que entregaba la tarea cuando la maestra ya había cerrado la lista y repartido las calificaciones. Llegaba con las hojas subrayadas con regla y pedía que se le reconociera el esfuerzo. Se le reconocía. La calificación no se movía.

La semana pasada, en la tribuna de San Lázaro —ese lugar donde el reglamento permite decir cualquier cosa siempre que ya no sirva para nada—, el diputado federal David Azuara Zúñiga hizo la versión adulta de aquel niño: presentó cinco reservas al Presupuesto de Egresos 2027, 2 mil 30 millones de pesos para salud, agua, movilidad, seguridad y jóvenes, cuando el Presupuesto ya estaba votado y calificado, y fue depositando cada propuesta en un bote de basura para que nadie se quedara sin entender el gesto.

El truco tiene su gracia aritmética: de cada 100 pesos de infraestructura aeroportuaria de la Defensa, cuatro alcanzan para dos centros médicos, en Escalerillas y en Bocas; de cada 100 pesos de la burocracia militar, 56 centavos para el acuaférico; del Tren Maya, 4.7 pesos de cada 100 para el bulevar Río Santiago; de la Agencia de Trenes, 46 centavos para un C5; de Pemex, 20 centavos para un distrito de innovación.

Así, con ese método, cualquier presupuesto financia cualquier cosa.

Con el de un año construimos una estación espacial. Con el de dos, la red de caminos de Oaxaca y de Tabasco. Con el de tres, el acueducto a Marte y todavía nos sobra para el inflable.

Lo que el diputado llama reasignación es una resta de centavos que nadie va a extrañar, y esa es justo la trampa: si no se extrañan, tampoco alcanzan. Cien proyectos caben en el mismo centavo, y el centavo se puede prometer cien veces porque nunca se entrega.

Es la aritmética del que promete con el dinero de otro.

“No pedimos más dinero. Propusimos invertir mejor”, dijo. Suena a eslogan de campaña porque lo es. En la política mexicana, “invertir mejor” quiere decir: quiero la chequera, no las cuentas.

Pero el asunto tiene hora y fecha, y ahí se cae el teatro. Las reservas llegaron cuando el Presupuesto ya tenía número. ¿Para qué se sube a tribuna un diputado a proponer lo que ya no puede cambiar? ¿Para qué carga un bote de basura hasta la curul? ¿Para qué ensaya el discurso que ya no sirve?

Ahora el cálculo, que es lo que aquí interesa: Azuara no habla para el Presupuesto; habla para la boleta.

Quiere la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital y en las encuestas que circulan esta semana aparece con 6.8 por ciento, abajo de Verónica Rodríguez y de Rubén Guajardo. En ese lugar, la tribuna es lo único gratis que queda.

Y hay un detalle de familia que conviene recordar antes de creerle el sermón tribunezco: su primo, Gerardo Sánchez Zumaya, es el empresario al que los peritajes le detectaron depósitos por más de 22 mil millones de pesos sin justificar entre 2019 y 2022; la UIF le congeló las cuentas y hoy está fuera del país (bien raro). Azuara no lo ha ocultado: lo ha defendido dos veces en conferencia de prensa. Entonces la pregunta no es por qué Morena mandó al basurero sus cinco proyectos. Es por qué él los sacó del basurero justo ahora y con qué autoridad los carga.

Si de veras quería esos 2 mil 30 millones para Escalerillas, tenía un primo con 22 mil.

El bote de la basura estaba vacío y el que lo cargó también.

Yo soy Jorge Saldaña.

También lee: “Cien hilos” entre los Azuara, el Huasteco, el PAN y el crimen

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