noviembre 19, 2026

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SCT dice desconocer si aumentará el tiempo que Meta operará carreteras de SLP

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La subsidiaria de Grupo Valoran, tenía la concesión hasta 2050, lo que le permitiría tener ganancias por 40 mil millones de pesos

Por: Ana G. Silva

 

Cepeda Aldape, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que desconoce si la concesión de Meta, subsidiaria de Grupo Valoran,  sufrirá una nueva modificación ahora que le han sido asignados tres nuevos proyectos de infraestructura carretera: Vía Alterna en su primera etapa, el Libramiento Ventura-El Peyote y el Libramiento La Pitahaya-Libramiento Oriente, anunciados para San Luis Potosí.

Cabe recordar que en la más reciente modificación al título de concesión, el gobierno de Enrique Peña Nieto amplió a 60 años el tiempo que Meta podrá operar los caminos que construyó desde 1990 y que para 2050 le habrán dejado ganancias superiores a los 40 mil millones de pesos.
“Solo sé que tiene dos proyectos, lo que es la ampliación de la carretera 57 hacia el sur y hacia el norte”, equivocó el funcionario.

El delegado de la SCT dijo que duda que Meta, consiga un crédito de Banobras para llevar a cabo la ejecución de dichos proyectos: “No sé de dónde vengan los créditos y tampoco creo que sean de Banobras”.
En cuanto al tiempo de la concesión de la constructora META por 60 años, indicó que es necesario ya que “no son actos de fe y son estudios que se hacen, son corridas financieras en cuanto a costo beneficio. A mí solo me toca llevar la supervisión y llevar a cabo la obra”.

La concesión de Meta fue dada originalmente por un plazo de 8 años y 6 meses. El proyecto consideraba la construcción de un tramo carretero de 33.7 km, diseñado para que los vehículos del corredor México-Nuevo Laredo evitaran pasar por la mancha urbana de la capital potosina. Han transcurrido 30 años, al título se le han hecho siete modificaciones que permitieron que Meta construyera los libramientos Oriente, Norte y Poniente, además de obras complementarias.

A pesar de la importancia de esas obras, desde varias perspectivas se puede cuestionar el título de concesión de Meta, pues en primer lugar este ha generado que no existan licitaciones públicas para proyectos de importancia. Además, hubo poca inversión directa de la empresa, ya que los trabajos fueron financiados con créditos solicitados a instituciones bancarias, lo que encareció su costo y hace dudar del beneficio de haber concesionado.

Por otro lado, vale revisar si de verdad Grupo Valoran requiere usufructuar durante 60 años (1990–2050) para recuperar su inversión y lograr un pago justo, para ello se puede hacer una proyección de las ganancias que la empresa recibirá, basados en las cifras que Meta ha colgado en su sitio web:

Meta asegura que por los tres libramientos que construyó (Oriente, Norte y Poniente) transitan anualmente un total de 9.5 millones de vehículos. El costo promedio de peaje para recorrer solo uno de esos libramientos es de 128 pesos con 45 centavos, lo que significa que, virtualmente, Grupo Valoran

recauda al año mil 220 millones 275 mil pesos (la cifra se triplicaría si pensamos que la misma cantidad de vehículos recorren los tres tramos). La empresa reportó que para construir el Libramiento Poniente invirtió mil 600 millones de pesos, por lo que el costo total habría quedado prácticamente liquidado después de su primer año de operaciones (2017).
Hay que tomar en cuenta que no en todos los 60 años del título de concesión, Meta obtuvo u obtendrá recursos, ya que parte importante de ese tiempo se empleó para construir. No obstante, si solo consideramos el periodo de los 33 años posteriores a que los tres libramientos y el resto de las obras estuvieron inauguradas, y si establecemos que el Oriente y Norte se pagaron en el tiempo que funcionaron antes del 2017 y que cada vehículo solo usará uno de los tramos, tenemos que las ganancias para Valoran rondarán, para el final el año 2050, los 40 mil 269 millones 75 mil pesos de pesos (unos 2 mil millones de dólares).

¿HABRÁ RECORTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS?

El lunes, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, declaró en entrevista para el noticiero de Ciro Gómez Leyva por la Mañana que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año no contempla recursos para dar mantenimiento a carreteras federales, no así de autopistas, lo que significa que estas sufrirían daño irreparable en el corto plazo, ante esto, Ernesto Cepeda Aldape, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que aún no sabe si este recorte se efectuará, por tanto no sabe la magnitud de las repercusiones que esto puede traer para San Luis Potosí.
“No sabemos si se hará el recorte hasta que se autorice el presupuesto, ahorita la propuesta de la Secretaría de Hacienda está en la Cámara de Diputados y ahí ellos concilian y dictaminan para cada estado, no quiero meterme en supuestos, habrá que esperar a noviembre”.
Mencionó que depende del tamaño del recorte para el mantenimiento de las carreteras federales se verían reflejadas las repercusiones.
Por otro lado, adelantó que el proyecto de obras anunciado por el gobierno federal es muy favorable para el estado ya que generará empleos, inversión y apoyará la movilidad de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

 

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Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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Opinión

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