septiembre 1, 2026

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SCT dice desconocer si aumentará el tiempo que Meta operará carreteras de SLP

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La subsidiaria de Grupo Valoran, tenía la concesión hasta 2050, lo que le permitiría tener ganancias por 40 mil millones de pesos

Por: Ana G. Silva

 

Cepeda Aldape, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que desconoce si la concesión de Meta, subsidiaria de Grupo Valoran,  sufrirá una nueva modificación ahora que le han sido asignados tres nuevos proyectos de infraestructura carretera: Vía Alterna en su primera etapa, el Libramiento Ventura-El Peyote y el Libramiento La Pitahaya-Libramiento Oriente, anunciados para San Luis Potosí.

Cabe recordar que en la más reciente modificación al título de concesión, el gobierno de Enrique Peña Nieto amplió a 60 años el tiempo que Meta podrá operar los caminos que construyó desde 1990 y que para 2050 le habrán dejado ganancias superiores a los 40 mil millones de pesos.
“Solo sé que tiene dos proyectos, lo que es la ampliación de la carretera 57 hacia el sur y hacia el norte”, equivocó el funcionario.

El delegado de la SCT dijo que duda que Meta, consiga un crédito de Banobras para llevar a cabo la ejecución de dichos proyectos: “No sé de dónde vengan los créditos y tampoco creo que sean de Banobras”.
En cuanto al tiempo de la concesión de la constructora META por 60 años, indicó que es necesario ya que “no son actos de fe y son estudios que se hacen, son corridas financieras en cuanto a costo beneficio. A mí solo me toca llevar la supervisión y llevar a cabo la obra”.

La concesión de Meta fue dada originalmente por un plazo de 8 años y 6 meses. El proyecto consideraba la construcción de un tramo carretero de 33.7 km, diseñado para que los vehículos del corredor México-Nuevo Laredo evitaran pasar por la mancha urbana de la capital potosina. Han transcurrido 30 años, al título se le han hecho siete modificaciones que permitieron que Meta construyera los libramientos Oriente, Norte y Poniente, además de obras complementarias.

A pesar de la importancia de esas obras, desde varias perspectivas se puede cuestionar el título de concesión de Meta, pues en primer lugar este ha generado que no existan licitaciones públicas para proyectos de importancia. Además, hubo poca inversión directa de la empresa, ya que los trabajos fueron financiados con créditos solicitados a instituciones bancarias, lo que encareció su costo y hace dudar del beneficio de haber concesionado.

Por otro lado, vale revisar si de verdad Grupo Valoran requiere usufructuar durante 60 años (1990–2050) para recuperar su inversión y lograr un pago justo, para ello se puede hacer una proyección de las ganancias que la empresa recibirá, basados en las cifras que Meta ha colgado en su sitio web:

Meta asegura que por los tres libramientos que construyó (Oriente, Norte y Poniente) transitan anualmente un total de 9.5 millones de vehículos. El costo promedio de peaje para recorrer solo uno de esos libramientos es de 128 pesos con 45 centavos, lo que significa que, virtualmente, Grupo Valoran

recauda al año mil 220 millones 275 mil pesos (la cifra se triplicaría si pensamos que la misma cantidad de vehículos recorren los tres tramos). La empresa reportó que para construir el Libramiento Poniente invirtió mil 600 millones de pesos, por lo que el costo total habría quedado prácticamente liquidado después de su primer año de operaciones (2017).
Hay que tomar en cuenta que no en todos los 60 años del título de concesión, Meta obtuvo u obtendrá recursos, ya que parte importante de ese tiempo se empleó para construir. No obstante, si solo consideramos el periodo de los 33 años posteriores a que los tres libramientos y el resto de las obras estuvieron inauguradas, y si establecemos que el Oriente y Norte se pagaron en el tiempo que funcionaron antes del 2017 y que cada vehículo solo usará uno de los tramos, tenemos que las ganancias para Valoran rondarán, para el final el año 2050, los 40 mil 269 millones 75 mil pesos de pesos (unos 2 mil millones de dólares).

¿HABRÁ RECORTE PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS?

El lunes, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, declaró en entrevista para el noticiero de Ciro Gómez Leyva por la Mañana que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año no contempla recursos para dar mantenimiento a carreteras federales, no así de autopistas, lo que significa que estas sufrirían daño irreparable en el corto plazo, ante esto, Ernesto Cepeda Aldape, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo que aún no sabe si este recorte se efectuará, por tanto no sabe la magnitud de las repercusiones que esto puede traer para San Luis Potosí.
“No sabemos si se hará el recorte hasta que se autorice el presupuesto, ahorita la propuesta de la Secretaría de Hacienda está en la Cámara de Diputados y ahí ellos concilian y dictaminan para cada estado, no quiero meterme en supuestos, habrá que esperar a noviembre”.
Mencionó que depende del tamaño del recorte para el mantenimiento de las carreteras federales se verían reflejadas las repercusiones.
Por otro lado, adelantó que el proyecto de obras anunciado por el gobierno federal es muy favorable para el estado ya que generará empleos, inversión y apoyará la movilidad de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

 

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SLP en primer lugar nacional en muertes prenatales

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La entidad registró 625 muertes fetales durante 2025 y alcanzó una tasa de 81.3 casos por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años, la más alta entre las 32 entidades

Por: Ana G Silva

San Luis Potosí ocupó en 2025 el primer lugar nacional en la tasa de defunciones fetales, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estado alcanzó una tasa de 81.3 muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, por encima de la media nacional de 58.9, lo que representa una diferencia de aproximadamente 38 por ciento.

Con esta cifra, San Luis Potosí se colocó ligeramente por encima de Ciudad de México, que registró una tasa de 81.0, y Durango, con 80.2. En contraste, las tasas más bajas se observaron en Oaxaca, con 25.7; Campeche, con 29.5, y Sinaloa, con 31.1.

En términos absolutos, el INEGI contabilizó 625 muertes fetales en San Luis Potosí durante 2025, de las cuales 492 correspondieron a la captación tradicional y 133 fueron casos complementarios captados por la Secretaría de Salud e incorporados en formato digital.

Los 625 casos representan alrededor de 3 por ciento de las 20 mil 741 muertes fetales registradas en todo el país durante el año. Sin embargo, el volumen absoluto debe leerse junto con la tasa, debido a las diferencias de población entre las entidades. Es precisamente la tasa la que coloca a San Luis Potosí como la entidad con mayor incidencia registrada en el país.

Las complicaciones del embarazo, entre las principales causas

A nivel nacional, las afectaciones al feto relacionadas con factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto representaron la principal causa, con 45.6 por ciento de las defunciones fetales.

Le siguieron otros trastornos originados en el periodo perinatal, con 24.8 por ciento, y los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, con 11.9 por ciento.

En conjunto, las dos primeras categorías representan más de 70 por ciento de las defunciones fetales registradas en el país.

Otro de los datos que dimensiona el fenómeno es la atención durante el embarazo.

En México, 79.6 por ciento de las mujeres cuyo embarazo terminó en una muerte fetal recibió atención médica prenatal, mientras que 17 por ciento no recibió atención y en 3.4 por ciento de los casos no se especificó.

Entre las mujeres que sí acudieron a consulta, 63.9 por ciento recibió entre una y cinco consultas; 30.6 por ciento tuvo entre seis y diez; 3.2 por ciento entre 11 y 15 y porcentajes menores reportaron más consultas.

Del total de muertes fetales registradas en México durante 2025, 80.5 por ciento ocurrió antes del parto, 18.3 por ciento durante el parto y en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el momento.

Por edad gestacional, el mayor porcentaje de las muertes fetales correspondió a embarazos de 20 a 27 semanas, con 39 por ciento de los casos.

Después estuvieron los embarazos de 28 semanas o más, con 32.7 por ciento, y aquellos de 12 a 19 semanas, con 28.2 por ciento.

Además, 65.2 por ciento de los productos que fallecieron tenía un peso menor a mil un gramos, mientras que los casos con peso de entre 4 mil 001 y 5 mil gramos representaron apenas 1.1 por ciento.

El fenómeno tampoco se concentra exclusivamente en embarazos de mujeres de mayor edad.

Los grupos de mujeres de 20 a 24 y de 25 a 29 años representaron cada uno 23.4 por ciento de los casos a nivel nacional. Juntos concentraron 46.8 por ciento.

Si se agrega el grupo de 30 a 34 años, que representó 20 por ciento, estos tres grupos acumularon 66.8 por ciento de las muertes fetales.

El reporte también muestra un perfil social de las mujeres cuyos embarazos terminaron en muerte fetal: 53 por ciento vivía en unión libre y 23.4 por ciento estaba casada. En cuanto a escolaridad, secundaria y preparatoria concentraron conjuntamente 64 por ciento de los casos.

Además, 64.9 por ciento declaró no trabajar y 31.7 por ciento sí tenía actividad económica.

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Raúl Tortolero llama a “recristianizar” la cultura de Occidente

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En su libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “recristianización” de Occidente

Por: Haniel Valdés

Raúl Tortolero, presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, presentó en entrevista con La Orquesta su más reciente libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, en el que llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “contrarrevolución cultural” y una “recristianización” de Occidente frente a lo que describe como el avance de ideologías de izquierda.

La propuesta de Tortolero parte de una idea bastante amplia de lo que significa ser de derecha: su organización, explicó, realiza iniciativas de ley, manifestaciones, protestas y hasta oración pública para defender los llamados “valores cristianos”. El objetivo, dijo, no sería únicamente ganar elecciones, sino transformar culturalmente a Occidente, al que considera “invadido por ideologías de izquierda muy perniciosas para la fe, para la familia, para la vida, para la propiedad privada”.

Sobre el público al que dirige el libro, afirmó que está escrito “para la clase trabajadora”, aunque aclaró que no usa esa categoría en sentido marxista: “si tú trabajas estás con nosotros”, dijo, y puso como ejemplo a albañiles, plomeros, electricistas, meseras y enfermeras, pero también contadores, abogados, filósofos y empresarios. Sostuvo que es esa “clase trabajadora cristiana” —y no los gobiernos— la que debe protagonizar el cambio que propone: “no lo van a hacer los cambios nada más los presidentes o los gobernadores o los alcaldes”.

El autor contrastó su propuesta con el marxismo, al que acusó de usar a los pobres “como base electoral” y “como fuerza de choque”. Citó el Manifiesto Comunista de 1848 para sostener que Karl Marx llamaba a los trabajadores a una revolución violenta contra los ricos: “solamente la mente de un psicótico puede concebir tal locura”, afirmó. Como contraparte, citó el pasaje bíblico de Mateo 25:40 como base de lo que llamó una ayuda a los pobres “con valores cristianos” y no “con fines de explotación electoral”.

Acusó a la izquierda de utilizar a los pobres mediante programas sociales para mantenerlos dependientes del gobierno y sostuvo que, en lugar de entregar apoyos, deberían impulsarse créditos para que las familias puedan abrir negocios pequeños. En su lista aparecieron papelerías, pollerías, carnicerías, barberías, zapaterías, fondas y hasta pequeñas farmacias.

Tortolero descartó que Nueva Derecha busque construir un partido político propio. Dijo que su intención es que las plataformas existentes —”mientras no sea Morena”— retomen sus ideas. Como antecedente, afirmó que planteamientos de un libro suyo previo, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, fueron retomados en campaña por Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia, cuando este llamó a “expulsar la ideología de género de las aulas” y “volver a poner a Dios al centro de la vida”.

El autor se declaró militante panista y sostuvo que el Partido Acción Nacional nació en 1939 abierto a todos los sectores sociales, no solo al empresarial. Acusó a la izquierda de instalar la idea de que “si eres del PAN es porque eres rico” para desalentar el voto de la clase trabajadora, y llamó a ese partido a “retomar” las ideas de Nueva Derecha para disputarle a Morena el respaldo de los sectores populares.

Uno de los ejes del libro, dijo Tortolero, es lo que llama “geopolítica cristiana”: una lectura de las relaciones internacionales basada en valores religiosos compartidos y no en factores “comerciales, económicos o armamentistas”

. Como ejemplo citó el Escudo de las Américas, la coalición de más de 15 países liderada por Estados Unidos contra el crimen organizado, que —dijo— debería ir acompañada de una “guerra cultural” con base cristiana.

En esa lógica, Tortolero dijo esperar que Jair Bolsonaro gane las elecciones de octubre en Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “pillo”, y que la oposición mexicana recupere la mayoría del Congreso en 2027. Para 2030, mencionó a Ricardo Salinas Pliego como posible “candidato ciudadano” capaz de unificar a los partidos opositores frente a Morena.

Su “nueva derecha”, explicó, tampoco sería una defensa del dinero por encima de todo. Rechazó una derecha “elitista” y dijo que su propuesta no es “economista”, “comercialista”, “monetarista” ni “liberal”. En su lugar, propuso una derecha que “pone a Dios al centro de la vida”.

Tortolero cuestionó la interpretación del Estado laico en México. Sostuvo que ese principio “únicamente” implica que no hay una religión oficial, pero no impide a los funcionarios públicos vivir su fe de manera explícita. Acusó que los ministros de culto en el país son “ciudadanos de segunda” porque la ley les exige renunciar a su ministerio religioso para poder ser candidatos a un cargo de elección popular, restricción que atribuyó al “juarismo”. También criticó el uso de la figura de Quetzalcóatl como emblema por parte del gobierno federal —entre ellos por Andrés Manuel López Obrador en 2021— y sostuvo que un país cristiano debería usar en su lugar “un Cristo o una Virgen de Guadalupe”.

Consultado sobre las primeras decisiones que tomaría un gobierno alineado con la “derecha popular”, Tortolero ubicó como prioridad “respetar la libertad de expresión”. Afirmó haber aparecido en “listas negras” publicadas, dijo, tanto por funcionarios del gobierno mexicano como por el expresidente colombiano Gustavo Petro, y sostuvo que México es “el país donde más periodistas asesinados hay en todo el mundo” y también “donde más sacerdotes católicos son asesinados”.

Otro de los objetivos de esta “recristianización” serían las universidades. Tortolero aseguró que algunos jóvenes ingresan a ellas con determinados valores y salen apoyando el aborto, el feminismo o los movimientos LGBT. Desde su perspectiva, las instituciones educativas tendrían que recuperar una orientación acorde con los valores cristianos de la mayoría de la población mexicana.

Más que un programa de gobierno tradicional, Derecha Popular presenta así una visión política en la que la religión funciona como punto de partida para explicar desde la pobreza y el trabajo hasta la educación, las elecciones y las relaciones internacionales. Una propuesta que, por momentos, parece tener una respuesta cristiana para prácticamente cualquier problema político.

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Gobierno de SLP ofrece devolver dinero por cobros en trámite de identidad trans

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Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.

El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.

De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.

Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.

El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.

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